El caso Care4Calais, la investigación sobre el asilo a falsos menores, llega al Parlamento Europeo de la mano de Vox. La delegación de la formación en la Eurocámara, integrada en el grupo Patriotas por Europa, sitúa el escándalo en el centro de su ofensiva contra la inmigración irregular.
La investigación, publicada por The Telegraph el 21 de septiembre, documenta varios expedientes en los que Care4Calais respaldó solicitudes de asilo de personas que decían ser menores y a las que los tribunales acabaron considerando adultos. Hubo ayuda para recurrir las evaluaciones oficiales de edad. Entre los casos figura el de un ciudadano sudanés que recibió alojamiento destinado a menores tras una derivación de la organización.
Un juez concluyó después que tenía 20 años al llegar a Reino Unido y puso en duda la credibilidad de su relato. El segundo expediente reseñado afecta a un ciudadano etíope que llegó en una embarcación pequeña desde Francia en marzo de 2025, afirmó tener 17 años sin aportar documentación de nacimiento. La jueza Sarah Grey determinó que tenía 22 años al entrar en el país y apreció contradicciones sobre su edad y su familia, además de cuentas de redes sociales modificadas o eliminadas.
Qué denuncia Vox y con qué argumentos sostiene su tesis
El argumentario que Vox defiende en Bruselas arranca de un dato de procedimiento: la determinación de la edad condiciona todo lo que viene después. Un solicitante clasificado como menor accede a tutela, a alojamiento específico y a un itinerario administrativo distinto al de un adulto. Cualquier error en esa evaluación previa desvía recursos públicos y altera el régimen de protección aplicable, según sostienen desde la delegación.
La formación subraya que los expedientes documentados evidencian un fallo en la verificación y reclama reforzar las pruebas documentales y médicas antes de reconocer la condición de menor. La delegación que encabeza el eurodiputado Jorge Buxadé no juega sola esta carta: lo hace dentro de Patriotas por Europa, el grupo parlamentario de la Eurocámara con el que comparte agenda de control fronterizo y de revisión del Pacto de Migración y Asilo. El modelo británico funciona ahí como prueba externa.
La investigación no retrata a una ONG aislada: expone el punto exacto donde falla la verificación de edad que Vox impugna en Bruselas.
Qué recorrido tiene el caso y cómo responde Londres
La investigación ha provocado reacción política en Reino Unido. El portavoz conservador de Interior, Chris Philp, ha pedido que el organismo supervisor de las entidades benéficas abra una investigación sobre Care4Calais. La entidad rechaza las acusaciones de ilegalidad y defiende que facilita representación jurídica dentro de los procedimientos establecidos.
Recuerda, además, que ha apoyado a solicitantes que fueron reconocidos como menores después de haber sido clasificados inicialmente como adultos. En su propia página web ofrece ayuda a jóvenes no acompañados que consideran incorrecta la edad asignada por el Ministerio del Interior británico o por las autoridades locales.
Conviene precisar el alcance de lo documentado. Las resoluciones descritas cuestionan las alegaciones de determinados beneficiarios de la asistencia de Care4Calais, pero no demuestran que la organización conociera de antemano la edad real de los solicitantes. Recurrir una evaluación de edad tampoco equivale, por sí mismo, a cometer un fraude: es un derecho del interesado. Esa distinción, jurídicamente relevante, no resta peso al hecho central que Vox subraya en la Eurocámara: hubo adultos que se presentaron como menores y ocuparon plazas reservadas a niños.
La lectura estratégica: por qué el caso pesa en la Eurocámara
El movimiento encaja en una secuencia larga. Vox reclama desde 2019 un giro restrictivo en materia de asilo y coloca la determinación de la edad entre sus principales caballos de batalla: sostiene que la ausencia de verificaciones fiables actúa como efecto llamada y castiga a quienes sí acreditan su condición. Cada caso que destapa la prensa británica refuerza esa tesis sin que la formación tenga que mover una sola enmienda. La delegación defiende su posición ante el Parlamento Europeo dentro de una ofensiva más amplia.
El relato funciona como prueba externa: si un país con un sistema jurídico consolidado admite que tramitó expedientes de adultos presentados como menores, la crítica a los mecanismos europeos de acogida gana recorrido. El precedente no es lejano. La ruptura de los gobiernos de coalición autonómicos entre PP y Vox en julio de 2024 tuvo como detonante la política de acogida de menores no acompañados.
Sobre el tablero europeo pesa además el Pacto de Migración y Asilo, el marco que ordena la acogida en la Unión y que la delegación votó en contra por considerarlo un incentivo a la entrada irregular; la web oficial de Vox recoge su posición sobre la política migratoria común. En España, el asunto llega en pleno pulso entre Vox y el PP por el terreno migratorio: la formación de Abascal reclama medidas de control y los populares intentan marcar distancia sin ceder el espacio de la derecha.
El asunto seguirá en la agenda de la delegación cuando la Eurocámara retome su calendario ordinario. La idea de fondo que el partido repite no admite matices: cada expediente mal clasificado es una plaza que no llega a un menor real.
