El adelanto electoral del 29-N deja decaer cinco leyes del Gobierno, entre ellas la de ‘deepfakes’ con IA y la del registro estatal de medios. La disolución de las Cortes Generales por la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre de 2026 interrumpe la tramitación de todas las iniciativas que no habían completado su recorrido parlamentario. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el adelanto y con él caen proyectos y anteproyectos que estaban en distintas fases, según el balance difundido por Europa Press.
Las cinco leyes que se quedan sin tramitar
El decaimiento (la pérdida de vigencia de una iniciativa legislativa que no ha terminado su tramitación al disolverse la cámara) afecta tanto a los proyectos remitidos por el Gobierno, como a los textos que estaban en fase de enmiendas. Estas son las cinco normas que decaen.
- La reforma de la Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que regula el uso no autorizado de imágenes creadas con inteligencia artificial —los ‘deepfakes’— y los ‘true crimes’.
- El proyecto de Ley para la Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Medios de Comunicación, impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
- El anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público, que fijaba un techo a la publicidad institucional.
- La ley orgánica del derecho al secreto de los profesionales de la información y de los prestadores de servicios de medios.
- La Ley de Asilo, que tampoco completó su tramitación parlamentaria.
Qué preveían el registro estatal de medios y el techo a la publicidad institucional
El proyecto de gobernanza digital modificaba la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual, para crear un registro estatal de prestadores de servicios de medios de comunicación de carácter público. El registro dependía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC, el regulador estatal de los mercados y de las comunicaciones) y obligaba a los medios de ámbito estatal a inscribir y mantener actualizada su estructura de propiedad y los ingresos derivados de publicidad institucional.
La información sobre propiedad y publicidad institucional debía ser pública y actualizarse de forma periódica, con la CNMC como autoridad de control del registro. los medios debían inscribir su estructura de propiedad y sus ingresos publicitarios en un sistema que nunca llegó a ponerse en marcha.
La segunda pata era la publicidad institucional. El anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público establecía un límite del 35% de la cifra de negocios neta anual para recibir publicidad estatal. Además, los medios y plataformas que hubieran recibido publicidad de cualquiera de los tres niveles de la Administración y superasen ese umbral no podían optar a nuevos contratos de publicidad institucional.
La reforma del derecho al honor iba más allá de los ‘deepfakes’: abordaba también los ‘true crimes’, los contenidos sobre hechos delictivos reales, y la difusión de imágenes generadas con IA sin consentimiento. Su tramitación se había retrasado en el Congreso antes del adelanto electoral.
El decaimiento no equivale a una derogación: las normas no llegan a nacer y el próximo Gobierno tendrá que volver a impulsarlas desde cero.
El secreto de las fuentes y las demás normas que caducan
La ley orgánica del secreto profesional blindaba el derecho de los periodistas a no revelar la identidad de sus fuentes ni cualquier dato que permita identificarlas, así como a rechazar la entrega de materiales o dispositivos que comprometieran esa confidencialidad. prohibía instalar programas de vigilancia intrusiva salvo autorización judicial sobre los titulares de ese derecho. Organizaciones de prensa y de periodistas habían celebrado su anteproyecto.
A la lista se suman otras normas de carácter social. Entre ellas, la regulación de la violencia vicaria, las medidas para proteger a los menores en redes sociales y la rebaja de la tasa máxima de alcohol permitida al volante, que afectaba al límite en aire espirado. Ninguna completó su tramitación antes de la disolución.
Qué pasa ahora con las normas que decaen
El decaimiento no deroga el contenido: lo deja sin efecto. las normas tendrán que repetir todo el recorrido parlamentario —informes, dictámenes, ponencia y votación— en la legislatura que salga de las urnas el 29 de noviembre. Los anteproyectos (el borrador que el Gobierno aprueba antes de remitirlo al Parlamento) pueden reaprobarse en el Consejo de Ministros y volver a las Cortes.
No hay fecha para volver a presentar los textos. Hasta que se constituyan las nuevas cámaras no puede reabrirse ninguna de las tramitaciones interrumpidas, aunque los ministerios conservan los trabajos técnicos ya realizados.
El calendario lo marca la propia convocatoria: campaña electoral, votación el 29 de noviembre y constitución de las Cortes después del escrutinio.
Lo esencial
- 📌 ¿Qué ha ocurrido? La disolución de las Cortes por el adelanto electoral del 29-N deja sin efecto cinco leyes, según Europa Press.
- 👤 ¿Quiénes están implicados? El Gobierno de Pedro Sánchez y los ministerios que impulsaban las normas, entre ellos el de Transformación Digital.
- ⏭️ ¿Qué pasa ahora? Las iniciativas decaen y deberán tramitarse de nuevo en la legislatura surgida de las elecciones del 29 de noviembre.
