EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Carbon Storage Caspe SL solicita un permiso de investigación para un almacén subterráneo de CO2 de 18.000 hectáreas en el Bajo Aragón-Caspe, anunciado el 1 de octubre en el Boletín Oficial de Aragón.
- ¿Quién está detrás? La empresa promotora, el Gobierno de Aragón como administración que tramita el expediente y el PSOE, que pide explicaciones en el parlamento autonómico.
- ¿Qué impacto tiene? Cuatro municipios afectados (Caspe, Fabara, Maella y Nonaspe) y unas 18.000 hectáreas de terreno agrícola bajo las que se inyectaría CO2 a entre 800 y 1.000 metros.
Una empresa quiere enterrar CO2 bajo 18.000 hectáreas del Bajo Aragón-Caspe, y los ayuntamientos lo supieron por el boletín oficial.
Un permiso de investigación que abarca cuatro municipios sin avisar a sus alcaldes
El Boletín Oficial de Aragón dio publicidad el pasado 1 de octubre al permiso de investigación solicitado por Carbon Storage Caspe SL para el proyecto bautizado como ‘Caspe Mayals’. La petición abarca unas 18.000 hectáreas en la comarca del Bajo Aragón-Caspe y toca a cuatro términos municipales: Caspe, Fabara, Maella y Nonaspe. Nadie les llamó antes.
La tecnología que hay detrás se conoce como almacenamiento geológico de carbono: capturar las emisiones de CO2 que salen de una industria o de una central energética, comprimirlas e inyectarlas a entre 800 y 1.000 metros bajo tierra para que no alcancen la atmósfera. **Por ahora el permiso solo autoriza investigar el subsuelo, no inyectar CO2.**
El PSOE lleva el caso a las Cortes y pide explicaciones
Las reacciones no tardaron. El PSOE de Caspe denuncia que nadie se dirigió a los ayuntamientos afectados antes de que el anuncio se publicara en en el boletín oficial. Aquí no avisó nadie. El Grupo Socialista en las Cortes de Aragón ha elevado una consulta al Ejecutivo autonómico para exigir «máxima claridad» sobre la tramitación administrativa, los plazos previstos, los protocolos de seguridad y las garantías medioambientales.
El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Abraham Martínez, sostiene que este tipo de instalaciones «genera serios interrogantes técnicos y sociales que no pueden ignorarse». «Nuestra comarca no puede ser tratada con un modelo de ocultismo ni hipotecar su desarrollo a nuestras espaldas», añade.
Cuatro ayuntamientos afectados y ni una llamada previa: el permiso avanza sobre 18.000 hectáreas que nadie explicó a sus vecinos.
Entre los riesgos que la iniciativa parlamentaria pone encima de la mesa están la sismicidad inducida —los movimientos de tierra que puede provocar la inyección de fluidos a presión— y la protección de los acuíferos subterráneos. Martínez pide saber «con absoluta precisión» qué amenazas existen para el medio ambiente, para el agua y para la seguridad de la población.
El Pulso Territorial
El permiso lo tramita el Gobierno de Aragón, un Ejecutivo que preside Jorge Azcón con el PP y Vox sosteniéndolo desde 2023. Este expediente no pasa por votación parlamentaria: avanza por vía administrativa mientras la oposición intenta convertirlo en un asunto político de primer orden. La comarca afectada es agrícola, de secano, olivar y viñedo, y allí el agua y la tierra son algo más que un debate técnico.
Hay un precedente dentro de la propia comunidad. El proyecto que se proyectó en el Maestrazgo, en Teruel, para guardar CO2 en el subsuelo ocupaba una superficie menor que la que ahora se solicita en el Bajo Aragón-Caspe. En el conjunto del país, el único ensayo de almacenamiento geológico de CO2 a escala piloto se hizo en Hontomín, en la provincia de Burgos, y quedó más cerca de la investigación que del almacenamiento industrial. Aragón vuelve así al centro de un debate energético que rara vez se cuenta desde aquí.
Lo que viene ahora es un procedimiento administrativo largo. La resolución del permiso de investigación depende del Ejecutivo autonómico y de los informes ambientales preceptivos, y nadie ha publicado todavía un calendario de plazos. La consulta del PSOE obliga al Gobierno de Aragón a responder por escrito. Después llegarían, si acaso, la declaración de impacto ambiental y el proyecto de almacenamiento propiamente dicho, con información pública y alegaciones de por medio. Las Cortes de Aragón no se renuevan hasta 2027, así que este expediente puede convertirse en munición electoral mucho antes de que se mueva un solo metro de subsuelo.
Ficha Autonómica
- El caso: La sociedad Carbon Storage Caspe SL solicita un permiso de investigación para un almacén subterráneo de CO2 bajo 18.000 hectáreas del Bajo Aragón-Caspe, en el proyecto ‘Caspe Mayals’.
- Datos importantes: 18.000 hectáreas repartidas entre Caspe, Fabara, Maella y Nonaspe; inyección prevista a entre 800 y 1.000 metros de profundidad; anuncio publicado en el Boletín Oficial de Aragón el 1 de octubre de 2026.
- Resumen: La tramitación avanza por vía administrativa sin que los ayuntamientos recibieran información previa. El PSOE pregunta al Gobierno de Aragón por los plazos, los protocolos de seguridad y las garantías para los acuíferos.
