El BOE de la convocatoria del 29N congela la financiación singular, la condonación del FLA y Rodalies en Cataluña.
La publicación en el Boletín Oficial del Estado de la convocatoria de las elecciones generales del 29 de noviembre cierra una legislatura de equilibrios frágiles, marcada por los reveses en el Congreso, la crisis fronteriza de Ceuta, las investigaciones judiciales al PSOE, las inundaciones de Valencia y el apagón eléctrico de abril de 2025. Reordena también el tablero catalán, el bastión socialista que gobierna Salvador Illa.
Sánchez consultó con el president de la Generalitat la decisión de convocar comicios durante el fin de semana de reflexión. Lo hizo antes de que la convocatoria llegara al BOE. El detonante tiene nombre propio: el voto en contra de Junts a los decretos antidesahucios, que dejó al Gobierno sin mayorías y precipitó la disolución de las Cortes.
Todo lo que exigía tramitación parlamentaria y casi todo lo pactado la exigía, se queda sin vehículo legislativo. En el PSC conviven la resignación y las ganas de pelea: ‘Ya veremos cómo queda todo después de los comicios’, admiten voces socialistas. Otras dan por perdida la nueva financiación, la condonación del FLA y el traspaso de Rodalies.
La portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha puesto el foco en la campaña y en la movilización del voto de izquierdas: ‘Trabajaremos intensamente para que no se pare nada. Todo lo que debía ir al Congreso y requería tramitación deberemos trabajar para que llegue a un Congreso con mayorías suficientes’.
Nadie en el partido dice en voz alta que un Gobierno del PP con Vox, con Alberto Núñez Feijóo en la Moncloa y Santiago Abascal en la Vicepresidencia, eliminaría cualquier posibilidad de éxito para las carpetas abiertas con el PSOE. Pero ese cálculo ordena toda la campaña catalana.
Lo que Junts tumbó en el Congreso no lo resucita una campaña electoral: el 29N certifica el naufragio de las tres carpetas catalanas del pacto.
Qué se cae con el 29N: la LOFCA, el FLA y 4.700 millones para Cataluña
La reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) era la pieza madre. La modificación debía alumbrar un nuevo reparto con una inyección de 21.000 millones de euros anuales, de los que la Generalitat habría recibido 4.700 millones. Illa y la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, habían avanzado que ese dinero iría a sanidad, educación y servicios públicos.
El texto pasó el Consejo de Política Fiscal y Financiera. No llegará al Congreso, donde debía tramitarse antes de que acabara el año. Tampoco contaba con los apoyos: Junts reclama un concierto económico que saque a Cataluña del régimen común, como el País Vasco y Navarra, y la mayoría de las comunidades del PP miraba el reparto con recelo.
La condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico viajaba en el mismo tren. Moncloa y el Govern querían votarlas juntas. Cataluña aspiraba a dejar de pagar 17.000 millones de euros y 1.600 millones en intereses, el 20% de su deuda. Sin financiación singular no hay condonación, y sin Congreso no hay ni una cosa ni la otra.
Rodalies y el resto de carpetas: la ventana de la Diputación Permanente
El traspaso de Rodalies es la única carpeta grande con una rendija abierta. El Gobierno central y la Generalitat pactaron una empresa mixta que ampliara la participación catalana en la gestión diaria, hoy limitada, a las decisiones de calado: compra de trenes, mantenimiento e inversiones. El accidente de Gelida, en febrero, evidenció el abandono de la red y aceleró el diseño.
El traspaso del inventario de Renfe y la puesta en marcha de Rodalies de Catalunya podrían salir adelante si el PSC convence al PSOE de aprobarlos en el órgano que legislará en funciones hasta que se constituya el nuevo Congreso, donde el Gobierno no depende ni del PP ni de Junts. Fuentes socialistas lo consideran posible porque el proceso está ‘presupuestado y en vías de ejecución’. Las vías y las catenarias, propiedad de Adif, son otro cantar: ni se han explorado.
El resto de carpetas queda en stand by. El endurecimiento del Código Penal para las armas se anunció en el Debate de Política General y no se tramitará: de uno a tres años de prisión a dos a cuatro en armas prohibidas, y de 18 meses a tres años en las de fuego cortas.
El consorcio de inversiones se quedó en una sociedad mercantil estatal que el Consejo de Ministros no ha aprobado. La línea orbital de Rodalies entre Mataró y Vilanova i la Geltrú, 5.200 millones y horizonte 2041, dependerá del próximo Ejecutivo. El cambio de gobernanza de la Zona Franca, con la Generalitat al 40% y el Ayuntamiento de Barcelona al 15%, también. La delegación de competencias migratorias a la Generalitat, con Mossos en el Puerto de Barcelona y el Aeropuerto de El Prat, murió con la disolución de las Cortes. La oficialidad del catalán en la UE pierde a su principal valedor, el ministro José Manuel Albares. Y la ley de bienestar digital, con el límite de los 15 años, se queda sin el paraguas legislativo español.
Amnistía y vivienda: el refugio de Illa mientras Sánchez se juega la Moncloa
No todo pende del 29N. La amnistía para Carles Puigdemont y Oriol Junqueras no peligra: la mayoría progresista del Tribunal Constitucional resuelve este mismo martes el primero de los recursos de amparo y se espera una sentencia favorable que fije doctrina para el resto de procesados. Si se confirma, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena podría borrar los delitos de los dirigentes de Junts y ERC este mismo mes de octubre. Puigdemont volvería a Cataluña y a la política sin causas pendientes.
La vivienda es la otra gran apuesta que no depende de Moncloa. El Govern levanta 50.000 pisos de protección oficial y moviliza suelo para otras 214.000 viviendas, la mitad de régimen público. Es el eje con el que Illa quiere sostener una legislatura catalana que no se disuelve con las generales.
Conviene recordar un precedente que se repite cada vez que España adelanta elecciones: la convocatoria de las generales no arrastra al Parlament. En 2019, la repetición electoral de noviembre no alteró el calendario catalán y la legislatura de Quim Torra siguió su curso. Ahora ocurrirá lo mismo. Illa mantiene el Govern, su mayoría de investidura y su agenda propia, pero pierde la palanca que la sostenía en Madrid. Su Ejecutivo depende de ERC y de los Comuns para aprobar presupuestos y leyes, y buena parte de lo pactado con los republicanos se financiaba con acuerdos que solo el Congreso podía cerrar.
La lectura que hacemos es incómoda para el PSC. Illa pide votar con ‘responsabilidad’ para no depender de Junts, pero gobierna Cataluña precisamente gracias a un juego de mayorías que el 29N puede desmontar. Si la derecha gana, el president se queda con el relato de la financiación singular y sin el dinero. Si la izquierda aguanta por la mínima, volverá a necesitar a los mismos socios que hoy le niegan el concierto. En cualquiera de los escenarios, la carpeta catalana se reabre en enero, con el Congreso recién constituido y la Diputación Permanente como único termómetro.
El primer hito llega este martes, con la resolución del Constitucional. El segundo, este octubre, con la decisión de Llarena. El tercero, el 29 de noviembre, en las urnas. Lo demás, la LOFCA, el FLA y el traspaso de Rodalies, seguirá esperando en un cajón que ya nadie sabe quién abrirá.
