La Junta de Andalucía refuerza la vigilancia en los comedores escolares de Málaga tras las incidencias detectadas en varios centros educativos de la provincia.
A través de la Delegación Territorial y de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), la Consejería de Educación está recabando y estudiando cada caso para determinar qué actuaciones corresponden. La supervisión se extiende ya a los centros afectados y busca comprobar el cumplimiento de la normativa en un servicio del que dependen miles de familias malagueñas cada mediodía.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Junta ha reforzado la supervisión de los comedores escolares de Málaga después de que se comunicaran incidencias y quejas en varios centros educativos.
- ¿Dónde y quién? En la provincia de Málaga, que cuenta con 340 comedores escolares, a través de la Consejería de Educación, la Delegación Territorial y la APAE. Las incidencias podrán incorporarse al expediente abierto a la empresa adjudicataria.
- ¿Qué supone para los ciudadanos? Las familias de los centros afectados verán revisadas las condiciones higiénico-sanitarias, nutricionales y de prestación del servicio. El expediente contempla penalizaciones y puede llegar a la resolución del contrato.
El origen está en el procedimiento administrativo abierto a la empresa adjudicataria del servicio, después de que se detectaran anomalías en comedores escolares de otros centros de Andalucía. Al tratarse de una compañía que presta servicio en distintas provincias, las incidencias registradas en Málaga podrán incorporarse al expediente ya iniciado y ser tenidas en cuenta durante la investigación.
Los primeros avisos se remontan a semanas atrás y no se limitan a un único centro. La Administración autonómica cruza los datos de las quejas recibidas con los informes de los servicios de inspección, de modo que cada caso quede documentado antes de adoptar cualquier decisión.
Una supervisión específica más allá del control ordinario
Además del seguimiento habitual, la Junta ha activado una supervisión específica de los comedores afectados, coordinada entre distintas áreas, para llevar a cabo una investigación más exhaustiva que la que se realiza de forma ordinaria. El foco está en tres frentes: las condiciones higiénico-sanitarias, la calidad nutricional de los menús y el cumplimiento de las condiciones de prestación del servicio recogidas en la normativa y en los contratos.
La provincia de Málaga cuenta con 340 comedores escolares. La Administración autonómica insiste en que estos servicios atienden diariamente al alumnado con menús basados en una alimentación «equilibrada, variada y saludable», y recuerda que el control no depende solo de la empresa: hay pliegos, inspecciones y un régimen de penalizaciones. Detrás de cada comedor hay una rutina que sostiene la jornada laboral de miles de familias. Por eso cualquier incidencia dispara la preocupación de los padres y las comunicaciones a la Delegación Territorial.
Andalucía sirve cada día más de 210.000 menús escolares y el comedor sigue siendo, para miles de familias, la comida más importante de la jornada de sus hijos.
Las quejas llegaron por vías distintas y en semanas consecutivas. El análisis de los expedientes permitirá determinar si hubo incumplimiento de las condiciones contratadas y, en su caso, aplicar las medidas previstas. En paralelo, el programa Evacole mantiene su labor de evaluación sobre el conjunto de la red andaluza de comedores.
Un servicio de 87 millones de euros y más de 210.000 alumnos al día
Las cifras ayudan a dimensionar lo que está en juego. En el conjunto de Andalucía, el pasado curso se dispensaron cuatro millones de kilogramos de productos ecológicos en los comedores escolares, de los que el 94,81% fueron suministrados por empresas andaluzas. La Junta destinó además más de 87 millones de euros al servicio, un 27% más que en 2019, para atender a más de 210.000 alumnos diariamente.
El expediente sigue su tramite. La empresa adjudicataria dispone de un plazo de diez días hábiles para presentar los informes, las alegaciones y la documentación requerida por la Administración, con el objetivo de esclarecer lo sucedido y determinar, en su caso, las responsabilidades correspondientes. Las condiciones del servicio se rigen por los pliegos de contratación y por la normativa autonómica publicada en el BOJA, que contempla medidas y penalizaciones ante incumplimientos. En los supuestos previstos, esas penalizaciones pueden llegar incluso a la resolución del contrato.
La Lectura Andaluza
Andalucía es la comunidad autónoma con más población de España y también una de las que más depende del comedor escolar para organizar la vida diaria. El servicio se presta mediante contratos con empresas adjudicatarias, un modelo extendido en todo el país que traslada la ejecución al sector privado y deja en manos de la Administración el control, la inspección y la sanción. Cuando ese control se debilita, el asunto deja de ser un expediente y entra en casa.
Para las familias de Málaga con hijos en los centros afectados, lo relevante es concreto: que el menú llegue en condiciones, que sea el que figura en el pliego y que la vigilancia no se quede en un anuncio. El dato de que el 94,81% de los productos ecológicos servidos en los comedores andaluces procedan de empresas de la tierra añade un argumento de peso, porque cada incidencia tensiona también a un sector agroalimentario que encuentra en los colegios un mercado estable y de proximidad.
La proyección es clara. El plazo de diez días hábiles se agota en las próximas semanas y, con él, el margen de la adjudicataria para responder. A partir de ahí, el expediente podrá cerrarse con medidas correctoras, con sanciones económicas o con la resolución del contrato, la vía más severa. El curso 2026-2027 acaba de arrancar y los comedores escolares de Málaga seguirán bajo lupa mientras avanza la investigación. La lección, para el resto de Andalucía, es sencilla: en un servicio que da de comer a 210.000 alumnos cada día, la vigilancia no es un papel administrativo, es la garantía de que el menú que llega al colegio cumple lo prometido.
