La juez Tardón requiere «a la Ciudad Autónoma de Ceuta para que, A LA MAYOR URGENCIA, aporte por medio de su representación procesal la lista de llamadas realizadas por el Presidente de la Ciudad al Presidente del Gobierno de España o a su jefe de gabinete entre los días 27 y 30 de julio de 2026 a las que se hizo referencia en la declaración prestada por D. Juan Jesús Vivas».
El pasado 30 de septiembre el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, relató ante la juez María Tardón, de la Audiencia Nacional, la cruda realidad que vivió días antes de la invasión de Ceuta. El presidente de Ceuta dejó clara la desidia gubernamental que precedió a la crisis fronteriza a finales de julio. De esta manera, el relato de Vivas en sede judicial desmonta por completo la versión oficial de la improvisación: la ciudad autónoma vio venir el desastre y el gobierno de Pedro Sánchez miró hacia otro lado.
El dirigente ceutí desplegó ante la jueza una minuciosa cronología que dejaba en evidencia los muros burocráticos de la Moncloa. El calvario telefónico comenzó el 25 de julio. Vivas marcó el número del presidente del Gobierno. Al otro lado, la barrera habitual: el director de gabinete filtrando la llamada. No fue hasta el día 30 cuando Sánchez, por fin, se dignó a descolgar el teléfono de manera directa. ¿La respuesta del líder socialista ante la advertencia de que la presión de menores no acompañados (menas) era insostenible y el aviso inminente de que algo grave iba a estallar? Una palmadita en la espalda y el desvío a otra instancia: «El cauce es la Delegación del Gobierno». Para Moncloa, la alarmante antesala de una invasión migratoria fue «una crisis humanitaria».
A la salida de la Audiencia Nacional, dos meses después de que la frontera saltara por los aires, Vivas no se guardó nada ante los medios a la salida de su declaración como testigo: «He sido absolutamente transparente desde el primer día, he procurado ser honesto, y lo que he dicho desde el primer día es lo que le he dicho a su señoría».
Desde la Presidencia de Ceuta se emitieron hasta diez llamadas y mensajes desesperados hacia Madrid entre los días 27 y 28 de julio. De ese bombardeo de alertas, Moncloa solo atendió tres. Siete silencios que costaron caros. Mientras el Ejecutivo central se escudaba en la delegación territorial, la frontera de Ceuta se convertía en una olla a presión sin que nadie en la capital quisiese activar el botón de emergencia.
«Pedimos la emergencia nacional y no se hizo», sentenciaba Vivas a las puertas del juzgado, después de declarar, lanzando un dardo directo a la línea de flotación del Gobierno Central. El líder autonómico insistió ante la jueza Tardón en que los indicios eran clamorosos: el goteo constante de adultos y el repunte de menores solos eran la crónica de una avalancha anunciada. Una solicitud de alerta temprana que en Madrid terminó olvidada en el fondo de un cajón.
