La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha presentado en Sevilla las líneas maestras del Plan contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado que impulsa Alberto Núñez Feijóo para combatir el avance de las organizaciones criminales en España. La propuesta parte de un diagnóstico político contundente: el crimen organizado y el narcotráfico han ganado terreno durante los últimos años mientras los cuerpos encargados de combatirlos han sufrido, según los populares, una pérdida de medios y efectivos.
Gamarra ha defendido que el objetivo del plan es recuperar la capacidad del Estado para hacer frente a unas amenazas que, a su juicio, han dejado de ser fenómenos localizados para adquirir una dimensión mucho mayor. “El objetivo es que España sea un país seguro y que el Estado tenga la fortaleza para luchar contra las amenazas que nos asedian”, ha señalado tras reunirse con organizaciones de vigilancia aduanera, sindicatos de la Guardia Civil y la Policía y funcionarios de prisiones.
El PP sitúa especialmente el foco en Andalucía, donde Gamarra sostiene que el narcotráfico y el crimen organizado han encontrado un terreno favorable para crecer. La formación denuncia una situación de impunidad que relaciona directamente con la falta de recursos destinados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y con el desmantelamiento de determinadas unidades especializadas.
Gamarra acusa al Gobierno de Sánchez de abandonar la lucha contra el narcotráfico
El planteamiento del PP se construye alrededor de una crítica directa a la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez. Gamarra ha acusado al Ejecutivo socialista de mantener durante ocho años una política de “inacción y abandono” frente al crimen organizado y el narcotráfico. Según su diagnóstico, esta situación habría permitido que las organizaciones criminales aumentasen su capacidad operativa y actuasen con una mayor sensación de impunidad.
La dirigente popular ha puesto como ejemplo el deterioro de las condiciones de los agentes encargados de combatir estas redes. Asegura que Policía Nacional, Guardia Civil, funcionarios de prisiones y agentes de aduanas no han recibido los medios necesarios para desarrollar su trabajo y denuncia, además, el desmantelamiento de unidades especializadas como Ocon Sur.
El PP vincula esta situación con una transformación de la actividad criminal. Gamarra ha advertido de que las organizaciones dedicadas al narcotráfico han comenzado a utilizar armas de fuego con mayor naturalidad y que también se ha producido el reclutamiento de menores para integrarlos en estructuras criminales.
Frente a este escenario, el plan de Feijóo pretende reforzar la respuesta del Estado desde diferentes ámbitos. La propuesta no se limita a aumentar la presencia policial, sino que plantea actuar también sobre la Justicia, el patrimonio de las organizaciones criminales, la prevención y la cooperación internacional.
Más medios para Policía, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera
Uno de los pilares de la iniciativa pasa por incrementar los recursos destinados a quienes combaten directamente las redes criminales. El PP reclama medios reales para la Guardia Civil, la Policía Nacional, Vigilancia Aduanera y los funcionarios de prisiones, al considerar que la respuesta contra el narcotráfico requiere plantillas suficientes y equipamiento adecuado.
La propuesta contempla además recuperar y reforzar las unidades especializadas contra el crimen organizado, con carácter permanente y con los medios humanos y materiales necesarios para que puedan desarrollar su actividad con eficacia. El documento sitúa esta recuperación como una de las piezas centrales de la estrategia de Feijóo.
La segunda gran cuestión es la protección de los propios agentes. El PP plantea mejorar sus condiciones profesionales, reconocer determinadas funciones como profesión de riesgo, reforzar su consideración como agentes de autoridad y aumentar las plantillas. También propone una mayor protección legal mediante reformas legislativas.
La idea que transmite la formación es que la lucha contra el narcotráfico no puede descansar exclusivamente en la voluntad de los agentes. Para Gamarra, el Estado debe proporcionarles los instrumentos necesarios para enfrentarse a organizaciones cada vez más estructuradas y violentas.
Un Código Penal más duro y una Justicia con mayor capacidad de respuesta
El tercer frente de la estrategia se sitúa en el ámbito judicial. El Plan contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado apuesta por un Código Penal más firme y por una Justicia reforzada mediante reformas legislativas.
La propuesta parte de una premisa política: la persecución policial pierde eficacia si las organizaciones criminales no encuentran después una respuesta judicial suficientemente contundente. Por ello, el PP pretende combinar el incremento de los recursos policiales con cambios legislativos que permitan endurecer la respuesta frente a las estructuras dedicadas al crimen organizado.
Pero la estrategia de Feijóo va más allá de las penas. El plan incorpora una dimensión económica porque considera que atacar los recursos financieros de las organizaciones puede ser una de las vías más eficaces para debilitarlas. El PP sostiene que “al crimen organizado le duele el bolsillo” y apuesta por utilizar la vía económica para asfixiar sus estructuras y limitar su capacidad de actuación.
El PP quiere cerrar la puerta a la infiltración criminal en el Estado
Otro de los ejes destacados es el blindaje del Estado frente a la infiltración criminal. El planteamiento del PP incorpora así una preocupación que trasciende las operaciones policiales contra determinadas bandas y se centra en impedir que las organizaciones criminales puedan penetrar en las estructuras públicas.
La propuesta también incluye medidas de prevención y sensibilización, junto a planes integrales de transformación territorial. El objetivo es actuar sobre aquellos entornos donde las organizaciones criminales encuentran condiciones favorables para desarrollar su actividad y evitar que determinados territorios queden atrapados en dinámicas de delincuencia organizada.
Para Gamarra, el problema requiere además una respuesta que no se limite a las fronteras españolas. El documento del PP subraya que el narcotráfico y el crimen organizado ya no pueden abordarse como un fenómeno exclusivamente local, autonómico o nacional. Por eso incorpora la cooperación internacional como octavo eje de la estrategia.
La formación considera imprescindible intensificar la colaboración con otros países y continentes para combatir unas redes que operan de manera transnacional y que aprovechan precisamente las fronteras entre jurisdicciones para extender sus actividades.
Feijóo busca convertir la seguridad en una batalla política frente a Sánchez
El plan presentado por Gamarra coloca la seguridad y la lucha contra el narcotráfico en el centro de una nueva batalla política entre el PP y el Gobierno. La formación de Feijóo pretende presentar su propuesta como una alternativa global frente a lo que considera años de abandono de las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado.
Gamarra ha resumido esa intención asegurando que el plan pretende “poner freno y poner coto” a las organizaciones criminales para que España deje de ser, en su opinión, un lugar fácil para cometer delitos.
La propuesta popular combina así más efectivos, unidades especializadas, protección de los agentes, reformas penales, persecución económica, prevención y cooperación internacional. Su desarrollo queda planteado como uno de los ejes de la política de seguridad del PP y como una de las apuestas con las que Feijóo pretende marcar diferencias con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
El mensaje de fondo es claro: para el PP, recuperar la seguridad exige reforzar al Estado en todos los frentes y devolver a la lucha contra el crimen organizado una dimensión estratégica. La batalla contra el narcotráfico deja de presentarse únicamente como una cuestión policial para convertirse en un reto de Estado que afecta a la seguridad, la Justicia, la economía y la capacidad de las instituciones para proteger a los ciudadanos.
