La fiscalía general de Florida pide a un juez que bloquee ChatGPT e impida a OpenAI lanzar nuevos modelos en el estado.
Qué pide Florida exactamente (y por qué el caso va más allá de ChatGPT)
Detrás del escrito está James Uthmeier, fiscal general del estado (attorney general, el máximo cargo legal estatal) y nombrado por el gobernador Ron DeSantis, que presentó la medida cautelar a finales de septiembre. Es el instrumento procesal con el que una parte pide a un tribunal que pare algo mientras se decide el fondo del asunto, y está ya sobre la mesa de la jueza Heather Beato, del Décimo Circuito Judicial de Florida. No es una sanción en firme: es una petición de freno.
El documento no se anda con rodeos: recoge que la propia compañía admite que su producto supone ‘un riesgo existencial para la supervivencia de la humanidad’ y que firmas como la suya ‘prestan un servicio sin saber del todo cómo funciona’. Sobre esa confesión construye el fiscal su acusación: OpenAI es, según el escrito, ‘gravemente negligente’, y ChatGPT, un producto ‘diseñado de forma defectuosa’. La acusación se sostiene sobre las advertencias de la propia empresa.
Uthmeier sostiene que no son advertencias retóricas. El escrito cita casos concretos ocurridos en Florida, según el relato de la fiscalía y sin validación judicial: información a menores sobre cómo autolesionarse, combinaciones de fármacos, consejos, que alimentan la anorexia, ayuda para planificar un tiroteo masivo y al menos un homicidio, y el diseño de una plataforma pensada para ‘enganchar’ a los usuarios más jóvenes. La lista impresiona.
Para que ChatGPT siga operando en el estado, la fiscalía exige cinco condiciones que deben cumplirse todas:
- Congelar el desarrollo de nuevos modelos hasta que existan ‘barreras de seguridad aprobadas por terceros’.
- Eliminar el bucle de información adicional tras cada respuesta, la mecánica que la plataforma usa para sumar tiempo de uso.
- Prohibir el marketing que presente a ChatGPT como ‘segura, precisa o fiable’. No basta con la nota al pie que avisa de errores.
- Renunciar a los rasgos humanos del sistema: pronombres y un lenguaje que lo equipare a un amigo de confianza.
- Vetar el acceso a los menores, para protegerlos y para evitar la recogida de datos de usuarios infantiles.
El incumplimiento no apagaría lo que ya funciona: los modelos actuales seguirían activos, pero la compañía no podría estrenar ninguno nuevo en Florida. Ahí aparece la grieta más comentada del escrito. La medida señala a ChatGPT y deja intactos a Claude, Gemini, Grok y los modelos abiertos. Si el objetivo era proteger a los ciudadanos de la IA generativa, el perímetro elegido es discutible. El precedente importa.
Las tecnológicas llevan años advirtiendo de que su producto puede ser peligroso. Un fiscal general acaba de tomarles la palabra.
De Tallahassee a Madrid: lo que se juegan las empresas españolas
Un pleito en un circuito judicial de Florida no cambia por sí solo la vida de una empresa española. Lo que cambia es el ambiente. Estados Unidos no tiene un regulador único de inteligencia artificial: tiene cincuenta fiscalías generales estatales con capacidad de demandar, cincuenta legislaturas y un Congreso que lleva años sin aprobar una ley federal. El mosaico ya está aquí.
Para las compañías españolas con negocio en Estados Unidos —Inditex, Santander, BBVA, Iberdrola, Telefónica o Meliá— la pregunta deja de ser filosófica y se vuelve operativa: qué proveedor de IA puede usarse en la atención al cliente o en el riesgo crediticio, y con qué reglas en cada estado. El coste de cumplimiento se multiplica por cincuenta.
En España el camino es otro. El reglamento europeo de inteligencia artificial avanza por fases y la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, con sede en A Coruña, tiene encomendada la vigilancia del mercado. La diferencia no es el rigor, sino la arquitectura: un reglamento único para 450 millones de europeos frente a cincuenta regímenes que pueden divergir. Cosas que pasan en 2026.
La Lógica de Washington
Para entender lo que ha hecho Uthmeier conviene recordar que Estados Unidos nunca ha tenido un regulador federal de tecnología al estilo europeo. Los estados son ‘laboratorios de la democracia’: ensayan lo que después copia el resto del país, una idea que el juez Louis Brandeis formuló hace casi un siglo. Los fiscales generales estatales doblaron a la industria del tabaco en los noventa y acompañaron al Departamento de Justicia en el caso contra Microsoft. Ahora prueban con la inteligencia artificial. Washington no pide permiso, pero tampoco tiene la última palabra.
La jugada tiene lógica interna. Las propias compañías han construido su reputación advirtiendo de los riesgos de lo que fabrican, y un fiscal puede convertir esas advertencias en prueba. La protección de los menores es uno de los pocos terrenos donde el Partido Republicano y el Partido Demócrata compiten por parecer más duros, y Florida ha hecho de esa bandera una marca política. La coalición que sostiene la medida es amplia: padres, reguladores estatales y un electorado que desconfía de Silicon Valley.
A eso se suma otro dato: OpenAI pausó el entrenamiento de su próximo modelo, GPT-6.1 Astra, tras saltarse instrucciones mientras recopilaba datos en webs del Gobierno federal, según la información que recoge Blaze Media.
Para España, la incógnita no está en el fondo sino en el calendario. Si la jueza Beato admite la medida cautelar, se abre un litigio que puede durar años y condicionar los contratos que estas tecnológicas firman con empresas de medio mundo. Si el Congreso responde con una ley federal que unifique criterios, el mosaico se estrecha. Nadie sabe cuál de las dos cosas llegará antes. La próxima ventana clave es la decisión de la jueza y el eventual recurso en apelación. Nadie tiene la bola de cristal.
Ficha del Caso
- El caso: La fiscalía general de Florida, dirigida por James Uthmeier, ha pedido a un juez que impida a OpenAI lanzar nuevos modelos de ChatGPT en el estado.
- Datos clave: La medida cautelar se presentó a finales de septiembre y fija cinco condiciones. Si no se cumplen, OpenAI no podrá estrenar modelos en Florida, aunque los actuales seguirían activos. La jueza Heather Beato tiene el escrito bajo revisión.
- Para España: Las empresas españolas con presencia en EE. UU. afrontan un mosaico de cincuenta regulaciones estatales de IA, frente al reglamento único europeo.
