Las infraestructuras pendientes de Ourense cierran la legislatura sin avances: la A-76, la A-56, el AVE y la variante exterior siguen bloqueados.
Un balance de ‘día de la marmota’ en la inversión estatal
Los datos de la patronal de la construcción Seopan dibujan el tamaño del olvido. En el trienio 2024-2026, el Estado licitó 609,2 millones de euros en A Coruña y 413,4 en Pontevedra. En Ourense, la cifra se quedó en 155,5 millones. Entre enero y agosto de 2026, apenas 18,7 millones.
La vivienda pública ofrece el retrato más extremo. Según el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Estado ha tramitado cinco viviendas protegidas en la provincia en trece años, entre 2013 y 2026. En la legislatura que Pedro Sánchez bautizó como la de la vivienda, el registro es cero absoluto.
En el ferrocarril, Ourense consolidó su papel de nudo de la alta velocidad, pero con el reverso de los trenes Avril y Avlo. El ejercicio dejó averías con viajeros atrapados en demoras de hasta siete horas y fallos de tensión en la catenaria entre A Gudiña y Sanabria , atribuidos a maquinaria de Adif. La estación de mercancías que reclama la patronal de San Cibrao das Viñas sigue congelada.
La red viaria en servicio tampoco escapa. La A-52 despide el mandato con un firme desgastado y parcheos que no resuelven su agotamiento estructural, un diagnóstico que se agrava en la N-120 y la N-540. Los terceros carriles anunciados en 2023 en la N-120 siguen, según el ministerio, ‘en redacción’.
El catálogo de deudas del Estado con Ourense es hoy casi idéntico al de hace tres años, epígrafe por epígrafe.
En las nuevas vías de alta capacidad, el balance es de bloqueo total. La A-56, que debe unir Ourense y Lugo, cuenta con 8,8 kilómetros operativos entre San Martiño y A Barrela, aislados y sin avances en los tramos intermedios. En la A-76 hacia Ponferrada, la única novedad fue aprobar en abril de 2026 el proyecto Villamartín de la Abadía-Requejo, íntegramente en León: la vertiente ourensana permanece congelada.
El estancamiento llega también a la ciudad. La integración ferroviaria acumula retrasos y una paralización por el modificado de un proyecto ya recortado respecto al diseño original de Norman Foster, lo que desplaza la estación intermodal más allá de 2032. En la variante exterior solo se trabaja entre Taboadela y Seixalbo, y la variante norte suma cuatro años desde la primera piedra y 21 meses de demora.
La parálisis toca también al patrimonio. El Museo Arqueolóxico Provincial despide el mandato con las puertas cerradas, el Monasterio de Santa María de Melón sigue sin partidas de rehabilitación y la sede de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil acumula cero avances.
El contrapunto llega por el lado socioeconómico. La revalorización de las pensiones conforme al IPC ha permitido que la pensión media supere por primera vez en Ourense los 1.000 euros mensuales, con más de 100.000 perceptores. A esa medida se suman las bonificaciones de peaje en la AP-53 y el desbloqueo de la depuradora de San Cibrao das Viñas.
Un agravio que trasciende los colores
El balance alimenta un debate que trasciende los colores. Ourense es una provincia de tradición conservadora, con la Deputación (el órgano de gobierno provincial) y buena parte de sus concellos (ayuntamientos) en manos del PPdeG, pero la reclamación de infraestructuras une a instituciones, patronales y ayuntamientos de todos los signos. El Gobierno central defiende su gestión con las partidas sociales y los peajes bonificados.
Lo que no cambia es el calendario. La disolución de las Cortes y la convocatoria electoral convierten estas semanas en el periodo de examen de la legislatura y dejan los grandes proyectos ourensanos a expensas del próximo Gobierno que salga de las urnas.
El Laboratorio Gallego
Galicia lleva años funcionando como el laboratorio donde el PPdeG prueba los argumentos que después traslada a Madrid. La mayoría absoluta de Alfonso Rueda en la Xunta y el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo al frente del PP han convertido el agravio inversor del interior en un eje recurrente. Ourense, con 155,5 millones licitados en tres años frente a los 413,4 de Pontevedra, encaja en ese relato.
La dimensión nacional es evidente. Las provincias del interior han convertido su déficit inversor en un argumento de primer orden en el debate territorial español, y Ourense es el ejemplo más citado. El PP lo usa en el Congreso, el PPdeG lo reclama desde la Xunta, el PSdeG responde con las cifras del escudo social y el BNG exige un plan específico para la Galicia interior.
La incógnita se resolverá en los próximos meses. Con las Cortes disueltas y la campaña en marcha, ningún compromiso sobre la A-56, la A-76 o la intermodal podrá concretarse antes de que se configure el próximo Ejecutivo. De las promesas de 2023, casi ninguna ha superado el estadio de anuncio.
Ficha del Caso
- El caso: Ourense cierra la legislatura con los grandes proyectos estatales pendientes casi intactos: la A-76, la A-56, la estación intermodal, la variante exterior y la circunvalación norte.
- Datos importantes: 155,5 millones licitados en Ourense en el trienio 2024-2026, frente a 609,2 en A Coruña y 413,4 en Pontevedra; solo 18,7 millones entre enero y agosto de 2026; cinco viviendas protegidas estatales en trece años.
- Resumen: El agravio inversor de la provincia alimenta el discurso territorial del PP y deja a Galicia como laboratorio de un debate nacional sobre el reparto de la inversión estatal.
