Los diputados prometieron eliminarlas y siguen cobrándolas religiosamente. Entre la asignación constitucional —el sueldo base de un parlamentario— y lo que finalmente recibe hay un conjunto de indemnizaciones, ayudas y prestaciones que rara vez se detallan en los debates sobre transparencia, pero que se abonan con puntualidad cada mes o se renuevan cada legislatura. Ni la crisis, ni los recortes, ni los cambios de color político en el Gobierno y en la Cámara han alterado su existencia ni sus cuantías.
Esta lista no recoge el sueldo, sino las cinco ventajas que se suman a él y que los grupos prometieron retirar: desde los 1.823,97 euros mensuales de indemnización por alojamiento para quienes no tienen su circunscripción en Madrid hasta una pensión que valora cada año de escaño como si se hubiera trabajado con sueldo de alto funcionario. Todas comparten la misma lógica: se regulan mediante acuerdos internos o convenios con empresas y administraciones, y ninguna se ha suprimido pese a los anuncios.
3Viajar gratis: abono de transporte de Madrid, AVE, avión y kilometraje por carretera
El Congreso cubre a sus señorías el transporte en avión, tren, barco o automóvil, pero no con dinero en efectivo: abona directamente el billete a la empresa transportista, mediante convenios con Renfe e Iberia. Los diputados reciben una tarjeta de la ferroviaria y un talonario de vales de la aerolínea que les permiten viajar gratis por todo el territorio nacional, no solo entre su circunscripción y Madrid, y sin necesidad de justificar el motivo del desplazamiento. En los vuelos ocupan plazas en clase preferente, aunque la Cámara paga tarifa de turista según el convenio vigente. Quien usa coche propio percibe 0,25 euros por kilómetro —más los peajes, cuando corresponde—, y para moverse por Madrid dispone de una tarjeta de taxi con un límite anual de 3.000 euros.
Los datos globales no reflejan recorte alguno. El Congreso gastó 4.816.048 euros en desplazamientos nacionales de diputados en 2024 y 4.654.972 euros en 2025, el equivalente a una media cercana a los 13.300 euros por parlamentario solo en viajes por España. El grueso de esa facturación, unos dos tercios, corresponde a la actividad parlamentaria ordinaria entre Madrid y las circunscripciones, mientras el resto se reparte entre desplazamientos de actividad política y viajes oficiales. La Cámara solo publica cifras agregadas por trimestre: no detalla quién viaja, a dónde, por qué ni en qué medio, pese a que el Consejo de Transparencia recomendó en 2017 mejorar esa información. Algunas formaciones prometieron renunciar a estos privilegios y hubo gestos aislados, como la devolución del bono de taxi por parte de diputados de Podemos, pero el sistema de viajes cubiertos sigue intacto.
