Adega reclama para el río los 75.000 litros por segundo que Iberdrola y Naturgy quieren bombear en la Ribeira Sacra.
Un trámite abierto y una petición idéntica para el río
La asociación ecologista se ha personado en el trámite de competencia de proyectos, el mecanismo administrativo que se activa cuando una empresa solicita una concesión de agua y que permite que otras iniciativas concurran con propuestas alternativas. Adega no pide menos caudal: pide exactamente el mismo, esos hasta 75.000 litros por segundo, pero destinado a usos ambientales. La solicitud original es de A Senra Infraestructuras S.L., la sociedad conjunta de las dos grandes eléctricas, que pretende conectar los embalses de Santo Estevo y Edrada-Mao mediante una central de almacenamiento energético.
La instalación es una central de bombeo: sube agua desde la presa inferior hasta la superior cuando sobra electricidad y la libera hacia las turbinas cuando el sistema la necesita. En la práctica, una batería gigante. Y ahí está el conflicto. El agua que se mueve no es un caudal cualquiera: procede de dos cuencas que ya soportan un rosario de aprovechamientos hidroeléctricos.
Adega sostiene que el volumen solicitado “modificará sustancialmente el balance hídrico” de las cuencas del Sil y del Edrada-Mao, afectará a la Zona de Especial Conservación del Cañón del Sil y dificultará los objetivos de conservación del espacio. El embalse de Santo Estevo forma parte de la Red Natura y de la Reserva de la Biosfera Ribeira Sacra e Serras do Oribio e Courel. El de Edrada-Mao también.
El plan nacional de energía, la Unesco y un horizonte hasta 2101
El argumento de fondo es normativo. La asociación recuerda que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 establece que las actuaciones en masas de agua como los proyectos de bombeo y almacenamiento deben “cumplir con lo dispuesto en el plan hidrológico y, en todo caso, se situarán fuera de la Red Natura y espacios protegidos”. De ahí deduce que el proyecto choca frontalmente con la norma. Mantener los ecosistemas acuáticos en buen estado es clave para mitigar el cambio climático, añade, y su deterioro no compensa unos beneficios que, dice, son “mayoritariamente para el oligopolio eléctrico”.
El otro frente es patrimonial. El informe de Icomos, órgano asesor de la Unesco, fue desfavorable a la declaración de la Ribeira Sacra como Patrimonio Mundial y uno de los impactos que citaba era precisamente el de las presas construidas en la zona. La candidatura fue devuelta el pasado mes de julio. Adega enlaza ambos asuntos y subraya la acumulación, de aprovechamientos grandes y pequeños que ya existen en el área.
El caudal que se discute no es solo un número: es el balance hídrico de dos cuencas y el futuro de dos presas hasta 2101.
Y es aquí donde aparece el dato que mide la dimensión real del proyecto. La empresa podría pedir una concesión de 75 años. El embalse de Santo Estevo, de Iberdrola, tiene permiso vigente hasta 2051; el de Edrada-Mao, de Naturgy, hasta 2053. Si se autoriza el bombeo, según el razonamiento de Adega, habría que alargar la permanencia de ambas presas y mantener “cortocircuitados” los dos sistemas fluviales como mínimo hasta 2101. La asociación lo califica de inaceptable por contrario a la legislación de aguas vigente.
El trámite sigue abierto y la propuesta no se concretará hasta más adelante, según el propio escrito. La resolución de la concesión corresponde al organismo de cuenca estatal, la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica, mientras que la Xunta de Galicia (el gobierno autonómico gallego, con sede en Santiago de Compostela) interviene en la parte ambiental del expediente. En paralelo, el almacenamiento por bombeo figura en las hojas de ruta europeas de descarbonización como respaldo de un sistema con más renovables intermitentes. Ese es el argumento que acompaña a este tipo de proyectos. Y es también el punto exacto donde choca con la normativa de espacios protegidos que invoca Adega.
El Laboratorio Gallego
Galicia lleva desde 2009 gobernada con mayorías absolutas del PPdeG, con Alfonso Rueda al frente de la Xunta, con el BNG instalado como primera fuerza de la oposición y el PSdeG en tercer lugar. El reparto importa porque el conflicto energético cruza a los tres partidos sin excepción. La Ribeira Sacra es el escenario perfecto para medirlo. Es la comarca que aspiraba al sello de la Unesco y que vio cómo la candidatura volvía a casa con un informe adverso en el que las presas aparecían citadas. Y es, además, un territorio compartido por Lugo y Ourense, dos provincias en pérdida de población sostenida.
La lectura nacional es doble. Primero, competencial: la concesión de agua no la decide la Xunta, sino el Estado a través de la confederación hidrográfica, de modo que cualquier resolución abre un pulso entre administraciones que en Galicia se sigue con lupa. Segundo, de modelo: el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima fija el marco y es la norma que Adega convierte en arma arrojadiza. Lo que se dirime en el Sil es la misma pregunta que se plantea en otras comunidades con embalses y parques eólicos: cuánto territorio puede hipotecar la descarbonización y quién paga la factura ambiental. No es casual que las compañías implicadas sean dos de las mayores del país. El asunto tiene todos los ingredientes para instalarse en el debate autonómico: un símbolo patrimonial frustrado, dos grandes eléctricas y un calendario administrativo largo. La próxima cita electoral gallega medirá cuánto pesa.
Ficha del Caso
- El caso: Adega se persona en el trámite de competencia abierto por la solicitud de Iberdrola y Naturgy para una central de bombeo entre los embalses de Santo Estevo y Edrada-Mao, en la Ribeira Sacra.
- Datos importantes: hasta 75.000 litros por segundo; permiso vigente de Santo Estevo hasta 2051 y de Edrada-Mao hasta 2053; concesión de hasta 75 años y horizonte hasta 2101; Zona de Especial Conservación del Cañón del Sil y Reserva de la Biosfera.
- Resumen: el pulso mide el coste territorial de la transición energética en Galicia y enfrenta al promotor con la normativa de espacios protegidos y con el dictamen de Icomos que frenó la candidatura a Patrimonio Mundial.
