La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado el Real Decreto 905/2025 sobre universidades por no justificar su tramitación urgente. La resolución, hecha pública hoy, estima el recurso que presentó la comunidad autónoma de las Islas Baleares y deja sin efecto la norma que el Gobierno aprobó el 7 de octubre de 2025.
El fallo llega desde la Sala de lo Contencioso-Administrativo (el órgano que revisa la legalidad de las decisiones de las administraciones públicas, incluidos los decretos del Ejecutivo) y se apoya en un defecto de procedimiento, no en el contenido de la norma. El tribunal no entra a valorar el fondo del texto: le basta constatar que el acuerdo que declaró urgente la tramitación no está debidamente justificado.
Las claves del fallo contra el Real Decreto 905/2025
La sentencia estima el recurso de Baleares y anula el real decreto (norma reglamentaria que aprueba el Consejo de Ministros) en su integridad. Los argumentos que sostienen la decisión son tres.
- El acuerdo por el que se declaró urgente la tramitación del procedimiento de elaboración y aprobación del decreto no está debidamente justificado.
- Esa declaración de urgencia permitió omitir el trámite de consulta previa (el periodo en el que el ministerio expone el borrador a los sectores afectados).
- La omisión de ese trámite carecía del amparo legal exigido, concluye el tribunal.
La anulación no cuestiona que el Gobierno pueda regular esta materia. Cuestiona cómo lo hizo. La vía urgente no es una opción libre: exige una motivación acreditada que, según el Supremo, no consta en este expediente.
El recurso lo interpuso la comunidad autónoma de de las Islas Baleares, que impugnó la norma ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo. La sentencia le da la razón en el plano procedimental.
El Supremo no tumba la política universitaria del Gobierno: tumba la vía exprés con la que la aprobó. La diferencia importa.
Por qué la urgencia no se puede elegir a la carta
La tramitación urgente reduce plazos y permite saltarse pasos que la ley exige para cualquier reglamento. Para acogerse a ella, el órgano que la declara debe motivar por qué concurre. Aquí, el tribunal entiende que esa motivación no existe o no alcanza el estándar exigido.
La consecuencia práctica es la que el propio fallo señala: al decaer la urgencia, decae también el paraguas que cubría el atajo, y el trámite omitido queda sin cobertura legal.
Qué pasa ahora con la norma y con los centros afectados
El real decreto de creación de centros universitarios desaparece del ordenamiento. Contra una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo no cabe ya recurso ordinario; el último resorte es el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, reservado a la vulneración de derechos fundamentales.
El Ejecutivo mantiene la potestad de aprobar una norma equivalente, pero tendrá que hacerlo por el cauce ordinario, con consulta previa incluida. El Supremo no ha entrado en el contenido del texto ni en el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.
El expediente vuelve a la casilla de salida.
Según el CGPJ, la estimación del recurso de Baleares es total. El texto de la resolución puede consultarse en poderjudicial.es, y la norma anulada figura publicada en el Boletín Oficial del Estado.
⚖️ Datos del caso
- Órgano judicial: Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
- Fase procesal: Sentencia que pone fin al recurso contencioso-administrativo y anula el reglamento impugnado.
- Implicados: Comunidad autónoma de las Islas Baleares, como parte demandante; Administración General del Estado, como parte demandada. El CGPJ difunde la resolución.
- Norma anulada: Real Decreto 905/2025, de 7 de octubre, sobre universidades.
- Próximos pasos: No cabe recurso ordinario; el Gobierno puede reiniciar la tramitación por el cauce ordinario.
Lo esencial
- 📌 ¿Qué ha ocurrido? El Supremo ha anulado el Real Decreto 905/2025 sobre universidades por no justificar su tramitación urgente, según el CGPJ.
- 👤 ¿Quiénes están implicados? La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, Baleares como parte demandante y el Gobierno como parte demandada.
- ⏭️ ¿Qué pasa ahora? No cabe recurso ordinario; la norma volvería a tramitarse por el cauce ordinario si el Ejecutivo quiere reeditarla.
