5Multas, Inspección y represalias: qué arriesga la empresa que no cumple
La foto actual la da la propia Inspección de Trabajo y Seguridad Social: en 2024 cerró 1.869 infracciones por control de registro de jornada, con sanciones por 2,99 millones de euros y 21.649 trabajadores afectados, a las que sumó otras 13.681 por tiempo de trabajo y horas extraordinarias valoradas en 17,2 millones. En conjunto, más de 20 millones, un 9% más que el año anterior. La multa tipo por no llevar bien el registro no es una cifra astronómica: la LISOS lo tipifica como infracción grave con una horquilla de 751 a 7.500 euros (hasta 1.500 en grado mínimo, 3.750 en medio y 7.500 en máximo), y en 2024 el acta media rondó los 1.600 euros. La clave es que esa sanción se impone a la empresa, no se multiplica por cada empleado: el número de trabajadores perjudicados solo sirve para graduarla hacia el tramo alto. Donde se dispara es en la obstrucción a la inspección, tipificada aparte con multas de hasta 225.018 euros.
Ese régimen es, precisamente, el que sigue bloqueado. El Congreso devolvió al Gobierno el proyecto de reducción de jornada el 11 de septiembre de 2025 (178 votos a favor y 170 en contra) que preveía elevar las multas a entre 1.000 y 10.000 euros y aplicarlas por cada persona afectada. El posterior proyecto de real decreto del registro horario digital, que pasó audiencia pública en octubre de 2025, sigue sin publicarse en el BOE y en ningún caso puede tocar las cuantías, porque exigirían rango de ley. A la multa administrativa se suman otros costes: la Inspección puede regularizar cotizaciones hasta cuatro años atrás si detecta horas extra sin declarar, y un recargo del 30% al 50% sobre las prestaciones si un accidente se relaciona con el exceso de jornada. Y hay un riesgo extra: represaliar a quien denuncia. La garantía de indemnidad convierte en nulo el despido reactivo, como confirmó el Supremo en 2025 en el caso del conductor de ambulancias cesado tras negarse a hacer horas extra y acudir a la Inspección: nulidad, readmisión, salarios de tramitación y 6.000 euros de indemnización.
