El IRPF es el eje sobre el que PP, PSOE y VOX están construyendo su oferta fiscal de cara al 29N. Las tres formaciones coinciden en que el salario mínimo no debe pagar impuesto, pero discrepan en la fórmula para lograrlo, y a partir de ahí los caminos se separan: unos apuestan por deflactar la tarifa, otros por elevar el mínimo exento hasta los 22.000 euros y otros por gravar más a las rentas altas. Del mínimo exento depende que un asalariado a jornada completa con el SMI tenga o no retención en la nómina. La discusión de fondo es a quién se le baja el impuesto y a quién se le sube.
El criterio de esta lista no es ordenar las promesas por partido, sino por la pieza del impuesto que cada una toca. Cada apartado compara qué defienden PP, PSOE y VOX sobre el mismo elemento: el mínimo exento que decide si el SMI tributa, el tramo más alto —hoy un 47% marginal sobre lo que supera los 300.000 euros—, la deflactación de tarifa y mínimos para compensar la inflación y las deducciones por hijos, vivienda y gastos. El resultado deja acuerdos de partida, como el salario mínimo sin retención, y diferencias que se miden en la fórmula y en el tipo.
3La deflactación de la tarifa: la vía de PP y VOX para que la inflación no suba la factura del IRPF
La deflactación de la tarifa es la bandera fiscal con la que el PP afronta el 29N: actualizar tramos y mínimos del IRPF al IPC para que la subida nominal de salarios y pensiones no coloque al contribuyente en un escalón superior sin haber ganado poder adquisitivo. Los populares llaman a ese efecto «progresividad en frío» y lo describen como una subida encubierta, con el argumento de que la inflación acumulada desde 2018 supera el 25% mientras la escala estatal no se revisa desde 2015. El paquete que el partido registró el 9 de marzo de 2026 combinaba una deflactación del 10% en el primer tramo, del 5% en el segundo y del 3% en el tercero, una subida del 10% del mínimo personal (de 5.500 a 6.150 euros) y la duplicación de los mínimos por hijo, de 2.400 a 4.800 euros por el primero. El PP cifra el coste en 3.200 millones, calcula un ahorro medio de 200 euros anuales en IRPF —unos 900 al año en un hogar de cuatro miembros— y sostiene que 283.000 declarantes dejarían de pagar el impuesto.
Vox comparte el diagnóstico y el instrumento, pero los considera un punto de partida insuficiente. Sus enmiendas en el Congreso reclaman el «ajuste a la inflación» del IRPF junto a una reforma de mucho mayor alcance: mínimo exento de 22.000 euros, dos tipos (15% hasta 70.000 euros y 25% a partir de ahí), cuatro puntos menos por cada descendiente y que el ahorro no tribute por el incremento de valor atribuible solo a los precios. Hacienda cifró ese plan en 85.000 millones de recaudación perdida, más de la mitad de lo que recauda el tributo; Vox lo rebaja a 46.000 millones. La deflactación funciona así como línea divisoria: en abril de 2026 el Congreso aprobó, con PP, Vox, Junts, Coalición Canaria y UPN y la abstención del PNV, una moción que exigía deflactar el IRPF de forma generalizada —y no solo los tres primeros tramos, como hasta entonces—, con el PSOE y Sumar en contra por considerar que el alivio se concentra en las rentas más altas.
