Jésica Rodríguez, ex pareja del ex ministro José Luis Ábalos, depositó este miércoles en el juzgado central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional, 4.000 euros «a cuenta de la responsabilidad civil derivada de los hechos que se atribuyen a mi mandante», según el escrito presentado en el mismo juzgado por su abogada. Durante su trabajo en Ineco y en Tragsatec Jésica Rodríguez percibió un total de 43.950,54 euros. De esta manera, Jésica Rodríguez comienza a hacer frente a una posible responsabilidad civil derivada de una futura sentencia.
La Sala de lo Penal 2 de la Audiencia Nacional desestimaba el último recurso de apelación de la ex pareja de Ábalos, hace una semana, para evitar sentarse en el banquillo de los acusados. Los tres miembros del Tribunal, Fernando Andreu, Joaquín Delgado y José Joaquín Hervás desestimaron el recurso en un auto dictado el 8 de octubre.
Jésica reconoció en el juicio contra Aldama, Ábalos y Koldo García en el Tribunal Supremo que cobró un sueldo de ADIF sin ir a trabajar y el fiscal levantó testimonio, que envió a la Audiencia Nacional. El juez Moreno, que instruye la parte del Caso Koldo que no afectaba a aforados la incluyó entre los investigados, algo que Jésica Rodríguez intentó evitar a toda costa y que finalmente no ha conseguido.
Esa declaración de Jésica Rodríguez, con obligación de decir la verdad, ante el Alto Tribunal, salió cara. De momento, ha sido imputada por el juez Ismael Moreno, del juzgado central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional, que instruye la parte restante del Caso Koldo no juzgada. Jésica cobró 34.450 euros de la empresa INECO, más otros 9.500,54 euros de Tragsatec, en total 43.950,54 euros.
La imputación llegó tras el informe de la Fiscalía Anticorrupción después del juicio en el Tribunal Supremo, que condenó al ex ministro a 24 años de cárcel y a 19 años a su ex asesor Koldo García.
En su escrito de acusación contra Jésica recoge el fiscal Luis Pastor que «la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en su sentencia 418/2026, de 22 de junio, ha declarado como probados hechos que guardan una íntima conexión con los aquí investigados, lo cual ha de tener unas indudables consecuencias a la hora de tratar de determinar las eventuales responsabilidades penales que pudieran derivar para los terceros relacionados con los hechos y no enjuiciados por el Tribunal Supremo».
Luego concretaba esos hechos «relativos a la contratación de Dña. Jesica Rodríguez por parte de Ineco y Tragsatec, respecto de los cuales ya fueron practicadas diligencias, como consecuencia del testimonio remitido por el Excmo. Sr. Magistrado-Instructor de la Causa Especial 20775: recibir declaración en calidad en investigada a Dña. Isabel Pardo de Vera, recibir declaración en calidad de testigos al personal de Ineco y Tragsatec encargado de la contratación de Dña. Jessica Rodríguez y recabar determinada documentación de los citados entes públicos».
Lo que ocurre ahora es que «en la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se revelan, como consecuencia de la prueba practicada en el acto del juicio oral, datos que apuntan a la intervención en tales hechos de personas respecto de las que todavía no se ha procedido a atribuirlas la condición de investigadas por su participación en la contratación de Dña. Jessica Rodríguez».
En la misma sentencia se dice que «Jésica Rodríguez no llegó, con conocimiento y plena aceptación del acusado José Luis Ábalos, a desempeñar trabajo o función alguna durante todo el tiempo que permaneció como empleada de Ineco».
Es más, Jésica Rodríguez, «durante la vigencia del contrato, realizó numerosos viajes, al menos, trece, junto al acusado José Luis Ábalos. No consta que solicitara permiso o licencia a los responsables de la empresa INECO. De igual modo, hasta que el contrato se extinguió -28 de febrero de 2021- por el transcurso del término de vigencia previsto, no consta, pese a que Jessica Rodríguez no realizó ninguna activad laboral ni acudió a las oficinas de la entidad, que por parte de ADIF se hiciera reserva alguna o se mostrara disconformidad con relación al desarrollo del contrato. Jesica Rodríguez recibió la cantidad neta de 34.450 euros de la empresa INECO en concepto de salario. Cantidad que, conforme a la normativa vigente, debía ser abonada por ADIF, como receptora de dicho recurso propio».
Jésica teletrabajaba
Hay que recordar que Jésica Rodríguez remitía partes de trabajo vía telemática a los responsables del proyecto de Ineco de asistencia a la empresa ADIF. Algunos presentaban errores e imprecisiones como, por ejemplo, «declarar trabajos realizados en días festivos, por lo que fue requerida para que los rectificara. En todos ellos hizo constar que desempeñaba tareas administrativas para Joseba García», hermano de Koldo García.
También en alguna ocasión se le solicitó, vía telemática, por las responsables del proyecto de Ineco de colaboración con ADIF, «que precisara más sus condiciones de trabajo y que complementara correctamente los partes remitidos. Solicitudes de información que no fueron atendidas por Jessica Rodríguez. Tales solicitudes e intentos de contacto por parte de responsables de Ineco provocaron que José Luis Ábalos contactara con la presidenta de ADIF para indicarla que Jésica Rodríguez estaba siendo molestada», añade.
Renovación del contrato a Jésica
La expareja de Ábalos recibió la cantidad neta de 34.450 euros de la empresa Ineco en concepto de salario. «Cantidad que, conforme a la normativa vigente, debía ser abonada por ADIF, como receptora de dicho recurso propio», añade.
Pero en noviembre de 2020, y ante la proximidad del plazo de terminación del contrato en Ineco, José Luis Ábalos, «por medio de su asesor, Koldo García, activó las gestiones conducentes para que el contrato fuera renovado o se buscara otro empleo en alguna sociedad de capital público vinculada con ADIF», sigue hilando los hechos el fiscal.
Para ello se pusieron en contacto, de nuevo, con la presidenta de ADIF «quien, atendiendo a las indicaciones recibidas del ministro, encomendó directamente al director de Gestión Administrativa de ADIF, Ignacio Zaldívar de la Rica, que hiciera lo posible para que procurara dicha contratación». Por eso está imputado también Zaldivar, cuyo recurso de apelación también fue desestimado.
Al finalizar el contrato en Ineco, el 28 de febrero de 2021, Jésica Rodríguez era contratada, casi sin solución de continuidad, el 2 de marzo de 2021, por la empresa pública Tragsatec que también prestaba servicios, como recurso propio, a ADIF. Durante este periodo cobró 9.500,54 euros.
