La juez María Tardón, el juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional incorpora a la causa sobre Ceuta la denuncia
presentada por la asociación Liberum por «traición» los días 30 y 31 de julio en la «entrada masiva irregular» en la ciudad autónoma por miles de personas.
Tras la denuncia la juez decidió acumularla a las Diligencias Previas 64/20026 mediante un auto fechado el 15 de octubre. La magistrada, mediante el auto fechado el 15 de octubre, confirma de esta manera que la denuncia de Liberum dio lugar a la apertura de las Diligencias Previas 88/2026, registradas bajo la referencia de delito de «traición», y la tiene formalmente por formulada antes de ordenar su incorporación a la investigación principal por existir identidad entre los hechos.
La denuncia, preparada con el asesoramiento jurídico del abogado Francisco Ramón Perona García, expone la posible existencia de
responsabilidades penales por unos hechos que podrían afectar a la soberanía e integridad territorial de España. Con esta resolución, las actuaciones denunciadas por Liberum pasan a formar parte de la investigación principal abierta en la Audiencia Nacional.
Ahora la Fiscalía deberá pronunciarse sobre la viabilidad de incluir este delito entre los investigados por el juzgado.
Traición en Ceuta
El delito de traición en España está regulado por los artículos 581 al 588 del Código Penal, ambos incluidos. Dentro del Capítulo I se incluyen cuatro grandes bloques. El segundo se refiere al «favorecimiento del enemigo mediante diversas formas de colaboración material bélica (arts. 582 y 583 del Código Penal) , a saber: «Facilitando al enemigo la entrada en España, la toma de una plaza, puesto militar, buque o aeronave del Estado o almacenes de intendencia o armamento».
Estas conductas acarrean penas de 12 a 20 años de prisión. La juez Tardón investiga la invasión de Ceuta que tuvo lugar los pasados 30 y 31 de julio y ya ha incoado numerosas diligencias como la toma de testimonio al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas y al ex jefe de Gabinete del Delegado del Gobierno ceutí, Gonzalo Sanz.
Además, ha pedido varios informes, entre ellos uno al CNI que recibió el pasado 15 de octubre y que no aporta cambios significativos respecto a los informes ya desclasificados por el Gobierno.
La juez también ha llamado a declarar para el próximo 27 de octubre a tres consejeros de la ciudad autónoma de Ceuta. Ha llamado en concreto, en calidad de testigos, a Alberto Ramón Gaitán, consejero de Presidencia y Gobernación, Nabila Benzina, consejera de Sanidad y Servicios Sociales y Alejandro Ramírez, Vicepresidente primero del Gobierno y Consejero de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda del Gobierno de Ceuta. La Fiscalía había pedido estas testificales y la jueza las ha admitido.
También ha requerido a la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta, a la Jefatura Superior de Policía, a la Delegación del Gobierno, a la Ciudad Autónoma, a la Autoridad Portuaria y al Jefe del Estado Mayor de la Defensa para que por el Ejército de Tierra, Mar y del Aire y del Espacio y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas remitan al juzgado todas las grabaciones procedentes de cámaras de videovigilancia, drones, sistemas de control fronterizo y demás medios audiovisuales, desde el día 30 de julio de 2026 hasta el de la recepción del requerimiento judicial acordando la presente medida.
