La juez María Tardón, del juzgado central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, se ha encontrado con el muro de la burocracia de la ley de secretos oficiales. El pasado miércoles el ministerio de Defensa, órgano superior del CNI, entregó a la juez Tardón un breve informe de este organismo sobre la invasión de Ceuta, nada nuevo a los documentos ya desclasificados el pasado mes de septiembre por el Gobierno. Lo peor del asunto es que aunque la juez reclame nuevos datos al CNI posiblemente se encontrará con la misma respuesta. Tardón había mandado su petición el pasado 16 de septiembre.
El control judicial del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se regula por la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, que recoge en su artículo 342 bis que «el Magistrado del Tribunal Supremo competente para conocer de la autorización de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia que afecten a los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 18.2 y 3 de la Constitución se nombrará por un período de cinco años, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, entre Magistrados de dicho Tribunal que cuenten con tres años de servicios en la categoría».
Defensa habría eliminado información sobre el aviso a los servicios secretos marroquíes, que se habría producido con el tiempo suficiente para que las autoridades de Marruecos tomasen nota y evitasen la avalancha de migrantes. Pero Marruecos ignoró los avisos previos. Sí aparece en el informe que el CNI entregó a la juez los datos de esos avisos, el último el 29 de julio de 2026 a la DGED y el DGST, los servicios secretos marroquíes. En total, el CNI relata a Tardón que ha emitido más de 20 notas similares a sus homólogos marroquíes.
Pero esos mensajes solo están de referencia en el informe remitido por los espías españoles a la juez.
Esta «censura» previa de Defensa es casi imposible de sortear pues el Gobierno tiene fácil ignorar esta petición acogiéndose a la ley de secretos oficiales. El magistrado actual encargado de los asuntos del CNI es el magistrado Andrés Martínez Arrieta, presidente de la Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo y su sustituto es Eduardo Calvo Rojas, de la Sala Tercera del Alto Tribunal. Para lograr la desclasificación de todos los documentos la juez Tardón debe dirigirse al Consejo de ministros, luego la ministra de Defensa debería solicitarlo en el mismo Consejo y después ser aprobada por el Gobierno, algo que se antoja difícil que vaya a ocurrir, al menos antes del 29 de noviembre cuando se celebran elecciones generales.
Además del CNI
En su orden previa, la juez Tardón especificaba que los datos no debían limitarse a los días 30 y 31 de julio, cuando Ceuta sufrió la invasión desde Marruecos, sino debía recoger hechos anteriores, incluso pidió un reconocimiento facial de los agentes marroquíes que operaron al otro lado de la frontera, según recogió un informe de Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) de Policía Nacional.
Entre las diligencias solicitadas por Tardón una consistía en pedir a la empresa HI Iberia que se «identifique a la persona u organismo público o privado que haya solicitado los servicios de su compañía, bien a través de la referida herramienta o cualquier otra de sus plataformas, para la obtención y realización de imágenes en la zona geográfica fronteriza entre las localidades de Ceuta y Castillejos (Marruecos) con un radio de acción comprendido entre los 5000 metros hacia territorio marroquí, y los mil metros en territorio español».
La herramienta a la que se refería la juez Tardón es la SEDA (SatellitE Data AI), desarrollada por la empresa HI Iberia, una plataforma española de inteligencia artificial satelital. Su función principal consiste en el procesamiento y análisis de imágenes satelitales avanzadas para labores vinculadas a la Defensa Nacional y el control de fronteras. La propia sociedad se define en redes como una empresa que «desde 1989 desarrollamos soluciones digitales y tecnológicas para industria, energía, seguridad y defensa. Somos innovación que impulsa resultados».
En ese mismo auto la magistrada requería «al CEO de la mercantil tecnológica HI Iberia para que, respecto de la entrada masiva de inmigrantes irregulares en Ceuta de los días 30 y 31 del pasado mes de julio de 2026, informe a este órgano judicial de todas las solicitudes que se le hayan realizado para la obtención y realización de imágenes satelitales a través de la herramienta SEDA en el periodo comprendido entre los días 20 de julio y 7 de agosto de 2026 la ciudad fronteriza de la Ciudad Autónoma de Ceuta y el territorio limítrofe con Marruecos, con especial atención a la zona perimetral adyacente y contigua a El Tarajal».
HI Iberia es un proveedor habitual de Defensa, entre sus últimos contratos están los «Servicios de apoyo técnico en diseño, construcción y pruebas, en el área de sistemas CIS (TIC), de los programas navales de buques auxiliares de DGAM», por 123.000€, los «Servicios de Apoyo Técnico a la Jefatura de Ingeniería, Construcciones y Obras del Arsenal de Cádiz de La Armada», por 62.000€, otro de «Servicios de apoyo técnico en la redacción de los anexos técnicos de prendas de vestuario a la Jefatura de de la Guardia Civil», por un valor de 103.000€ y la «Contratación de los servicios de apoyo y consultoría en comunicaciones al ramo técnico de sistemas de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada» por 70.000€. Todas las cantidades son con el IVA excluido.
La pieza tecnológica sobre Ceuta
La orden de la juez Tardón forma parte de varias diligencias que estarán dentro de una denominada «pieza tecnológica» que fue declarada secreta. Dentro de esta pieza, la juez reclamó al jefe del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) que aporte todas las imágenes satelitales de las que disponga correspondientes al periodo comprendido entre las 00.00 horas del 20 de julio y las 23.59 horas del 7 de agosto. En concreto, solicita imágenes de la playa de Fnideq (Castillejos), en Marruecos, colindante con la frontera española, y de la playa de El Trampolín, en Ceuta.
Asimismo, para completar esta pieza tecnológica la juez pidió a Defensa que compruebe las imágenes disponibles en el Mando de Operaciones (MOPS), el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), el Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE) y cualquier otro centro de su ámbito que pudiera haber realizado esa tarea. También reclama las imágenes videográficas que pudieran haber obtenido los mandos operativos aéreo, marítimo y terrestre durante esas fechas. La petición judicial se alarga hasta las imágenes captadas por los sistemas de videovigilancia dependientes de Defensa que cubren Ceuta y el territorio de frontera con Marruecos, con especial atención a la zona de El Tarajal.
La magistrada trataría así de comprobar si la invasión se preparó días antes acumulando a miles de personas al otro lado de la frontera española o fue una avalancha repentina, algo que parece poco probable.
Identificación de personas
La jueza ha pedido igualmente a Policía Nacional y Guardia Civil que elaboren un informe para precisar, en la medida de lo posible, la identidad, cuerpo, unidad, empleo, funciones y actuación de los agentes uniformados marroquíes que aparecen en las imágenes incorporadas a la causa. Ese informe deberá intentar reconstruir también la «cadena de mando operativa» presente en la zona de Fnideq-Castillejos durante aquellos días.
La juez Tardón reclamó al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) el informe íntegro sobre su organización digital, incluyendo los números de teléfono detectados como administradores, dinamizadores, difusores o participantes relevantes, así como los identificadores utilizados en Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, Telegram y otras plataformas.
La juez ordenó además a Meta, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, Google y Apple la conservación y remisión de datos de registro de las cuentas utilizadas para difundir la convocatoria, direcciones IP, dispositivos, teléfonos, correos electrónicos, historial de conexiones y contenido de grupos, canales y perfiles utilizados entre el 1 de julio y el 15 de agosto.
El próximo día 26 están llamados a declarar el inspector jefe de Policía Nacional de Ceuta y el jefe de operaciones de la Guardia Civil en Ceuta, el día 27 lo harán tres consejeros de la ciudad autónoma de Ceuta y el día 28 declararán tres policías nacionales. Todos ellos acuden en calidad de testigos.
