Marruecos ignora los 170 expedientes de menores de Ceuta que la Policía Nacional ha remitido para culminar su retorno. Ninguno ha obtenido respuesta, pese a que Rabat trasladó al Gobierno hace semanas su disposición a aceptar el regreso de todos ellos. La ciudad autónoma atiende a 3.767 menores en 23 centros de acogida, una cifra que multiplica por 130 la capacidad ordinaria del sistema, y cerca de 500 siguen durmiendo en la calle, según denuncian las ONG.
A la negativa marroquí se suma otro frente. La Policía Nacional ha desarticulado una red que cobraba 8.000 euros por trasladar a inmigrantes desde Ceuta a la península y que organizaba los desembarcos en playas de Cádiz, según la información policial conocida este jueves. La trama recolocaba a personas que ya habían entrado en la ciudad autónoma y las movía cientos de kilómetros al norte, con la costa andaluza como destino final.
Qué exige Vox y con qué argumentos
La tesis que Vox sostiene en el Congreso de los Diputados desde que arrancó la legislatura es que la cooperación de Rabat en materia migratoria nunca fue gratuita ni estable. La ausencia de respuesta a los 170 expedientes encaja en ese diagnóstico: el país vecino admite el retorno mientras obtiene contrapartidas y lo paraliza cuando el coste político interno sube. Para el partido, el episodio desmonta el relato oficial de una relación migratoria normalizada con Marruecos.
El detalle técnico refuerza esa lectura. Los especialistas de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras han localizado a las familias de los adolescentes y en todos los casos han autorizado el regreso a sus casas. Es decir, el trámite está completo por la parte española: falta únicamente la conformidad del país de origen. Sin ella, los menores permanecen en una red de acogida desbordada que las propias administraciones reconocen al límite.
Con ese material, la formación reclama al Gobierno que exija formalmente a Marruecos el cumplimiento de los acuerdos de readmisión, que fije calendarios verificables y que deje de presentar la buena voluntad del régimen alauí como un logro diplomático. Pide además financiación extraordinaria para los centros ceutíes y refuerzo de la vigilancia en el perímetro fronterizo, con un argumento de fondo: sin control de la entrada, ninguna política de acogida es sostenible.
Sin la conformidad de Rabat, los 170 expedientes se quedan en papel: el trámite español está cerrado y la pelota lleva semanas en el tejado marroquí.
La red de traslados añade un elemento que Vox considera decisivo. El negocio del crimen organizado crece donde el control público falla. La trama cobraba 8.000 euros por persona y organizaba desembarcos en la costa de Cádiz, un modus operandi que convierte a la ciudad autónoma en plataforma de entrada hacia el continente. La secuencia —entrada irregular, saturación del sistema, mercado del traslado— alimenta el efecto llamada que el partido denuncia desde hace años.
Cuánto margen tiene el Gobierno y cómo se sitúa el PP
El Ejecutivo central ultima el reasentamiento de 600 menores en comunidades de la península, una operación que alivia la presión sobre Ceuta pero no resuelve el origen del problema. El traslado no necesita el visto bueno de Rabat; la devolución a las familias, sí. Esa asimetría explica por qué el dispositivo avanza por un lado y se atasca por el otro.
En el PP la posición es más incómoda. Comparte con Vox la exigencia de reforzar la frontera y reclama al Gobierno que no dé por buena la respuesta marroquí. Sin embargo, evita fijar un plazo o una condición formal a Rabat, y cada vez que el asunto llega al hemiciclo trata de situarse por encima del choque. La diferencia con el partido de Santiago Abascal no está en el diagnóstico, sino en la disposición a colocar la relación con Marruecos en el orden del día de forma explícita.
Dentro del Congreso, el margen de Vox es limitado pero ruidoso. Sus 33 diputados sostienen la tercera fuerza de la Cámara y su capacidad de iniciativa pasa por una PNL (Proposición No de Ley, el instrumento con el que la Cámara fija posición sin valor normativo directo), preguntas orales y solicitudes de comparecencia. Con mayoría relativa del PSOE y socios dispersos, ninguna de esas herramientas tumba un plan del Ejecutivo. Sí obligan a retratarse en votaciones que dejan acta.

La lectura estratégica: Ceuta como banco de pruebas
Ceuta funciona como banco de pruebas de un discurso que Vox lleva años situando en el centro de su oferta política. La ciudad autónoma concentra todos los elementos: frontera, dependencia de la cooperación con Rabat, saturación del sistema de acogida y una red criminal que monetiza el desorden. Cada episodio concreto, de los 170 expedientes sin respuesta a los 8.000 euros del traslado, le sirve para convertir una abstracción en un hecho verificable. Eso es lo que le permite sostener el tono sin salirse del dato.
El precedente está a la vista. Tras la ruptura de los gobiernos de coalición autonómicos con el PP en 2024, Vox dejó de ser un socio de conveniencia y pasó a competir por el mismo espacio sin cargas institucionales. En inmigración, esa libertad se traduce en un mensaje que el PP no puede suscribir sin tensionar su perfil y su relación con Bruselas, donde la política migratoria se negocia con los Veintisiete.
Queda el calendario parlamentario. La formación llevará el asunto al próximo Pleno y pedirá explicaciones sobre el estado de los expedientes y sobre el dispositivo de los 600 reasentamientos, con una pregunta de fondo: si Rabat no responde, qué está dispuesto a hacer el Gobierno. Ahí se verá si la presión de Vox arranca un compromiso o si el Ejecutivo vuelve a refugiarse en esa interlocución permanente que nunca termina de acreditarse.
