EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El juez de Teruel que instruye el caso Forestalia ha acordado inhibirse en favor de la Audiencia Nacional para que el juez Pedraz asuma la investigación por su posible conexión con el caso Leire.
- ¿Quién está detrás? La portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Ana Marín, que exige explicaciones a la secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría, y al Ministerio para la Transición Ecológica.
- ¿Qué impacto tiene? La causa sale de Aragón y se instala en Madrid a las puertas del ciclo electoral autonómico de 2027.
La trama Forestalia en Aragón salta a la Audiencia Nacional y el PP exige a Alegría que explique qué sabe de ella.
De Teruel a la Audiencia Nacional: qué cambia en la causa
Las Cortes de Aragón (el parlamento unicameral de la comunidad, con 67 escaños) han acogido este jueves la ofensiva. La portavoz del PP, Ana Marín, ha reclamado a la dirección del PSOE aragonés que aclare «hasta dónde llegan las investigaciones» por la trama de renovables. No es una pregunta retórica: es una petición formal.
El destinatario tiene nombre y apellidos: Pilar Alegría, secretaria general del PSOE-Aragón, exministra y antigua portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez. Marín le pregunta qué conoce de las presuntas conexiones de la trama Forestalia con el caso Leire (la investigación por presunto tráfico de influencias que apunta al entorno socialista) y hasta dónde alcanza en la comunidad.
Detrás de la exigencia política hay un detonante procesal. El juez de Teruel que instruye la causa ha acordado inhibirse en favor de la Audiencia Nacional (el órgano con sede en Madrid que asume causas de especial complejidad o de ámbito superior al de una comunidad autónoma) para que el juez Pedraz asuma la investigación. La causa sale de Aragón.
Marín coloca Zaragoza en el centro del mapa y habla de «presuntos delitos de prevaricación administrativa, cohecho y tráfico de influencias». En su relato aparecen antiguos cargos del PSOE y Santos Cerdán, exsecretario de Organización del partido, al que la portavoz recuerda que Alegría llamaba «queridísimo amigo». «Aragón, epicentro de las tramas de corrupción del PSOE, y la señora Alegría callada», ha resumido.
En Aragón, la corrupción ya no se discute solo en los juzgados: se discute en el hemiciclo, en los medios y, desde esta semana, en Madrid.
Del Ministerio a las Cortes: el rastro de Domínguez y la petición de cese

El segundo frente apunta al Ministerio para la Transición Ecológica (el departamento estatal que autoriza y evalúa los proyectos de energías renovables). Marín ha señalado al ex alto cargo Eugenio Domínguez, investigado por un presunto trato de favor a Forestalia a cambio de dinero, y ha reclamado responsabilidades al equipo de la ministra Sara Aagesen, a quien los populares piden que actúe.
La petición concreta que el PP repite desde hace meses es el cese de Marta Gómez Palenque, directora general de Evaluación Ambiental, un cargo del que dependen buena parte de los informes que condicionan los parques eólicos y fotovoltaicos. Sara Aagesen es la destinataria formal de esa exigencia, que hasta ahora no ha tenido respuesta conocida.
El dato que los populares ponen sobre la mesa es elocuente en su literalidad: «17 de los 19 funcionarios que tenían responsabilidad en la gestión de estos proyectos han declarado que hubo trato de favor», sostiene Marín. Los expedientes se tramitaron en en el Ministerio, no en los despachos autonómicos. Ningún tribunal ha confirmado ese extremo. La afirmación es del PP, no una conclusión judicial.
De momento, no consta comparecencia pública de Alegría sobre este asunto. El PP recuerda que ya ocurrió con el caso del Parador, cuando, según su versión, la dirigente socialista evitó dar explicaciones a los aragoneses. El silencio, en política, también se interpreta.
El Pulso Territorial
En Aragón gobierna desde 2023 el PP, con Jorge Azcón al frente del Ejecutivo autonómico y con el respaldo parlamentario de Vox. La oposición la ejerce un PSOE que ha tenido que gestionar el desgaste de causas judiciales abiertas en la comunidad y fuera de ella. Las próximas elecciones autonómicas, previstas para 2027, funcionan ya como telón de fondo de cada intervención. El PP tiene incentivos para mantener vivo el asunto en cada pleno; el PSOE, para que la instrucción se diluya sin imputaciones que le salpiquen.
No es habitual que una causa por tráfico de influencias abierta en un juzgado provincial acabe en la Audiencia Nacional, y menos con una trama de renovables en el centro. Aragón ya vivió en los años noventa el caso Plaza, la trama urbanística que llevó al banquillo a cargos municipales de Zaragoza, y aquel precedente dejó una lección: estas causas se resuelven despacio y condicionan varias legislaturas. En paralelo, Castilla y León y Castilla-La Mancha concentran buena parte de los proyectos eólicos y fotovoltaicos del país.
El calendario manda. La incógnita es qué hace Pedraz con la causa y si el PSOE aragonés mueve ficha antes de 2027. El riesgo para el PP es evidente: si la Audiencia Nacional archiva en unos meses, el relato se desinfla y la pregunta vuelve al hemiciclo sin respuesta. Mientras tanto, en Zaragoza, la política sigue pendiente del calendario judicial.
Ficha Autonómica
- El caso: El juez de Teruel que instruye la trama Forestalia se inhibe en favor de la Audiencia Nacional por su posible conexión con el caso Leire, y el PP aragonés exige explicaciones a Pilar Alegría.
- Datos importantes: Cortes de Aragón con 67 escaños; 17 de los 19 funcionarios que gestionaban los proyectos habrían declarado trato de favor, según el PP; petición de cese de la directora general de Evaluación Ambiental; elecciones autonómicas en 2027.
- Resumen: La causa sale de Aragón y queda pendiente de lo que decida el juez Pedraz. El PP mantendrá el asunto en el hemiciclo; el PSOE aragonés no ha comparecido públicamente.
