El Gobierno de Joe Biden no tiene previsto levantar los aranceles aprobados por el Ejecutivo de Trump y que siguen vigentes sobre importaciones de China por valor de 360.000 millones de dólares (309.409 millones de euros), aunque se reiniciará el proceso de excepción que permite a los importadores eludir ese gravamen.
La representante comercial del Gobierno estadounidense, Katherine Tai, ha asegurado este lunes en un discurso ante el ‘think tank’ Center for Strategic and International Studies (CSIS) que Washington discutirá con Pekín su cumplimiento de la ‘Fase 1’ del acuerdo comercial.
El acuerdo entre ambas potencias se firmó en enero de 2020, pero durante el primer año de vigencia del acuerdo, China únicamente cumplió el 58% de las medidas que se complementó a implementar. «China hizo compromisos que beneficiar a ciertas industrias estadounidenses, como la agricultura, y debemos hacer que se cumplan», ha indicado Tai.
En relación a los aranceles sobre importaciones, la representante comercial no ha indicado una posible retirada. En su lugar, únicamente ha detallado que se reiniciará de nuevo un «proceso de exclusión». Las empresas pueden solicitar al Gobierno excluir determinados productos de los aranceles en caso de que ese producto solo esté disponible en China o si el arancel daña a la empresa importadora.
En cualquier caso, Tai ha avisado de que el Gobierno de Joe Biden tiene «serias preocupaciones con las prácticas comerciales de Estado y no de mercado que no fueron atajadas en el acuerdo de ‘Fase 1′».
«Incluso con el acuerdo ‘Fase 1’ en vigor, el Gobierno de China sigue inyectado miles de millones de dólares en algunas industrias y sigue dando forma a su economía a placer del Estado, dañando los intereses de los trabajadores aquí y en todo el mundo», ha indicado la representante comercial.
Tai tiene previsto iniciar «en los próximos días» una serie de «conversaciones francas» con su homólogo chino, el vice primer ministro Liu He. La representante se ha comprometido a dar «todos los pasos necesarios» para proteger a Estados Unidos de las «olas de daño» que han recibido en los últimos años por la «competencia injusta».
