Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) han reclamando en el Congreso de los Diputados que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, expliquen el tercer grado concedido en contra del criterio de la Junta de Tratamiento al detenido por matar a un niño de nueve años en Lardero (La Rioja).
El partido que lidera Pablo Casado ha registrado una petición de comparecencia urgente de ambos para explicar el tercer grado, previo a la libertad condicional, concedido por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias «en contra de la Junta de Tratamiento del Dueso».
CS: «NUNCA DEBIÓ HABER SALIDO»
En rueda de prensa este martes en el Congreso, el portavoz adjunto de Cs, Edmundo Bal, ha defendido que este «criminal reincidente nunca debió haber salido en tercer grado». «Pedimos la comparecencia de Grande-Marlaska y el secretario general de Prisiones para saber cómo es posible que se concediera el tercer grado cuando la Junta de Tratamiento, que les mira a la cara y con psicólogos y psiquiatras, recomendó no dárselo», ha dicho.
«Estoy espeluznado al leer noticias sobre que se fpodría mejorar el complemento de productividad de directores con más presos en tercer grado en la calle», ha añadido Edmundo Bal, en alusión a la orden de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Fuentes de la institución explican que lo que se busca con esta orden es potenciar la clasificación inicial en tercer grado, pero «exclusivamente para los que tienen condena inferior a un año» y con «unanimidad de la Junta de Tratamiento» (según el artículo 107.3 del Reglamento Penitenciario).
Edmundo Bal también ha aludido al aval del Tribunal Constitucional sobre la prisión permanente revisable, «pensada para casos en que la reinserción es prácticamente imposible o muy difícil».
TERCER GRADO PREVIO A LA LIBERTAD CONDICIONAL
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias aprobó en febrero de 2020 el tercer grado para Francisco Javier Almeida, para quien este fin de semana se dictó la prisión provisional por el asesinato del niño de nueve años. El régimen abierto fue refrendado en abril del año pasado por el juez de vigilancia penitenciaria, que autorizó la libertad condicional.
Para ello se tuvo en cuenta que, estando clasificado en segundo grado o régimen ordinario, disfrutó de 39 permisos «sin incidencias» a partir de 2013, cuando ya había cumplido 15 años de la condena por el asesinato y la agresión sexual del conocido como ‘crimen de la inmobiliaria’ ocurrido en 1998, según informaron fuentes penitenciarias.
El tercer grado –previo a la libertad condicional– se aprobó siete años después del primer permiso de salida, aunque contó con el rechazó mayoritario de los técnicos de la Junta de Tratamiento. Por este motivo, el preso pidió la revisión por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, según el artículo 105.2 del Reglamento Penitenciario, que sí autorizó la progresión de grado.
El crimen del niño de nueve años en Lardero ha generado una fuerte conmoción porque el autor es un exconvicto condenado a 30 años por el ‘crimen de la inmobiliaria’, cuando mató a una mujer agente de una empresa con la que previamente quedó para ver una vivienda. Además, fue condenado a otros siete años por un agresión sexual ocurrida con anterioridad, en 1993. Cumplió una condena acumulada de 25 años, que extinguía por completo en 2023.
