El Tribunal de Cuentas ha aprobado este jueves su último informe de fiscalización de las cuentas anuales de los partidos políticos, referido al ejercicio 2017, y ha detectado una serie de incumplimientos de la ley que, en algunos casos, ha obligado incluso a la apertura de que expedientes sancionadores.
En una nota hecha pública a última hora de este jueves, la institución dice haber detectado «determinados incumplimientos relativos al artículo 17 de la Ley Orgánica sobre Financiación de Partidos Políticos» y en concreto sobre «la falta de identificación de los donantes que realizaron aportaciones y por haber ingresado donaciones que en conjunto podrían exceder el límite máximo en cómputo anual».
Se trata de infracciones que podrían ser sancionables en vía administrativa y por ello el Tribunal de Cuentas está tramitando los correspondientes expedientes sancionadores, pero no revela los partidos expedientados ni facilita el informe.
La fiscalización de los estados contables de los partidos políticos en 2017 ha permitido también descubrir otros incumplimientos como la falta de apertura de cuentas bancarias específicas para tener un mejor control entre los ingresos por cuotas, aportaciones y donaciones, así como el ingreso directo de las asignaciones concedidas a los grupos políticos en las cuentas bancarias de funcionamiento ordinario de las formaciones políticas.
25 PARTIDOS EXAMINADOS
En total, el Tribunal de Cuentas ha examinado las contabilidades de 25 formaciones políticas y las aportaciones recibidas por 39 fundaciones, ocho asociaciones y tres sociedades mercantiles vinculadas a partidos.
La financiación pública percibida por los partidos políticos en 2017 ascendió a un total de 170,67 millones de euros. Esa cifra representó el 72% del total de recursos obtenidos por los partidos mientras que la financiación privada fue del 28%.
Por este motivo, el Tribunal de Cuentas recomienda a los partidos la conveniencia de equilibrar la balanza entre la financiación pública y privada para evitar una excesiva dependencia de los ingresos públicos, que varían de forma significativa en función de los resultados electorales y eso puede derivar en situaciones de insolvencia.
De hecho, en 2017, varias formaciones presentaban situaciones de desequilibrio patrimonial que desembocaron en algunos casos en situaciones concursales.
CASI LA MITAD DE LOS PARTIDOS NO OFRECIÓ TODOS LOS DATOS
Según su examen, las cuentas anuales de 10 de 25 formaciones políticas no reflejaron adecuadamente la imagen fiel de la situación financiera y patrimonial. Los auditores han apreciado además limitaciones al alcance que han afectado a nueve formaciones políticas, como consecuencia de la falta de integración en las cuentas anuales consolidadas de la contabilidad electoral, de parte de su organización territorial, o de las contabilidades de algunos partidos federados o coaligados, que no han podido fiscalizarse.
Además, ese año 2017 entró en vigor la obligatoriedad de integrar en las cuentas anuales consolidadas la actividad de las sedes locales de los partidos, pero algunas formaciones políticas no habían culminado aún este proceso de incorporación de todas las sedes.
La tramitación del informe de fiscalización de las cuentas anuales de 2017 se ha visto demorado, en gran medida, por la acumulación de procesos electorales celebrados en el año 2019, que siempre tienen prioridad en la agenda del Tribunal. Actualmente están en curso las fiscalizaciones de los ejercicios 2018 y 2019.
