El Juzgado de Instrucción número 27 de Barcelona ha citado como investigado al concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica de Ada Colau, Eloi Badia, por la cesión de un local a una entidad juvenil para que abrieran un ‘casal’ de jóvenes en el distrito de Gràcia. El juez también ha citado a cuatro funcionarios a raíz de una querella vecinal por estos hechos.
La imputación de Badia, mano derecha de Ada Colau, es una más de las causas que afectan al Ayuntamiento de Barcelona, a algunos de sus concejales y a la propia alcaldesa, imputada, entre otras causas, por otorgar subvenciones directamente a organizaciones afines. Una de ellas es Ingenieros Sin Fronteras, donde el propio Badia trabajó antes de ser concejal de Colau. Su anterior “empresa” recibió 667.930 euros sin pasar por concurso alguno. A un año para las municipales, a las que Colau ya ha anunciado que se presentará, pese a haber dicho lo contrario, la alcaldesa y el concejal de Emergencia Climática no paran de acumular causas judiciales.
El juzgado de Instrucción número 5 de Badalona mantiene también abierta la investigación contra la mano derecha de la regidora por un delito contra el medio ambiente. El Ministerio Público entiende que se cometió un delito en la incineradora que gestiona la empresa pública Tersa al emitir gases contaminantes que causaron riesgo grave para el medio ambiente y la salud de los ciudadanos. El presidente de Tersa, Eloi Badia, lejos de escuchar a asociaciones de ecologistas y vecinos, ha mantenido a pleno rendimiento la incineradora, incumpliendo, una vez más junto a Colau, el programa electoral de los Comunes. Además, Tersa tuvo que pagar 506.845 euros por impago de impuestos ya que realizó un cálculo equivocado del Impuesto de Construcciones y Obras de trabajos que acometió en el municipio de Gavá.
Pese a la dudosa gestión y al riesgo medioambiental y para la salud de las personas, según entiende el Ministerio Fiscal, Badia sigue siendo uno de los pesos pesados del núcleo de Colau, hasta el punto de presentarse a unas oposiciones convocadas por el Ayuntamiento a las que se inscribieron casi una veintena de altos cargos del consistorio y familiares de éstos, entre ellos el propio Badia. El “caso de las oposiciones de Colau”, también denunciado en los Tribunales, obligó al polémico concejal a retirar su candidatura pero convocó otras dos ofertas desde su Área mientras sus compañeros de filas aprobaban las pruebas para tener un empleo fijo.
Los que fueran activistas medioambientales antes de llegar al gobierno municipal, han variado sus posturas, a tenor de las causas abiertas sólo en este área. Además de Badia, Inma Mayol, ex diputada de ICV y ex concejal de Ecología del Area Metropolitana de Barcelona, se encuentra entre el grupo de elegidos de Colau que han sido investigados por la posible comisión de un delito medioambiental. La ex concejal, pasó a ser la responsable de la empresa pública Emaya, la corporación municipal de aguas y alcantarillado de Palma inmersa en el caso de contaminación de la Bahía. La compañía gestionada por Mayol gastó el dinero público previsto para frenar el desastre ecológico en la Bahía de Palma, en la contratación de personal. La Fiscalía argumentó que la mitad del dinero recaudado por el canon de saneamiento de aguas se destinó a fines ajenos.
El Juzgado de Instrucción número 12 de Palma se basó en el informe de la Fiscalía de Medio Ambiente que especifica que se produjo un delito medio ambiental y apuntó directamente al Govern como responsable ya que pese a conocer la grave situación, no realizó las inversiones necesarias y permitió descargas contaminantes sin autorización. Asegura que la Dirección General de Recursos Hídricos incumplió la normativa del canon de saneamiento que obliga a destinar a la red de depuración todo lo recaudado. Así, el 48 por ciento de todo lo recaudado por el canon (101 millones de euros) podían haber sido utilizados para reducir la enorme carga contaminante que recibía la Bahía de Palma durante las últimas décadas, según el Ministerio Fiscal, para quien las aguas residuales generan un riesgo de daño sobre la salud de los bañistas.
Los que luchaban por el medio ambiente desde sus trincheras activistas se encuentran ahora investigados por poner en riesgo precisamente el medio ambiente y la salud de las personas. En sus siete años como alcaldesa de Barcelona, la regidora nunca se ha enfrentado a tantas causas judiciales, propias y/o de sus colaboradores más cercanos. Frente a la presión de la oposición y de las propias bases de los comunes, que ven con asombro como se incumple el “ejemplarizante” Código Ético que Colau inspiró al llegar al Gobierno municipal, ella se aferra al relato victimista de la persecución de los looby para no dimitir.
Sin embargo, la última denuncia de Badía por la que ha sido imputado procede de asociaciones de vecinos. Una comunidad de propietarios se querelló contra Badia y otros representantes del Distrito de Gracia por ceder presuntamente de manera ilegal el local de una antigua comisaría situada en este barrio y que había sido ocupada.
Otros sectores que han denunciado a la alcaldesa o su gobierno por su gestión han sido dentistas, talleres de reparación de automóviles, hoteleros y particulares hartos de sus políticas intervencionistas, según algunas de sus declaraciones. En el área de Medio Ambiente, en concreto, además de las que aglutina el concejal Badia y sus ex colaboradores en Palma de Mallorca, la alcaldesa también se ha visto inmersa en otros procedimientos judiciales como la denuncia por la ordenanza que regula la Zona de Bajas Emisiones del área de Barcelona.
La alcaldesa culmina su último año de mandato inmersa en varios litigios. El último al que ha tenido que responder como investigada en los juzgados es por regar con dinero público y sin concurrencia a asociaciones u organizaciones relacionadas con ella o algunos de sus concejales. En total, más de dos millones de euros.
