El diputado y portavoz de Compromís en la Comisión de Políticas Sociales y Empleo de Les Corts, Carles Esteve, ha presentado una propuesta para que el Gobierno central inicie la modificación de la normativa que regula la Ley de Extranjería en materia de renovación de permisos de residencia a jóvenes migrantes extutelados.
«Nos encontramos en una situación absurda. Mientras la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas dedica esfuerzo y recursos a estas personas jóvenes, el Estado español les niega la residencia cuando llegan a la mayoría de edad», ha explicado Esteve en un comunicado.
Según el diputado, los adolescentes tutelados por las administraciones públicas «son personas de gran vulnerabilidad puesto que, más allá de los recursos que les garantiza la administración, no cuentan con apoyos familiares, económicos y sociales».
En la Comunitat Valenciana las políticas dirigidas a estas personas se materializan con la Red Pública de Emancipación, con el Programa Mentora que cuenta con recursos de apoyo para promover la emancipación, y con los llamados ‘hogares de emancipación’ o pisos donde las personas jóvenes extuteladas pueden permanecer después de abandonar la tutela de la Generalitat, mientras se les acompaña en procesos de inserción laboral y ciudadana, ha detallado Esteve.
Actualmente 139 personas jóvenes extuteladas se encuentran en estos pisos gestionados por entidades sociales. La mayoría de estas personas son extranjeras y se encuentran solas, por lo cual recibieron la tutela de la Generalitat hasta la mayoría de edad. Y se incorporan a estos programas para realizar la transición en la vida emancipada con un apoyo económico, residencial y profesional, «que en este caso implica también una regularización de la situación laboral y de residencia».
No obstante, ha subrayado, este proceso se encuentra condicionado por el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de las personas extranjeras en España y su integración social o Ley de Extranjería. En concreto, en los artículos 196, 197 y 198 del citado Real Decreto se determinan los procedimientos para la obtención y renovación de los permisos de residencia en los casos de menores extranjeros no acompañados, tanto en el momento que son menores de edad, como en el momento en que acceden a la mayoría de edad.
«Además, desde comienzo de 2020 se ha observado un cambio en la interpretación de la norma por parte de Delegación de Gobierno, que ha desestimado las solicitudes dejando a los jóvenes extutelados sin sus permisos de residencia», ha lamentado.
En este sentido, el senador de Compromís, Carles Mulet, ha añadido que «la administración tiene la obligación de garantizar a estos jóvenes un futuro que no sea la marginalidad» y «las autonomías tienen que poder intervenir en el proceso de socialización de los menores, formándolos y ofreciéndoles vías para incorporarse al mercado laboral».
Por su parte, el diputado de la formación en el Congreso, Joan Baldoví, ha subrayado que «no tiene ningún sentido tener una ley que considera regulares a los menores tutelados y que, una vez cumplida la mayoría de edad, no les proporciona los permisos pertinentes para poder trabajar legalmente».
«El Defensor del Pueblo ha estado muy claro al respecto: las denegaciones de las concesiones de residencia ‘sin causa justificada’ serán motivo de demanda a las subdelegaciones de Gobierno. Por eso, desde Compromís consideramos que la modificación de la regulación tiene que ser una prioridad para un Gobierno comprometido con los derechos la infancia y adolescencia», ha concluido.
