El Consejo de Gobierno de la Junta andaluza ha tomado en consideración las medidas adoptadas por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local para adaptarse a la orden del Ministerio de Justicia del pasado 22 de mayo por la que se activa la fase 2 del desconfinamiento para la Administración de Justicia ante el Covid-19.
Debido a esta nueva orden ministerial, la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal dictó el 26 de mayo una resolución en la que recoge las directrices para aplicar los criterios que se fijan en la citada orden a los órganos judiciales, fiscales e Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de la comunidad autónoma andaluza.
Según ha informado en un comunicado la Junta, la orden de la Consejería establece que en esta nueva fase la presencia de funcionarios se eleva al 60 por ciento de la plantilla efectiva y permanece, tal y como ya estaba regulado, la totalidad del equipo para la atención de los servicios de guardia.
Del mismo modo, esta dotación del 60% se podrá aumentar en casos justificados, pudiendo llegar a la totalidad de la plantilla en las ocasiones que sea preciso para atender los servicios de los Registros Civiles.
Para garantizar las medidas de protección de la salud de los funcionarios, la Junta ha detallado que se regula la apertura en horario de tarde de los órganos judiciales en los que no se puedan cumplir las medidas de seguridad.
«Por todo ello, teniendo en cuenta la repercusión que la resolución del 26 de mayo 2020 tiene, no solo para el personal al servicio de la Administración de Justicia en Andalucía y los profesionales relacionados con el servicio público judicial sino también para toda la ciudadanía, se considera conveniente que el Consejo de Gobierno tenga conocimiento de la misma», ha agregado.
Así, la Administración autonómica ha recordado que, para reactivar la actividad de la Administración de Justicia, el pasado 8 de mayo el Ministerio aprobó la orden por la que se fijaba el Esquema de Seguridad Laboral y el Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el Covid-19, que fija cuatro fases para la incorporación presencial del personal.
Estas etapas se van activando por el Ministerio de Justicia en función de las indicaciones de la autoridad sanitaria y permitirán incrementar de manera progresiva la prestación de los servicios en la Administración de Justicia hasta poder contar en la última fase con el 100% del personal en sus respectivas sedes de manera presencial y con el 100% del servicio público de Justicia restablecido.
