Funcionarios de la Delegación del Gobierno en Madrid admitieron ante la Guardia Civil que hasta este año nunca habían tenido que llamar a promotores de manifestaciones para instarles a que las desconvocaran, tal y como hicieron a partir del pasado 11 de marzo debido a la pandemia de coronavirus.
Así queda reflejado en el informe del Instituto Armado, entregado a la juez de Madrid Carmen Rodríguez-Medel, que investiga la actuación del delegado del Gobierno, José Manuel Franco, ante la convocatoria de la masiva manifestación del 8 de marzo en la capital. En el marco de la investigación, la Guardia Civil tomó declaración a varios funcionarios de la institución y todos ellos ya han sido citados por la magistrada para el próximo 11 de junio por la mañana para que presten declaración en calidad de testigos.
En todos los casos, aseguraron que la Delegación del Gobierno no puede prohibir manifestaciones o concentraciones y en los casos positivos que mencionan aluden a cuestiones de orden público, como el día de la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco.
«SUPONE» QUE FRANCO LO SABÍA
Según explicaron los funcionarios, a partir del 11 de marzo empezaron a llamar a promotores de manifestaciones por la evolución de la pandemia de covid-19, todo por orden de jefe del servicio de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Sánchez Gracia, quien a su vez declaró que se lo había comunicado su superior, José Luis Correas, jefe del servicio de la misma unidad. Sánchez Gracia «supone» que Correas despacharía con Franco al respecto, pero no lo sabe.
Todas las llamadas que hicieron desde teléfonos fijos de la institución fueron por manifestaciones convocadas en la Comunidad de Madrid en los días siguientes, aunque había también alguna de la semana posterior. Los testigos afirmaron que la orden dada por Sánchez Gracia fue sugerir a los promotores de las convocatorias que de forma «voluntaria» las suspendieran dada la situación generada por el coronavirus.
Sánchez Gracia también realizó llamadas –las cuales se extendieron los días 11, 12 y 13 de marzo– y remarcó a la Guardia Civil que en sus «15 años» de servicio nunca antes había tenido que tomar una medida así.
«GRAVE SITUACIÓN»
A la pregunta de los investigadores de qué argumentos dieron a los promotores para pedirles que cancelaran las convocatorias, Sánchez Gracia mencionó expresiones como «situación actual de propagación del virus» o «grave situación».
Los funcionarios explicaron que en general los manifestantes comprendieron la situación porque estaban ya «muy concienciados», por lo que aceptaron la sugerencia de la Delegación del Gobierno, aunque dos comentaron sendos casos en los que los promotores se negaron, los representantes de APAG Extremadura ASAJA y de una asociación de pensionistas.
La Guardia Civil también preguntó a los testigos por la aplicación que utiliza la Delegación del Gobierno para registrar toda la información relativa a las convocatorias de manifestaciones en la Comunidad de Madrid y que se denomina «Gestión de concentraciones y manifestaciones», así como por el hecho de que las llamadas que realizaron no quedaran registradas.
«No es habitual llamar y, por tanto, tampoco grabarlas», subrayan los investigadores que dijo una de las funcionarias interrogadas. Así, los funcionarios explicaron que en esa aplicación, que utilizan todos los miembros de la unidad, cada uno con un usuario y contraseña personales, no se contempla registrar las llamadas, pero que lo que sí se anotó fueron las sucesivas peticiones de desconvocatoria que fueron enviando los promotores vía correo electrónico tras recibir las llamadas.
NO ESTÁ CONFIGURADA PARA LLAMADAS
En este sentido, en un documento dirigido a la juez que también obra en el informe de la Guardia Civil y que está firmado por el director de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas, explica que la aplicación permite registrar todos los datos correspondientes a una manifestación o concentración (día de recepción de la comunicación, horario, convocantes, lugar donde se va a llevar a cabo, número aproximado de manifestantes que van a asistir, etc.).
Sin embargo, aclara que esta aplicación informática, que opera en todas las Delegaciones y Subdelegaciones de España, «no está configurada para realizar ni registrar las llamadas telefónicas que se pueden realizar concernientes a la gestión de las concentraciones y manifestaciones que se reciben», ni tampoco el «contenido» de las mismas.
Por otro lado, en el informe también queda reflejado que la juez Rodríguez-Medel pidió el 21 de mayo tanto a Policía Nacional como a Guardia Civil si antes del 14 de marzo habían remitido algún tipo de documentación sobre la pandemia de covid-19 a la Delegación del Gobierno. Ambos cuerpos contestaron días después que no tienen constancia de haber enviado nada al respecto a la institución que dirige José Manuel Franco.
