El Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid se ha inhibido a favor del Tribunal Supremo de la querella interpuesta por familiares de mayores en residencias contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero y 10 directores de geriátricos por la gestión de la crisis sanitaria en las residencias al omitir «acciones tendentes a evitar la propagación del virus».
Así consta en un auto, en el que la juez Belén Sánchez acuerda la inhibición al Alto Tribunal por la condición de aforada de Ayuso. Contra esta resolución, cabe interponer un recurso de reforma.
La querella se presentó por el colectivo Mareas de Residencias por la mal atención en las residencias de mayores y se amplió más tarde para que se investigara el protocolo firmado por el exdirector de Coordinación Socio-Sanitaria de la Comunidad de Madrid en el que se daban indicaciones de no derivar a hospitales a residentes de geriátricos.
Además de Ayuso y Escudero, los querellados son los directores de DomusVi-Mirasierra. Aralia-Ensanche de Vallecas, DomusVi-Usera, Aralia-Isabel La Católica, Ballesol Pasillo Verde, Ballesol Mirasierra, Gran Residencia, Centro Integrado Municipal, Margarita Retuerto, Manoteras y Amavir-Ciudad Líneal
La querella instaba a investigar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, el consejero de Sanidad y los directores de las residencias citadas sean investigados por los presuntos delitos de homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio.
Sobre la responsabilidad penal de Ayuso, los denunciantes sostienen que la crisis provocada por el Covid-19 ha terminado convirtiéndose en una pandemia, que tuvo sus primeras manifestaciones a mediados de febrero en España, «aunque ya había conocimiento del mismo por los casos que se habían producido fundamentalmente en China y en Italia entre otros países, no fue abordada por la Comunidad de Madrid, que tiene plenas competencias, como indicaremos más adelante, en Sanidad y en el control de las residencias de personas mayores».
En el relato de los hechos, se expone que «los querellados ejecutan el núcleo de la acción delictiva, que radica en haber omitido acciones tendentes a evitar la propagación del virus en las residencias de ancianos, e incluso habiéndose producido más de 1.000 decesos (cuando se redactó la querella) no se adopta medida alguna omitiendo así los querellados cumplimiento del deber de socorrer a los residentes que es evidente que dada la propagación del contagio en las residencias se encontraban en peligro manifiesto y grave».
«En la Comunidad de Madrid existen 475 residencias con unos 50.000 residentes, de las cuales solo 25 son totalmente públicas, el resto son o privadas totalmente o concertadas, pero con propietarios de las mismas privados que a veces son fondos de inversión opacos», añade la querella.
