El PP y Vox han salido este martes en el Pleno del Congreso en defensa de la Policía y la Guardia Civil y de su actuación en Cataluña antes, durante y después del proceso soberanista del 1 de octubre de 2017 frente a los ataques vertidos por las distintas fuerzas independentistas catalanas, que han denunciado no sólo los «abusos cometidos» por sus efectivos sino que los distintos gobiernos del PP y el PSOE hayan premiado a sus mandos.
Ha sido durante el debate de una moción de la CUP en la que se pedía al Gobierno colaborar con la Justicia para descubrir quién filtró el sumario de la ‘Operación Judas’ desarrollada en septiembre de 2019 contra miembros de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) y retirar las medallas y ascensos a los responsables de las cargas del 1-O y de las protestas tras la sentencia del ‘procés’.
Dos de las reclamaciones incluidas en una iniciativa que el diputado de la CUP Albert Botrán han tildado de «incómoda» porque «pone en evidencia» la existencia de «represión policial» a la «disidencia» en España durante los gobiernos del PP y del PSOE, y ha advertido de los riesgos de que el país camine hacia un régimen «erdoganiano» en caso de que se sigan «condecorando y encubriendo» estos «abusos» y avalando todo por la unidad del país.
Frente a estas acusaciones, desde el PSOE el diputado catalán Marc Lamuá ha puesto en valor el Estado de Derecho frente a quienes «desobedecen» las leyes y ha recalcado que en España «la disidencia no se persigue», mientras que en Ciudadanos Guillermo Díaz ha cargado contra la CUP, a la que ha acusado de «vivir de los impuestos» de la sociedad a la que «coaccionan» y de ser un «parásito político enganchado al sistema que les paga».
«NO SON FUERZAS DE OCUPACIÓN NI REPRESIÓN»
También han censurado a la CUP y criticado su iniciativa el PP. José Antonio Bermúdez de Castro ha pedido a la CUP que dejen de «ofender» al Poder Judicial, de «confundir» el Estado de Derecho con la «persecución política a la disidencia» y de «atacar» a la Policía y la Guardia Civil que, según ha recalcado, «no son fuerzas de ocupación ni de represión».
En esta misma línea, el diputado de Vox Antonio Salvá, padre de una víctima de ETA, ha aprovechado su intervención para mostrar su apoyo «incondicional» a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha reclamado al Gobierno, a través de un enmienda, premiar a todos los policías que intervinieron en las distintas operaciones desplegadas en esa comunidad y a no indultar a los presos del ‘procés’.
Con estos cuatro partidos políticos en contra, la propuesta de la CUP, que se votará en el Pleno de este jueves, no tiene ninguna posibilidad de salir adelante. Sin embargo, tanto Esquerra Republicana (ERC) como Junts han respaldo el texto de los antisistema y lo mismo ha hecho EH Bildu.
En concreto, en su iniciativa, la CUP plantea que el Congreso abra una comisión de investigación sobre la llamada ‘Operación Judas’, en la que la Guardia Civil detuvo a nueve personas vinculadas a los llamados Equipos de Respuesta Táctica de los CDR –acusados de delitos de terrorismo–, y que Interior colabore en la investigación de la Audiencia Nacional abierta para determinar el origen de la filtración a los medios del sumario de la misma.
EXAMINAR A LA POLICÍA Y LA GUARDIA CIVIL
Además, sugiere que la Cámara pida la libertad de las cinco personas que aún están en prisión preventiva tras ser detenidos en la ‘Operación Ìcaro’, durante las protestas contra la sentencia del Tribunal Supremo sobre el ‘procés’, y que tanto la Policía como la Guardia Civil sean examinadas a la luz del ‘Manual para la investigación y la documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes’ de la ONU, conocido como ‘Protocolo de Estambul’.
Asimismo, propone que se emplace al Gobierno a retirar las condecoraciones y revocar los ascensos de los policías que dirigieron y ejecutaron las cargas policiales durante la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 (‘Operación Copérnico’) y también los de los vinculados a la ‘Operación Ícaro’.
CITAR A LOS INFILTRADOS EN LA CUP
Mireia Vehí y Albert Botran también abogan por que la Cámara cite a los responsables de la Brigada Provincial de Información de la Prefectura Superior de Policía en Cataluña, que en 2017 «promovieron la infiltración» en la CUP.
Otra de sus peticiones es que la Policía deje la Comisaría de Vía Laietana de Barcelona y ésta se reconvierta en un centro memorial y documental de la represión franquista en Cataluña, dando así cumplimiento a una iniciativa aprobada por el Consejo en 2017.
Asimismo, aprovechan su moción para reclamar que los distintos cuerpos policiales dejen de usar pelotas de goma como material antidisturbios y que se derogue el decreto aprobado por el Gobierno de Sánchez en la última campaña electoral, bautizado por sus detractores como «Ley Mordaza Digital».
