Los ministerios de Igualdad y Derechos Sociales han denunciado este miércoles lo que consideran una «criminalización absoluta» y un «ataque racista» contra los menores extranjeros no acompañados a través de la campaña electoral de Vox y lo ha puesto en conocimiento de la Fiscalía.
La titular de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha calificado de «gravísima» esta campaña que se ha instalado en algunas estaciones del tren de cercanías y del metro de Madrid.
Según ha indicado, este martes, tanto su departamento como Igualdad recibieron llamadas de ciudadanos «alarmados» ante esta publicidad que señala «a los niños y niñas más vulnerables» de esta sociedad. Unos menores, ha recordado Belarra, que «migran solos», que «sufren violencia» durante el trayecto desde sus países y que son recibidos, «muchas veces» en «condiciones que no cumplen todas las garantías».
A su juicio, la campaña de Vox ataca de forma directa a las instituciones democráticas y al consenso sobre los derechos humanos y los derechos de la infancia que se construyeron «tras haber pasado lo pero de la historia» del país: «el fascismo y el racismo». La «amenaza del fascismo», ha indicado la ministra, vuelve a estar presente ahora y ha señalado como una «urgencia» la necesidad de defender a la sociedad de estos «mensajes de odio».
Es por eso, ha indicado Belarra, que el Gobierno debe actuar a través de acciones legales sobre este tema y poner en conocimiento de la Fiscalía un acto que, a su juicio, es un delito de odio contra la infancia migrante.
NÚMERO DE ATENCIÓN CONTRA EL RACISMO
«El odio, la xenofobia, la intolerancia y el racismo no tienen cabida en España y es una obligación del Gobierno proteger, dignificar y garantizar los derechos humanos de las personas que viven en el país», ha apuntado la ministra de Igualdad, Irene Montero.
En su intervención ha recordado el teléfono disponible para la atención y denuncia de agresiones de corte racista o xenófono, el 900 20 30 41. Según ha explicado, ya se está produciendo un repunte de los delitos de odio, de casi un 21%, y, en este sentido, ha mostrado su preocupación por que «las expresiones» y los «discursos racistas» se puedan extender entre la población.
Tal y como ha explicado, las personas migrantes no denuncian en muchas ocasiones las agresiones que reciben porque piensan que no van a ser creídas o porque no tienen confianza en las instituciones. A ellas se ha dirigido Montero para asegurarles que «pueden llamar para denunciar y ser atendidas».
