La Fiscalía Anticorrupción se opone a la citación en calidad de investigado del ex vicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias en el denominado ‘caso Dina’ que se instruye en la Audiencia Nacional, han confirmado fuentes del Ministerio Público.
El posicionamiento de la Fiscalía, adelantado por Infolibre, será entregado mañana al instructor del caso y se realiza en respuesta a una petición de una de las acusaciones populares en esta pieza del denominado ‘caso Támdem’ sobre las actividades presuntamente irregulares del comisario jubilado José Manuel Villarejo.
El instructor de esta causa, el magistrado Manuel García-Castellón, dio traslado de esta petición a la Fiscalía antes de que comenzara la campaña electoral, y el Ministerio Público ha evitado pronunciarse hasta este momento. Ya lo hizo cuando la causa recaló en el Supremo, también en contra de investigar al ex vicepresidente.
Se da la circunstancia de que ya también ex líder de Podemos, tras haber abandonado su escaño en el Congreso de los Diputados y salir de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno, ha perdido su aforamiento ante el Tribunal Supremo y ello abre la puerta a que el juez pueda citarle como investigado en esa causa.
En esa pieza separada número 10 de ‘Tándem’, en la que el Juzgado Central de Instrucción número 6 investiga el robo del teléfono móvil de la exasesora de Iglesias, Dina Bousselham, a finales de 2015 y el posterior uso de los archivos que contenía, el secretario general de Podemos ostenta hasta ahora la condición de perjudicado.
Tras el rechazo del Supremo a abrir causa directamente a Iglesias y el regreso de la causa a la Audiencia Nacional, el instructor ha puesto el foco en el supuesto delito de daños informáticos –ya que Iglesias mantuvo el dispositivo en su poder varios meses antes de entregárselo a su asesora tras obtenerlo de periodistas- y envió de nuevo la tarjeta SD a la policía científica. Ahora, las nuevas diligencias dependen de lo que arroje el informe pericial que elaboren los agentes, y de si realmente se puede tener acceso a los archivos que contiene.
ARGUMENTOS ANTE EL SUPREMO
A mediados del pasado mes de octubre, Anticorrupción ya se posicionó en contra de que se abriera una investigación a Iglesias al disentir de lo sostenido por García-Castellón en el escrito que este juez elevó al alto tribunal respecto del presunto delito de daños informáticos atribuido al ex vicepresidente.
En dicho momento la causa ya contaba con un informe de policía científica que concluía que no se puede acreditar que la tarjeta de Bousselham sufriera daños durante el tiempo que estuvo en manos de Iglesias. De hecho, los investigadores apuntaban que el quemado de la misma se produjo en la empresa de recuperación de datos a la que la envió la propia Bousselham.
Asimismo, en relación al delito de descubrimiento y revelación de secretos por retener la tarjeta de la exasesora, los fiscales de ‘Tándem’ sostenían que ese delito no puede investigarse dado que Bousselham no se siente perjudicada y no ha iniciado ninguna acción al respecto.
El juez del caso, sin embargo, había elevado exposición razonada al Supremo al entender que existían indicios para comenzar a investigar tanto al líder ‘morado’ como a la propia Dina Boussellham, a la vicepresidenta tercera del Congreso Gloria Elizo, a la expareja de Bousselham Ricardo Sa Ferreira y a los letrados Marta Flor y Raúl Carballedo.
El juez de la Audiencia Nacional señalaba que Iglesias recibió en buen estado del presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, el 20 de enero de 2016, la tarjeta de memoria original mini SD procedente del teléfono de Dina Bousselham, en la que comprobó que almacenaba archivos personales y de carácter muy íntimo de aquella.
Destacaba que pese a que Bousselham e Iglesias eran personas cercanas, éste se guardó la tarjeta durante un tiempo sin informar a la que fuera su asesora. El juez cree que esta acción puede vincularse al conocimiento que el líder de Podemos tuvo al observar las capturas de pantalla que la asesora guardaba de conversaciones de grupos de mensajería en los que aparecía el aforado.
Otro punto significativo para el magistrado, y que ahora podría aclarar el último informe solicitado, es el hecho de que Iglesias devolviera a la que fuera su asesora la tarjeta inoperativa, por lo que el juez advertía de que si bien no se ha podido determinar la fecha de la devolución, indica, en todo caso, que debió de ser antes del 23 de agosto de 2017. «Se sabe que cuando se devuelve la tarjeta está inservible para su funcionamiento», afirmaba el magistrado.
