El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros el proyecto de ley con el primer bloque de medidas dirigidas a reformar el sistema público de pensiones, que pasa asà al Congreso con el objetivo del Ejecutivo de poder tener en vigor estas medidas antes de fin de año.
Y es que, tal y como ha recordado la portavoz del Gobierno en rueda de prensa, la ministra de PolĂtica Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel RodrĂguez, estas reformas forman parte de los compromisos adquiridos por el Estado con la ComisiĂłn Europea en el marco del programa de recepciĂłn de fondos europeos del Plan de RecuperaciĂłn, TransformaciĂłn y Resiliencia.
La norma suprime los aspectos más polĂ©micos de la reforma aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013: el Ăndice de revalorizaciĂłn de las pensiones (IRP), que limitaba su subida anual a un 0,25% en situaciones de dĂ©ficit, y el llamado factor de sostenibilidad, que será reemplazado por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional.
«ES UNA RAZÓN DE JUSTICIA TRAS UNA DÉCADA DE INCERTIDUMBRE»
«Es una razĂłn de justicia tras una dĂ©cada de incertidumbre», ha defendido RodrĂguez, que cree que la reforma «recupera el consenso y el diálogo social en el marco del Pacto de Toledo» y supone «recuperar el valor de lo pĂşblico y la tranquilidad de los pensionistas de hoy y de los de mañana».
Las medidas son fruto del acuerdo del Gobierno con los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme, a partir de las nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo aprobadas el pasado otoño por el Congreso.
La nueva norma fija un nuevo marco de revalorizaciĂłn, que prevĂ© que el 1 de enero de cada año las pensiones aumenten de acuerdo con la inflaciĂłn media anual registrada en el ejercicio anterior. En caso de ser negativa, se ‘congelarĂan’. Esta regulaciĂłn incluirá las pensiones de clases pasivas, una novedad del proyecto de ley respecto al anteproyecto aprobado en julio.
Durante esta tramitaciĂłn, el Consejo EconĂłmico y Social valorĂł positivamente la norma y afirmĂł que considera imprescindible «mantener el mismo espĂritu de consenso que ha presidido la elaboraciĂłn de este anteproyecto a la hora de abordar ese desarrollo a lo largo de los prĂłximos meses», segĂşn informa el Gobierno.
MEDIDAS PARA RETRASAR LA JUBILACIĂ“N
Además, la reforma incorpora diversas medidas dirigidas a acercar voluntariamente la edad efectiva a la edad ordinaria de jubilaciĂłn, a travĂ©s de cuatro vĂas: la revisiĂłn de la jubilaciĂłn anticipada tanto voluntaria como involuntaria y por razĂłn de la actividad, la jubilaciĂłn demorada, la jubilaciĂłn activa y la jubilaciĂłn forzosa.
Respecto a la jubilaciĂłn anticipada voluntaria, los coeficientes pasan a ser mensuales para dar más flexibilidad y fomentar el retraso voluntario de la jubilaciĂłn, con un tratamiento más favorable a las carreras de cotizaciĂłn más largas. Además, los coeficientes reductores relacionados con el adelanto de la edad de jubilaciĂłn se aplicarán sobre la cuantĂa de la pensiĂłn y no sobre la base reguladora de la misma, como hasta ahora.
En cuanto a la jubilación anticipada involuntaria, se establecen coeficientes mensuales, en lugar de trimestrales. También se mejoran los coeficientes para casos dos años antes a la edad legal, aplicando a la determinación de la pensión los mismos que en la modalidad voluntaria para aquellos supuestos donde el nuevo coeficiente es más favorable que al vigente.
En el caso del retraso de la jubilaciĂłn, se exonera la cotizaciĂłn por contingencias comunes, excepto por incapacidad temporal, a partir del cumplimiento de la edad legal y, como medida más destacable, se refuerzan los incentivos, que pasan a ser de tres tipos por cada año de demora, y a los que tambiĂ©n podrán acogerse las clases pasivas: un porcentaje adicional del 4%, una cantidad a tanto alzado en funciĂłn de la cuantĂa de la pensiĂłn de hasta 12.000 euros, premiando las carreras de cotizaciĂłn más largas, y una combinaciĂłn de ambas opciones.
Sobre la jubilaciĂłn forzosa, los convenios colectivos no podrán fijar cláusulas que posibiliten la extinciĂłn del contrato de trabajo por el cumplimiento por el trabajador de una edad inferior a 68 años. Este lĂmite se podrá rebajar en algunos sectores, con la condiciĂłn de que se incremente la participaciĂłn de la mujer en dichos sectores.
Por último, se establece una reducción del 75% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes durante la situación de incapacidad temporal de aquellos trabajadores que hubieran cumplido la edad de 62 años.
EL GOBIERNO DICE QUE «ES SUSCEPTIBLE DE SER MEJORADO» EN EL CONGRESO
Asimismo, se prevĂ© un nuevo mecanismo para sustituir el derogado factor de sostenibilidad, un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, para el cual el Gobierno se da un plazo para acordarlo en el marco del diálogo social. La previsiĂłn del Gobierno pasa por poder introducir esta regulaciĂłn vĂa enmiendas en la tramitaciĂłn parlamentaria de esta reforma.
Precisamente por esta tramitaciĂłn parlamentaria ha sido preguntada Isabel RodrĂguez, tras las crĂticas recibidas por el ministro de InclusiĂłn, Seguridad Social y Migraciones, JosĂ© Luis Escrivá, en su presentaciĂłn de las medidas acordadas. No solamente de PP, Vox y Ciudadanos, sino tambiĂ©n de socios parlamentarias del Gobierno, como Esquerra Republicana, el PNV o EH-Bildu.
RodrĂguez ha recordado que el acuerdo de pensiones viene «precedido por el acuerdo del Pacto de Toledo en el que estuvieron la mayorĂa» de formaciones parlamentarias, pero que además «viene avalado y respaldado por el diálogo social».
«Creo que eso tiene que ser tomado en cuenta por parte de todos los grupos polĂticos en el Parlamento», ha señalado e, incluso, el proyecto de ley, ha dicho, «es susceptible de ser mejorado en la tramitaciĂłn parlamentaria». «Espero que se intensifiquen esos trabajos», ha dicho RodrĂguez.
REFUERZO DE LA ESTRUCTURA DE INGRESOS VĂŤA PRESUPUESTOS
Por otro lado, el texto busca reforzar la estructura de ingresos del sistema, estableciendo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado contemplará anualmente una transferencia del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para la financiación de diversos conceptos que permitan culminar la separación de fuentes en cumplimiento de la recomendación primera del Pacto de Toledo de 2020.
TambiĂ©n se refiere a la creaciĂłn de la Agencia Estatal de la Seguridad Social, con el compromiso de presentar un proyecto de ley en un plazo de seis meses, entre otros puntos. Finalmente, la llamada ‘cláusula de salvaguarda’ se mantiene en su regulaciĂłn actual con carácter indefinido.