El juez de la Audiencia Nacional Manuel GarcĆa-CastellĆ³n ha citado como investigadas a dos personas vinculadas a la Agencia de InformĆ”tica y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) y a otras tantas relacionadas con Indra, segĆŗn le ha ordenado la Sala de lo Penal, para ahondar en la investigaciĆ³n sobre la presunta financiaciĆ³n ilegal del PP madrileƱo que se sigue en la pieza separada 9 de ‘PĆŗnica’.
El juez escucharĆ” como investigados a TomĆ”s Contreras del Pino y JosĆ© Antonio Macho, ambos vinculados a ICM; asĆ como a Ćscar Lorenzo Canales, ex director y responsable de administraciones pĆŗblicas se Indra, y Francisco Javier Salorio del Moral, tambiĆ©n vinculado a Indra.
Asimismo, ha llamado como imputados a Jaime Cantos, Juan Carlos JaƱez y Marta Amezarri, consejeros delegados de Lata Latina SL, segĆŗn una providencia del pasado 17 de septiembre.
AdemĆ”s, el titular del Juzgado Central de InstrucciĆ³n NĆŗmero 6 interrogarĆ” como testigos a Mar GonzĆ”lez Priego, secretaria general de ICM, y Francisco Javier Botija, director de Compras y LogĆstica de ICM.
Esta ronda de comparecencias, que tendrĆ” lugar los dĆas 7 y 13 de octubre y 2 y 3 de noviembre, ha sido acordada por orden de la Sala de lo Penal, que ha estimado el recurso de apelaciĆ³n presentado por el Ministerio Fiscal contra la decisiĆ³n inicial del juez de no tomar declaraciĆ³n a estas nueve personas.
La FiscalĆa querĆa Ā«profundizar en los pormenores de la financiaciĆ³n del PP a travĆ©s de fondos procedentes del ente publico ICMĀ», conforme recoge la Sala en un auto del 13 de septiembre.
Ā«Todo ello, por la presunta participaciĆ³n de dichos investigados en el desvĆo de fondos pĆŗblicos del nombrado ente pĆŗblico ICM en favor de la financiaciĆ³n del Partido PopularĀ», recuerda la resoluciĆ³n judicial.
DECLARACIONES Ā«IMPRESCINDIBLESĀ»
GarcĆa-CastellĆ³n considerĆ³ que estas diligencias eran Ā«innecesarias e inĆŗtilesĀ», pero en cambio la Sala las ve Ā«imprescindiblesĀ» para Ā«despejar dudasĀ» sobre la posible comisiĆ³n de delitos de fraude a las administraciones pĆŗblicas, malversaciĆ³n, cohecho y falsificaciĆ³n de documento mercantil.
El instructor lo descartĆ³ porque no veĆa conexiĆ³n entre las facturas que Indra reconocĆa que no se correspondĆan con concretos servicios prestados a las empresas FormaSelect Consulting y Lata Latina, que dieron lugar a la condena de Indra por un delito contra la Hacienda PĆŗblica, y la presunta malversaciĆ³n, segĆŗn expone la Sala.
Para la FiscalĆa, resulta un contrasentido que se rechacen estas comparecencias y, al mismo tiempo, se incorporen a la investigaciĆ³n atestados y materiales d elas actas de entradas y registros que deberĆan provocar el anĆ”lisis judicial y las declaraciones de las personas interpeladas por dichos hechos.
Los magistrados creen que se debe dar a estos imputados y testigos la oportunidad de Ā«ofrecer su versiĆ³n sobre los detalles de tal supuesta financiaciĆ³n irregular, especialmente cuando se trata de diligencias que no implican grandes dilacionesĀ», ya que todas las personas mencionadas estĆ”n en territorio nacional.
Cabe recordar que en el pasado mes de marzo el juez acordĆ³ archivar esta pieza separada de la ‘OperaciĆ³n PĆŗnica’ para Indra y poco despuĆ©s, en julio, la Sala acordĆ³ el sobreseimiento definitivo.
GarcĆa-CastellĆ³n optĆ³ por archivar al Ā«no haber resultado la existencia de un incumplimiento grave de los deberes de control, vigilancia o supervisiĆ³n por parte de la entidad, respecto de la actuaciĆ³n de su empleados y ademĆ”s, al haberse constatado la adopciĆ³n y ejecuciĆ³n, antes de la comisiĆ³n del delito, de un modelo eficaz de prevenciĆ³n supervisado por un Ć³rgano autĆ³nomoĀ».