La parlamentaria andaluza por Córdoba de Adelante Andalucía Luzmarina Dorado ha criticado este martes la «falta de previsión» de la Junta de Andalucía a la hora de «adoptar las medidas sanitarias necesarias para poder hacer frente, en condiciones óptimas, a esta segunda ola y evitar convertir de nuevo las residencias de mayores» de la provincia en «uno de los focos más frágiles y vulnerables frente al virus», por lo que le ha pedido «protección» para los mayores y el personal de residencias.
En este sentido y en un comunicado, Dorado ha mostrado su preocupación por la situación de los cinco brotes declarados en cinco residencias de la provincia de Córdoba, tres en la capital, otra en Luque y otra en Santa Eufemia, que «afectan ya a más de un centenar de personas y de los que se hemos tenido que lamentar varias defunciones».
En consecuencia, ha exigido al Gobierno andaluz de PP y Cs «que garantice la seguridad en los centros, tanto de las personas mayores, como del personal sociosanitario», ya que «esto es obligación y responsabilidad directa» de la Administración autonómica, teniendo en cuenta, además, que «las residencias son lugares especialmente complicados que necesitan con urgencia recursos, refuerzos de plantillas y que se intensifique el control sanitario».
Para la parlamentaria de Adelante Andalucía, este tipo de centros «fueron uno de los mayores focos de la primera ola y, lamentablemente, en esta segunda las cosas no están cambiando demasiado. Ayer supimos que el 85 por ciento de los fallecidos de residencias de mayores de Andalucía no pasó por el hospital, un dato cuanto menos alarmante si tenemos en cuenta que el 35 por ciento de las víctimas mortales de Covid-19 han muerto en geriátricos y que la propia Fiscalía afirmó que uno de los principales motivos fue el retraso a la hora de actuar».
Además, Dorado, tras explicar que Andalucía cuenta con 665 centros para mayores, pero solo 14 de ellos son de gestión directa de la Junta de Andalucía, ha recorado que su formación siempre ha defendido «una gestión pública de las residencias, porque que no pueden ser un negocio para que fondos buitre se aprovechen del cuidado de nuestros mayores».
