La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, estuvo perseguida por las autoridades de Estados Unidos. Una juez del estado de Illinois condenó en 2004 por desacato a Calvo y a otros 24 políticos españoles que pertenecían al Consejo de Administración del Forum de Barcelona. El juzgado norteamericano declaró a la vicepresidenta (entonces ministra de Cultura de Zapatero) en rebeldía tras el desobedecer una sentencia que obligaba a los miembros del Forum a pagar 3,4 millones de euros a una productora estadounidense. Una multa que, tras el escándalo, se pagó con dinero público.
Si Calvo hubiera querido viajar a Estados Unidos, habría sido detenida en aduanas y enviada ante la juez de Illinois. La entonces ministra pertenecía al Consejo de Administración de Fórum Barcelona. Un proyecto formado por el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona para realizar exposiciones, espectáculos y congresos internacionales. Desde el Fórum se buscaron inversiones para desarrollar proyectos. Y entre esos inversores estaban las productoras Think Big Productions y Rosalini Films Productions, que después denunciarían al Fórum ante un juzgado norteamericano.
Muchas empresas invirtieron dinero. Pero varios de los proyectos se lanzaban en base a contratos no formalizados. Apalabrados y de buena fe. El problema llegó cuando el consejero delegado del Forum, Jaume Pagés y el director general, Jordi Oliveras, rebajaron las expectativas de rentabilidad del proyecto. Algo que hizo saltar las alarmas y conllevó la ruptura con muchos inversores. Y los primeros lazos que se cortaron fueron aquellos que no estaban formalizados. Entre ellos, el de las productoras estadounidenses que ya habían invertido en 2001 más de un millón de euros para grabar una película de promoción.
Ante esta situación, Think Big Productions y Rosalini Films Productions acudieron a la Justicia americana. El 23 de abril de 2004, la juez Sophie H. Hall, del Juzgado de Cook condenó a todos los miembros del Consejo de Administración a pagar un total de cuatro millones de dólares. El abogado en España de las productoras señaló entonces que sus clientes habían llegado a «un contrato de intenciones, confidencialidad y negociación en buena fe» con el Fórum. E invirtieron mucho dinero para desarrollar un vídeo sobre los milagros del patrón de Cataluña, Sant Jordi.
El asunto no solo afectó a la entonces ministra de cultura y actual vicepresidenta del Gobierno. También otros personajes públicos se vieron salpicados por la trama, como el entonces ministro de Industria, Joan Clos o el exministro del PP Josep Piqué. Y su responsabilidad política pasó algo desapercibida, ya que más allá de unas preguntas en el Senado por parte de los miembros del PP Rosa Vindel y José Seguí, la repercusión del fiasco del Fórum de las Culturas quedó en un segundo plano.
Para entonces, Calvo tenía difícil la entrada en Estados Unidos. Podía entrar, pero con consecuencias, ya que la juez le había declarado en rebeldía por desacato al tribunal. Y los miembros deberían pagar una multa de 3.000 dólares al día de interés (sumados a los 4 millones de dólares de multa). Motivo por el que si la vicepresidenta en funciones hubiera querido cruzar el Atlántico, tendría que haber solicitado un visado especial, al igual que Clos.
En 2014, la Sindicatura de Cuentas destacó en dos informes que se habían producido múltiples irregularidades en el Forum de las Culturas. La contratación de proveedores, de personal y el pago de gratificaciones se habían realizado de forma ilegal en muchos casos. El Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y el Estado español aportaron un total de 220,8 millones entre 1999 y 2007 para financiar el evento.
Los informes determinaron que las contrataciones no se habían ajustado «al procedimiento público establecido por la normativa». Además, la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat concluyó que se habían otorgado «ciertos privilegios en cuanto a la prestación de servicios». Sin embargo, cuando el consejero delegado y el director general del Fórum redujeron las expectativas de rentabilidad de forma drástica, cortaron lazos de forma irregular (según decretó el juzgado estadounidense) con las productoras que después denunciarían al Consejo de Administración.
A día de hoy, la vicepresidenta del Gobierno puede entrar en Estados Unidos, ya que tanto el Gobierno como la Generalitat de Catalunya llegaron a un acuerdo con el juzgado de Cook y pagaron con dinero público la multa que las autoridades de Estados Unidos habían impuesto a los miembros del Fórum de las Culturas de Barcelona.
