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El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán. Foto: Congreso

El Defensor del Pueblo considera que la proliferación de casas de apuestas puede tener un efecto entre los jóvenes de “características similares a las del consumo del tabaco o de drogas”. Esta institución se muestra preocupada por la publicidad “intensa” de anuncios de estos establecimientos y su efecto en los jóvenes y menores de edad.

En el balance realizado sobre sus actuaciones en el año pasado, el Defensor ha mostrado su preocupación por este fenómeno, por lo que ha iniciado una actuación de oficio ante los Ministerios de Hacienda y de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Esta actuación se ampliará a las comunidades autónomas y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

La iniciativa pretende una actuación más decidida de los poderes públicos respecto a los derechos del menor y las limitaciones publicitarias. El Defensor recuerda que la Ley General de la Comunicación Audiovisual y la de regulación del juego protegen los derechos de los menores.

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Entre las actuaciones destacadas en 2018 por esta institución se encuentra la denuncia sobre la “insostenible” situación en la que se encuentra al Oficina de Asilo y Refugio (OAR). En opinión del Defensor del Pueblo, el sistema de acogida “no ha sido capaz de planificar las medidas de choque necesarias ante el aumento de solicitudes”.

En ese sentido, esta institución ha iniciado una actuación de oficio ante la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para conocer las medidas que toman para acabar con las “largas esperas y condiciones que han de soportar” quienes quieren iniciar los trámites para solicitar asilo en Madrid.

La institución presidida por Francisco Fernández Marugán quiere evitar que niños y niñas sean devueltos a sus países de origen sin que se haya determinado antes su edad. Por ello, ha recomendado a la Fiscalía General del Estado que dé instrucciones para que los fiscales dicten si son mayores de edad antes de que sean devueltos. Ante la realidad de los menores extranjeros no acompañados, el Defensor muestra una especial sensibilidad e insiste en recordar que “son menores antes que extranjeros”.

Además, el Defensor ha recomendado que el Gobierno realice una declaración general de protección temporal para los ciudadanos venezolanos, ante la limitada capacidad de la Oficina de Asilo y Refugio y el “estado de precariedad” de muchos ciudadanos de este país en España.

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En el ámbito de la vivienda, Defensor del Pueblo destaca que durante 2018 se ha empeñado especialmente en que se realice “de manera urgente” una oferta pública de alquiler social para los colectivos más vulnerables y para que los jóvenes puedan emanciparse.

En cuanto a los desahucios, el Defensor ha iniciado una investigación con los ministerios de Fomento y Justicia por el incumplimiento de las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El comité sobre los derechos económicos, sociales y culturales de la ONU ya se ha pronunciado en contra de España por el desahucio de una familia con hijos menores a los que no se les proporcionó vivienda alternativa.

En el mismo sentido ha pedido que se haga público, a través del Boletín Oficial del Estado o de las webs de los ministerios de Justicia o de Exteriores, el dictamen y las recomendaciones de la ONU. El Defensor del Pueblo también ha pedido a la Comunidad de Madrid que dé prioridad a las familias desahuciadas con menores de edad cuando adjudiquen viviendas de emergencia social.

EL DEFENSOR Y LA VIOLENCIA MACHISTA

En cuanto a la violencia machista, esta institución ha pedido un cambio legislativo para que cuando se dicte una orden de alejamiento a un hombre respecto de su pareja, también se suspenda el régimen de visitas a sus hijos. Además, considera también necesario que en la valoración del riesgo realizada por la policía cuando hay una denuncia de maltrato se incluya también la de los hijos.

Durante 2018 el Defensor del Pueblo también ha realizado actuaciones sobre otros asuntos, como los pisos turísticos. Así, por ejemplo, ha pedido que se exija a estas viviendas que dispongan de un teléfono de atención abierto permanentemente para las quejas de los vecinos. También quiere esta institución que se desarrollen indicadores para identificar cuándo puede perder una zona su carácter residencial por la proliferación de pisos turísticos.

El Defensor insiste en que se debe proteger a los consumidores, especialmente los más vulnerables, ante las subidas del precio de la electricidad. Esta institución considera que la electricidad es un bien de primera necesidad y que, por ello, hay que regular el sector para conseguir una energía más asequible.

En el área de Medio Ambiente, el Defensor del Pueblo cree que las asociaciones ecologistas deberían ser reconocidas como interesadas en los procedimientos sancionadores, lo que no ocurre en la actualidad.

Los ciudadanos que han enviado más quejas al Defensor del Pueblo durante 2018 han sido los residentes en Madrid (4.380), seguidos de los andaluces, con 2.907 quejas y los catalanes, que han remitido 1.624. La mayoría de las quejas trataban sobre asuntos económicos y sociales.

 

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