El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha propuesto crear los delitos autónomos de trabajo forzoso, servidumbre y esclavitud, con penas de hasta 12 años de prisión.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha ocurrido? El CGPJ ha presentado una guía que propone reformar el Código Penal para tipificar el trabajo forzoso, la servidumbre y la esclavitud.
- ¿Qué penas plantea? De cinco a ocho años para el trabajo forzoso, de seis a nueve para la servidumbre y de ocho a doce para la esclavitud.
- ¿Qué cambia? Permitiría perseguir con mayor precisión la explotación ligada al crimen organizado y ampliar la responsabilidad penal de las empresas.
Una laguna en el Código Penal que dificulta perseguir la explotación
La propuesta no nace de una operación policial, sino de la Guía sobre trabajo forzoso, un manual de buenas prácticas y criterios de actuación judicial en materia de explotación laboral elaborado por la Red de Especialistas en Igualdad de la Carrera Judicial (REI). El documento ha sido coordinado por Carlos Hugo Preciado Domènech, vocal del CGPJ y magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
El texto parte de una constatación incómoda: el Código Penal español no contempla delitos autónomos de trabajo forzoso, servidumbre y esclavitud. Hoy, estas conductas solo pueden perseguirse a través de los artículos 311 y 312 —relativos a los delitos contra los derechos de los trabajadores— y del artículo 177 bis, que castiga la trata de seres humanos. Los autores consideran que esos preceptos no abarcan todas las modalidades de explotación.
La reforma crearía un nuevo título en el Código Penal dedicado a las formas contemporáneas de esclavitud. Distinguiría entre trabajo forzoso, con penas de cinco a ocho años de prisión; servidumbre, de seis a nueve años; y esclavitud, de ocho a doce años. Además, se sancionaría con entre uno y cinco años de cárcel a quienes se aprovechen conscientemente de los servicios de personas sometidas a estas situaciones.
El documento subraya que la coacción no exige necesariamente violencia física. Puede materializarse mediante la retención del pasaporte, amenazas de denuncia ante las autoridades migratorias o el aprovechamiento de situaciones de extrema vulnerabilidad. La guía contempla supuestos como la imposición de trabajos sin remuneración, jornadas manifiestamante excesivas o alojamientos incompatibles con la dignidad humana.
Tipificar el trabajo forzoso como delito autónomo dotará a jueces y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de herramientas más precisas contra las redes de explotación.
Pese a ello, los autores advierten de que una irregularidad laboral no implica automáticamente trabajo forzoso. El elemento decisivo es que la persona carezca de libertad real para aceptar o abandonar la actividad. La clave está en la vulneración directa de la libertad y la dignidad de la persona, no en cualquier incumplimiento administrativo.
Responsabilidad penal de las empresas y reparación para las víctimas
Otra de las propuestas centrales consiste en ampliar la responsabilidad penal de las personas jurídicas a los delitos contra los derechos de los trabajadores e incorporarla a la nueva regulación de las formas de esclavitud. La reforma permitiría exigir responsabilidades a las empresas implicadas cuando concurran los presupuestos legales de imputación penal. La medida tendría consecuencias en los sistemas de compliance, sobre todo en la prevención de riesgos penales ligados a la contratación y al uso de servicios de terceros.
En el plano laboral, la guía plantea modificar la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social para que las víctimas puedan reclamar los derechos económicos que les habrían correspondido de no haber sufrido explotación: salarios, indemnizaciones y compensaciones por vulneración de derechos fundamentales, incluso cuando la actividad se hubiera desarrollado bajo una apariencia contractual lícita.
Los autores también proponen facilitar la intervención de sindicatos y asociaciones, introducir procedimientos de oficio a partir de las actuaciones de la Inspección de Trabajo y reforzar las garantías procesales. En materia de asistencia jurídica gratuita, recomiendan disponer de abogados especializados, garantizar servicios de traducción e interpretación y permitir que las víctimas sigan reclamando sus derechos aunque hayan sido repatriadas.
El Contexto Operativo
El fenómeno que la guía pretende atajar responde a una tendencia sostenida: la trata de seres humanos con fines de explotación laboral ha ganado peso dentro del crimen organizado, que ha diversificado sus actividades más allá del narcotráfico o del tráfico de armas. La ausencia de tipos penales específicos obligaba hasta ahora a encajar estas conductas en figuras diseñadas para otros supuestos, lo que en la práctica entorpecía su persecución y su castigo.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ya trabajan en este ámbito. La Policía Nacional y la Guardia Civil investigan de forma coordinada, a través del CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el órgano del Ministerio del Interior que coordina la inteligencia policial), las redes que someten a personas a condiciones equivalentes a la esclavitud. La trata de seres humanos figura entre las prioridades operativas que el Ministerio del Interior traslada a los cuerpos policiales.
La propuesta afecta a tres preceptos del Código Penal —los artículos 311, 312 y 177 bis— y añade una nueva escala de penas que llega hasta los doce años. También alinea el ordenamiento español con el Convenio número 29 de la Organización Internacional del Trabajo, que define el trabajo forzoso como la prestación de servicios exigida bajo amenaza y sin consentimiento voluntario. Si la reforma prospera, España contaría con un marco penal específico para formas de explotación que hoy quedan en un limbo jurídico.
