La crisis del arroz europeo que amenaza Doñana: las importaciones sin arancel y el ultimátum del campo a Bruselas

El sector arrocero europeo, con ASAJA Sevilla como principal impulsor, ha llevado su denuncia por el desplome del precio del arroz al Comité Europeo de las Regiones. La organización agraria reclama a la Comisión Europea un plan de choque que frene las importaciones sin arancel procedentes de países con el régimen comercial «Todo menos armas» (EBA, por sus siglas en inglés), una competencia que, según los productores, está hundiendo el mercado comunitario y amenaza directamente la supervivencia de los arrozales sevillanos y, con ellos, la de humedales como Doñana.

El régimen ‘Todo menos armas’ y el derrumbe del precio del arroz

El régimen «Todo menos armas» (EBA), que forma parte del sistema de preferencias generalizadas de la Unión Europea, permite la entrada libre de aranceles de hasta 562.000 toneladas de arroz procedente de países menos desarrollados. Los productores comunitarios sostienen que este volumen masivo de grano importado, que compite en condiciones que los agricultores locales no pueden igualar, ha provocado un hundimiento de los precios en origen y una acumulación de excedentes sin salida.

Según los datos recabados por ASAJA Sevilla, una buena parte de la cosecha de la campaña anterior aún permanece almacenada, las cotizaciones en origen se sitúan en niveles que no cubren los costes de producción y la comercialización está prácticamente paralizada. La combinación de estos factores ha llevado al cultivo a una situación que los productores califican de insostenible.

La ofensiva institucional: el sector lleva el caso al Comité de las Regiones

Ante este escenario, el sector arrocero ha optado por una vía institucional para elevar el problema a Bruselas. El Comité Europeo de las Regiones (el órgano consultivo de la UE que representa a los entes locales y regionales) ha recibido un informe detallado en el que los productores, encabezados por los arroceros sevillanos junto a otros países productores, reclaman una respuesta urgente de la Comisión Europea.

La petición no se limita a un simple reequilibrio del mercado. El sector exige una estrategia específica que garantice la viabilidad del arroz europeo, con medidas que refuercen la competitividad frente a las importaciones y reconozcan su papel estratégico tanto para la seguridad alimentaria como para la conservación de los ecosistemas dependientes del cultivo.

El sector no solo reclama medidas de mercado: advierte que perder el arroz en Sevilla significaría secar Doñana en los meses en que más agua necesita.

Doñana y los humedales en juego: la agricultura que sostiene el ecosistema

La alerta va mucho más allá de la rentabilidad agraria. Los arroceros de la provincia de Sevilla recuerdan que los arrozales son el motor hídrico que mantiene vivo el humedal de Doñana durante el estío. La lámina de agua que inunda los campos de cultivo en verano es, según sostienen, la que evita que el ecosistema se seque en los meses más críticos, garantizando la supervivencia de aves y otras especies.

Este argumento invierte el tópico que enfrenta agricultura y medio ambiente: aquí es precisamente la práctica agrícola la que permite la conservación del humedal. Abandonar el cultivo del arroz, insisten, no solo acabaría con un tejido productivo histórico, sino que borraría del mapa un ecosistema emblemático de la Península Ibérica. Por eso, la reivindicación incluye una llamada explícita a reconocer el papel ambiental del arrozal en las políticas comunitarias.

Claves del Mundo Rural

  • 📌 Lo que debes saber: El arroz europeo se enfrenta a un desplome del mercado por las importaciones sin arancel del régimen EBA, según datos de ASAJA Sevilla.
  • 👥 A quién afecta: A los arroceros sevillanos, a todo el sector productor comunitario y a los humedales como Doñana que dependen del cultivo.
  • ⏭️ Qué consecuencias puede traer: El abandono del cultivo pondría en riesgo la conservación del parque nacional en los meses de mayor sequía.

España exige etiquetado de origen obligatorio para legumbres: lo que cambia para productores y consumidores

El ministro Luis Planas defendió este lunes la obligatoriedad del etiquetado de origen para todos los productos agroalimentarios, con especial énfasis en las legumbres, durante la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea. La posición española busca reforzar la trazabilidad de los alimentos y proteger a los productores locales frente a las importaciones sin identidad clara.

España pide transparencia total en el etiquetado

El Gobierno ha planteado que la normativa comunitaria obligue a indicar el país de origen en todos los productos agroalimentarios, una medida que ya se aplica en categorías como la carne fresca o las frutas y hortalizas. La novedad radica en extender esta obligación a las legumbres destinadas al consumo humano, un producto que hasta ahora carece de este requisito en el etiquetado obligatorio. Luis Planas defendió que la transparencia es la mejor herramienta para que el consumidor sepa lo que compra y para que el productor local no compita en desventaja.

La petición española se enmarca en un debate más amplio sobre la armonización de las reglas de etiquetado en la Unión. Según fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la trazabilidad total fortalecería la cadena alimentaria europea y respondería a una demanda creciente de los ciudadanos por conocer el origen de lo que consumen.

El peso de las legumbres en la España vaciada

La producción de legumbres en España se concentra en comarcas de Castilla-La Mancha, Andalucía y Castilla y León, territorios especialmente afectados por la despoblación. Se trata de un cultivo de secano que mantiene vivo el tejido agrario en muchos pueblos pequeños y que, sin embargo, ha perdido superficie frente a las importaciones de terceros países. La ausencia de etiquetado de origen impide al consumidor distinguir entre una lenteja nacional y otra importada, lo que penaliza al agricultor de la España rural.

La medida beneficiaría a a los agricultores de estas zonas porque pondría en valor su producto y mejoraría su posición en el mercado. Las legumbres son un cultivo con bajas necesidades hídricas y gran capacidad de fijación de nitrógeno, aliado de la sostenibilidad, pero su rentabilidad depende de precios que a menudo no cubren los costes.

La trazabilidad es la mejor herramienta para que el consumidor sepa lo que compra y para que el productor local no compita en desventaja.

Qué cambiaría para el consumidor y el productor

Si la propuesta prospera, el cambio más visible sería la aparición en las etiquetas de las legumbres de una indicación clara del país de origen. Con ello, el consumidor podría elegir con mayor información y premiar a los productores de proximidad. Para el sector primario, la medida supondría un escudo frente a la competencia desleal de productos foráneos que no cumplen los mismos estándares sanitarios y ambientales.

El proceso, no obstante, será lento. La propuesta deberá ser debatida en el grupo de trabajo del Consejo y requerirá el acuerdo de los Estados miembros. España defenderá la inclusión de las legumbres como categoría prioritaria, aunque algunos países son reticentes a ampliar las obligaciones de etiquetado.

El impacto territorial sería relevante si la medida se traduce en un repunte de la demanda de legumbre nacional. Una mayor trazabilidad podría frenar el abandono de tierras de cultivo en zonas de secano y fijar población en el medio rural, uno de los objetivos del Reto Demográfico.

Claves del Mundo Rural

  • 📌 Lo que debes saber: España ha defendido en Bruselas el etiquetado obligatorio de origen para todos los alimentos, con foco en las legumbres, según el MAPA.
  • 👥 A quién afecta: A los productores de legumbres de la España vaciada y a los consumidores que buscan información transparente.
  • ⏭️ Qué consecuencias puede traer: Mayor protección para el agricultor local y posible freno al abandono de tierras de secano.

Un incendio forestal en Lladurs (Lleida) quema con alta intensidad y amenaza 400 hectáreas

El incendio forestal declarado ayer lunes en Lladurs (Lleida) avanza con intensidad y amenaza 400 hectáreas, según los Bombers de la Generalitat. El aviso se recibió a las 12:45 horas, y desde entonces los equipos de extinción trabajan para contener un fuego que quema en el fondo del valle y que ha coronado la cresta, complicando las labores.

La emergencia se produce en plena tercera ola de calor del verano en Catalunya, con temperaturas que superan los 38 grados en varias comarcas del interior, lo que agrava las condiciones de riesgo y la fatiga de los efectivos. Un factor que, según fuentes del cuerpo, está dificultando el control de las llamas.

Evolución del fuego en el Solsonès

El incendio se declaró en la zona de Lladurs, en la comarca del Solsonès, y se ha extendido con rapidez por un área de vegetación forestal. Según los Bombers, las llamas ganaron fuerza en el flanco izquierdo, el lateral que avanza hacia la izquierda de la dirección del viento, donde se realizaron descargas con retardante para frenar su progresión.

Uno de los puntos más complicados ha sido el paraje conocido como Collet dels Lladres, de difícil acceso. A pesar de que el fuego coronó la cresta y ahora avanza en trayectoria descendente, lo que podría facilitar la extinción, los efectivos tuvieron que llegar a la cabeza del incendio con línea de agua. Además, se mantiene activa una noria de medios aéreos —una rotación constante de aviones y helicópteros— para lanzar agua sobre las llamas.

El corte de la pista forestal que une Lladurs con Timoneda-Santa Eulàlia ha sido una de las medidas preventivas adoptadas mientras los trabajos se centran en cerrar el flanco izquierdo.

El potencial de 400 hectáreas y la simultaneidad con otro incendio en Aiguamúrcia obligan a los Bombers a distribuir sus recursos para evitar que ninguno supere la capacidad de extinción.

Despliegue de medios y estrategia de contención

Para hacer frente al incendio, los Bombers han movilizado un total de 70 efectivos con 23 dotaciones terrestres y 6 medios aéreos, según los datos del cuerpo. También colaboran las Agrupaciones de Defensa Forestal (ADF) de la zona, voluntarios locales que apoyan las labores de extinción y vigilancia.

El operativo, que se puso en marcha desde el primer momento, ha tenido que coordinar sus recursos con los destinados a un segundo incendio forestal declarado en Aiguamúrcia (Alt Camp). Allí, el fuego afecta a unas 80 hectáreas y preocupa por su cercanía a urbanizaciones. Esta simultaneidad ha obligado a los Bombers a repartir los medios aéreos y terrestres para contener ambos frentes sin que ninguno de los dos rebase el umbral crítico.

Perspectivas y próximas horas

Los trabajos en Lladurs se prolongarán durante toda la jornada de hoy. El principal reto es el avance del flanco izquierdo, que continúa ganando fuerza en una zona de orografía compleja. Los Bombers confían en que la trayectoria descendente del fuego y la menor velocidad del viento prevista para las próximas horas ayuden a estabilizar el perímetro.

De momento, no se ha informado de personas heridas ni de viviendas amenazadas directamente. El área afectada es exclusivamente forestal, lo que aleja el riesgo para núcleos urbanos. No obstante, el cuerpo de emergencias mantiene la alerta y pide a la ciudadanía que evite acercarse a la zona y que siga las indicaciones de los servicios de emergencia.

El Tribunal Supremo confirma la demolición del chalé de Aia de la exconcejala del PNV Maite Garrastazu

El Tribunal Supremo ha inadmitido los recursos de casación contra la sentencia que ordena la demolición del chalé de Aia, propiedad de la exconcejala del PNV Maite Garrastazu.

La sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en una resolución fechada el 8 de julio de 2026 y con la magistrada Ángeles Huet de Sande como ponente, ha declarado firmes tanto la demolición como la imposición de costas a los recurrentes.

Una construcción sobre suelo no urbanizable que triplicó el caserío original

La vivienda, ubicada en el municipio guipuzcoano de Aia, cuenta con once habitaciones y once baños. Se levantó sobre los terrenos del antiguo caserío Amezti, en una zona clasificada como no urbanizable.

Según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de enero de 2025, la nueva edificación no respetó ni la ubicación ni la estructura del caserío tradicional, que se encontraba en ruinas. La parcela solo permitía la reconstrucción del inmueble original manteniendo sus características.

El caso fue promovido por la Federación Guipuzcoana de Deportes Aéreos, cuyos parapentistas utilizaban la zona de Talaiamendi para sus actividades. El enclave es también hábitat de halcones, lo que añadía valor ambiental al suelo protegido.

El Ayuntamiento de Aia, gobernado por el PNV, había autorizado los sucesivos pasos de la obra. Un primer fallo de los juzgados de Donostia consideró que no cabía estimar los recursos porque las obras contaban con licencia municipal en todo momento.

La construcción de once habitaciones y once baños se levantó en suelo protegido, triplicó la superficie del caserío original y alteró por completo la edificación preexistente.

Una resolución firme tras años de litigio y el encaje en la normativa vasca

El TSJPV, sin embargo, determinó que resultaba ‘intrascendente’ si la construcción encajaba o no en la normativa local. La ordenación municipal está subordinada al principio de legalidad y las reglas generales obligan a declarar nula de pleno derecho cualquier licencia que permita reconstruir en lugar distinto del original en suelo no urbanizable.

La sentencia del Supremo no entra en el fondo del asunto. Inadmite los dos recursos —el del Ayuntamiento de Aia y el de los promotores— al considerar que ‘no basta la mera afirmación apodíctica de que el criterio de la sentencia lesiona los intereses generales’. La resolución añade que no se explicitan las razones por las que la doctrina discutida pueda resultar gravemente dañosa para dichos intereses.

Con esta decisión, el Alto Tribunal cierra la vía judicial en España y convierte la demolición en un mandato firme. Las costas procesales recaen sobre los recurrentes. La sentencia del TSJPV que ordenó el derribo databa de enero de 2025 y se apoyaba en informes técnicos y fotográficos que acreditaban la falta de correspondencia entre la nueva obra y el caserío original.

El origen del proyecto se remonta a 2010, cuando se inició la planificación, y las obras comenzaron en 2014. La propiedad corresponde a Maite Garrastazu, quien fuera edil del PNV en el Ayuntamiento de Zarautz. La resolución del Supremo no fija un plazo concreto para la demolición, que deberá ser ejecutada por los obligados bajo la supervisión de la administración competente.

La Ley vasca de Suelo y Urbanismo (Ley 2/2006) establece restricciones estrictas para las edificaciones en suelo no urbanizable. Solo permite usos agrícolas o la rehabilitación fiel de inmuebles preexistentes. El Gobierno Vasco tiene competencia exclusiva en ordenación del territorio, aunque la concesión de licencias recae en los ayuntamientos.

El caso de Aia, que se ha prolongado más de una década en los tribunales, ilustra cómo la justicia corrige las decisiones municipales cuando contradicen la legalidad urbanística supramunicipal. La demolición de la vivienda de Maite Garrastazu se convierte así en uno de los derribos más significativos ordenados en Gipuzkoa en los últimos años.

Mossos realizan entradas y registros en Barcelona y Badalona por el tiroteo de La Mina de mayo

Los Mossos d’Esquadra han desplegado este martes, 14 de julio de 2026, un dispositivo de entradas y registros en domicilios de Barcelona, Badalona y otras localidades del área metropolitana. La operación está vinculada a la investigación por el tiroteo ocurrido en el barrio de La Mina el pasado 12 de mayo, en el que no se registraron heridos pero sí se localizaron vainas de bala en el lugar, según ha confirmado la policía catalana a través de sus canales oficiales.

En el transcurso del dispositivo, la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de los Mossos ha detenido a dos hombres y una mujer, todos ellos investigados como presuntos implicados en los hechos. Además de los arrestos, los agentes se han incautado de seis armas de fuego: tres pistolas, un revólver, un subfusil y una escopeta, así como de más de 40.000 euros en efectivo, tal y como ha detallado el cuerpo policial en un mensaje difundido en la red social X.

Tres detenidos y seis armas intervenidas en el dispositivo

Las entradas y registros practicados esta mañana responden a varios meses de pesquisas de la DIC. Fuentes próximas a la investigación han precisado que el operativo sigue abierto, con el objetivo de determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos en el tiroteo del mes de mayo. La intervención de un subfusil y una escopeta, junto con el dinero en metálico, refuerza la hipótesis de que los implicados podrían estar vinculados a una estructura organizada, aunque los Mossos no han confirmado este extremo.

Los tres arrestados pasarán a disposición judicial en las próximas horas, una vez se completen las diligencias policiales. Mientras tanto, la investigación sigue su curso para esclarecer el origen del arsenal y la posible conexión de los detenidos con otros episodios violentos registrados en la zona.

La policía catalana mantiene abierta la investigación para determinar la participación concreta de los tres detenidos, que permanecen bajo custodia a la espera de pasar a disposición judicial.

El tiroteo del 12 de mayo: sin heridos pero con casquillos en el suelo

El suceso que originó las pesquisas tuvo lugar sobre las 18.15 horas del 12 de mayo de 2026 en el barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs. Varios testigos alertaron de detonaciones que atribuyeron a disparos de arma de fuego. Cuando las patrullas de los Mossos se personaron en el punto, no localizaron a ningún sospechoso ni tampoco personas heridas, pero sí hallaron vainas de bala esparcidas por el suelo, según consta en el atestado policial.

Aquella primera fase de la investigación se centró en el análisis de los casquillos y en la toma de declaraciones a vecinos, pero no fue hasta las últimas semanas cuando las pesquisas permitieron identificar a los presuntos responsables y solicitar las autorizaciones judiciales para los registros practicados este martes.

Investigación abierta sobre la trama detrás del arsenal

La Divisió d’Investigació Criminal no da por cerrado el caso. Las diligencias continúan para aclarar si el tiroteo de mayo fue un hecho aislado o se enmarca en un conflicto de mayor calado, así como para establecer la procedencia de las seis armas incautadas. De momento, los tres detenidos tienen la condición de investigados y se enfrentan a presuntos delitos de tenencia ilícita de armas y, en función de lo que determine la autoridad judicial, a otros ilícitos relacionados con el suceso de La Mina.

El despliegue de esta mañana, que ha contado con un importante número de efectivos de la DIC y de las unidades territoriales, es el primer gran operativo derivado del tiroteo que conmocionó al barrio barcelonés hace dos meses.

El Gobierno Vasco presenta ‘Euskadi Urdina’, su hoja de ruta para impulsar la economía azul con pesca y energías marinas

El Lehendakari Imanol Pradales presentó este martes en Vitoria-Gasteiz la estrategia ‘Euskadi Urdina’, una hoja de ruta con la que el Gobierno Vasco quiere impulsar la economía azul a través de la pesca, la acuicultura y las energías renovables marinas.

La iniciativa, que movilizará recursos durante los próximos años, busca consolidar un sector que ya emplea a miles de personas en la comunidad y reforzar el tejido industrial vinculado al mar en un momento de transición energética y digital.

Qué es ‘Euskadi Urdina’ y sobre qué ejes se asienta

Según detalló el Lehendakari, ‘Euskadi Urdina’ se articula en tres grandes líneas de trabajo: la renovación y sostenibilidad de la flota pesquera vasca, el fomento de la acuicultura en aguas abiertas y la apuesta por las energías marinas —principalmente eólica offshore y undimotriz— frente a la costa.

El plan incluye una revisión de los incentivos fiscales ligados al concierto económico para facilitar la inversión en buques más eficientes y en centros de investigación acuícola. Fuentes del Gobierno Vasco consultadas por esta redacción señalaron que el objetivo es que el sector azul gane peso en el PIB y genere empleo industrial de calidad, alineándose con la Estrategia Vasca de Especialización Inteligente (RIS3).

Las reacciones políticas y la conexión con el autogobierno foral

La presentación de ‘Euskadi Urdina’ fue respaldada por los socios de gobierno —PNV y PSE-EE—, que destacaron el encaje del plan con las competencias propias del País Vasco en materia de pesca y costas. Por su parte, EH Bildu consideró que la propuesta resulta “insuficiente” en lo que respecta al control de la pesca de bajura y reclamó mayor participación del sector artesanal.

El PP vasco valoró positivamente la apuesta por las energías marinas pero pidió que el plan se coordine con la normativa estatal para evitar solapamientos competenciales. Todas las posturas se expresaron sin cuestionar el marco del concierto económico, que permite a Euskadi modular sus instrumentos fiscales y de fomento.

Desde Confebask, la patronal vasca ha trasladado un respaldo cauteloso y ha instado a concretar “cuánto y cuándo” se movilizará de inversión público-privada. El Gobierno Vasco no facilitó cifras exactas durante la rueda de prensa, pero sí avanzó que las primeras convocatorias de ayudas estarán listas antes de finalizar 2026.

La estrategia ‘Euskadi Urdina’ une la tradición pesquera vasca con las tecnologías marinas emergentes y busca activar inversiones que refuercen el sector azul sin perder competitividad.

El contexto industrial y energético: por qué la economía azul importa más que nunca

La apuesta vasca por la economía azul no parte de cero. Según los últimos datos de Eustat, la pesca y la acuicultura suponen alrededor del 0,3 % del PIB regional pero representan un valor estratégico por su arraigo territorial y su capacidad de arrastre sobre la industria auxiliar —desde astilleros hasta centros tecnológicos como Azti—.

En el plano energético, Euskadi cuenta con el proyecto BIMEP (Biscay Marine Energy Platform), una infraestructura de ensayos en mar abierto para dispositivos de energía undimotriz y eólica flotante, que sitúa a la comunidad como uno de los polos de referencia en Europa. ‘Euskadi Urdina’ quiere aprovechar ese activo para atraer nueva inversión industrial, en línea con las directrices del Green Deal europeo y con la futura Ley de Economía Azul que prepara el Gobierno central.

Desde el Ejecutivo autónomo se recordó que el concierto económico permite diseñar regímenes fiscales específicos para los clústeres marítimo-industriales, siempre que se ajusten a la normativa comunitaria de ayudas de Estado. Este margen fiscal, unido al músculo fabril vasco y a la experiencia en la gestión portuaria, convierte el plan en una pieza con posible impacto nacional, sobre todo si logra replicarse en otras comunidades costeras.

Estrategia legislativa Sumar: «dar caña» para el sprint final con vivienda, registro horario y prestación por crianza

Sumar activa el sprint final legislativo con la vivienda y el registro horario como banderas. Este martes, la plana mayor del espacio político —con los ministros Ernest Urtasun, Pablo Bustinduy y Mónica García al frente— se ha reunido en el Congreso para coordinar la estrategia parlamentaria bajo el lema «dar caña», en un acto que ha combinado autocrítica, cohesión y proyección electoral.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Sumar ha celebrado un acto en el Congreso para coordinar su sprint legislativo final.
  • ¿Quién interviene? Los ministros Urtasun, Bustinduy y García, la portavoz Verónica Barbero, y líderes de IU, Más Madrid, Compromís, Chunta y otros confluentes.
  • ¿Qué importa? La reunión selló un pacto interno para impulsar la vivienda, el registro horario, la financiación de la dependencia y otras reformas, con la vista puesta en las elecciones de 2027.

El plan de «dar caña»: las banderas legislativas de Sumar

El encuentro, celebrado apenas unas horas antes de que el Congreso apruebe varias medidas clave para el socio minoritario del Gobierno, ha servido para hacer balance de la legislatura y marcar las prioridades del tramo final. Pablo Bustinduy, titular de Derechos Sociales, ha reivindicado la honorabilidad del espacio: “Con la cabeza bien alta nos podemos decir: somos limpios, somos honrados, somos honestos y somos eficaces también”, y ha vinculado la hoja de servicios del Ejecutivo con la necesidad de “dar caña” para sacar adelante las reformas pendientes. El ministro ha recordado la paradoja del PP, que exige asumir el 50% del gasto en dependencia pero el pasado martes votó en contra de los 6.200 millones de euros extra para esta partida.

Ernest Urtasun, quien ha ejercido de maestro de ceremonias ante la ausencia de la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha fijado cuatro “retos fundamentales” para los próximos meses: la vivienda —con el decreto pactado con el PSOE aún pendiente y una dotación en los Presupuestos que está por negociar—, la ampliación de derechos sociales y laborales (subrayando el registro horario, “nunca más horas extra sin pagar”), la derogación de la ley mordaza y el impulso de las políticas climáticas. El mensaje es claro: acelerar las banderas de Sumar para que calen en el electorado antes de la cita con las urnas.

Unidad y autocrítica aparcada: los mensajes de las confluentes

En el acto, que ha contado con una primera parte pública y un debate posterior a puerta cerrada, las distintas fuerzas han aparcado las tensiones internas para mostrar un frente común. Mónica García, ministra de Sanidad y candidata de Más Madrid a la Comunidad, ha acuñado el término “izquierda umami” , la que da sabor a las políticas progresistas. Antonio Maíllo, coordinador federal de IU, ha cambiado el mítico “programa, programa, programa” de Julio Anguita por un “vivienda, vivienda, vivienda” y ha advertido de que la resistencia municipal será decisiva en 2027. La portavoz parlamentaria y nueva coordinadora de Movimiento Sumar, Verónica Barbero, ha reclamado al PSOE que no “remolonee” con la nacionalidad para los saharauis.

Desde Compromís, Alberto Ibáñez ha elevado el tono: “Les pido [a los ministros] que, si el PSOE borbonea, que no se olviden de que lo hicieron una vez y lo harán tantas como haga falta: se plantarán”. La advertencia alude al decreto de prórroga de alquileres, que aún no ha llegado al Consejo de Ministros pese a estar comprometido para antes de agosto. También intervinieron representantes de Més per Mallorca, Chunta Aragonesista y el Partido Verde, muestrario de la pluralidad del espacio. En el debate posterior, varias voces de IU urgieron a acelerar el proceso “Un paso al frente” junto a Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar para consensuar la marca electoral de las generales. La ausencia de discrepancias, inusual en los últimos meses, marca un punto de inflexión en la cohesión del grupo.

La estrategia de Sumar no solo pasa por convencer al PSOE de que acelere las reformas: necesita que sus propias confluentes mantengan la unidad y el pulso político hasta las urnas.

La Dinámica de Coalición

El acto de este martes se produce apenas dos días después de la Asamblea de Movimiento Sumar, que escenificó el relevo en la coordinación con la salida de Lara Hernández y la elección de Barbero como nueva referencia orgánica. La ausencia de Yolanda Díaz —quien en los últimos meses ha delegado protagonismo— y el liderazgo repartido entre Urtasun, Bustinduy y García dibujan una bicefalia coral que, de momento, sortea la fractura. Las confluentes de IU, Más Madrid y Compromís compiten por imprimir carácter propio, pero aceptan la coordinación centralizada en el grupo parlamentario. La clave es que todos necesitan exhibir resultados legislativos concretos antes de las elecciones, y eso atenúa las divergencias.

En la dimensión gubernamental, los choques con el PSOE no desaparecen. La financiación de la dependencia —con los 6.200 millones adicionales que este martes se aprueban— ha sido un campo de batalla en el que Sumar forzó al socio mayoritario a aceptar una cuantía que el PP rechazó en comisión. La ley mordaza sigue atascada, y el retraso en el decreto antidesahucios, como denunció Ibáñez, amenaza con convertirse en un nuevo frente. La petición de Barbero sobre la nacionalidad saharaui revela que Sumar está dispuesto a tensar la cuerda cuando el PSOE frena sus promesas. La hoja de ruta pasa por aprobar cuanto antes las medidas ya tramitadas y asegurar su dotación en unos Presupuestos Generales del Estado que aún no tienen fecha.

La proyección es inmediata. El decreto de vivienda tiene que aprobarse este mismo mes, la tramitación del registro horario y la despenalización de las injurias a la Corona avanzan en el Congreso, y todas las miradas se posan en los próximos presupuestos. Con las elecciones de 2027 en el horizonte, cada votación será una escenificación de la fortaleza parlamentaria de Sumar. El reto no es solo legislativo: es construir un relato de eficacia que contrarreste las críticas internas y dé esperanza a las bases.

Ficha del Caso

  • El caso: Sumar ha celebrado un acto de cohesión en el Congreso para fijar las prioridades legislativas del final de la legislatura, con la vivienda, el registro horario y los derechos sociales como ejes, y la voluntad de acelerar las reformas pendientes frente al PSOE.
  • Datos importantes: El Congreso aprueba este martes los 6.200 millones extra para dependencia; Sumar cuenta con 26 escaños en el Grupo Plurinacional; los confluentes de IU, Más Madrid, Compromís, Chunta y otros participaron en el encuentro.
  • Resumen: La reunión marca un intento de unidad frente al PSOE y una hoja de ruta que exige acelerar las banderas legislativas de Sumar para llegar con credibilidad a las elecciones de 2027.

Nunca vuelvas a cocinar salmón al microondas sin este truco: queda jugoso en 4 minutos

Todos hemos intentado hacer salmón al microondas y hemos acabado con un pescado seco y sin gracia. Hasta que descubres que con un simple truco se queda jugoso en cuatro minutos escasos. La clave no está en bajar la potencia ni en tirar de aceite a chorros, sino en aprovechar la humedad natural del tomate y un sellado con papel film bien perforado. Así que, si quieres una cena exprés de verdad, saca la fuente de Pyrex.

El secreto está en crear un pequeño horno de vapor dentro del microondas. La tapa de plástico se infla ligeramente y luego se pincha, dejando que el vapor cocine el pescado sin resecarlo. Con solo unos pocos ingredientes y menos de 10 minutos totales, tendrás un plato que parece recién salido del horno tradicional, pero con una limpieza mínima. Para que siempre te quede en su punto, he condensado los tres trucos que lo hacen imbatible.

El secreto del éxito

  • Truco 1: La cama de tomate: Las rodajas de tomate maduro sueltan líquido durante la cocción y crean una barrera que evita que la superficie del salmón se seque. Además, aportan un dulzor suave y acidez que contrarresta la grasa del pescado.
  • Truco 2: El chorrito de agua: Un par de cucharadas de agua en el fondo del recipiente generan vapor extra. Sin ese empujón, el microondas tiende a sobrecalentar la superficie y dejar el centro crudo.
  • Truco 3: Papel film perforado y reposo: El film pinzado actúa como válvula: deja salir el exceso de presión pero retiene el 90% del vapor. Después de apagar, esperar medio minuto antes de retirarlo completa la cocción residual y asienta los jugos.

Ingredientes

  • 1 rodaja gruesa de salmón fresco (o lomo de unos 200 g)
  • 1 tomate maduro grande
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • Sal y pimienta negra recién molida
  • 1/2 cucharadita de ajo y perejil seco (o cualquier mezcla de hierbas provenzales)
  • 2 cucharadas de agua

Coloca la rodaja de salmón en una fuente de vidrio apta para microondas. Riégala con el aceite, añade las dos cucharadas de agua y sazona con sal, pimienta y las hierbas —no escatimes, la cocción tan rápida necesita que los aromas se impregnen desde el primer segundo.

Corta el tomate en rodajas finas y cubre completamente el pescado con dos o tres de ellas. No hace falta que sean perfectas; las que sobran puedes disponerlas alrededor para que también se cocinen.

Tapa la fuente con papel film transparente y, con la punta de un cuchillo, haz tres o cuatro agujeros en la superficie. Este paso es el más crítico de todos: si no los haces, el vapor acumulará presión y el film podría reventar, ensuciando todo el microondas.

Introduce la fuente en el horno y programa 4 minutos a máxima potencia (en mi microondas, 800 W). Si el tuyo es menos potente, alarga 30 segundos; si es más, vigila a partir del minuto 3: el olor a pescado cocido te avisará de que está listo.

El microondas no es solo para recalentar: cocina pescados en minutos y los deja más jugosos que muchas planchas.

Al terminar, saca la fuente con cuidado —el vapor que sale está muy caliente y retira el papel film con un tenedor, tirando hacia atrás— para no quemarte. Aparta las rodajas de tomate a un platito y déjalas enfriar medio minuto.

Con unas tijeras de cocina, pica el tomate directamente sobre el plato y mézclalo con los jugos que han quedado en la fuente. Obtendrás una suerte de salsa rústica, con tropezones y un sabor intenso a salmón y tomate asado. Sirve inmediatamente la rodaja acompañada de esa salsita, que está para mojar pan sin remedio.

Variaciones y maridaje

Este salmón pide un vino blanco con acidez y paso ligero, como un albariño o un verdejo joven. Si prefieres algo sin alcohol, un agua con gas y una rodaja de lima cumplen. Para la guarnición, una ensalada verde con aguacate y pipas funciona de maravilla; si te sobra arroz blanco del día anterior, caliéntalo en el microondas mientras preparas el pescado y tendrás el combo ganador en menos de diez minutos. Si os sobra (cosa difícil), se conserva hasta 24 horas en la nevera; basta calentarlo 30 segundos en el microondas con un chorrito de agua para devolverle la vida. Y si un día no tienes salmón, la misma técnica funciona perfectamente con lomos de merluza o bacalao fresco, ajustando el tiempo a 3 minutos y medio porque son más magros.

Así se desmonta el mito del pescado al microondas: jugoso, sabroso y sin complicaciones. La próxima vez que tengas hambre y cero ganas de fregar, ya sabes.

Sumar concreta su agenda legislativa final: vivienda, registro horario y prestación por crianza

Sumar ha decidido pisar el acelerador legislativo en la recta final de la legislatura. Durante la reunión del Grupo Plurinacional celebrada en el Congreso, las confluentes acordaron concentrar sus energías en tres prioridades legislativas: vivienda, registro horario obligatorio y prestación universal por crianza. El mensaje unánime es claro: hay que apretar al PSOE para cerrar con medidas contundentes que marquen el ánimo del electorado.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La reunión del Grupo Plurinacional de Sumar definió sus tres prioridades legislativas para las semanas que restan de periodo de sesiones.
  • ¿Quién interviene? Los ministros Pablo Bustinduy, Ernest Urtasun y Yolanda Díaz lideran la ofensiva. El coordinador de IU, Antonio Maíllo, y el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, también marcaron posición.
  • ¿Qué importa? La debilidad del PSOE por los escándalos judiciales está facilitando acuerdos antes bloqueados. Sumar busca diferenciarse y presionar un último arreón social.

Las tres patas de la agenda legislativa

La vivienda encabeza la lista. El ministro Pablo Bustinduy lo resumió en una frase: “Vivienda, vivienda y vivienda”. El macro decreto que el Consejo de Ministros aprobará antes de que acabe julio incluirá, entre otras medidas, la prórroga de alquileres. Fuentes de Sumar confirman que el PSOE ha asumido esta reivindicación “sin problema”, algo que hasta ahora nunca había hecho suyo. La crisis de la vivienda se ha convertido en el principal campo de batalla y en el que la izquierda mide su credibilidad.

La segunda pata es el registro horario. “Nunca más horas extra sin pagar”, proclamó el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en referencia al compromiso del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz de aprobar la reforma antes del verano. El equipo de la vicepresidenta segunda mantiene que no cambiará los elementos centrales del texto, pese a las conversaciones en curso con el Ministerio de Economía y al informe del Consejo de Estado. La negociación se centra en perfeccionar detalles, pero el núcleo de la norma se mantiene intacto.

La prestación universal por crianza completa el trío. Bustinduy la definió como “el principal mecanismo para erradicar la pobreza infantil” y será, según fuentes de Derechos Sociales, una de las grandes batallas en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. La propuesta buscaría complementar el Estado del bienestar del siglo XXI y ampliar los permisos de maternidad y paternidad ya logrados. Sumar quiere que la medida sea el sello social de la legislatura.

La reunión sirvió también para reafirmar otros logros como la mayor financiación de la dependencia, que este mismo martes se vota en el Congreso, el desbloqueo de la reforma del Código Penal para las injurias a la Corona, la ley de nacionalidad saharaui o la regularización de migrantes. Aunque la atención mediática se concentra en las tres grandes leyes, el Grupo Plurinacional exhibe un músculo legislativo que va más allá de los titulares.

El contexto interno: presión al PSOE y mensaje a Podemos

“La debilidad del grupo socialista con la sucesión de escándalos en la práctica está facilitando llegar a acuerdos en distintas materias”, explicó un dirigente consultado. Bustinduy reconoció el “momento anímico difícil” que atraviesan, pero insistió en que ahora toca convertir la debilidad del socio de Gobierno en oportunidades. Con las encuestas en contra y el desgaste del Ejecutivo, Sumar ve una ventana para tomar la iniciativa.

La debilidad del PSOE está desatascando medidas que antes parecían imposibles; el reto de Sumar es que esa dinámica no se agote en un solo decreto.

El discurso también lanzó guiños incómodos a Podemos. El diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, agradeció que los morados hicieran posible la ley de vivienda, pero recordó que dejaron una puerta abierta al alquiler de habitaciones que restó eficacia a la norma. El mensaje implícito: las condiciones que Podemos exige ahora para apoyar el decreto de vivienda deberían flexibilizarse. La tensión con los morados sigue siendo un ruido de fondo que Sumar maneja con una mezcla de agradecimiento calculado y advertencia.

La Dinámica de Coalición

El equilibrio interno de Sumar sale reforzado de esta puesta en común. IU, Más Madrid, Compromís y el resto de confluentes compartieron el diagnóstico de que su trabajo ha sido imprescindible para torcer el brazo del PSOE. La foto de unidad, con Yolanda Díaz ausente pero con sus ministros alineados, transmite que el Grupo Plurinacional de 31 escaños quiere ejercer el papel de hélice legislativa hasta el último día.

La dimensión de coalición es compleja. El PSOE está más proclive a ceder, pero la negociación de los Presupuestos, que arrancará a finales de agosto, medirá hasta dónde está dispuesto a llegar. Fuentes de Moncloa insisten en la buena relación y en una “hoja de ruta compartida”, pero en Sumar saben que cada concesión socialista será leída en clave electoral. La prestación por crianza, con un impacto presupuestario considerable, será el test definitivo de la capacidad de influencia del socio minoritario.

Lo que está en juego, más allá de las leyes concretas, es el relato del final de la legislatura. Si Sumar logra capitalizar los avances en vivienda, tiempo de trabajo y lucha contra la pobreza infantil, podrá presentarse ante el electorado como el factor corrector de un Gobierno que, de otro modo, habría tenido un perfil social menos ambicioso. Lo contrario —un bloqueo en el tramo final— reforzaría el discurso de quienes ya hablan de agotamiento de la coalición.

Ficha del Caso

  • El caso: La reunión del Grupo Plurinacional de Sumar, celebrada en el Congreso, sirvió para fijar las prioridades legislativas de las últimas semanas de la legislatura, con el foco en vivienda, registro horario y prestación por crianza.
  • Datos importantes: El Grupo Plurinacional cuenta con 31 escaños. El decreto de vivienda se aprobará en julio; el registro horario, antes del verano; la prestación por crianza se negocia en los PGE que se cerrarán a finales de agosto. Este martes se votan además las reformas de dependencia y discapacidad.
  • Resumen: Sumar aprovecha la debilidad del PSOE para impulsar una agenda social que le dé identidad propia y diferencie su legado dentro del Gobierno de coalición.

La suspensión del empalme en Colombia tras las declaraciones de Petro enciende las alarmas en las empresas españolas

Una crisis institucional en Colombia ha encendido las alarmas entre las grandes empresas españolas con inversiones en el país. Te cuento por qué.

Indignómetro

Nivel de impacto para España: 9/10. El bloqueo del traspaso de poderes y el cuestionamiento de la legitimidad del presidente electo por parte del mandatario saliente disparan la incertidumbre jurídica sobre activos valorados en miles de millones de euros de compañías como Telefónica, Banco Santander o Iberdrola.

¿Qué ha desatado la tormenta política?

La chispa saltó cuando el presidente saliente, Gustavo Petro, afirmó públicamente que no reconoce la legitimidad del gobierno entrante de Abelardo De La Espriella y declaró ganador de las elecciones a Iván Cepeda, pese a que el Consejo Nacional Electoral ya había expedido la credencial de presidente electo. En esa misma alocución, Petro habló de fraude en el exterior mediante el uso de algoritmos y calificó la situación como «el golpe más duro a la democracia desde la Patria Boba».

La respuesta no se hizo esperar. Ante lo que consideró un ataque directo a la institucionalidad, De La Espriella ordenó suspender de inmediato el proceso de empalme –las reuniones entre los equipos saliente y entrante–, un gesto que dejó congelada la transición y elevó la tensión a niveles no vistos en décadas. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rebajó parcialmente la crisis al aclarar que la Fuerza Pública sí reconoce al presidente electo, pero el daño a la confianza ya estaba hecho.

Por qué la crisis golpea directamente al tejido empresarial español

Colombia es uno de los mercados estratégicos para el capital español en América Latina. Según datos del ICEX, la inversión acumulada supera los 30.000 millones de euros y abarca sectores como las telecomunicaciones, la banca, la energía y la construcción. Telefónica, Banco Santander, BBVA, Iberdrola o Indra mantienen operaciones que dependen de un marco jurídico estable y, sobre todo, predecible.

Cuando un presidente en funciones deslegitima el proceso electoral y el empalme se bloquea, lo que está en juego es mucho más que una pulseada política: es la seguridad jurídica que necesitan esas multinacionales para planificar inversiones, renovar contratos o defender sus activos en tribunales internacionales. Cualquier resquicio de inestabilidad puede traducirse en sobrecostes, paralización de proyectos o, en el peor de los casos, expropiaciones regulatorias disfrazadas.

Una incertidumbre que recuerda a otros episodios regionales

El precedente más inquietante lo encontramos en Venezuela. Durante la crisis de 2019, la falta de una transición pacífica y el cuestionamiento de los resultados electorales llevaron a que empresas españolas como Repsol o Telefónica vieran depreciados sus activos y tuvieran que dotar provisiones multimillonarias. Aquel precedente enseñó que la política no es un ruido de fondo, sino un termómetro directo del riesgo-país.

En Colombia, el equipo entrante ha optado por un empalme escrito, mediante derechos de petición masivos para conocer el estado real de las entidades. Esta estrategia, aunque garantiza una transición administrativa, evidencia la fractura: sin confianza mutua no hay diálogo. Para las empresas españolas, el mensaje es claro: la previsibilidad que ofrecía Colombia se ha resentido y los próximos meses serán clave para ver hasta qué punto la institucionalidad resiste.

La suspensión del empalme, más que un desencuentro, es una señal de inestabilidad jurídica que impacta directamente en la confianza de los inversores internacionales.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, rechaza la legitimidad del electo Abelardo De La Espriella y denuncia fraude sin sustento judicial, lo que bloquea el traspaso de poderes y eleva la tensión institucional.
  • Datos importantes: La inversión acumulada de empresas españolas en Colombia supera los 30.000 millones de euros (ICEX). El empalme se ha suspendido y el equipo entrante recurre a derechos de petición para recabar información.
  • Resumen: La crisis pone a prueba la seguridad jurídica que necesitan las multinacionales españolas y amenaza con repetir patrones de inestabilidad vistos en otros países de la región.

PP y Vox modifican la ley de Policías Locales para coordinar agentes en emergencias tras la DANA

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El PP y Vox han registrado enmiendas a la Ley 17/2017 de Coordinación de Policías Locales que permiten movilizar agentes de cualquier municipio ante emergencias de nivel 1 o 2 y reservar un 20% de plazas a militares.
  • ¿Quién está detrás? La iniciativa del Grupo Popular en las Corts Valencianes, con el apoyo de Vox y del Consell de Juanfran Pérez Llorca, se ha tramitado sin reunir a la Comisión de Coordinación de Policía Local.
  • ¿Qué impacto tiene? La reforma da más poder al director de la emergencia para coordinar efectivos, pero sindicatos y oposición denuncian el salto a los cauces de participación y la puerta abierta a exmilitares en mandos locales.

El PP y Vox han registrado esta semana en las Corts Valencianes un paquete de enmiendas a la ley de Coordinación de Policías Locales que, entre otras medidas, permite al director de la emergencia movilizar agentes de cualquier municipio ante catástrofes de nivel 1 o 2 autonómico. La propuesta, que se incorpora a la ley de Acompañamiento de los presupuestos, llega tras la polémica gestión de la DANA y en medio de críticas por la ausencia de diálogo con los sindicatos.

La DANA dejó al descubierto la necesidad de una coordinación rápida entre policías locales, pero la reforma la impone sin consultar a quienes patrullan las calles.

Movilización de agentes y reservas a militares

Las enmiendas modifican una decena de artículos de la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la Generalitat, de Coordinación de Policías Locales de la Comunitat Valenciana. El texto plantea que si un municipio sufre “sobrecarga de servicios policiales”, pueda recibir colaboración de otros cuerpos, previa autorización del alcalde y comunicación a la dirección general de Emergencias. En caso de emergencia de nivel 1 o 2 —como una riada o un gran accidente—, el director de la emergencia podrá “movilizar a los efectivos necesarios de los cuerpos de policía local de cualquier municipio de la Comunitat Valenciana”, que actuarán bajo sus mandos naturales pero dependiendo de la autoridad requiriente.

La formulación autonómica amplía la cooperación ya prevista en la Ley Orgánica 2/1986, de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Sin embargo, sindicatos policiales consultados por elDiario.es critican que se haya tramitado sin pasar por la Comisión de Coordinación de Policía Local, que lleva meses sin reunirse. “Es un golpe a la autonomía local y a la negociación colectiva”, apuntan desde el Sindicato Profesional de Policías Locales.

Otra de las enmiendas más polémicas es la reserva de hasta un 20% de plazas a militares en las policías locales. Esta medida, ya aprobada de tapadillo en un decreto de simplificación burocrática del Consell de Pérez Llorca, se blinda ahora en la reforma legislativa. Además, se reconocerá la antigüedad en las retribuciones de los exmilitares que accedan a los cuerpos locales. Las enmiendas también abren la puerta a que en ciudades de más de 500.000 habitantes —en la práctica, Valencia— se puedan cubrir plazas de comisario y comisario principal mediante turno libre, lo que permite saltar la promoción interna y facilita la llegada de mandos procedentes del Ejército, la Guardia Civil o la Policía Nacional.

Reacciones políticas y el ‘no’ de la oposición

Desde el PSPV, la portavoz de Interior, Rosa Peris, ha calificado la reforma de “parche reaccionario para contentar a Vox y desmantelar el modelo de policía de proximidad”. Compromís, por su parte, denuncia que el Consell “usa la coartada de la DANA para recentralizar competencias municipales sin consenso”. Ambas formaciones anuncian que votarán en contra cuando las enmiendas lleguen al pleno de las Corts.

El PP defiende que la reforma atiende a una necesidad real tras la DANA de octubre de 2024 y que se limita a desarrollar el artículo 106 de la Ley Marco de Policías Locales. Fuentes del grupo popular subrayan que la movilización de agentes ya se practicó durante la emergencia, pero “ahora se dota de una cobertura legal más sólida”.

El Escenario Valenciano

El episodio refleja la dinámica de la coalición PPVox en la Generalitat: se acelera la agenda legislativa de marcado perfil conservador sin agotar los canales de participación. La Comisión de Coordinación de Policía Local es un ejemplo: el Consell de Pérez Llorca la ha mantenido inoperativa mientras introduce cambios que afectan directamente al modelo de seguridad municipal.

A escala nacional, la reserva de plazas a militares entronca con un debate más amplio que ya se ha colado en otras comunidades y en el Congreso. El Gobierno de Pedro Sánchez, aunque respeta el margen autonómico, ha advertido sobre el riesgo de “militarización de las policías locales” y recuerda que los procesos de selección deben garantizar la función de proximidad. Las enmiendas del PP y Vox podrían marcar un precedente para Madrid o Murcia, donde también se debaten fórmulas similares. De momento, la tramitación en las Corts seguirá su curso: la ley de Acompañamiento se someterá a votación en las próximas semanas y, salvo sorpresa, saldrá adelante con la mayoría absoluta del bloque de derechas.

Ficha del Caso

  • El caso: El PP y Vox han presentado enmiendas a la ley de Coordinación de Policías Locales para permitir la movilización de agentes entre municipios en emergencias de nivel 1 o 2 y consolidar la reserva de plazas a militares, una iniciativa que se tramita en las Corts Valencianes sin pasar por los órganos de participación sindical.
  • Datos importantes: Movilización de policías locales bajo el mando del director de la emergencia; reserva de hasta un 20% de plazas a exmilitares; acceso por turno libre a jefaturas en grandes ciudades; todo ello vinculado a la DANA de 2024 y a un decreto previo de reducción de burocracia.
  • Resumen: La reforma, que cuenta con los votos del PP y Vox, busca mejorar la coordinación ante catástrofes pero despierta fuertes críticas de sindicatos y de la oposición, que ven un intento de recentralizar y un giro hacia la “militarización” de la seguridad local.

Canarias aprueba el decreto de certificación digital docente con 29.000 profesores acreditados

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado el decreto que unifica la certificación de la competencia digital docente en las islas.
  • ¿Quién está detrás? La Consejería de Educación, que dirige Poli Suárez, y la Dirección General de Personal, con Mónica Ramírez.
  • ¿Qué impacto tiene? Más de 29.000 docentes ya acreditados ven reconocido su nivel y las certificaciones tendrán validez nacional.

El Gobierno de Canarias dio ayer, lunes 13 de julio, un paso largamente esperado en la modernización de su sistema educativo. Aprobó el decreto que regula los procedimientos para la certificación, acreditación y reconocimiento de la competencia digital docente, un marco que unifica criterios en todo el archipiélago y da validez en el resto de España a las acreditaciones que obtengan sus profesores.

La norma culmina la tramitación iniciada en marzo tras la toma en consideración del texto por el propio Consejo de Gobierno. Con ella, Canarias se alinea definitivamente con el Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente (MRCDD) actualizado en 2022, tal y como establece la Ley Orgánica de Educación para todas las administraciones educativas.

El decreto y sus claves

El nuevo decreto fija un itinerario homogéneo de niveles A1 a C2 que reconoce tanto la formación recibida como la experiencia profesional y la validación de méritos. El objetivo no es solo la alfabetización técnica, sino también el bienestar digital del alumnado y la calidad de los procesos de enseñanza, una línea estratégica que ha impulsado personalmente el consejero Poli Suárez desde la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes.

El nuevo decreto no solo certifica competencias técnicas: sitúa a Canarias en la vanguardia de la transformación digital docente en España.

La coordinación del proyecto ha recaído en la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado, con Mónica Ramírez al frente. Según los datos facilitados por el Gobierno autonómico, actualmente hay 29.058 docentes con la competencia digital acreditada: 27.027 de la red pública y otros 2.031 de centros concertados del archipiélago. Esas cifras avalan el camino recorrido y dan solidez a un reglamento que ahora les otorga mayor seguridad jurídica.

Qué cambia para los docentes canarios

A partir de este decreto, los docentes canarios podrán obtener su certificación por dos vías diseñadas para adaptarse a diferentes trayectorias profesionales. La primera es la formación específica, mediante cursos homologados que cubren las distintas áreas del marco de referencia. La segunda, la evaluación de la práctica profesional y la validación de méritos, pensada para quienes llevan años integrando la tecnología en el aula de manera efectiva y buscan un reconocimiento formal.

Esta doble puerta resuelve una de las principales demandas del profesorado del archipiélago, que hasta ahora se movía en un limbo normativo donde la experiencia digital acumulada no siempre tenía un reflejo oficial. La seguridad jurídica es la gran novedad del texto, según fuentes de la Consejería de Educación.

El Pulso Territorial

La aprobación del decreto se produce en un momento de estabilidad política para el Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo (Coalición Canaria) con el apoyo del PP y de otras formaciones en el Parlamento regional. La Consejería de Educación, en manos de Poli Suárez (PP), ha hecho de la digitalización una de sus banderas desde el inicio de la legislatura, y este decreto le permite exhibir un resultado tangible, aunque la competencia digital docente es una exigencia compartida por todas las comunidades autónomas.

Comparado con otros territorios, Canarias se convierte en una de las primeras autonomías en completar el desarrollo reglamentario autonómico tras la actualización estatal del MRCDD de 2022. En regiones como Castilla y León o Murcia, los procesos de acreditación avanzan a ritmos desiguales y carecen aún de una regulación tan detallada. Las 29.000 acreditaciones acumuladas en las islas sitúan al archipiélago entre los líderes en implantación práctica del marco europeo de competencia digital (DigCompEdu).

Con este paso, el Gobierno canario encara la recta final del año escolar con la voluntad de seguir sumando docentes certificados. La previsión de la Consejería es que, con el nuevo marco, el ritmo de acreditaciones se acelere durante los próximos meses, sobre todo entre el profesorado de la concertada, que ahora encuentra un cauce homogéneo. La atención, sin embargo, se traslada ahora a la implantación efectiva del decreto en los centros y a la capacidad de la administración para gestionar las solicitudes sin atascos burocráticos que empañen el hito celebrado ayer.

Ficha Autonómica

  • El caso: Canarias aprueba el decreto que regula la certificación de la competencia digital de su profesorado, un marco que unifica criterios y da plena validez nacional a los títulos obtenidos en las islas.
  • Datos importantes: Más de 29.000 docentes ya acreditados (27.027 de la red pública y 2.031 de la concertada). El decreto, alineado con el MRCDD de 2022, reconoce niveles A1-C2 y permite dos vías de acreditación: formación o validación de méritos.
  • Resumen: La medida culmina un proceso iniciado en marzo y otorga seguridad jurídica al esfuerzo digital del profesorado canario. El foco se pone ahora en la gestión de las acreditaciones y en la extensión del modelo a toda la comunidad educativa.