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La GAO advierte: el GPS militar de Estados Unidos es un punto único de fallo frente al jamming.

La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos —la GAO, por sus siglas en inglés— remitió a comienzos de octubre una carta al Congreso acompañando un informe de 58 páginas titulado PRECISION NAVIGATION SYSTEMS: Challenges Remain with Fielding New Capabilities. El diagnóstico es incómodo: el Departamento de Defensa depende de una constelación que cualquier adversario puede intentar apagar, y la señal cifrada que debía protegerlo acumula más de dos décadas de retraso.

Por qué el M-code lleva veinte años de retraso

Le pongo en contexto, porque la arquitectura importa. El sistema de posicionamiento global se divide en tres segmentos: una constelación de unos 31 satélites en órbita terrestre media, de los que al menos 24 emiten de forma continua su posición y su hora; un segmento de control en tierra, el Delta 8 del Mando Espacial en la base de Schriever, en Colorado; y un segmento de usuario formado por los receptores —desde un misil guiado hasta el teléfono que usted lleva encima— que calculan la posición leyendo las señales de cuatro satélites a la vez.

El programa nació en 1973 para guiar barcos. El primer satélite subió en 1978 y la capacidad operativa inicial no llegó hasta 1993. Reagan lo abrió al uso civil en 1983, después de que los soviéticos derribaran el vuelo 007 de Korean Air. Para la guerra del Golfo de 1991, los receptores ya eran lo bastante pequeños como para ir montados en aviones y vehículos. Y desde 2000, la Fuerza Aérea primero y la Fuerza Espacial después persiguen una modernización de miles de millones para dotar al sistema de una señal militar propia, cifrada y resistente a la interferencia: el M-code.

Ese M-code debía alimentar alrededor de 700 sistemas de armas del Ejército, la Armada, el Cuerpo de Marines y la Fuerza Espacial. La escasez de conjuntos de microchips especializados y los cuellos de botella en la producción han empujado varios despliegues hasta 2049, según la GAO. A algunos sistemas les esperan veintitrés años por una señal que ya debería estar desplegada.

Una superpotencia que navega con receptores heredados no conserva su superioridad: conserva una dependencia blindada con papel de aluminio.

Mientras tanto, los servicios siguen tirando de receptores antiguos o de sistemas alternativos de PNT: unidades de medición inercial, cámaras, sensores de terreno, magnetómetros, gravímetros y sensores celestes. Navegación por estima con tecnología del siglo XXI.

Un jammer cuesta menos que un misil y paraliza más que un misil. Esa asimetría es la que el M-code debía cerrar.

Funciona hasta que deja de funcionar.

Anatomía del fallo: OCX cancelado y receptores sin repartir

El segundo pilar de la modernización se llama OCX, Next Generation Operational Control System. Arrancó en 2010 y debía entrar en operación en junio de 2017. No lo hizo. Los problemas técnicos se encadenaron, el coste pasó de 3.700 millones de dólares a casi 7.000, y en abril de este año el Departamento de Defensa ordenó a la Fuerza Aérea terminar formalmente el programa.

Los satélites, en cambio, sí avanzan. Los GPS III completaron su constelación de 24 unidades el 21 de abril, con ocho veces más capacidad antiinterferencia y cuatro veces más precisión que las versiones previas. La hornada siguiente, los GPS IIIF, está en producción en Lockheed Martin y empezará a lanzarse, como pronto, en 2028. Desde abril, la Fuerza Espacial ha adjudicado a la compañía 199 millones de dólares adicionales, para el mando y control de los IIIF, y para iniciar una renovación tecnológica completa del segmento terrestre.

El cuello de botella real está en los receptores. Hay más de 50 sistemas de armas prioritarios y su reparto depende de cada servicio: la Armada concentra el mayor número de plataformas pendientes, seguida del Ejército. La prioridad se fija según el escenario operativo clasificado y la vida útil prevista. Los sistemas que dejarán de usarse hacia 2030 o antes no son prioritarios.

Y aquí asoma el problema de fondo. El Consejo de Supervisión del PNT se creó por mandato del Congreso en la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2016, pero la autoridad presupuestaria sigue en manos de cada servicio. Esa fragmentación complica la alineación de programas que dependen unos de otros. La GAO documenta que, pese a las advertencias del consejo sobre la falta de fondos para los receptores de aviación de la Fuerza Aérea, la infrafinanciación crónica se mantuvo y los programas no cumplieron sus plazos.

Las amenazas que la GAO enumera son cuatro: el jamming o interferencia; el spoofing o suplantación de la señal; el ciberataque contra los sistemas y las redes de control; y el ataque directo contra los satélites o su infraestructura. Las antenas CRPA ya filtran parte de la interferencia. El resto dependía del M-code.

Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra

El vector de amenaza es la guerra electrónica en su estado más crudo. Aquí no hay exploit ni zero-day en el centro de la historia: el jamming satura el receptor con ruido; el spoofing le miente sobre dónde está; el ciberataque va contra los sistemas de control en tierra, y la neutralización física del satélite sigue sobre la mesa. Las contramedidas se llaman CRPA —antenas que identifican y filtran la interferencia— y M-code. La primera existe. El segundo, ya lo ve usted, camina con retraso crónico y sin calendario firme.

En el lado atacante, la atribución técnica apunta a la guerra electrónica rusa —unidades del GRU y sistemas como el R-330Zh Zhitel, desplegados con profusión en Ucrania— y a las capacidades del Ejército Popular de Liberación chino, que opera su propia constelación, BeiDou, y no necesita la ajena. En el lado defensor están la Fuerza Espacial, el Mando Espacial y el Consejo de Supervisión del PNT, con la NSA en la capa ciber. En la tercera fila, los que miran: la OTAN, la Unión Europea con Galileo y, cómo no, el CNI y el CCN-CERT.

El informe de la GAO es público; las prioridades del M-code, no. El propio documento reconoce que las prioridades se fijan ‘teniendo en cuenta las necesidades del escenario operativo clasificado’. Traducido al oficio: qué sistema de armas recibe el receptor cifrado y cuándo no trasciende. Estimo que el conjunto del programa opera en el entorno de Secreto, con el calendario de integración por plataforma en Uso Restringido.

El precedente que todo el mundo cita es el RQ-170 Sentinel. En diciembre de 2011, Irán exhibió un dron furtivo estadounidense intacto y sostuvo que lo había hecho aterrizar engañando a su GPS. Nunca se ha confirmado del todo, pero desde entonces ningún estado mayor serio trata el PNT como un asunto de confort. Ya lo escribí en El quinto elemento: el próximo 11S empezará con un clic. Añado hoy que empezará por un receptor que nadie actualizó porque el programa llevaba una década de retraso.

España no está al margen de nada de esto. El Centro de Servicio de Galileo está en Torrejón de Ardoz y el centro de la ESA, en Villanueva de la Cañada; Galileo nació, entre otras razones, para no depender del GPS estadounidense. En el flanco este de la OTAN, las autoridades de aviación civil documentan interferencias sobre el Báltico desde 2022, y en el Mediterráneo hay episodios que afectan a la navegación comercial. Aena, Renfe y buena parte de la logística portuaria sincronizan sus relojes con una constelación que no controlan. Me consta que el CCN-CERT y el CNI llevan años siguiendo este vector como amenaza de infraestructura crítica, no como curiosidad técnica.

El calendario no admite optimismo. Los GPS IIIF empezarán a lanzarse, como pronto, en 2028; el M-code seguirá llegando a cuentagotas bien entrada la próxima década. Y la pregunta que queda sobre la mesa del Congreso no es técnica, sino presupuestaria: quién paga y quién manda.

No se equivoque conmigo.

El FBI ha detenido en Pensilvania a Edward Dubrovsky, un ejecutivo canadiense que negociaba rescates con bandas de ransomware. La acusación, presentada ante el Distrito Este de Pensilvania y ya transferida al Distrito Este de Texas, le imputa conspiración para ‘amenazar con menoscabar la confidencialidad de información con intención de extorsionar dinero’ e ‘interferencia con el comercio mediante amenazas’. Es el tercer arresto vinculado a ShinyHunters en tres semanas.

Los registros judiciales sitúan la detención el 8 de octubre. Revelan también un detalle que dice mucho de lo verde que está el caso: el apellido aparece escrito de dos formas distintas, Dobrovsky y Dobrosky, y ninguna ficha recoge edad, profesión ni empleador. La querella principal sigue sellada por orden judicial. Cuando un expediente llega al tribunal con el nombre mal escrito y el sumario cerrado, lo que hay debajo es una investigación en plena ebullición.

Dubrovsky no es un desconocido en el sector. Según su perfil de LinkedIn, fue uno de los fundadores de Cypfer, firma canadiense de respuesta a incidentes, y ahora aparece vinculado a CyberSteward, otra compañía del mismo país que se anuncia como especialista en ‘interacción con actores de amenaza, ciberextorsión, negociaciones complejas y facilitación de acuerdos’. Krebs on Security sitúa la Cumbre de Riesgo Cibernético entre el 5 y el 7 de octubre en el hotel Loews de Filadelfia, con Cypfer como patrocinador principal. Un mes antes, el detenido había anunciado en LinkedIn que asistiría al evento con el equipo de CyberSteward.

También es autor de un libro sobre cómo responder a una extorsión digital, según SecurityWeek. Ahí está la paradoja del oficio: quien escribía el manual acaba imputado por el mismo delito que explicaba.

El director del FBI, Kash Patel, confirmó el arresto en una publicación del 9 de octubre: ‘Nuestros agentes sobre el terreno han detenido a otro presunto co-conspirador del grupo ShinyHunters’. Según SecurityWeek, el Buró presentó la operación como el último golpe de una serie de acciones ejecutadas en apenas unos días y aseguró que seguirá trabajando para desarticular la red que queda en pie.

Perseguir al negociador es perseguir el eslabón que convierte una brecha de datos en un ingreso recurrente.

El trasfondo importa. El mes anterior, ShinyHunters aseguró haber robado información de casi todos los empleados del FBI tras acceder al portal de empleo y a otros sistemas del Buró. La intrusión se produjo por el fallo de un contratista que no parcheó Oracle PeopleSoft, según la versión oficial. El grupo justificó el ataque como represalia por el informe que el propio FBI publicó a comienzos de año advirtiendo de su actividad.

Cuando el que negocia con el delincuente acaba imputado, el mercado entero cambia de reglas de la noche a la mañana.

La cifra que maneja el Buró sitúa la extorsión de ShinyHunters por encima de los 70 millones de dólares este año. Tres detenciones en tres semanas: Países Bajos el 15 de septiembre, Jordania el 28 y ahora Pensilvania. El arrestado en Jordania estaría cooperando con los investigadores, según las fuentes citadas por Krebs.

Qué se le imputa y por qué el expediente sigue bajo secreto

Los dos cargos recogidos en el resumen de la querella son técnicos y, a la vez, demoledores. El primero describe la mecánica clásica de la extorsión digital: alguien posee datos ajenos y amenaza con publicarlos si no cobra. El segundo, interferencia con el comercio mediante amenazas, es el gancho federal que convierte el asunto en delito de jurisdicción estadounidense aunque el detenido sea canadiense y los datos robados no fueran suyos.

Le adelanto que el detalle relevante está en lo que no se ve. Las autoridades no han explicado qué hizo presuntamente el detenido: nadie ha dicho si negociaba de buena fe con los atacantes, si cobraba por sus servicios o si, como sostiene la acusación, se sentaba en la mesa equivocada. Reuters no consiguió localizar ni al detenido ni a sus abogados. Los fiscales federales de Filadelfia tampoco respondieron a las preguntas sobre las discrepancias en el apellido. Hay un dato que apunta a algo mucho mayor: Krebs sostiene, citando fuentes, que directivos de otras firmas de negociación de rescates podrían acabar imputados.

El negociador, esa figura gris que profesionalizó la extorsión

Le pongo en contexto, porque el oficio tiene su historia. Durante años, las víctimas negociaban a ciegas, muchas veces con la policía mirando desde la barrera. Después llegaron las firmas especializadas: equipos de respuesta que hablaban el idioma de los atacantes, gestionaban criptomonedas y cerraban acuerdos de confidencialidad con la víctima. Un negocio floreciente. Un negocio, también, situado en la frontera exacta entre la gestión de crisis y la complicidad.

La línea roja siempre fue difusa. El negociador que persuade a una banda para que baje el rescate y entregue las llaves de descifrado, ¿media o participa? Y si cobra un porcentaje del rescate, ¿dónde queda su incentivo para que no se pague? La frontera entre intermediario y co-conspirador es la única pregunta que importa aquí. El FBI parece haber decidido que, en algunos casos, ya la tiene respondida.

Detectar al intermediario no exige SIGINT sofisticado. Exige HUMINT clásico: seguimiento, escuchas, control de pagos con criptomonedas, y, sobre todo, un testigo que hable. El detenido en Jordania cooperando con los investigadores encaja en ese patrón como un guante.

Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra

El vector es la extorsión digital con datos robados, y el objetivo táctico es el intermediario humano. En el lado atacante, ShinyHunters opera sin atribución estatal confirmada: ni el FBI ni ninguna otra agencia han vinculado públicamente al grupo con un servicio de inteligencia, y conviene recordarlo antes de dejarse llevar por las teorías de siempre. En el lado defensor, el Buró lidera la investigación desde su División Cibernética, con apoyo de Países Bajos y Jordania. Como terceros interesados figuran las firmas privadas de negociación y, en la distancia, los servicios europeos que llevan años peleando con el mismo problema sin estrategia común.

Estimo que el material comprometido en la brecha del FBI se mueve en un nivel confidencial. No es Top Secret: son datos de empleados, identificaciones y referencias laborales. Pero en manos de un extorsionador se convierte en munición de contrainteligencia, porque permite construir perfiles, localizar a personal con acceso y diseñar campañas de spear-phishing contra objetivos concretos. Es lo que ocurrió en 2015 con la filtración del Office of Personnel Management, cuando Pekín se hizo con los expedientes de más de veinte millones de empleados federales, incluidos miles con autorizaciones de seguridad en vigor. Entonces se discutió si aquello era espionaje o robo. Era las dos cosas.

Permítame la cautela: el punto débil de mi propia lectura está en la atribución individual. Sin la querella completa, es imposible saber si Dubrovsky negociaba con las bandas, cobraba de ellas o simplemente pisó un terreno que la ley no había delimitado hasta ahora. La presunción de inocencia no es un formalismo: es el único blindaje frente a un relato que el FBI tiene todo el interés en escribir a su manera.

Conexión España. El CCN-CERT lleva años desaconsejando el pago y empujando a las víctimas hacia la denuncia, pero quien negocia de verdad en los incidentes graves suele ser una aseguradora o una consultora privada. No hay registro público de negociadores españoles imputados, y conviene decirlo sin adornos. Lo que sí existe es una industria opaca, con decenas de intermediarios operando en la frontera entre la gestión del incidente y el contacto directo con el delincuente. Ya advertí en El quinto elemento que el próximo 11S empezará con un clic. No dije que, entre el clic y el rescate, se sentaría alguien a negociar.

El calendario procesal marcará el ritmo del caso. El expediente se ha trasladado al Distrito Este de Texas, donde según Krebs se concentra la investigación del FBI sobre ShinyHunters, y está previsto que en las próximas semanas se desclasen partes de la querella o se presenten nuevas imputaciones. Ahí se verá si esto es un caso aislado o el primer movimiento de una limpieza a fondo del sector.

Lo veo así: el FBI no está cazando hackers. Está cerrando la puerta de atrás del negocio.