El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG, el máximo órgano judicial regional) ha dictado una resolución que puede marcar un antes y un después en el uso de la inteligencia artificial en los despachos de abogados de toda España. Un letrado de A Coruña ha sido multado con 1.800 euros por presentar un recurso de suplicación en el que incluyó 24 citas jurisprudenciales falsas o manipuladas, generadas íntegramente por una herramienta de IA que él no supervisó. La Sala de lo Social del TSXG considera probado que el abogado incumplió su deber de verificación, vulneró la buena fe procesal y provocó una carga de trabajo innecesaria al tribunal.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El TSXG impone 1.800 euros de multa a un abogado que utilizó IA para redactar un recurso con 24 referencias jurisprudenciales inexistentes o descontextualizadas.
- ¿Quién está detrás? La Sala de lo Social del TSXG, con sede en A Coruña, y el propio letrado sancionado, cuyo nombre no se ha hecho público.
- ¿Qué impacto tiene? Es el primer auto de un tribunal superior en España que sanciona de forma expresa el uso negligente de IA, lo que envía un mensaje claro a toda la abogacía: el algoritmo no sustituye al criterio profesional.
24 citas falsas y una «libérrima creatividad jurídica»
El auto, fechado el pasado 7 de julio, detalla que el recurso de suplicación contenía resoluciones judiciales que jamás se dictaron, otras que no guardaban relación alguna con el asunto debatido y fragmentos enteros atribuidos a sentencias reales pero que nunca fueron pronunciados por los tribunales. Los magistrados identificaron, una por una, 24 referencias jurisprudenciales falsas. En su resolución, las califican como un ejercicio de «libérrima creatividad jurídica», una expresión que deja poco margen a la interpretación.
El abogado reconoció los hechos, pidió disculpas al tribunal e incluso comunicó lo ocurrido a su propio cliente. Esas circunstancias fueron valoradas como atenuantes por la Sala, que sin embargo critica con dureza que el letrado no ofreciera una explicación suficiente sobre cómo pudo producirse semejante desastre ni especificara qué herramienta de inteligencia artificial utilizó para redactar el escrito. La falta de transparencia, sostiene el TSXG, agrava la negligencia.
La sala no aprecia intención dolosa, pero sí una falta de diligencia que considera «como mínimo» evidente. El comportamiento del letrado, añade el auto, «traiciona la confianza» depositada por el cliente y supone una falta de respeto hacia la Administración de Justicia, al obligar al órgano judicial a comprobar una a una todas las referencias citadas en el recurso. Para el TSXG, esa conducta constituye una infracción objetiva del deber de buena fe procesal.
La inteligencia artificial no sustituye al juicio profesional, y quien delega en un algoritmo sin verificar el resultado asume todas las consecuencias.
La supervisión humana, requisito imprescindible
El TSXG no prohíbe el uso de inteligencia artificial generativa en el ejercicio de la abogacía. Al contrario, reconoce que estas herramientas «forman parte ya del ejercicio moderno de las profesiones jurídicas» y pueden mejorar la eficiencia del trabajo. Pero recuerda que tanto el Libro Blanco sobre Inteligencia Artificial y Abogacía como la Instrucción 2/2026 del Consejo General del Poder Judicial exigen un «control humano consciente y efectivo» sobre cualquier contenido generado por estos sistemas, y limitan su utilización a tareas de preparación, estudio o análisis, no a la elaboración directa de escritos procesales.
«La conclusión es clara», subraya la Sala. El empleo de estas herramientas obliga a evaluar previamente el sistema que se va a utilizar y, sobre todo, a comprobar después la veracidad de los resultados. En este caso, afirma el tribunal, esa revisión no existió y se produjeron «numerosas y groseras alucinaciones», el término técnico con el que se conocen las invenciones que a veces generan los modelos de lenguaje. El abogado dio por válidas citas inventadas sin comprobar su autenticidad, lo que a juicio del TSXG revela una actuación «poco diligente» cuando no directamente contraria a los principios deontológicos de la profesión.
Por eso, además de la multa, la Sala ha acordado remitir el auto al Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña para que valore la apertura de un eventual expediente disciplinario. La sanción económica —1.800 euros— no es arbitraria. El auto la vincula expresamente al coste aproximado de una suscripción anual a herramientas de inteligencia artificial jurídica especializadas, aquellas que sí están conectadas con bases de datos verificadas y que habrían evitado las falsas referencias. Incluso una simple comprobación en el Cendoj, el buscador público y gratuito de jurisprudencia, habría bastado para detectar el engaño.
El Laboratorio Gallego
El auto del TSXG sitúa a Galicia en el centro de un debate que no tardará en escalar al resto de España. No es la primera vez que un tribunal castiga el mal uso de la IA, pero sí es uno de los primeros autos de un tribunal superior que fija una multa concreta y que, además, envía el caso al colegio profesional correspondiente. La resolución se alinea con la doctrina que están construyendo otros órganos europeos —singularmente en Francia e Italia—, donde ya se han producido sanciones disciplinarias a abogados por presentar escritos con jurisprudencia fabricada por ChatGPT.
Desde la perspectiva autonómica, la decisión refuerza una línea de actuación rigurosa por parte de la justicia gallega, acostumbrada a resolver litigios relacionados con nuevas tecnologías con un criterio muy pegado a la realidad práctica. El TSXG ya había dictado resoluciones relevantes en materia de protección de datos y administración electrónica. Ahora, con este auto, marca un antes y un después para los despachos de toda España, especialmente para aquellos que confían ciegamente en herramientas conversacionales sin verificar sus fuentes.
La proyección de este caso es inmediata: el letrado sancionado puede interponer recurso de reposición, y el Colegio de Abogados de A Coruña decidirá si abre un procedimiento disciplinario. Mientras tanto, los colegios profesionales de otras comunidades autónomas observan con atención una resolución que deja pocas dudas: la IA ayuda, pero el responsable último siempre será el abogado que firma el escrito. Una lección que, viniendo de Galicia, resuena con claridad en las 17 comunidades.
Ficha del Caso
- El caso: Un abogado coruñés utilizó una herramienta de inteligencia artificial para redactar un recurso de suplicación laboral, que resultó contener 24 citas jurisprudenciales inventadas. El TSXG le impuso una multa de 1.800 euros por vulnerar la buena fe procesal.
- Datos importantes: La multa equivale al coste de una suscripción anual a IA jurídica especializada. El Consejo General del Poder Judicial exige «control humano consciente» sobre cualquier contenido generado por estos sistemas. El Colegio de Abogados de A Coruña valorará un expediente disciplinario.
- Resumen: La resolución del TSXG establece un precedente claro en España: el abogado que delega en la IA sin verificar los resultados actúa contra la buena fe procesal y puede enfrentarse a sanciones económicas y disciplinarias. El mensaje es tan sencillo como contundente: ninguna máquina sustituye al criterio del letrado.
