La Fiscalía de Ourense ha solicitado este miércoles 15 de julio el sobreseimiento provisional del caso por el incendio de Oímbra, que arrasó 23.000 hectáreas en agosto de 2025, al descartar que el único investigado actuase con dolo o imprudencia grave. Sin embargo, el Ministerio Público reconoce en su escrito que existieron “evidentes errores de coordinación y mando” entre la Xunta de Galicia, la empresa pública Seaga y el Concello de Oímbra.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Fiscalía ha pedido archivar la causa penal contra el trabajador que desbrozaba con tractor el día que se originó el incendio de Oímbra, que calcinó 23.000 hectáreas en 2025.
- ¿Quién está detrás? El escrito fiscal, firmado por Miguel Ángel Ruiz, apunta a fallos de coordinación entre la Xunta, Seaga y el Concello, pero subraya que las personas jurídicas no pueden cometer un delito de incendio por imprudencia.
- ¿Qué impacto tiene? La decisión deja la vía penal abierta solo si las acusaciones particular y popular mantienen su postura; si no, el caso se derivará a la jurisdicción civil y pone el foco en la responsabilidad institucional.
El sobreseimiento y las contradicciones de la investigación
El trabajador investigado, empleado de una empresa contratada por Seaga, se encontraba realizando labores de desbroce con tractor en una parcela de Oímbra siguiendo las órdenes jerárquicas de distribución de trabajo, según consta en el atestado. La Fiscalía descarta que actuase por iniciativa propia y destaca que, cuando los agentes llegaron al segundo foco, el hombre trataba de apagar las llamas con el propio tractor y un extintor.
El relato de los agentes refuerza esta versión: uno declaró que el investigado “estaba en el tractor tratando de levantar tierra para apagar las llamas” y otro describió su actitud como la de “una persona que participaba intentando apagar el fuego con cierta tranquilidad, como si no supiera lo que estaba pasando”.
Para el fiscal Miguel Ángel Ruiz, el trabajador no pudo prever las consecuencias de un desbroce que, aparentemente, se ajustaba a las instrucciones recibidas. “Actuaba siguiendo unas órdenes de trabajo sin que pueda imputársele una mayor responsabilidad por cumplirlo”, afirma el escrito, que añade que no consta que se le notificase una prohibición expresa de desbrozar en los meses de julio y agosto.
La investigación revela una cadena de incertidumbres. Un trabajador del Concello de Oímbra declaró que desconocía la paralización de los trabajos de desbroce con maquinaria durante el verano, porque nadie le informó de ello. Otro empleado municipal señaló que él mismo estuvo desbrozando en otra zona el mismo día del incendio, sin haber recibido orden alguna de suspensión.
La defensa ya había apuntado a esta circunstancia en su petición de sobreseimiento: “La flagrante falta de coordinación entre la Xunta, la ingeniera y los técnicos y el Concello de Oímbra generó un escenario de confusión en el que nunca se llegó a emitir, y mucho menos a comunicar, una orden ejecutiva de paralización de trabajos”.
La cadena de mando entre la Xunta, Seaga y el Concello de Oímbra no funcionó, y el resultado fue un incendio que arrasó 23.000 hectáreas.
Los ‘evidentes errores de coordinación’ que destaca la Fiscalía
El fiscal dedica un apartado específico a las responsabilidades institucionales. Sostiene que se produjeron “evidentes errores de coordinación y mando” entre la Xunta de Galicia, Seaga y el Concello de Oímbra. Sin embargo, aclara que las personas jurídicas —sean públicas o privadas— no pueden ser acusadas de un delito de incendio por imprudencia, lo que impide trasladar la causa penal a las administraciones.
Seaga, la empresa pública dependiente de la Consellería de Medio Rural, era la encargada de coordinar los trabajos preventivos. A raíz de las declaraciones, surge la duda de si se comunicó correctamente a los operarios la suspensión de las labores de desbroce en los meses de máximo riesgo. La inexistencia de una orden clara de la Xunta pone en cuestión el protocolo de comunicación con sus contratas.
Ahora, la pelota está en el tejado de la acusación particular —ejercida por los tres brigadistas heridos en el incendio, uno de ellos con quemaduras graves y secuelas— y de la acusación popular, que ostenta la Federación Galega de Ecoloxistas en Acción. Si ambas comparten la tesis fiscal y no sostienen la acusación, la vía penal quedará cerrada y el conflicto se resolverá en la jurisdicción civil, donde se podrían dirimir indemnizaciones y responsabilidades patrimoniales.
El Laboratorio Gallego
Lo ocurrido en Oímbra no es solo un fallo de coordinación operativa; es un síntoma de la arquitectura institucional que el PPdeG ha construido en sus casi dos décadas al frente de la Xunta. La externalización de servicios preventivos a través de Seaga, la maraña de competencias entre consellerías, concellos y contratas, y la opacidad en la cadena de mando son defectos que los grandes incendios forestales en Galicia sacan a la luz cada pocos años.
En el territorio nacional, el modelo gallego de extinción y prevención ha sido exhibido por Alberto Núñez Feijóo como un ejemplo de eficacia. Sin embargo, casos como el de Oímbra, con 23.000 hectáreas arrasadas, ponen en entredicho esa narrativa. La apelación a los errores de coordinación lanza una sombra sobre la capacidad del gobierno autonómico para gestionar los montes cuando las condiciones son extremas. La oposición, con el BNG y el PSdeG al frente, ya ha comenzado a utilizar este expediente para reclamar responsabilidades políticas y una revisión del modelo.
El siguiente paso dependerá de la postura de las acusaciones. Si la causa penal decae, el debate se trasladará al Parlamento de Galicia y a la opinión pública. Será entonces cuando se mida el coste político de unos errores de coordinación que, aunque no encajen en el Código Penal, sí erosionan la credibilidad de una gestión que se vendía como impecable.
Ficha del Caso
- El caso: El incendio de Oímbra, iniciado el 12 de agosto de 2025, calcinó 23.000 hectáreas en la provincia de Ourense y se convirtió en uno de los más voraces de la historia de España. La Fiscalía pide ahora el archivo para el único investigado.
- Datos importantes: La causa se abrió por un presunto delito de incendio forestal por imprudencia grave. El escrito fiscal, fechado el 15 de julio de 2026, sostiene que no hubo dolo ni imprudencia por parte del trabajador, pero sí “evidentes errores de coordinación” entre Xunta, Seaga y Concello.
- Resumen: La decisión de la Fiscalía desplaza el foco de la responsabilidad penal individual a la falla institucional. Si las acusaciones no recurren, el caso acabará en vía civil, mientras el debate político sobre la gestión forestal en Galicia se intensifica.
