El Consejo de Ministros aprobó el 14 de julio de 2026 el Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, que obliga a todos los centros educativos a reforzar sus protocolos de protección infantil. El texto, que será remitido a las Cortes, define por primera vez la violencia vicaria como aquella que se ejerce contra la mujer a través de sus hijos, hijas u otras personas allegadas, y la sitúa expresamente como violencia de género, según explicó la ministra de Igualdad, Ana Redondo.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha cambiado? El Gobierno aprobó el proyecto de ley que obliga a los colegios e institutos a actualizar sus medidas de protección a la infancia, recoge la privación automática de la patria potestad para condenados por delitos graves e impone la obligación de escuchar al menor antes de decidir sobre custodias o visitas.
- ¿Quién lo ha decidido? El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Igualdad, en su reunión del 14 de julio de 2026.
- ¿A quién afecta? A los más de 8 millones de alumnos escolarizados en España, a sus familias y al personal docente y directivo de los centros, que deberán adaptar sus protocolos internos.
Refuerzo de los protocolos escolares y escucha del menor
El proyecto de ley, que modifica diez normas entre ellas el Código Penal y el Código Civil, incorpora medidas con impacto directo en la comunidad educativa. La más visible es la obligación de que los centros refuercen sus mecanismos de detección y protección ante situaciones de violencia vicaria. Aunque el texto no detalla un catálogo único de actuaciones, los colegios deberán actualizar sus planes de convivencia y los circuitos de derivación a servicios sociales y a las fuerzas de seguridad cuando se sospeche que un menor está siendo utilizado como instrumento de maltrato hacia su madre, según fuentes ministeriales.
En paralelo, la futura ley impone la obligación de escuchar al menor antes de cualquier decisión judicial sobre guardia y custodia o régimen de visitas. Solo se prescindirá de esa audiencia cuando resulte inviable o perjudicial para su interés, en cuyo caso se realizará a través de representantes legales o personas especializadas. Esta medida implicará también una mayor coordinación entre los equipos de orientación de los centros y la administración de justicia.
Impacto en la comunidad escolar: datos y colectivos afectados
Desde 2013, 68 niñas y niños han sido asesinados en España como víctimas directas de violencia vicaria, tres de ellos en lo que va de 2026, de acuerdo con los datos aportados por el Ministerio de Igualdad en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La cifra evidencia la necesidad de que el sistema educativo, junto con las familias y los servicios sociales, actúe como primer cortafuegos: los colegios e institutos suelen ser el entorno donde los menores pasan más horas después del hogar y donde pueden dar señales de alerta.
Además de la privación automática de la patria potestad para quienes tengan una condena firme por delitos graves contra la madre o los hijos, el proyecto suspende el régimen de visitas cuando se esté tramitando un procedimiento por violencia de género o vicaria, o cuando existan indicios racionales de que esa violencia se está produciendo en la familia. Para los centros, esto supone que las notificaciones sobre custodias y autorizaciones de recogida de los menores serán más dinámicas y exigirán una actualización constante de los datos del alumnado.
Desde 2013, 68 menores han sido asesinados por violencia vicaria en España, un dato que impulsa las nuevas obligaciones para los centros educativos.
El Marco Educativo
El sistema educativo español ya cuenta con protocolos de protección del menor enmarcados en la LOMLOE y en las instrucciones de cada comunidad autónoma. Sin embargo, el proyecto de ley aprobado eleva el estatus de esas medidas al vincularlas directamente a una ley orgánica de violencia de género. Las competencias en educación están transferidas a las autonomías, por lo que el texto deberá ser desarrollado en cada territorio mediante circulares y resoluciones de las consejerías del ramo, un proceso que previsiblemente arrancará una vez que la ley supere el trámite parlamentario.
Las principales entidades implicadas son el Ministerio de Igualdad, que promueve la norma; el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte, que deberá coordinar la traslación a los centros; y las comunidades autónomas, responsables de los equipos de orientación y de la inspección educativa. Los sindicatos docentes y las asociaciones de directores aún no se han pronunciado de forma oficial a la espera de ver el texto concreto del articulado, aunque fuentes del sector subrayan que el éxito de la medida dependerá de la formación específica que se ofrezca al profesorado.
La tramitación parlamentaria se iniciará tras el verano. El Gobierno confía en que el amplio consenso que sustentó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género facilite la aprobación definitiva en esta legislatura. Mientras tanto, los centros educativos disponen de los protocolos actuales para actuar, aunque la mayoría espera que la futura ley venga acompañada de una guía estatal de buenas prácticas que homogeneice la respuesta en todo el territorio.
Claves de la Noticia
- Qué importa: El proyecto de ley obliga a los centros educativos a reforzar sus protocolos de protección infantil y establece la privación automática de la patria potestad para maltratadores con condena firme.
- Por qué importa: Introduce cambios en el Código Civil y Penal que afectan directamente a la gestión diaria de los colegios y a la protección de los menores escolarizados, un colectivo de más de 8 millones de alumnos.
- A quién le importa: A las familias, los equipos directivos de los centros, el profesorado y, sobre todo, a los menores que pueden estar viviendo situaciones de violencia vicaria en su entorno.
