PP y Vox modifican la ley de Policías Locales para coordinar agentes en emergencias tras la DANA

Las enmiendas, registradas sin pasar por los órganos de participación, permiten la cesión de agentes en catástrofes y abren la puerta a reservar plazas a militares.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El PP y Vox han registrado enmiendas a la Ley 17/2017 de Coordinación de Policías Locales que permiten movilizar agentes de cualquier municipio ante emergencias de nivel 1 o 2 y reservar un 20% de plazas a militares.
  • ¿Quién está detrás? La iniciativa del Grupo Popular en las Corts Valencianes, con el apoyo de Vox y del Consell de Juanfran Pérez Llorca, se ha tramitado sin reunir a la Comisión de Coordinación de Policía Local.
  • ¿Qué impacto tiene? La reforma da más poder al director de la emergencia para coordinar efectivos, pero sindicatos y oposición denuncian el salto a los cauces de participación y la puerta abierta a exmilitares en mandos locales.

El PP y Vox han registrado esta semana en las Corts Valencianes un paquete de enmiendas a la ley de Coordinación de Policías Locales que, entre otras medidas, permite al director de la emergencia movilizar agentes de cualquier municipio ante catástrofes de nivel 1 o 2 autonómico. La propuesta, que se incorpora a la ley de Acompañamiento de los presupuestos, llega tras la polémica gestión de la DANA y en medio de críticas por la ausencia de diálogo con los sindicatos.

La DANA dejó al descubierto la necesidad de una coordinación rápida entre policías locales, pero la reforma la impone sin consultar a quienes patrullan las calles.

Movilización de agentes y reservas a militares

Las enmiendas modifican una decena de artículos de la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la Generalitat, de Coordinación de Policías Locales de la Comunitat Valenciana. El texto plantea que si un municipio sufre “sobrecarga de servicios policiales”, pueda recibir colaboración de otros cuerpos, previa autorización del alcalde y comunicación a la dirección general de Emergencias. En caso de emergencia de nivel 1 o 2 —como una riada o un gran accidente—, el director de la emergencia podrá “movilizar a los efectivos necesarios de los cuerpos de policía local de cualquier municipio de la Comunitat Valenciana”, que actuarán bajo sus mandos naturales pero dependiendo de la autoridad requiriente.

La formulación autonómica amplía la cooperación ya prevista en la Ley Orgánica 2/1986, de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Sin embargo, sindicatos policiales consultados por elDiario.es critican que se haya tramitado sin pasar por la Comisión de Coordinación de Policía Local, que lleva meses sin reunirse. “Es un golpe a la autonomía local y a la negociación colectiva”, apuntan desde el Sindicato Profesional de Policías Locales.

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Otra de las enmiendas más polémicas es la reserva de hasta un 20% de plazas a militares en las policías locales. Esta medida, ya aprobada de tapadillo en un decreto de simplificación burocrática del Consell de Pérez Llorca, se blinda ahora en la reforma legislativa. Además, se reconocerá la antigüedad en las retribuciones de los exmilitares que accedan a los cuerpos locales. Las enmiendas también abren la puerta a que en ciudades de más de 500.000 habitantes —en la práctica, Valencia— se puedan cubrir plazas de comisario y comisario principal mediante turno libre, lo que permite saltar la promoción interna y facilita la llegada de mandos procedentes del Ejército, la Guardia Civil o la Policía Nacional.

Reacciones políticas y el ‘no’ de la oposición

Desde el PSPV, la portavoz de Interior, Rosa Peris, ha calificado la reforma de “parche reaccionario para contentar a Vox y desmantelar el modelo de policía de proximidad”. Compromís, por su parte, denuncia que el Consell “usa la coartada de la DANA para recentralizar competencias municipales sin consenso”. Ambas formaciones anuncian que votarán en contra cuando las enmiendas lleguen al pleno de las Corts.

El PP defiende que la reforma atiende a una necesidad real tras la DANA de octubre de 2024 y que se limita a desarrollar el artículo 106 de la Ley Marco de Policías Locales. Fuentes del grupo popular subrayan que la movilización de agentes ya se practicó durante la emergencia, pero “ahora se dota de una cobertura legal más sólida”.

El Escenario Valenciano

El episodio refleja la dinámica de la coalición PPVox en la Generalitat: se acelera la agenda legislativa de marcado perfil conservador sin agotar los canales de participación. La Comisión de Coordinación de Policía Local es un ejemplo: el Consell de Pérez Llorca la ha mantenido inoperativa mientras introduce cambios que afectan directamente al modelo de seguridad municipal.

A escala nacional, la reserva de plazas a militares entronca con un debate más amplio que ya se ha colado en otras comunidades y en el Congreso. El Gobierno de Pedro Sánchez, aunque respeta el margen autonómico, ha advertido sobre el riesgo de “militarización de las policías locales” y recuerda que los procesos de selección deben garantizar la función de proximidad. Las enmiendas del PP y Vox podrían marcar un precedente para Madrid o Murcia, donde también se debaten fórmulas similares. De momento, la tramitación en las Corts seguirá su curso: la ley de Acompañamiento se someterá a votación en las próximas semanas y, salvo sorpresa, saldrá adelante con la mayoría absoluta del bloque de derechas.

Ficha del Caso

  • El caso: El PP y Vox han presentado enmiendas a la ley de Coordinación de Policías Locales para permitir la movilización de agentes entre municipios en emergencias de nivel 1 o 2 y consolidar la reserva de plazas a militares, una iniciativa que se tramita en las Corts Valencianes sin pasar por los órganos de participación sindical.
  • Datos importantes: Movilización de policías locales bajo el mando del director de la emergencia; reserva de hasta un 20% de plazas a exmilitares; acceso por turno libre a jefaturas en grandes ciudades; todo ello vinculado a la DANA de 2024 y a un decreto previo de reducción de burocracia.
  • Resumen: La reforma, que cuenta con los votos del PP y Vox, busca mejorar la coordinación ante catástrofes pero despierta fuertes críticas de sindicatos y de la oposición, que ven un intento de recentralizar y un giro hacia la “militarización” de la seguridad local.