EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Los trabajadores de los diez centros de transporte de Extremadura acumulan cinco meses sin cobrar sus nóminas y han llegado a percibir ingresos de un solo céntimo.
- ¿Quién está detrás? La empresa Copergy Ibérica, adjudicataria del servicio, y la Junta de Extremadura, responsable última del contrato, que no ha forzado la rescisión.
- ¿Qué impacto tiene? La plantilla, con un 90% de personas con discapacidad, se encuentra en una situación económica límite. CCOO Extremadura anuncia nuevas protestas para el 23 de julio si no hay solución.
Los diez centros de transporte de Extremadura arrastran cinco meses de impagos a sus trabajadores. La situación saltó a la luz este lunes, cuando la plantilla se concentró frente a la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda en Mérida para exigir el abono de sus salarios y la rescisión del contrato con Copergy Ibérica.
Copergy Ibérica se adjudicó la gestión de los centros de transporte el pasado año. Los problemas comenzaron en diciembre de 2025, cuando los retrasos se acumularon y las nóminas dejaron de llegar. En algunos casos, los trabajadores recibieron nóminas de un solo céntimo, una forma de simular ingresos sin abonar cantidad alguna. El 90% de la plantilla tiene alguna discapacidad y pertenece a un centro especial de empleo.
La concentración de este lunes fue la primera respuesta visible a la crisis. Los empleados, atrapados en un limbo laboral, no pueden cobrar el paro ni renunciar voluntariamente sin perder derechos. Félix García, secretario de Organización de CCOO del Hábitat de Extremadura, calificó la gestión de la empresa de “nefasta” y exigió a la Junta de Extremadura que actúe “de una vez”.
El sindicato recuerda que la empresa ha recibido subvenciones por tratarse de un centro especial de empleo y cuestiona a qué se ha destinado ese dinero, porque “no se ha empleado ni para adecuar puestos de trabajo ni para pagar salarios”. CCOO reclama que la Administración regional rescinda el contrato y garantice los derechos de los 56 trabajadores.
La Junta de Extremadura tiene la responsabilidad de garantizar el pago de estos salarios. No hacerlo aboca a la plantilla a una situación de precariedad extrema.
Si no hay una solución inmediata, la próxima movilización está convocada para el 23 de julio: una manifestación desde la plaza de toros de Mérida hasta la Asamblea de Extremadura. La presión sindical crece en paralelo a la incertidumbre de las familias afectadas.
El Pulso Territorial
El conflicto no se entiende sin el débil equilibrio político que sostiene al Gobierno de María Guardiola (PP), en coalición con Vox desde 2023. La oposición del PSOE ya ha denunciado la “ineficacia” del ejecutivo autonómico y advierte que podría costar el despido de los 56 trabajadores. Extremadura arrastra una alta tasa de paro (cercana al 20%) y cada empleo, especialmente en zonas rurales, tiene un valor estratégico.
La dependencia de contratos externos para servicios públicos es un patrón regional: ya en 2019 una empresa de limpieza de hospitales dejó de pagar durante meses, forzando la intervención de la Junta. Ahora, la tardanza en resolver el caso Copergy alimenta la percepción de desgobierno. Con el calendario electoral en el horizonte de 2027, cada conflicto laboral se convierte en arena política. La próxima cita en la Asamblea marcará el tono: si la Junta no mueve ficha, el 23 de julio podría ser el primer capítulo de una escalada de protestas.
Ficha Autonómica
- El caso: Los trabajadores de los diez centros de transporte de Extremadura, adjudicados a Copergy Ibérica, llevan cinco meses sin cobrar. La empresa, que gestionaba el servicio como centro especial de empleo, ha llegado a emitir nóminas de un céntimo.
- Datos importantes: 56 empleados, el 90% con discapacidad reconocida. Contrato adjudicado en 2025, impagos desde diciembre de ese año. El presupuesto autonómico de la Junta respalda el servicio, pero no se ha ejecutado el mecanismo de rescisión por incumplimiento.
- Resumen: CCOO exige la rescisión del contrato y ha convocado una manifestación para el 23 de julio ante la Asamblea de Extremadura. La Junta aún no ha anunciado medidas concretas más allá de la búsqueda de otra empresa que asuma el servicio.
