El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha defendido este lunes el voto en contra del Partido Popular en el Congreso a la proposición que obliga al Gobierno central a financiar el 50 % del gasto en dependencia, una reclamación que el propio PP ha mantenido durante años y que ahora rechaza por falta de «concreción». La decisión ha desatado una tormenta política en Galicia, donde la oposición acusa al PPdeG de incoherencia.
«No hay ninguna incoherencia», ha asegurado Rueda en la rueda de prensa posterior al Consello de Goberno, el órgano colegiado de gobierno de la Xunta que se reúne cada semana en Santiago de Compostela. El presidente gallego ha condicionado cualquier apoyo futuro a que el Ejecutivo central concrete cómo piensa articular esa financiación y, sobre todo, a que salde lo que él cifra en 2.500 millones de euros de deuda acumulada con Galicia desde que la Ley de Dependencia entró en vigor.
Una votación que contradice años de exigencias del PP
La Comisión de Derechos Sociales del Congreso de los Diputados votó la semana pasada una iniciativa para que el Estado asumiera la mitad del coste de la dependencia, una medida que el PP ha reclamado sistemáticamente desde hace más de una década tanto en Galicia como en el resto de comunidades autónomas. El voto en contra de los populares, sumado al de Vox, no impidió que la proposición siguiera su tramitación parlamentaria, pero sí dejó al descubierto un giro difícil de explicar para el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo en el ámbito nacional.
«Ojalá que el Gobierno aporte ese 50 %, porque eso es lo que llevamos pidiendo muchísimo tiempo», ha matizado Rueda, para añadir acto seguido que la exigencia va más allá: el Ejecutivo central debe pagar primero los 2.500 millones que, según la Xunta, adeuda a Galicia por no haber cumplido con su obligación legal de cofinanciar la dependencia durante años.
El presidente gallego ha cargado contra un Gobierno que, en sus palabras, «ni siquiera tiene presupuestos» y que, sin embargo, «ahora resulta que puede pagar todo lo que no fue capaz de pagar estos años». La referencia alude a la prórroga presupuestaria con la que el Ejecutivo central arrastra dificultades para aprobar nuevas cuentas públicas. Rueda insiste en que la Xunta ya aprobó un plan de choque para agilizar la dependencia que el propio Gobierno central mantiene paralizado con un recurso ante el Tribunal Constitucional.
La dependencia es, desde hace una década, el campo de batalla donde la Xunta y el Gobierno central ajustan cuentas que van mucho más allá de los servicios sociales.
La deuda de 2.500 millones, el nuevo argumento de la Xunta
La cifra de 2.500 millones de euros no es nueva en el discurso del Gobierno gallego. La Consellería de Política Social e Igualdade —el departamento autonómico equivalente a una consejería ministerial de servicios sociales— lleva años denunciando que el Estado incumple el principio de cofinanciación al 50 % que establece la propia Ley de Dependencia. Según fuentes de la Xunta consultadas por Moncloa.com, el cálculo se basa en los presupuestos ejecutados por la comunidad autónoma desde 2007, comparados con las transferencias reales recibidas del Imserso.
El argumento tiene recorrido político, pero no ha conseguido prosperar en los tribunales ni en las negociaciones bilaterales con el Ministerio de Derechos Sociales. Rueda ha recordado que desde ese departamento «ya se dijo muchas veces» que se aportaría la mitad del coste, pero «en cuanto empiezas a discutir con los ministerios afectados, te dan unas cuentas que no son ciertas». La desconfianza hacia los números del Gobierno central es un eje del discurso del PPdeG en esta materia.
Mientras tanto, el BNG (el Bloque Nacionalista Galego, principal fuerza de la oposición en el Parlamento de Galicia) ha calificado la postura del PP de «tomadura de pelo» a las familias gallegas que esperan por una prestación. Por su parte, el PSdeG (la federación gallega del PSOE) ha acusado a Rueda de anteponer los intereses partidistas de Feijóo a las necesidades de los dependientes. La votación en el Congreso se ha convertido, en apenas unos días, en munición para una oposición que ve en la dependencia una de las grietas del sólido edificio político del PPdeG.
El Laboratorio Gallego
Lo que ha ocurrido en el Congreso con el voto del PP y la posterior defensa de Alfonso Rueda desde Santiago de Compostela no es un episodio aislado: responde a una estrategia más amplia del PPdeG que Feijóo ha exportado a la política nacional. Galicia lleva años utilizando la financiación autonómica como palanca de presión frente al Gobierno central, con la dependencia como punta de lanza. La reclamación de los 2.500 millones no es solo una cifra: es un relato que permite al PPdeG presentarse como víctima de un maltrato financiero del Estado.
En clave nacional, la jugada es reconocible. Feijóo ha insistido en numerosas ocasiones en que el modelo de gestión gallego —estabilidad presupuestaria, bajadas fiscales selectivas y contención del gasto— es el espejo en el que debería mirarse el conjunto de España. Pero, como se ha visto con el voto sobre dependencia, ese espejo a veces empaña cuando las exigencias históricas chocan con los cálculos de la coyuntura parlamentaria en Madrid. La pregunta que flota en el ambiente es si el PP nacional puede permitirse apoyar medidas que incrementen el gasto del Estado cuando aspira a regresar a La Moncloa con un discurso de austeridad.
El próximo movimiento en este tablero tendrá lugar cuando la proposición complete su tramitación en el Congreso y, si prospera, aterrice en el Senado. Para entonces, la Xunta habrá tenido que decidir si mantiene el pulso o busca una salida negociada. Con un calendario electoral autonómico que apunta a 2028, el PPdeG dispone de margen para gestionar los tiempos, pero no para eludir un debate que afecta a más de 60.000 dependientes gallegos que esperan una prestación o una mejora de la que ya reciben.
Ficha del Caso
- El caso: El PP votó en contra en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso de una proposición para que el Gobierno central financie el 50 % del gasto en dependencia, una reclamación histórica que el propio partido ha defendido durante años tanto en Galicia como en el resto de España.
- Datos importantes: Alfonso Rueda cifra en 2.500 millones de euros la deuda acumulada del Estado con Galicia en materia de dependencia. La Xunta aprobó un plan de choque para agilizar el sistema, actualmente recurrido por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional.
- Resumen: La votación expone una contradicción entre el discurso histórico del PP sobre dependencia y sus decisiones parlamentarias actuales. Galicia eleva el pulso con el argumento de la deuda acumulada, en una dinámica que Feijóo replica a escala nacional como parte de su estrategia de oposición al Gobierno central.
