EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Manuel Bautista, alcalde de Móstoles (PP), ha sido imputado por presunto acoso sexual y laboral. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, le reitera su apoyo, mientras Génova esgrime un expediente interno que, pese a estar archivado, dice que «sigue su curso».
- ¿Quién está detrás? Alfonso Serrano (secretario general del PP de Madrid) ha sido el altavoz del respaldo a Bautista; Borja Sémper, portavoz nacional, ha evitado un pronunciamiento explícito.
- ¿Qué impacto tiene? La contradicción entre la dirección autonómica y la nacional tensa al partido y aviva el debate sobre los estándares éticos en el PP a las puertas de la citación judicial del 9 de octubre.
La imputación del alcalde de Móstoles por un presunto delito de acoso sexual ha abierto una brecha en el Partido Popular: mientras Isabel Díaz Ayuso mantiene un respaldo cerrado a Manuel Bautista, la dirección nacional se escuda en un expediente que, según la documentación, está archivado. La juez titular del juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Móstoles ha citado al regidor para el próximo 9 de octubre y ha fijado la declaración de cinco testigos los días 23 de octubre y 6 de noviembre.
Un respaldo a ultranza desde la Puerta del Sol
El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, respondió este lunes con un rotundo «por supuesto» —repetido hasta en cinco ocasiones— a la pregunta de si el partido mantenía su confianza en Bautista. Serrano desvió la presión hacia el Gobierno central con una batería de preguntas: «¿Debe dimitir el presidente? ¿Va a dimitir el hermano del presidente? ¿Va a dimitir la mujer del presidente?». La estrategia de la presidenta autonómica es clara: blindar al alcalde y equiparar su caso con los escándalos que afectan al PSOE.
La dirección madrileña ya defendió a Bautista el pasado febrero, cuando Serrano calificó de «mala fe» que la denunciante grabara las conversaciones mantenidas con ella. Además, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS, la vicesecretaria de Organización, Ana Millán, y el propio Serrano presionaron a la exconcejala para que no recurriera a los tribunales, con el argumento de que eso la perjudicaría. La mujer había usado primero los canales internos del PP para denunciar una situación de acoso que, según su testimonio, empezó con proposiciones explícitas no deseadas y derivó en un «proceso de aislamiento, invisibilización y trato humillante» hasta retirarle las competencias.
El expediente sin oír a la víctima: Génova matiza
Frente al respaldo cerrado de la cúpula madrileña, la dirección nacional del PP ha optado por una posición más distante. El portavoz Borja Sémper recordó en rueda de prensa que «el comité nacional de derechos y garantías ya adoptó las medidas contempladas en los estatutos y abrió un expediente informativo que sigue su curso». Sin embargo, la realidad es otra: el expediente fue archivado sin citar ni escuchar a la víctima ni a los testigos que ella mencionaba, tal y como detalla la investigación periodística.
Sémper cargó contra los socialistas: «Si fuese un portavoz del PSOE, en estos momentos estaría hablando de lawfare y señalando al juez. Yo expreso mi máxima confianza en la justicia y todo se terminará por saber». Preguntado por si el regidor debería dimitir —en línea con las exigencias del PP a cargos del PSOE imputados—, el portavoz evitó pronunciarse y se remitió a la resolución futura del comité.
El partido se aferra a un expediente formalmente vivo mientras la documentación confirma su archivo sin garantías para la denunciante.
Mientras, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, exigió la dimisión de Bautista por «responsabilidad, ejemplaridad y decencia» y extendió la responsabilidad a Ayuso y a los dirigentes del PP que, a su juicio, «lo han amparado durante meses mientras señalaban cruelmente a la víctima». La presión sobre la Comunidad de Madrid crece al mismo ritmo que las contradicciones internas del partido.
El Eje del Poder Popular
La gestión de este caso pone a prueba la relación entre Génova y la presidenta más mediática del PP. Ayuso ha convertido la defensa de Bautista en un pulso de autoridad territorial, y Serrano actúa como su punta de lanza. Frente a ella, la dirección nacional de Feijóo busca guardar las formas con un expediente abierto de iure y la apelación genérica a la confianza en la justicia, pero evita dar un respaldo explícito que la comprometa.
En el trasfondo está el marco ético que el propio partido ha reclamado para otros. La exigencia de dimisión a cargos del PSOE imputados —como el presidente Sánchez— se vuelve incómoda cuando el imputado es un alcalde popular. Los barones autonómicos, con Juanma Moreno y Alfonso Rueda a la cabeza, observan con cautela un caso que puede erosionar la imagen de solvencia institucional del PP si la instrucción avanza.
La cronología judicial —octubre y noviembre— sitúa la resolución del caso en plena cuesta otoñal, cuando Génova prepara la ofensiva parlamentaria contra el Gobierno. Una condena o incluso la mera prolongación de la causa podrían dar munición a la izquierda. De momento, el PP de Madrid apuesta por la resistencia y por desgastar al adversario con el argumentario de la «persecución política».
El precedente más cercano son las tensiones que vivió el partido con la elección de alcaldes en 2015 tras la irrupción de Ciudadanos. Entonces también se midió la distancia entre la promesa de regeneración y la realidad municipal. Hoy el dilema es similar: ¿puede el PP mantener el listón ético que exige a los demás mientras respalda a un alcalde imputado por acoso sexual sin que la base territorial se resienta? La respuesta se escribirá en el juzgado de Móstoles.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: Confianza en la justicia y respeto a la presunción de inocencia, sin pronunciarse sobre la continuidad del alcalde.
- Protagonista: Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid).
- Próximo hito: Citación judicial del alcalde el 9 de octubre y declaración de testigos el 23 de octubre y 6 de noviembre.
