La Xunta de Galicia (el gobierno autonómico gallego) ha dado por controlado en la noche del lunes el incendio forestal que unificó dos focos en los municipios coruñeses de Vimianzo y Laxe, en la comarca de la Costa da Morte, tras arrasar 220 hectáreas de monte.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Xunta ha controlado el fuego de Vimianzo y Laxe que quemó 220 hectáreas; el incendio de Ribas de Sil (Lugo) sigue activo pero sin amenazar viviendas.
- ¿Quién está detrás? La Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia, con amplios medios aéreos y terrestres; colectivos ecologistas critican la gestión autonómica.
- ¿Qué impacto tiene? Reabre el debate sobre la política forestal gallega y su influencia en el modelo estatal de prevención de incendios.
Control del fuego en la Costa da Morte: 220 hectáreas calcinadas
El fuego se declaró en la tarde del sábado en las parroquias de Salto (Vimianzo) y Nande (Laxe), y acabó formando un único frente durante la madrugada del domingo. La Consellería de Medio Rural (la consejería autonómica de desarrollo rural) desplegó un amplio dispositivo con tres helicópteros, un avión, 44 motobombas, 48 brigadas y 41 agentes para contener las llamas.
El trabajo coordinado de extinción permitió que se diese por controlado pasadas las doce de la noche, aunque los efectivos permanecen en la zona para evitar rebrotes. La superficie arrasada supera las 200 hectáreas, un dato que los grupos ecologistas no han tardado en calificar de “inaceptable”.
Colectivos como Adega y Verdegaia han exigido un “cambio radical” en las políticas forestales de la Xunta para que los fuegos no se conviertan en “una cadena perpetua para el monte gallego”. Denuncian que la gestión actual prima la extinción rápida frente a una prevención real y que las repoblaciones de eucalipto incrementan el riesgo. Además, insisten en que la Xunta debe impulsar un plan de ordenación territorial que limite las plantaciones de especies altamente combustibles.
Mientras tanto, el incendio de Ribas de Sil, en la parroquia de Soutordei (Lugo), continúa activo tras quemar 140 hectáreas. Afortunadamente, la Situación 2 de emergencia por proximidad a viviendas fue desactivada en la madrugada del domingo, y el tráfico ferroviario entre Soldón-Sequeiros y San Clodio-Quiroga se restableció a última hora de ese mismo día.
Los incendios no solo son una catástrofe medioambiental; son el síntoma de un modelo de gestión del monte que los ecologistas llevan décadas denunciando.
Ribas de Sil: el tren recupera la normalidad
El fuego lucense, que comenzó a las 18:22 del sábado, obligó a cortar la circulación ferroviaria durante la tarde del domingo. La compañía Adif confirmó a las 22:45 horas que se había restablecido la tensión y el servicio en la línea. Para combatir este incendio se movilizaron nueve helicópteros, ocho aviones, 31 motobombas y 41 brigadas, entre otros recursos.
La rápida desactivación de la Situación 2 evitó desalojos, aunque los servicios de emergencia mantienen la vigilancia ante posibles cambios meteorológicos. La Xunta insiste en que la prioridad es proteger núcleos habitados y que los medios se coordinan con los municipios afectados.
El Laboratorio Gallego
Galicia vuelve a arder en un verano que los expertos anticipaban crítico. La comunidad concentra históricamente buena parte de los incendios forestales de España, y la gestión de la Xunta se ha convertido en un banco de pruebas para el modelo nacional de lucha contra el fuego. Alberto Núñez Feijóo, que gobernó la Xunta entre 2009 y 2022, defendió en numerosas ocasiones que el despliegue de medios aéreos y la coordinación autonómica eran un referente para el conjunto de España. Esa idea ha calado en el discurso del PP nacional, que cada verano mira a la comunidad como espejo de respuesta rápida ante el fuego.
Sin embargo, las críticas de los ecologistas arrojan sombras sobre esa estrategia. Piden más inversión en prevención, reducción de especies pirófitas como el eucalipto y una fiscalidad que penalice el abandono del monte. Es un debate que trasciende lo autonómico: el Gobierno central y las comunidades autónomas llevan años discutiendo un plan forestal nacional que coordine competencias. Las elecciones gallegas de 2024 dejaron al PPdeG con la misma mayoría, pero el BNG —que capitalizó el desgaste por los incendios de 2022— podría volver a la carga en el Parlamento con una proposición para endurecer las exigencias a la Xunta.
El informe del Instituto Galego de Estatística (IGE) sobre superficie forestal y las comparecencias previstas en la Consellería de Medio Rural en septiembre serán las próximas citas para evaluar si el modelo gallego necesita un giro o si, como insiste la Xunta, simplemente requiere más medios del Estado. Mientras, el olor a quemado sigue recordando que en Galicia el fuego es un viejo compañero de verano.
Ficha del Caso
- El caso: Dos focos unificados en la Costa da Morte (220 ha arrasadas) y un incendio activo en Ribas de Sil (140 ha quemadas) reabren el conflicto entre Xunta y ecologistas.
- Datos importantes: 220 ha en Vimianzo-Laxe, 140 ha en Ribas de Sil, 14 medios aéreos movilizados en total; la circulación ferroviaria restablecida; desactivada la Situación 2 de emergencia.
- Resumen: La Xunta controla el mayor fuego, pero el debate de fondo sobre la política forestal gallega y su alcance nacional sigue candente. El modelo de extinción rápida del PPdeG, alabado por el PP estatal, choca con las exigencias de prevención y cambio en el uso del suelo de los colectivos ecologistas.
