EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El presidente firmó dos proclamaciones que reducen Bears Ears de 1,36 millones a 121.096 acres y Grand Staircase‑Escalante de 1,87 millones a 181.500 acres.
- ¿Quién está detrás? La Casa Blanca, con el argumento de que las designaciones anteriores excedían lo necesario bajo la Antiquities Act y que la tierra contiene minerales críticos –uranio, vanadio, cobre– vitales para la defensa.
- ¿Qué impacto tiene? Se abren 2,9 millones de acres a la minería y la energía. Los grupos ecologistas y tribales anuncian batalla judicial. Para España, el efecto sería un posible suministro alternativo de materias primas estratégicas a medio plazo.
El presidente Donald Trump ha firmado este 14 de julio las proclamaciones que reducen drásticamente los monumentos nacionales de Bears Ears y Grand Staircase‑Escalante en Utah, liberando más de 2,9 millones de acres de tierras federales para la minería y la producción de energía.
Los números del recorte en dos monumentos emblemáticos
Bears Ears, declarado originalmente por Barack Obama en 2016 sobre 1,35 millones de acres, había sido reducido por el propio Trump en 2017 a apenas 201.000 acres y luego restaurado por Joe Biden en 2021 hasta los 1,36 millones. La nueva proclamación fija la extensión protegida en 121.096 acres (unas 49.000 hectáreas), repartidos en dos unidades: la de Shash Jáa, de 106.816 acres, y la de Indian Creek, de 14.280 acres.
En paralelo, Grand Staircase‑Escalante, creado por Bill Clinton en 1996 con 1,7 millones de acres, pasa de los 1,87 millones actuales a solo 181.500 acres. La tijera de la Casa Blanca devuelve a la jurisdicción ordinaria de la Oficina de Gestión de Tierras (BLM) y del Servicio Forestal una superficie equivalente a más de cuatro veces la provincia de Madrid.
La coartada legal y el verdadero objetivo: los minerales críticos
La Casa Blanca sostiene que las designaciones de Obama y Biden violaban la Antiquities Act (la ley de 1906 que permite al presidente crear monumentos nacionales) al no limitarse al área más pequeña necesaria para proteger los objetos de interés histórico o científico. Según la proclamación, muchos de los bienes culturales citados –petroglifos, puntas de flecha, campamentos prehistóricos– son comunes en todo el oeste americano y ya gozan de protección bajo otras leyes federales como la Archaeological Resources Protection Act o la Endangered Species Act.
Pero el argumento de peso es otro. El texto oficial señala que la región alberga minerales críticos –plata, cobre, molibdeno, plomo, uranio, vanadio y zinc– «que crean empleo, alimentan la prosperidad y son esenciales para sectores clave de la economía, incluidos la defensa, la manufactura y el transporte». La reducción de los monumentos, afirma la proclamación, ayudará a garantizar suministros domésticos adecuados y reducirá la amenaza que supone la dependencia de fuentes extranjeras.
De hecho, más de 500.000 acres dentro de los antiguos límites de Bears Ears ya se manejaban como áreas de estudio para posible designación como wilderness, lo que según la administración demuestra que muchas de las protecciones existían antes y no requerían el sello de monumento nacional.
Para el Ejecutivo de Washington, liberar estas tierras no es una cuestión de patrimonio, sino de seguridad nacional: los minerales que esconden son vitales para la defensa y la industria.
La Lógica de Washington
La reducción de monumentos nacionales es una de las herramientas más controvertidas del manual de Donald Trump para reforzar la independencia energética y de materias primas. La lectura desde la Casa Blanca es directa: si la ley permite que un presidente declare monumento sobre miles de acres con un simple trazo, también debería permitirle rectificar ese trazo si la protección resulta excesiva o interfiere con intereses estratégicos. En 2017, Trump ya recortó Bears Ears en un 85% y Grand Staircase en un 50%, pero los tribunales nunca llegaron a resolver si el presidente puede revocar lo que otro presidente creó. Ahora, con una nueva proclamación, el debate vuelve a los juzgados.
La lógica política tampoco es ajena al movimiento. Utah es un estado profundamente republicano donde la minería y la extracción de petróleo y gas generan miles de empleos y un amplio respaldo electoral. Al devolver estas tierras al control de la BLM, la administración satisface a los gobiernos locales y a los legisladores que llevan años denunciando lo que califican de «acaparamiento federal». Además, el año pasado el propio Trump firmó una orden ejecutiva para acelerar los permisos de minería de tierras raras en todo el país: la reducción de Bears Ears y Grand Staircase encaja de lleno en esa estrategia.
Para España las consecuencias son muy indirectas. La Unión Europea depende en un 98% de China para el suministro de tierras raras y otros minerales estratégicos. Si Estados Unidos logra desarrollar una capacidad minera doméstica significativa en Utah, Bruselas podría encontrar en Washington un proveedor alternativo más fiable, aunque los plazos de la minería hacen casi imposible que el impacto se note antes de cinco o diez años. Las empresas españolas del sector automotriz y de energías renovables, grandes consumidoras de estos metales, observarían con interés cualquier diversificación que reduzca la presión de los precios y los cuellos de botella chinos.
La proyección inmediata es judicial. Las organizaciones ecologistas y las tribus hopi, navajo, ute y zuni ya han insinuado que volverán a presentar demandas contra lo que consideran una expoliación de su patrimonio cultural. La batalla legal podría prolongarse durante años y, si llega al Tribunal Supremo, zanjar de una vez la cuestión de si un presidente puede deshacer el monumento nacional creado por otro. Mientras, la Oficina de Gestión de Tierras comenzará a procesar las solicitudes de exploración minera sobre los nuevos terrenos liberados.
Ficha del Caso
- El caso: La administración Trump utiliza la Antiquities Act para reducir la extensión de dos monumentos nacionales en Utah y liberar así tierras ricas en minerales estratégicos, revirtiendo las protecciones que Biden restauró en 2021.
- Datos clave: Bears Ears pasa de 1,36 millones de acres a 121.096; Grand Staircase-Escalante, de 1,87 millones a 181.500 acres. Se estima que el subsuelo contiene uranio, vanadio, cobre y otros minerales críticos para la defensa y la industria.
- Para España: El impacto directo es casi nulo, pero la UE, altamente dependiente de China en minerales críticos, vería con buenos ojos un futuro proveedor estadounidense. Cualquier efecto tangible tardaría al menos cinco años en materializarse.
