Vox ha dado este lunes un paso más en su ofensiva contra las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) al anunciar una doble batalla judicial: la presentación de recursos contencioso-administrativos contra las ordenanzas de siete municipios de la provincia de Barcelona y alegaciones al Plan Metropolitano de Movilidad Urbana (PMMU) 2025-2030.
Los municipios afectados son Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Manresa, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet, Mataró y Sant Cugat. Según el partido, estas restricciones al tráfico carecen de una justificación técnica y económica suficiente y reproducen un modelo que ya ha sido cuestionado en distintas resoluciones judiciales.
Los argumentos de Vox: ‘rodillo ideológico’ y defensa de autónomos y familias
El portavoz de VOX en el Área Metropolitana de Barcelona, Gonzalo de Oro, denunció que el plan metropolitano responde a planteamientos ideológicos más que a criterios técnicos. ‘No es un proyecto técnico, sino un rodillo ideológico’, afirmó. A su juicio, las medidas previstas endurecen las limitaciones al uso del vehículo privado y tendrán consecuencias negativas para autónomos, pequeños comercios, trabajadores y familias que dependen del coche.
Las alegaciones del partido también critican el procedimiento: el documento, solo en catalán, se ha elaborado apoyándose en infraestructuras con financiación no garantizada y sin un estudio detallado del impacto económico. Vox sostiene, además, que las ZBE no mejoran la calidad del aire y trasladan el coste a las rentas medias y bajas.
Jurisprudencia contradictoria y el silencio del PP
La ofensiva de Vox se apoya en precedentes judiciales que ya han tumbado algunas ZBE por falta de proporcionalidad. El caso más reciente es Madrid, donde el Ayuntamiento, gobernado por el PP, mantiene las multas a pesar de una sentencia en contra. Esta situación coloca a los populares en una posición incómoda: mientras el PP catalán guarda silencio, Vox capitaliza el descontento de los sectores más afectados.
La formación capitaliza el descontento ciudadano frente a unas restricciones que los tribunales ya han puesto en cuestión.
Fuentes de Vox consultadas por Moncloa.com subrayan que la intención es forzar a las administraciones a justificar con datos una política que, según los tribunales, no puede basarse en suposiciones. La viabilidad de los recursos es alta, afirman, porque los argumentos técnicos son sólidos y la jurisprudencia reciente les es favorable.
Una estrategia para marcar perfil propio y tensionar al PP por la derecha
Más allá de la batalla jurídica, el movimiento de Vox tiene una clara lectura política. Con esta ofensiva, el partido refuerza su discurso en defensa de la libertad de circulación y del vehículo privado, un discurso que le ha permitido conectar con amplias capas de autónomos y trabajadores. Al mismo tiempo, presiona al PP, que en Cataluña evita pronunciarse sobre un asunto que divide a su electorado.
La iniciativa se produce en un contexto de pugna constante por el espacio de la derecha. Vox no solo se opone al Gobierno de Pedro Sánchez y a las políticas verdes de la izquierda, sino que también subraya las incoherencias del PP: mientras en Madrid mantiene activas las multas de la ZBE pese a los fallos judiciales, en Barcelona calla. El mensaje de Santiago Abascal y su equipo es nítido: Vox es el único partido que defiende sin matices a quienes se ven perjudicados por estas restricciones ideológicas.
Con esta ofensiva, Vox pone a prueba la resistencia de las administraciones metropolitanas y busca consolidar su perfil como alternativa real para las elecciones municipales de 2027.
