EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La jueza del caso DANA ha rechazado que la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, declare de nuevo en la instrucción penal.
- ¿Quién está detrás? La instructora del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, que investiga los 229 fallecimientos de la DANA del 29 de octubre de 2024.
- ¿Qué impacto tiene? El auto desestima las pruebas que la acusación consideraba clave, al no hallar relación con las muertes en La Torre, y refuerza la tesis de que la falta de avisos fue el factor determinante.
La jueza del caso DANA ha rechazado este lunes que la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, declare de nuevo en la instrucción penal que investiga los 229 fallecimientos del 29 de octubre de 2024.
La petición de la acusación y la respuesta de la jueza
La instructora del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja ha desestimado la solicitud de la acusación particular que representa a familiares de víctimas de La Torre. En un auto fechado este lunes, la jueza argumenta que las pruebas pedidas son en su mayoría «reiterativas» o «carecen de conexión objetiva» con los fallecimientos en esa pedanía.
La resolución judicial incide en que el agua que llegó a La Torre procedía del barranco del Poyo. Ni las compuertas de la Albufera, ni las depuradoras ni los colectores contribuyeron a las muertes, según el auto. El control de la fuente de riesgo —los cauces y barrancos— era lo determinante para evitar el resultado lesivo.
La jueza también rechaza la declaración del concejal delegado del Ciclo del Agua, Carlos Mundina, porque el sistema de drenaje de la ciudad no puede ser la causa de los fallecimientos. En La Torre, la mayoría de las víctimas fueron atrapadas en un garaje, y una de ellas fue arrastrada a su interior cuando caminaba por la calle, según detalla el propio auto.
Los argumentos del auto: el origen del agua y la falta de avisos
La jueza recuerda que la situación del barranco del Poyo era ya conocida en el Cecopi, el centro de coordinación operativa integrado. La clave, insiste, fue la ausencia de avisos a la población. «Lo determinante era avisar a la población», reza el auto, que califica de «letal» la falta de alertas a los vecinos de La Torre y a quienes circulaban por la pedanía aquella tarde.
En paralelo, la instructora ha acordado nuevas diligencias. Ha pedido a la Subdirección General de la Conselleria de Emergencias un listado de las comunicaciones por radio mantenidas con los ayuntamientos el día de la DANA, con la hora, duración e identidad de los interlocutores. La Conselleria dispone de tres días para remitir el informe.
Además, ha solicitado de nuevo a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias el informe número 3 de la DANA, con la hora de emisión y de inclusión en la lista de difusión, en un plazo de dos días.
El origen del agua en La Torre fue el barranco del Poyo y lo que falló no fue la red de saneamiento, sino el aviso a la población.
En el mismo auto, la jueza ha aceptado la declaración como testigo de la hija de una anciana residente en un centro de mayores de Paiporta que falleció en un hospital tras la inundación, y ha solicitado al centro la identidad de las personas que auxiliaron a otra residente.
El Escenario Valenciano
La instrucción del caso DANA avanza lentamente, con el foco judicial en determinar las responsabilidades que cada administración tuvo en la gestión de la emergencia. La jueza no ha citado de nuevo a la alcaldesa Catalá, pero el expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, también está investigado en la causa, así como otros altos cargos del anterior Consell. La decisión de este lunes refuerza la línea de la investigación que apunta a que el fallo principal fue la falta de alerta a la población, un debate que trasciende a la Comunitat Valenciana y afecta al conjunto del sistema nacional de protección civil. Las comparaciones con otras catástrofes, como la riada de Biescas de 1996, donde la ausencia de un sistema de alerta temprana se cobró 87 vidas, ponen de relieve la necesidad de protocolos claros y coordinados entre administraciones. El Gobierno central, que ya ha comprometido más de 16.000 millones de euros para la reconstrucción, mantiene la supervisión sobre la ejecución de esos fondos mientras las Corts Valencianes y el Congreso de los Diputados examinan las lecciones aprendidas. El caso DANA se ha convertido en un test de estrés para el modelo autonómico de emergencias.
Ficha del Caso
- El caso: La jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja investiga los 229 fallecimientos registrados durante la DANA del 29 de octubre de 2024. La acusación particular solicitó la declaración de la alcaldesa de Valencia y la instrucción de pruebas sobre el sistema de saneamiento.
- Datos importantes: El auto judicial determina que el agua que anegó La Torre procedía del barranco del Poyo y no de los sistemas de drenaje de la ciudad. La falta de avisos a la población es considerada «letal». Además, la jueza ha requerido las comunicaciones por radio con ayuntamientos y el informe número 3 de la Agencia Valenciana de Emergencias.
- Resumen: La investigación criminal se centra en la gestión de la emergencia y, especialmente, en la responsabilidad por no haber alertado a la población, un elemento clave que mantiene bajo la lupa tanto a las administraciones locales como a la autonómica.
