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La jueza del caso DANA sostiene que una alerta enviada antes de las 20:57 habría salvado vidas en La Torre.

EN 30 SEGUNDOS

• ¿Qué ha pasado? La instructora, Nuria Ruiz Tobarra, ha dictado un auto con nuevas diligencias sobre los avisos que recibieron las pedanías de Valencia durante la riada.
• ¿Quién está detrás? La causa apunta a la exconsellera Salomé Pradas y al exsecretario autonómico Emilio Argüeso.
• ¿Qué impacto tiene? El auto coloca la cadena institucional de avisos en el centro de la responsabilidad y obliga a la Generalitat a explicar qué se comunicó y cuándo.

La instructora responde con este auto a la solicitud de una acusación y ordena identificar al funcionario adscrito a la pedanía para saber qué información le trasladaron las autoridades la tarde de la DANA, el temporal que provocó las inundaciones de finales de 2024. El razonamiento, eso sí, ya aparecía en resoluciones anteriores: una emergencia avisada con días de antelación y seguida en directo por los medios difícilmente admite las muertes de La Torre.

Lo que la jueza quiere saber de las horas previas al garaje de La Torre

El auto describe una mortalidad altísima concentrada en un garaje de la calle Mariano Brull, aunque no solo allí. Siete personas murieron en ese sótano. Entre las víctimas, una pareja, un matrimonio con su hija, un residente, una viandante, y fuera del garaje, dos personas que volvían de su trabajo y dos vecinas cuyos cuerpos aparecieron en Sedaví.

Los mensajes que conservan las familias reconstruyen la noche minuto a minuto. A las 20:21, uno de los fallecidos llamó a su padre tras subir la moto y el coche al primer sótano. A las 20:31 intentó salir por la escalera: ya había un metro de agua en la calle. A las 20:44 seguía dentro del garaje. A las 21:13 ya no respondió a un mensaje de su padre.

El alcalde pedáneo declaró como testigo que no había recibido avisos directos desde el Centro de Coordinación de Emergencias. Fue la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, quien le remitió el aviso rojo de AEMET en un chat de WhatsApp. La propia primera edil reconoció que desconocía el riesgo que se cernía sobre la pedanía hasta que el alcalde pedáneo la avisó, a las 20.13 horas.

La jueza subraya que en La Torre no llovía y que sus vecinos no podían ser conscientes del peligro cuando bajaron al garaje, caminaban por la acera o circulaban en coche. El mensaje de las 20:11 era tan genérico que la propia Salomé Pradas lo calificó, en una conversación con quien fuera jefe de gabinete del expresident Carlos Mazón, como un simple aviso de precaución. Ningún vecino podía saber que el agua ya estaba subiendo.

En La Torre no llovía, y esa es exactamente la razón por la que el aviso que nunca llegó marcó la diferencia entre la vida y la muerte.

Pradas, Argüeso y el argumento que la Audiencia Provincial ya rechazó

Sobre Salomé Pradas, la instructora sostiene que la exconsellera asumió tarde y mal que la decisión recaía en ella como mando único en la situación 2 de emergencia. Y añade un reproche procesal: en su segunda comparecencia en el Congreso, Pradas volvió a hablar de una codirección del Cecopi, el centro que coordina a todas las administraciones, y apeló a la normativa estatal. Para la jueza, eso supone un rechazo frontal a lo resuelto por la Audiencia Provincial de Valencia.

Con Emilio Argüeso ocurre algo parecido. El exsecretario autonómico declaró como investigado que no tenía por qué estar en el Cecopi porque no estaba convocado. La magistrada responde que la convocatoria la realiza la AVSRE, la Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, y que el secretario autonómico es el director de ese organismo.

Hay además una propuesta que sobrevuela todo el auto. El subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, planteó un mensaje que recomendaba subir a plantas altas. Estaba pensado para municipios aguas abajo de Forata, pero la jueza cree que habría servido igualmente en otras cuencas. Ese texto podría haber salvado vidas de haberse enviado antes de las 20:57.

La jueza insiste en algo incómodo: los medios de comunicación eran una fuente de información disponible en el Cecopi. El avance del desbordamiento del barranco del Poyo se conocía mucho antes de que el agua llegara a La Torre. En el domicilio de uno de los fallecidos se seguía aguas arriba. En el Cecopi se llegó a afirmar que no.

El auto ordena identificar al funcionario adscrito a La Torre y obtener las comunicaciones que recibió del Centro de Coordinación de Emergencias. También llama a declarar como testigo al alcalde pedáneo de Forn d’Alcedo a fecha de la DANA. La jueza, en cambio, rechaza volver a pedir a la alcaldesa la entrega voluntaria de comunicaciones.

El Escenario Valenciano

Cada resolución reabre la misma herida política. El Consell que preside Juanfran Pérez Llorca convive con un proceso que apunta a dos cargos de la etapa anterior del PP y con un expresident, Carlos Mazón, que conserva su acta de diputado en las Corts Valencianes y cuya gestión sigue siendo el frente más incómodo para su partido. El pacto con Vox aguanta. PSPV y Compromís han hecho de la responsabilidad institucional su principal arma parlamentaria.

La dimensión nacional es inseparable. AEMET y el SAIH, los sistemas hidrológicos que dependen de la Confederación Hidrográfica del Júcar, fueron las fuentes técnicas que anticiparon la catástrofe, y el Cecopi es un órgano de coordinación entre administraciones. El pulso sobre quién mandaba aquella tarde se libra también en el Congreso, donde Pradas ha comparecido dos veces, y en la tensión entre la normativa estatal de protección civil y la autonómica. La comparación con otros desastres, como la riada de Biescas de 1996, forma parte del debate institucional.

A corto plazo, la causa avanza por dos vías: las diligencias sobre la información que circuló por las pedanías y la reconstrucción de la cadena de mando del Cecopi. En paralelo, la recuperación de las zonas afectadas sigue su curso, con el Consorcio de Compensación de Seguros, el organismo estatal que cubre daños de catástrofes naturales, como referencia para las familias. La próxima cita judicial volverá a poner La Torre en el centro.

Ficha del Caso

• El caso: La jueza del caso DANA reclama aclarar qué información recibieron las pedanías de Valencia antes de la riada, con La Torre como epicentro de la instrucción penal.
• Datos importantes: Siete fallecidos en un garaje de la calle Mariano Brull; aviso rojo de AEMET; propuesta de mensaje para subir a plantas altas; hora clave, las 20:57.
• Resumen: El auto mantiene en el foco a la exconsellera Pradas y al exsecretario Argüeso y sitúa la cadena institucional de avisos en el centro de la responsabilidad.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha aplazado a septiembre de 2027 la misión a la zona cero de la DANA. La decisión se votó el pasado lunes y deja la visita oficial casi tres años después de la catástrofe, que causó 233 víctimas mortales.

EN 30 SEGUNDOS

• ¿Qué ha pasado? La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo retrasa a septiembre de 2027 la misión de diputados a la zona cero de la DANA, prevista para este octubre.
• ¿Quién está detrás? El aplazamiento salió adelante con los votos del PP, los de Vox y el del eurodiputado Diego Solier, exmiembro de Se Acabó la Fiesta. El PSOE pedía celebrarla en diciembre o en febrero.
• ¿Qué impacto tiene? Bruselas no evaluará sobre el terreno la gestión de la emergencia hasta casi tres años después de la riada.

La misión de la Comisión de Peticiones —el órgano del Parlamento Europeo que tramita las quejas de los ciudadanos— debía desembarcar en la provincia de Valencia este octubre, con el segundo aniversario de las inundaciones del 29 de octubre de 2024 como telón de fondo. Su objetivo era analizar la gestión de la catástrofe: las causas, las consecuencias y el rastro institucional de las 233 muertes. Ya no será así.

Una votación con tres nombres y un calendario electoral

El acuerdo salió adelante con los votos del PP y Vox, a los que se sumó el eurodiputado Diego Solier, exmiembro de Se Acabó la Fiesta. La enmienda socialista cayó sin más trámite.

La eurodiputada valenciana del PSOE Sandra Gómez, que había impulsado la misión desde el principio, propuso celebrarla en diciembre o, en su defecto, en febrero. No hubo manera. El argumento oficial es la incompatibilidad con las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026. El resultado práctico es que la visita se aleja once meses más y que la campaña se cruza donde antes había una misión de observación. El calendario pesa más que cualquier informe técnico pendiente.

Encima de la mesa había mucho más que una foto. La misión incluía reuniones con las asociaciones de víctimas, con todas las administraciones implicadas, y con organismos técnicos como la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) o la Confederación Hidrográfica del Júcar, el organismo estatal que gestiona la cuenca donde se produjo la riada.

Aplazar la mirada europea casi tres años es la manera más elegante de no responder a las 233 víctimas.

Lo que el PSOE llama vergüenza y el PP llama calendario

Sandra Gómez no se mordió la lengua. En declaraciones a elDiario.es, la eurodiputada socialista calificó el aplazamiento de «auténtica vergüenza que no hace sino demostrar una vez más que el PP tiene pánico a visibilizar su gestión de la catástrofe». Añadió que a los populares «les molesta que se hable de la dana porque han estado boicoteando esta misión desde el principio».

La comparación que puso sobre la mesa tiene su lógica: habrá una misión de eurodiputados a Ceuta en febrero de 2027, por un episodio ocurrido el pasado agosto. La riada valenciana es de octubre de 2024, y cuando los diputados lleguen a la zona cero habrán pasado casi tres años. «Es lamentable cuando estaba la opción de hacerla en diciembre», zanjó.

El Escenario Valenciano

En la Generalitat, el aplazamiento europeo se lee con alivio contenido. El Consell de Pérez Llorca —el gobierno autonómico de coalición entre PP y Vox— afronta la reconstrucción con el foco judicial encendido: la causa que investiga la gestión de la emergencia sigue abierta y el expresident Carlos Mazón, que dimitió en noviembre de 2025 y conserva su acta de diputado en las Corts Valencianes, el parlamento autonómico, continúa citado en ese procedimiento.

La oposición no lo ve igual. PSPV y Compromís sostienen que la ejecución de los fondos del Plan RERD, el instrumento con el que la Generalitat canaliza las ayudas de reconstrucción, avanza por debajo de lo comprometido, y han reclamado en las Corts que el Consell detalle cuánto dinero estatal y europeo ha llegado ya a los municipios afectados. El president Juanfran Pérez Llorca responde con cifras de ejecución y con el argumento de que la reconstrucción es una carrera de fondo.

Queda la proyección. El aplazamiento se explica por las elecciones generales del 29 de noviembre, en las que la gestión de la DANA volverá a ser munición de campaña en Madrid. La misión europea quedará para septiembre de 2027, cuando la reconstrucción valenciana deberá haber cerrado capítulos que hoy siguen abiertos en los juzgados y en las asociaciones de afectados. La política tiene calendario. Los afectados, no.

Ficha del Caso

• El caso: La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo retrasa a septiembre de 2027 su misión a la zona cero de la DANA, prevista para octubre de 2026.
• Datos importantes: Votaron a favor el PP, Vox y el eurodiputado Diego Solier; el PSOE pedía celebrarla en diciembre o febrero. La catástrofe causó 233 víctimas mortales.
• Resumen: Bruselas esperará casi tres años desde la riada para evaluar la gestión de la emergencia, en plena pugna electoral entre el PP y el Gobierno central.