La Policía Nacional detiene en Sevilla a tres implicados en el robo a turistas tras seguirlos desde el aeropuerto

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a tres personas por el asalto violento a una familia de turistas en el centro.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a tres personas por un robo con violencia a una familia de turistas.
  • ¿Dónde y quién? El asalto se produjo en el centro de Sevilla y dos de los arrestados ya han ingresado en prisión provisional.
  • ¿Qué supone para los ciudadanos? La operación desarticula el núcleo de un grupo criminal especializado en seguir a turistas desde el aeropuerto.

Del aeropuerto al centro: la ruta del grupo criminal

El operativo se ha cerrado, por el momento, con la desarticulación del núcleo de un grupo criminal que, según las pesquisas policiales, actuaba con un elevado grado de coordinación y especialización. Los agentes sitúan el punto de partida en el aeropuerto de Sevilla, donde los sospechosos habrían iniciado el seguimiento de la familia para aprovechar su llegada a la ciudad y cometer el asalto en el casco histórico.

La víctima fue una familia de turistas que se desplazaba desde la terminal hasta el centro de la capital andaluza. El asalto, calificado como robo con violencia e intimidación, se produjo en pleno centro, un entorno de alta afluencia que el grupo utilizaba como cobertura para reducir el margen de reacción de sus objetivos.

Además del robo, los investigadores atribuyen a los arrestados la sustracción de un vehículo. Ese dato refuerza la hipótesis de que el grupo no improvisaba: disponía de medios y repartía funciones entre sus integrantes para completar la huida y dificultar la localización de los objetos sustraídos.

Tres arrestos y prisión para dos de los implicados

La operación ha concluido con tres personas detenidas en Sevilla por su presunta implicación en los hechos. Dos de ellas han ingresado en prisión provisional por decisión judicial, mientras la investigación continúa abierta, lo que no descarta nuevas diligencias en las próximas semanas.

El perfil del grupo revela una forma de delinquir distinta al hurto espontáneo. La vigilancia desde el aeropuerto, la elección de turistas recién llegados y la comisión del robo en pleno centro exigen planificación, movilidad y un conocimiento detallado de los ritmos de la ciudad.

Cada visitante que pasea por el centro de Sevilla sostiene empleos, hoteles y comercios: su seguridad es también la seguridad económica de la ciudad.

La Lectura Andaluza

La seguridad turística se ha convertido en una prioridad para una ciudad como Sevilla, cuyo casco histórico concentra monumentos, hoteles, restaurantes y una parte esencial del empleo del sector servicios. No es un asunto menor: el turismo urbano representa una de las principales fuentes de ingresos de la capital andaluza y de la provincia, y cada episodio de inseguridad se traduce en percepción negativa para miles de visitantes. No es la primera operación contra grupos que actúan en zonas de gran afluencia turística; en los últimos años, barrios como Santa Cruz, El Arenal y Triana han sido escenario de campañas preventivas y de refuerzo de la presencia policial.

La desarticulación del núcleo del grupo refuerza la respuesta institucional y devuelve un mensaje de control en el centro. Para los vecinos, la presencia policial en plazas y calles turísticas es una reivindicación permanente; para los comerciantes, la seguridad es inseparable de la actividad económica. Con dos de los tres detenidos en prisión provisional, la operación de Sevilla ofrece un resultado tangible a esa demanda y recupera la confianza en una zona que concentra hoteles, comercios y apartamentos turísticos.

La investigación sigue abierta y las próximas semanas serán clave para determinar si el grupo extendía su actividad a otras zonas de la provincia o si contaba con ramificaciones. Sevilla vuelve a demostrar que su principal patrimonio, la capacidad de atraer visitantes, también exige una vigilancia constante.

El INCIBE alerta de dos vulnerabilidades altas en WibuKey de WIBU-SYSTEMS que permiten el control total del sistema

El INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad, el organismo público que gestiona la ciberseguridad para empresas y ciudadanos) ha publicado este viernes 28 de agosto de 2026, a las 10:17 horas, un aviso SCI (Sistemas de Control Industrial) por dos vulnerabilidades de severidad alta en WibuKey, el componente de protección y licenciamiento de WIBU-SYSTEMS. Los fallos permiten a un atacante local con permisos limitados provocar una denegación de servicio o elevar privilegios hasta obtener el control total del sistema.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha ocurrido? El INCIBE ha publicado un aviso SCI por dos vulnerabilidades altas en WibuKey, de WIBU-SYSTEMS.
  • ¿Dónde y cuándo? El aviso fue emitido este viernes 28 de agosto de 2026 a las 10:17 horas.
  • ¿Qué resultado? La actualización a la versión 6.71 corrige fallos que permiten denegación de servicio, escalada de privilegios y control total.

Dos fallos de severidad alta en el controlador de WibuKey

El primer fallo, identificado provisionalmente como CVE-Pendiente-001, se localiza en el controlador WibuKey64.sys para Windows. Según el aviso, una validación incorrecta de los límites de memoria permite a un atacante local manipular punteros y acceder a posiciones fuera del ámbito previsto. La consecuencia inmediata es una denegación de servicio, aunque el fabricante no descarta que la condición pueda derivar en ejecución de código o escalada de privilegios.

El segundo fallo, CVE-Pendiente-002, afecta al controlador WibuKey2_64.sys para Windows de 64 bits. Una desreferencia de un puntero no confiable permite realizar operaciones arbitrarias de escritura en memoria, lo que puede ser explotado para elevar privilegios, ejecutar código arbitrario y obtener el control completo del sistema. El aviso del INCIBE califica ambas vulnerabilidades con severidad 4 – Alta.

La solución del INCIBE: actualizar a la versión 6.71

El INCIBE recomienda actualizar WibuKey a la versión 6.71 o posterior, donde ambas vulnerabilidades han sido corregidas. El aviso, con identificador INCIBE-2026-591, afecta a todas las versiones de WibuKey para Windows anteriores a esa revisión. La vía de explotación es local, por lo que el atacante necesita disponer de un usuario con privilegios limitados en el equipo objetivo.

Las dos vulnerabilidades fueron reportadas por Keum Sung y 김명규. El boletín mantiene ambos CVE como pendientes de asignación definitiva, por lo que no es necesario esperar a la asignación de CVE para aplicar el parche. La actualización elimina la capacidad de manipulación de memoria en ambos controladores.

El fabricante mantiene dos avisos de seguridad de producto, WIBU-100057 y WIBU-100031. Mientras los identificadores CVE definitivos no se publiquen, el INCIBE recomienda aplicar la actualización de forma prioritaria en todos los equipos que utilicen WibuKey para Windows, especialmente en entornos de sistemas de control industrial, estaciones de trabajo administrativas y servidores con licencias protegidas.

El aviso del INCIBE confirma que la ciberseguridad industrial sigue siendo un vector de ataque activo; actualizar a la versión 6.71 elimina la escalada.

El panorama de la ciberseguridad

El aviso se integra en la serie de alertas SCI del INCIBE-CERT, el equipo de respuesta ante incidentes de seguridad industrial del Instituto Nacional de Ciberseguridad. El identificador INCIBE-2026-591 refleja una actividad sostenida de publicación de avisos en 2026: la presente alerta es la número 591 del año. La explotación local de este tipo de fallos es especialmente relevante en entornos corporativos e industriales, donde una cuenta de usuario limitada puede convertirse en la puerta de entrada a sistemas de producción o redes administrativas.

La recomendación técnica es directa: aplicar la versión 6.71 de WibuKey en cuanto sea posible. El INCIBE no ha detallado si las dos vulnerabilidades han sido explotadas activamente antes de la publicación del aviso, pero mantiene la calificación de severidad alta y remite a los boletines del fabricante. Mientras los CVE no reciban identificador definitivo, los administradores de sistemas deben tratar los fallos como un riesgo confirmado de escalada de privilegios.

Becas MEC 2026-2027: requisitos, plazos y cómo solicitar la beca del Ministerio de Educación

Las becas MEC 2026-2027 son la principal ayuda estatal para estudiar, con requisitos académicos y de renta fijados por el Ministerio.

La convocatoria de la beca general del Ministerio se publica en el BOE y se tramita a través de la sede electrónica del Ministerio. Para el curso 2026-2027, el plazo de solicitud ya está cerrado; quienes presentaron su petición en plazo se encuentran a la espera de la resolución.

Qué son las becas MEC y qué requisitos fija la convocatoria 2026-2027

La beca general del Ministerio de Educación cubre la matrícula y puede sumar ayudas de cuantía variable en función de la renta familiar y del rendimiento académico. La convocatoria distingue dos bloques: requisitos académicos, con notas mínimas según el nivel de estudios, y requisitos de renta, con umbrales que se actualizan cada curso.

En bachillerato, el rendimiento exigido se mide con la nota media del curso anterior; en enseñanzas universitarias, se exige alcanzar un número mínimo de créditos superados en función de la rama y el curso. Las cifras exactas para 2026-2027 deben consultarse en la convocatoria publicada en el BOE.

Los umbrales de renta se calculan sobre la declaración del IRPF de los miembros de la unidad familiar y se estructuran en tramos: cuanto menor es la renta, mayores son las cuantías. La convocatoria 2026-2027 mantiene la lógica de beca general con cuantías fijas y variables, según lo publicado por el Ministerio.

Las becas MEC cubrieron en el curso 2023-2024 a más de 800.000 estudiantes, con una cuantía media de 2.100 euros por beneficiario, según datos del Ministerio de Educación.

Además de la nota y de la renta, la convocatoria exige estar matriculado en un centro del sistema educativo público o concertado y presentar la solicitud dentro del plazo oficial. Las enseñanzas cubiertas incluyen bachillerato, FP (Formación Profesional), enseñanzas artísticas y grados universitarios.

Cómo se solicita la beca general del Ministerio de Educación

La solicitud se presenta de forma telemática en la sede electrónica del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, con certificado digital, Cl@ve o usuario y contraseña. El formulario recoge los datos del solicitante, la matrícula y los miembros de la unidad familiar para calcular la renta.

Al finalizar, la aplicación genera un justificante que conviene conservar. El Ministerio cruza los datos con la Agencia Tributaria para verificar la renta y, si hay errores, permite subsanar la solicitud en los plazos indicados.

Para el curso 2026-2027, el estado de la solicitud puede consultarse en la sede electrónica. Las notificaciones se realizan por medios electrónicos salvo que la convocatoria indique lo contrario.

El Marco Educativo

El marco normativo de las becas se apoya en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en las convocatorias anuales publicadas en el BOE. El Estado fija los elementos comunes y la financiación, mientras que las comunidades autónomas participan en la gestión y pueden convocar ayudas complementarias.

En la gestión intervienen el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, las consejerías de Educación y los centros educativos, que validan la matrícula. Las asociaciones de familias y los sindicatos docentes suelen pedir plazos más amplios y umbrales de renta menos restrictivos.

La proyección es anual: la convocatoria se publica cada curso, normalmente en primavera, y la resolución definitiva llega antes del inicio del siguiente. Quien no haya obtenido la beca puede presentar alegaciones según los plazos de la resolución. Los cambios normativos se reflejan en la convocatoria publicada en el BOE correspondiente a cada curso.

Claves de la Noticia

  • Qué importa: La beca general del Ministerio de Educación financia parte de los estudios y se solicita de forma telemática.
  • Por qué importa: La convocatoria 2026-2027 define los umbrales de renta y los requisitos académicos que condicionan el acceso a la ayuda.
  • A quién le importa: Estudiantes de bachillerato, FP, enseñanzas artísticas y grados universitarios, además de sus familias.

Interior refuerza el triaje de migrantes en Ceuta: ocho nuevas líneas que afectan a la escolarización de menores

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha cambiado? El Ministerio del Interior ha ampliado el triaje de migrantes en Ceuta con ocho nuevas líneas en el CATE de El Tarajal, según la nota de prensa difundida por La Moncloa el 27 de agosto de 2026.
  • ¿Quién lo ha decidido? El Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional y de la Dirección General de Protección Internacional.
  • ¿A quién afecta? A las personas migrantes que llegan a Ceuta, en especial a los menores no acompañados, cuya protección y escolarización dependen del triaje previo.

El Ministerio del Interior ha reforzado el triaje de migrantes en Ceuta con ocho nuevas líneas de trabajo en el CATE de El Tarajal.

La medida se recoge en la nota de prensa publicada por La Moncloa el 27 de agosto de 2026. El dispositivo amplía la identificación y el registro de las personas migrantes que permanecen en Ceuta en el CATE (Centro de Acogida Temporal de Extranjeros) de El Tarajal y agiliza la primera fase de las solicitudes de asilo.

Ocho líneas de identificación policial en el CATE de El Tarajal

La Policía Nacional ya realizaba labores de identificación y reseñas en la Jefatura Superior de Ceuta y en el puesto fronterizo. Ahora suma ocho nuevas líneas en el CATE provisional habilitado en unas naves del Polígono Industrial de El Tarajal.

Las líneas son operadas por unidades de Extranjería y Fronteras, Policía Científica y Seguridad Ciudadana. Cuentan con equipos informáticos, impresoras, puntos de red ADSL y medios técnicos para la identificación y el registro de los migrantes.

El CATE estará finalizado el 4 de septiembre. En ese momento, las ocho líneas pasarán a ser catorce y se sumarán a las cuatro de la Jefatura Superior y a las seis del paso fronterizo.

El triaje es preceptivo y previo a cualquier procedimiento administrativo, incluida la protección de menores, según la nota del Ministerio del Interior.

El refuerzo de asilo y el impacto en los menores

En paralelo, ha llegado a Ceuta un equipo de once miembros de la Dirección General de Protección Internacional. Reforzará los equipos que, junto a la Policía Nacional, formalizan y tramitan las solicitudes de asilo durante el triaje.

Las entrevistas se centran en quienes solicitan protección internacional, en especial en menores en situación de desamparo, mujeres, niñas y personas vulnerables. Se realizarán en formato presencial, en horario de mañana y tarde, y por videoconferencia con personal ubicado en Madrid.

El triaje incluye un reconocimiento médico a cargo de Cruz Roja, un examen de vulnerabilidad realizado por los servicios médicos de la Policía Nacional, la identificación biométrica y el registro en una base de datos policial.

La condición preceptiva del triaje conecta directamente con la escolarización. Antes de iniciar cualquier procedimiento de protección de menores, las autoridades deben completar la identificación y el examen de vulnerabilidad. Solo después puede activarse la tutela y, con ella, el acceso al sistema educativo en Ceuta.

El Marco Educativo

El dispositivo se enmarca en la normativa de extranjería y protección internacional. La nota de Interior no cita un artículo concreto, pero sí establece que el triaje es preceptivo y previo a cualquier procedimiento administrativo, ya sea expulsión, devolución, protección internacional, protección de menores o víctimas de trata. En el plano educativo, la escolarización de los menores no acompañados corresponde a la administración educativa de Ceuta una vez que el menor queda bajo tutela.

El Ministerio del Interior coordina el refuerzo policial; la Dirección General de Protección Internacional asume las entrevistas de asilo; Cruz Roja realiza el reconocimiento médico; y los servicios médicos de la Policía Nacional evalúan la vulnerabilidad. La Ciudad Autónoma de Ceuta no aparece en la nota, pero es la administración competente para activar la protección y, con ella, la escolarización.

El CATE provisional contará con 856 metros cuadrados para oficinas policiales y 1.179 metros cuadrados para uso habitacional con 400 plazas. Las obras estarán terminadas el 4 de septiembre. Con la ampliación de líneas y el refuerzo del equipo de asilo, el Ministerio busca acortar los plazos del triaje y de la primera fase de protección internacional antes del inicio del curso escolar.

Claves de la Noticia

  • Qué importa: El Ministerio del Interior ha ampliado el triaje de migrantes en Ceuta con ocho nuevas líneas en el CATE de El Tarajal y un refuerzo de asilo.
  • Por qué importa: El triaje es preceptivo y previo a la protección de menores, por lo que condiciona la escolarización de los menores no acompañados.
  • A quién le importa: A los menores migrantes no acompañados que llegan a Ceuta, a sus futuros centros educativos y a la administración educativa de la ciudad autónoma.

El INCIBE alerta de dos vulnerabilidades críticas en ASE2000, el sistema de control de subestaciones eléctricas

El INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad, el organismo que gestiona la ciberseguridad en España) ha publicado este viernes 28 de agosto un aviso de seguridad tras confirmarse dos vulnerabilidades críticas en ASE2000 V2, el sistema de control de subestaciones eléctricas de Applied Systems Engineering.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha ocurrido? El INCIBE ha emitido el aviso INCIBE-2026-589 sobre dos vulnerabilidades críticas en ASE2000 V2.
  • ¿Qué versiones afectan? Las versiones 2.25 a 2.37, con riesgo de lectura o modificación de comunicaciones protegidas.
  • ¿Qué deben hacer los operadores? Actualizar a la versión 2.38, publicada por ASE/Kalkitech para corregir ambos fallos.

Dos vulnerabilidades críticas en el sistema de control de subestaciones

El documento, identificado como INCIBE-2026-589, afecta a las versiones 2.25 a 2.37 de ASE2000, una herramienta utilizada en infraestructuras críticas de los sectores energético, químico y de aguas. Según el aviso oficial, los fallos fueron reportados por el investigador Enoch Wang y podrían permitir a un atacante leer o modificar comunicaciones protegidas, además de leer o escribir archivos locales arbitrarios y provocar que la aplicación emita solicitudes de red salientes.

La primera de ellas, CVE-2026-18717, se debe a una validación incorrecta del certificado de cliente TLS (Transport Layer Security) en el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104. Un atacante podría completar el protocolo de enlace TLS y leer o modificar comunicaciones protegidas. La segunda, CVE-2018-1285, está vinculada a versiones antiguas de Apache log4net que no deshabilitan entidades externas XML, lo que abre la puerta a ataques XXE si se aceptan archivos de configuración controlados por el atacante.

La actualización 2.38 y la respuesta del fabricante

La solución indicada por INCIBE pasa por la actualizción a la versión 2.38, ya publicada por ASE/Kalkitech. Este parche corrige ambas vulnerabilidades, actualiza la biblioteca log4net a la versión 3.3.1.0 y revisa la lógica de validación del certificado de cliente para garantizar un tratamiento adecuado de las condiciones de error del certificado.

El aviso, incluido en el repositorio oficial de INCIBE y referenciado como ICSA-26-239-04, recomienda a los operadores de infraestructuras críticas aplicar la actualización de forma prioritaria. El sistema ASE2000 se emplea como banco de pruebas de comunicaciones en subestaciones eléctricas, por lo que una explotación de estos fallos podría tener impacto directo en la disponibilidad y confidencialidad de los sistemas de control industrial. El aviso no confirma explotación activa por el momento, pero mantiene la severidad crítica de ambas vulnerabilidades. El comunicado puede consultarse en el portal del INCIBE-CERT.

Las dos vulnerabilidades críticas vuelven a situar al sector eléctrico en el foco de la ciberseguridad industrial y confirman la importancia de los avisos tempranos del INCIBE.

El panorama de la ciberseguridad

El incidente se enmarca en una tendencia de amenazas persistentes contra los sistemas de control industrial (ICS, por sus siglas en inglés). Los avisos SCI que publica el INCIBE-CERT se centran precisamente en componentes como los de Applied Systems Engineering, donde una validación criptográfica deficiente no es un fallo de laboratorio, sino un vector real de compromiso de infraestructuras críticas.

Los datos de actividad del organismo refuerzan este enfoque. Según los balances públicos del INCIBE, la gestión de incidentes de ciberseguridad en España supera los más de 100.000 incidentes de ciberseguridad anuales en los últimos ejercicios, con un peso creciente de los sectores industriales y de las infraestructuras críticas. La emisión de avisos tempranos como el INCIBE-2026-589 forma parte del sistema nacional de alerta que permite a los operadores aplicar parches antes de una explotación masiva.

La investigación continúa abierta en el plano técnico: el INCIBE no descarta nuevas variantes de explotación de los fallos reportados por Enoch Wang. Mientras tanto, los equipos de seguridad de las empresas eléctricas y de suministro de agua deberán verificar sus inventarios de ASE2000 V2 y aplicar la actualización 2.38 sin dilación, especialmente allí donde el sistema esté expuesto a redes con tráfico de control IEC 60870-5-104.

Los países frugales exigen recortar el presupuesto PAC de la UE: qué perdería el campo español

Los jefes de Gobierno de Alemania, Dinamarca, Finlandia, Austria, Países Bajos y Suecia han formalizado una exigencia de recorte de ‘varios cientos de miles de millones’ de euros en el próximo presupuesto comunitario. La posición de los países frugales pone en el punto de mira a la PAC y, de rebote, al campo español.

Qué piden exactamente los países frugales y por qué afecta a la PAC

La reclamación se ha planteado en el seno del Consejo Europeo y, de acuerdo con la información publicada por Agroinformación, apunta casi con toda seguridad a los fondos de la PAC. Los seis Estados la justifican por la necesidad de contener el gasto comunitario. No se trata de una propuesta normativa cerrada, sino de una posición política en la negociación del próximo marco financiero plurianual (el marco que fija los límites de gasto de la UE durante varios años).

El grupo de los países frugales está formado por economías con un peso relativo menor del sector agrario en su actividad. Su reclamación se enmarca en la discusión sobre las prioridades de gasto para después de 2027. Aun así, el recorte que plantean no concreta qué partidas perderían fondos.

La PAC (Política Agraria Común, el sistema de ayudas al campo financiado por la Unión Europea) absorbe una parte sustancial de ese presupuesto. Por eso, un recorte de esa magnitud dejaría poco margen para mantener intactos los pagos directos y los fondos de desarrollo rural. La negociación aún está abierta, pero el aviso ya está sobre la mesa.

Aunque el recorte no se ha concretado por partidas, el sector agrario europeo lo lee como una amenaza directa. El campo español, muy dependiente de los pagos de la PAC, seguirá la negociación con especial atención. Esa dependencia se entiende mejor desde la estructura de renta y de producción.

Cuánto depende la renta agraria española de los fondos europeos

Las ayudas de la PAC representan una parte importante de la renta agraria española. Según el contexto que recoge la información del sector, el campo español depende de estos fondos para sostener su renta. No es una cuestión menor: en secano, en zonas de montaña y en explotaciones familiares, esos ingresos marcan la diferencia entre continuar o abandonar la actividad.

El recorte reclamado no distingue entre grandes perceptores y pequeños agricultores en su formulación inicial. Sin embargo, cualquier rebaja en la PAC afectaría antes a quienes disponen de menos músculo financiero. La negociación presupuestaria se prolongará y el resultado final no está escrito.

La exigencia de recorte llega justo cuando el sector agrario europeo prepara la defensa de sus ayudas directas.

Qué puede perder el agro español si la propuesta prospera

El impacto territorial sería especialmente sensible en comarcas rurales donde la agricultura y la ganadería sostienen el empleo y los servicios. Una reducción de los fondos europeos se trasladaría a los pagos directos que perciben los agricultores por hectárea y a las medidas de desarrollo rural financiadas por la PAC. Menos ayudas significa, en la práctica, menos capacidad para afrontar inversiones, relevo generacional o exigencias ambientales.

La propuesta de los países frugales, plantea ahora un escenario de incertidumbre para el sector. La posición de otros Estados miembro con mayor peso agrario, como España, Francia o Italia, será clave para fijar el techo final del presupuesto. Mientras tanto, las organizaciones agrarias comienzan a mover ficha ante un recorte que consideran inasumible.

🌾 Ficha de la propuesta

  • Organismo proponente: Los jefes de Gobierno de Alemania, Dinamarca, Finlandia, Austria, Países Bajos y Suecia.
  • Normativa o iniciativa: Exigencia de recorte del próximo presupuesto comunitario.
  • A quién afecta: A los beneficiarios de la PAC, con especial incidencia en el campo español.
  • Cuantía / Plazo: Recorte de ‘varios cientos de miles de millones’ de euros; sin plazo concreto de aplicación.
  • Estado: Posición política en el seno del Consejo Europeo, pendiente de negociación.

Claves del Mundo Rural

  • 📌 Lo que debes saber: Seis países reclaman un recorte de varios cientos de miles de millones en el próximo presupuesto comunitario.
  • 👥 A quién afecta: A agricultores y ganaderos que perciben ayudas de la PAC en España.
  • ⏭️ Qué consecuencias puede traer: Menos fondos para pagos directos y desarrollo rural si la exigencia prospera.

CLYGAL exige cláusulas espejo del aceite de oliva: por qué el AOVE en caída libre agrava la agonía del olivar

La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo (CLYGAL) ha pedido al Gobierno medidas urgentes, con cláusulas espejo al aceite, para frenar la crisis del olivar. El aviso llega con el precio del AOVE en caída libre y unos costes de producción que la organización agraria califica de astronómicos, según el comunicado recogido por Agroinformación.

Qué pide CLYGAL y por qué habla de agonía

La reclamación no se queda en un comunicado genérico. CLYGAL pide activar las cláusulas espejo al aceite, un mecanismo que obligaría a los aceites importados a cumplir los mismos requisitos sanitarios, ambientales y laborales que se exigen a los productores comunitarios.

Para la entidad extremeña, el sector olivarero español «agoniza». Los costes de producción se han disparado mientras el precio del AOVE (Aceite de Oliva Virgen Extra) cae sin freno, una combinación que, denuncia, está dejando a los agricultores sin margen.

  • Activar las cláusulas espejo para el aceite que entra en la Unión Europea.
  • Arbitrar medidas efectivas e inmediatas de apoyo a los productores.
  • Abordar los costes de producción, que la organización califica de astronómicos.

Contexto: precios a la baja y costes que ahogan

El olivar español atraviesa una campaña de precios a la baja que rompe con la tendencia alcista de los últimos ejercicios. La caída del AOVE llega cuando los insumos, la energía y la mano de obra se mantienen por encima de lo que muchas explotaciones pueden asumir.

La reclamación de CLYGAL se suma a la de otras organizaciones agrarias que llevan tiempo pidiendo reciprocidad en las importaciones. No es un debate nuevo. Bruselas ha abierto la puerta a aplicar cláusulas espejo en algunos sectores, pero su despliegue real sigue pendiente en el aceite.

Fertilizantes, energía, fitosanitarios y jornales han subido de forma notable en los últimos años. Ningún productor vende para perder dinero, y el margen se ha estrechado en muchas explotaciones de secano (el cultivo que depende solo del agua de lluvia, sin riego) y de regadío (el cultivo que se riega de forma artificial mediante canales o sistemas de riego).

El sector olivarero español afronta una tormenta perfecta: costes altos y precios del AOVE a la baja, sin margen para el productor.

El aceite de oliva no es un producto menor para la economía española. España es el primer productor mundial y el sector productor depende de que las ventas en origen dejen un retorno suficiente para mantener el cultivo. Un retorno que hoy no llega.

Qué supondría activar las cláusulas espejo

Activarlas obligaría a que el aceite de oliva que entra en la Unión Europea cumpliera las mismas normas que se exigen al comunitario: fitosanitarios, trazabilidad y condiciones laborales. La organización extremeña insiste en que no se trata de proteccionismo, sino de equilibrar las reglas del juego.

El problema, según CLYGAL, es que las importaciones de aceite no europeo pueden competir con costes regulatorios más laxos. El resultado es una presión adicional sobre los precios que percibe el productor español, justo cuando el AOVE pierde valor en el mercado. Las reglas no son iguales.

Impacto territorial: qué hay en juego en el olivar extremeño

En Almendralejo y en la comarca de Tierra de Barros, el olivar no es un cultivo más. Es una pieza estructural del empleo y de la renta de los pueblos, donde buena parte de las explotaciones familiares dependen de que el precio del aceite cubra al menos lo que cuesta producirlo.

La denominación de origen no es un adorno en esta zona. El olivar de la comarca alimenta almazaras, cooperativas y empleos ligados a la molienda y a la exportación, una red que se resiente cuando el precio cae por debajo del umbral de rentabilidad.

La crisis del AOVE golpea directamente en zonas donde no hay alternativa sencilla. Si el olivar deja de ser rentable, el relevo generacional se complica todavía más y los pueblos pierden tejido productivo. CLYGAL no habla solo de precios; pide un plan que sostenga el cultivo en el territorio.

La exigencia está sobre la mesa. El Gobierno deberá decidir si eleva la petición a Bruselas y si arbitra una red de seguridad para un sector que la organización define como agonizante. El margen se agota.

Claves del Mundo Rural

  • 📌 Lo que debes saber: CLYGAL reclama al Gobierno medidas urgentes y cláusulas espejo para el aceite, según su comunicado.
  • 👥 A quién afecta: Agricultores y explotaciones familiares del olivar, especialmente en Extremadura y otras zonas productoras.
  • ⏭️ Qué consecuencias puede traer: Un precio del AOVE a la baja puede agravar el abandono del cultivo y del territorio rural.

La Guardia Civil y la GNR incautan 10,6 toneladas de hachís y detienen a diez personas

La Guardia Civil y la Guarda Nacional Republicana (GNR) de Portugal han desarticulado una organización dedicada al narcotráfico que operaba en la península ibérica con la detención de diez personas y la incautación de 10,6 toneladas de hachís, según ha informado la Guardia Civil este viernes.

La primera guardería de droga apareció en Ayamonte

La operación Tridente comenzó en la madrugada del 20 de agosto, cuando un amplio dispositivo de vigilancia localizó una guardería de droga en un inmueble de Ayamonte, en Huelva. La Guardia Civil sorprendió en su interior a tres miembros de la organización y aprehendió 132 fardos de hachís con un peso total de 5.280 kilos.

El Guadiana es una vía fluvial que marca la frontera natural entre la provincia de Huelva y Portugal. La organización utilizaba esta zona para almacenar la droga y mover los cargamentos entre los dos países, según la Guardia Civil.

Además, se intervinieron seis vehículos, cinco de los cuales figuraban como sustraídos, que habían sido modificados para albergar estupefacientes. Los agentes también incautaron dos armas de fuego: una pistola y un fusil de asalto, ambos municionados y listos para su uso.

Los tres arrestados fueron puestos a disposición judicial como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, robo de vehículos y falsedad documental. Han ingresado en prisión provisional, la medida cautelar de ingreso en prisión durante la investigación, sin condena previa.

En total, la operación Tridente suma diez detenidos y 10,6 toneladas de hachís incautadas en dos intervenciones coordinadas en España y Portugal.

La segunda intervención, en Portugal

Dos días más tarde, el 22 de agosto, la Guardia Civil y la GNR desplegaron un dispositivo de vigilancia en otro inmueble, esta vez en la orilla portuguesa del Guadiana. El punto era estratégico en la frontera entre España y Portugal. Allí localizaron otra guardería de drogas; en su interior se aprehendieron 133 fardos de hachís con un peso de 5.320 kilos, tres vehículos —al menos uno de ellos sustraído— y una pistola.

Los miembros de la organización que se encontraban en el interior intentaron huir a bordo de una embarcación. Un amplio despliegue de medios aéreos, marítimos y terrestres de la Guardia Civil y de la GNR consiguió interceptar la embarcación y detener a sus tripulantes.

En esta segunda actuación fueron detenidas siete personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, robo de vehículo y tenencia ilícita de armas. Pasaron a disposición de las autoridades judiciales de Portugal el 24 de agosto y también ingresaron en prisión provisional.

Las cifras finales de la operación Tridente

El balance de la operación Tridente se resume en estas cantidades:

  • 10.600 kilos de hachís repartidos en 265 fardos.
  • Nueve vehículos intervenidos.
  • Tres armas de fuego incautadas.

La colaboración entre la Guardia Civil y la GNR ha permitido desarticular una organización criminal que operaba en el suroeste de la península ibérica y que introducía la droga a través del río Guadiana. En total, la operación Tridente suma 10,6 toneladas incautadas, 265 fardos, nueve vehículos intervenidos y tres armas de fuego.

Pradales convoca en septiembre un diálogo político en Euskadi con partidos, sindicatos y empresarios

El lehendakari Imanol Pradales convocará a partidos, sindicatos y empresarios a partir de la primera semana de septiembre para abrir una ronda de diálogo político en Euskadi.

La cita retoma la fórmula de las reuniones en el palacio de Ajuria Enea, sede de la Presidencia del Gobierno Vasco, y llega cuando los partidos preparan la doble cita electoral de 2027. La convocatoria se produce al inicio del tercer curso político del lehendakari y, según la información publicada por El Mundo, incluirá asuntos de economía, autogobierno y vivienda, junto al seguimiento de los presupuestos y de la actividad legislativa. Pradales busca fijar una agenda propia frente al calendario estatal y foral.

Qué plantea la ronda de Ajuria Enea

En su comparecencia ante los medios en San Sebastián, el lehendakari situó la finalidad de la ronda en ‘afrontar la segunda parte de la legislatura desde el diálogo y la búsqueda de acuerdos, alejándonos de conflictos estériles’. Pradales también asumió la existencia de ‘ruido político’ entre los propios partidos, en referencia a las diferencias entre PNV y PSE-EE. El acto marcó el regreso de la actividad política tras el mes de agosto.

La ronda arrancará con una agenda ampliada. El Gobierno Vasco quiere trasladar una imagen de liderazgo dialogante y consolidar la interlocución directa con representantes políticos y económicos, con la excepción de Vox, según la misma fuente.

Las transferencias pendientes y la cita de 2027

Uno de los ejes de la ronda será la negociación de las transferencias. La consejera de Gobernanza, María Ubarretxena, mantendrá la próxima semana en Madrid un encuentro con la secretaria de Estado de Política Territorial, Myriam Álvarez, según confirmó Pradales. El lehendakari evitó detallar el contenido de esos contactos y se limitó a apuntar un tono optimista.

Seguridad Social, puertos y reforma electoral municipal figuran como los tres objetivos del Gobierno Vasco en el tramo final de unas conversaciones condicionadas por el calendario electoral. La Comisión Bilateral quedó congelada en julio, cuando Vitoria y Madrid pospusieron su reunión, sin que trascendieran avances concretos sobre los traspasos. Pradales admitió contactos con Pedro Sánchez durante agosto, sin precisar su alcance.

La ronda de septiembre recupera la interlocución directa con partidos, sindicatos y empresarios para fijar prioridades en transferencias, autogobierno y calendario legislativo.

La fórmula no es nueva. Pradales convocó a los partidos vascos en julio de 2024 para activar un pacto de salud y, un año después, amplió la ronda a sindicatos y empresarios para analizar los presupuestos de 2026 y el autogobierno. En aquel esquema, la ronda permitía al Ejecutivo trasladar estabilidad y fijar prioridades antes de la negociación presupuestaria. Sobre el nuevo estatus, el lehendakari no detalló el encaje de esta ronda con los contactos discretos que mantienen PNV, EH Bildu y PSE-EE, aunque reiteró su intención de centrarse en ‘lo que le interesa a la sociedad vasca’.

La decisión de incluir el autogobierno llega después de que Pradales anunciara en septiembre de 2025 reuniones bilaterales específicas sobre el nuevo estatus. Aquellas citas no se llegaron a concretar, y ahora el lehendakari opta por incorporar el debate a un formato amplio. El paso enfría, de momento, la vía de los encuentros bilaterales específicos y devuelve el asunto al terreno de la interlocución institucional.

El contexto: trece reformas y el calendario electoral

En la agenda vasca, Pradales aspira a activar trece cambios legislativos para ‘ampliar y renovar las capacidades normativas de Euskadi’. Entre ellos figuran la nueva Ley de la Diáspora, la Ley Universitaria y normas de comercio, turismo, juventud y justicia restaurativa. La actividad legislativa se concentrará en el Parlamento Vasco en un contexto marcado por la negociación política.

Esa actividad dependerá del calendario político. Si Sánchez adelanta las elecciones generales al primer trimestre de 2027, el Parlamento Vasco sufriría parones y enlazaría casi sin pausa con la campaña de municipales y forales del 23 de mayo de 2027, según el análisis recogido por El Mundo. La coincidencia de calendarios puede reducir la actividad parlamentaria en Euskadi durante los primeros meses de 2027. El lehendakari cerró su intervención con un ‘al tajo’, expresión utilizada por su rival político Arnaldo Otegi, sin que EH Bildu haya valorado aún la convocatoria.

Sira Rego, ministra de Sumar, aprueba 25 millones para menores de Ceuta y choca con el PP de Vivas por el traslado

La Conferencia Sectorial aprobó 25 millones para Ceuta y la ministra Sira Rego chocó con Juan Vivas por el traslado de menores.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Conferencia Sectorial aprobó por unanimidad 25 millones para Ceuta y escuchó la propuesta de trasladar a 500 niñas.
  • ¿Quién interviene? La ministra Sira Rego, los consejeros del PP, las comunidades gobernadas por Vox y Juan Vivas.
  • ¿Qué importa? La disputa sobre el traslado tensiona la respuesta del Gobierno y expone el aislamiento del PP de Vivas frente a Feijóo y Vox.

25 millones para Ceuta y el vacío de Vox en la sectorial

El Ministerio que dirige Sira Rego consiguió este jueves un acuerdo unánime para repartir 25 millones de euros destinados a la acogida de menores migrantes no acompañados en Ceuta. La crisis migratoria de la ciudad autónoma, que en las últimas semanas dejó más de 140 muertes, obligó al departamento a buscar apoyo autonómico y a reconocer que harán falta nuevas partidas. “Quiero agradecer el apoyo que hemos tenido para la aprobación”, dijo la ministra, sin esconder que la emergencia humanitaria no se cierra con una sola transferencia.

A la Conferencia Sectorial no acudieron los representantes de Vox que dirigen las consejerías de infancia en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Sira Rego interpretó la ausencia como un castigo al presidente ceutí: “han decidido abandonar y castigar a [Juan Jesús] Vivas”. Y dejó una lectura política directa: “Feijóo ha decidido escoger a Vox en lugar de a Ceuta. Es lamentable”. El plantón de las tres comunidades impidió debatir formalmente la situación de Ceuta, al no estar todas las autonomías representadas.

Los consejeros de esas autonomías habían remitido una carta en la que pedían devolver a todos los menores “vía reunificación familiar, vía entrega a la autoridad tutelar marroquí, sin excepción”. Las regiones del PP que sí asistieron compartieron el fondo, pero rechazaron incluir en el orden del día un punto, sobre la situación de Ceuta. Comunidades como Madrid ya habían mostrado su rechazo a cualquier cosa que no fuera devolver a los menores a Marruecos.

Este miércoles, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso exigió control de fronteras, refuerzo de la Guardia Civil y lucha contra las mafias. La consejera de Familia de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, lo resumió: “No hemos venido a debatir otras cosas. Hemos venido aquí a apoyar a Ceuta”. El desacuerdo no está en los 25 millones, sino en qué hacer con los menores.

El traslado de 500 niñas: la propuesta que destapó el choque

Sira Rego

El plan principal del Ministerio pasaría por que la ciudad autónoma acordara con dos entidades de la península el traslado de 500 niñas, el perfil más vulnerable. La tutela de los menores corresponde a Ceuta, por lo que el convenio no exigiría el visto bueno de las comunidades. Fuentes del departamento resumieron la urgencia: “Lo más urgente es sacar a los niños”. Por ahora, Navarra es la única comunidad que se ha ofrecido abiertamente a acoger a menores.

La ayuda de 25 millones salió sin fricción, pero el traslado de menores se convirtió en la trinchera real entre Sumar y los gobiernos del PP.

El choque con Juan Vivas llegó precisamente por esa propuesta. El presidente ceutí aseguró que desconocía el plan, pero la ministra fue taxativa: “Le trasladé las opciones el día 8” y “me sorprende que dijera que no sabía nada”. Sira Rego defendió que en la mayoría de los casos no hay posibilidad de retorno y que “la manera de destensionar el territorio es trasladar a los niños a la península”. La ministra rechazó de plano una deportación masiva de niños por ser contraria al derecho y al interés superior del menor.

La Dinámica de Coalición

En el equilibrio interno de Sumar, la gestión de Sira Rego refuerza el perfil de la ministra de Izquierda Unida, uno de los contrapesos confluentes dentro del Ejecutivo. La aprobación de los 25 millones no abre una grieta con el PSOE, porque el acuerdo se alcanzó con las comunidades y no en una negociación entre socios de coalición. Pero la lectura política es otra: mientras el PP y Vox compiten por el marco migratorio, Sumar ocupa el espacio de la acogida. No hay una disputa pública entre los socios, pero la ministra actúa con autonomía política.

En la dimensión de la coalición con el PSOE, el asunto migratorio es de máxima sensibilidad. El PSOE comparte con Sumar la necesidad de una respuesta autonómica, pero trata de evitar que el choque con Vivas escale hasta el Congreso. El acuerdo de 25 millones sirve para exhibir gestión sin plantear un choque directo entre los socios. La decisión de Vivas, además, condicionará el relato del PP ante la próxima campaña.

La proyección inmediata pasa por la decisión de Ceuta sobre el convenio de las 500 niñas y por la siguiente Conferencia Sectorial, en la que se deberán aprobar nuevas partidas. El Ministerio recuerda que la tutela corresponde a la ciudad autónoma y que el convenio no necesita el voto de las autonomías. El Ministerio insistió en que el convenio no necesita el voto de las autonomías, pero sin solidaridad territorial la medida quedará coja. La próxima reunión sectorial medirá si el PP de Feijóo mantiene el portazo o si aflora una vía intermedia.

Ficha del Caso

  • El caso: La Conferencia Sectorial aprobó 25 millones para menores migrantes en Ceuta y discutió el traslado de 500 niñas a entidades de la península, con choque entre Sira Rego y Juan Vivas.
  • Datos importantes: 25 millones aprobados; 500 niñas propuestas para traslado; más de 140 fallecidos en la crisis; Extremadura, Aragón y Castilla y León ausentes; Navarra única oferta de acogida.
  • Resumen: El acuerdo económico no cierra el pulso político: la decisión sobre el traslado queda en manos de Ceuta y la presión territorial seguirá sobre el PP en plena crisis migratoria.

Condenado a seis años de prisión por la violación de una menor en Castellón

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a un hombre de 28 años a seis años de prisión por la violación de una menor de 17 años durante una noche de fiesta en Castellón, según la sentencia declarada firme por consentimiento de las partes.

El fallo, dictado a partir del acuerdo alcanzado entre la Fiscalía, la acusación particular y la defensa el día del juicio, celebrado el pasado 9 de junio, impone además cinco años de libertad vigilada y seis de alejamiento y prohibición de comunicación respecto a la víctima.

La secuencia de los hechos recogida en el fallo

Los hechos ocurrieron el 19 de noviembre de 2023. La víctima, entonces de 17 años, y una amiga salieron de fiesta por Castellón de la Plana. Según el relato que recoge la resolución, ambas se fueron con el condenado y otro hombre a la a la vivienda del primero.

La menor se encontraba bajo los efectos del alcohol y de las sustancias estupefacientes. Se quedó dormida en una habitación, y esa situación fue aprovechada por el condenado para agredirla sexualmente.

Cuando la joven se despertó, le gritó que parara porque no quería mantener relaciones sexuales. La respuesta del condenado, según la sentencia, fueron bofetadas en la cara y tirones de pelo.

La víctima y su amiga se desplazaron juntas. El fallo no detalla el recorrido de la noche, solo recoge el momento en el que accedieron al domicilio del acusado.

Las penas y medidas acordadas

El tribunal declaró acreditado un delito de agresión sexual con acceso carnal. Estas son las consecuencias que fija el fallo:

  • Seis años de prisión.
  • Cinco años de libertad vigilada.
  • Seis años de alejamiento y prohibición de comunicación respecto a la víctima.
  • Una indemnización de 5.000 euros por daños morales.

La condena ya es firme y el autor asume una pena de seis años de prisión, además de años de alejamiento y libertad vigilada.

Firmeza de la sentencia

La sentencia se dictó después del juicio celebrado el 9 de junio. Las tres partes personadas mostraron su consentimiento expreso, por lo que no queda recurso pendiente.

El condenado tiene 28 años. La pena de prisión se une a la libertad vigilada y al alejamiento, que se cumplirán una vez extinguida la condena principal.

La medida de alejamiento impide al condenado acercarse o comunicarse con la víctima durante seis años. La libertad vigilada se suma a la pena de prisión.

No hay datos que identifiquen a la menor en la resolución. Su identidad se mantiene protegida.

La sentencia no incluye referencias a una causa abierta contra el segundo hombre que aquella noche acompañaba al acusado.

El acceso carnal es el término técnico que utiliza la resolución para fijar la calificación del delito. En este caso, la sentencia lo equipara a la agresión sexual consumada.

El consentimiento de las partes impide la apertura de recursos posteriores. La firmeza de la sentencia está declarada en la propia resolución.

La investigación y el procedimiento concluyen con este fallo. La Audiencia no ha difundido más detalles sobre el operativo ni sobre el segundo hombre.

El Gobierno Vasco plantea una política migratoria en Euskadi ‘asumible y aceptada socialmente’ ante la crisis de Ceuta

El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, ha defendido organizar la política migratoria en Euskadi para que sea ‘asumible y aceptada socialmente’.

La entrada masiva de migrantes en Ceuta ha situado este asunto en plena agenda política y ha reactivado el debate sobre la acogida de menores. El consejero admitió que la situación es ‘complicada y difícil de atender’ y evitó valorar si el Gobierno central actuó ‘tarde y mal’, en una entrevista en la Cadena SER recogida por Europa Press.

Qué plantea el Gobierno Vasco

El responsable de Seguridad enumeró cuatro cuestiones. La primera es la propia organización de la migración. ‘Nadie va a rechazar la inmigración, ¿pero de qué manera se tiene que producir?’, planteó. El Gobierno Vasco sitúa el foco en cómo hacerla ‘asumible y aceptada socialmente porque la necesitamos.

La segunda cuestión se refiere a si los servicios de información de cada Estado ‘han actuado debidamente’ y si contaban con información previa. La tercera es el aspecto humanitario, ‘muy gordo y difícil de atender’; y la cuarta, la reivindicación política de Marruecos sobre un territorio bajo soberanía española, según detalló el consejero.

Sobre los menores llegados a Ceuta, Zupiria citó los datos que maneja su departamento: puede haber 2.000 personas menores de edad, ‘muchos y muchas de ellas niños y niñas’. Defendió identificar su origen, sus antecedentes familiares y su situación antes de cualquier posible acogida.

La organización de la migración y la cobertura humanitaria de los menores centran el planteamiento expuesto por el consejero vasco de Seguridad.

La relación con el Gobierno central y la Ertzaintza

Preguntado por si la actuación del Ejecutivo en Ceuta se produjo ‘tarde y mal’, Zupiria respondió que no se atreve a cuestionar la reacción ‘ni si ha habido una información previa’. Sobre las quejas por las detenciones practicadas por la Policía Nacional a personas que llevaban la camiseta de la selección española, aseguró que no ha recibido ‘ninguna respuesta’ del Ministerio de Interior, aunque atribuyó el silencio a unas agendas ‘muy ocupadas’.

El consejero recordó que el reparto de funciones entre la Ertzaintza y las Fuerzas de Seguridad del Estado está fijado en el Estatuto de Autonomía y en los acuerdos entre el Gobierno Vasco y el Gobierno de España. Subrayó que, si cada parte asume lo que le corresponde y hay coordinación, la actuación será ‘mucho más eficaz’.

Sobre la intervención estatal ante delitos de odio, el consejero respondió que ‘todo cabe dentro de un delito de odio’. Defendió que los principios competenciales estén ‘bien claros’ y recordó que el debate ya se produjo con el medio ambiente, la protección del menor o la violencia contra la mujer. En los incidentes del Mundial hay más de una veintena de atestados abiertos.

Qué marca el plan estratégico 2026-2030

En la misma entrevista, Zupiria defendió el Plan estratégico de Seguridad Integral 2026-2030 como marco para acordar prioridades. Mencionó la pérdida de valores, la falta de respeto a la autoridad y los nuevos riesgos, incluidas las olas de calor y las tormentas de este verano.

Según el consejero, un agente de la Ertzaintza dedica casi el 80% de su actividad a labores preventivas o de auxilio a la ciudadanía. La formación para escenarios con uso de la fuerza sigue en la agenda del Departamento y de la Academia Vasca de la Policía en Arkaute.

El debate migratorio, según avanzó, ‘va a dar mucho que hablar en los próximos meses’. El plan estratégico incorpora también la coordinación con las policías locales y guardias municipales, una relación de ‘absoluta normalidad y colaboración’, aunque el consejero citó grupos con actitudes antisistema y de rechazo a las instituciones democráticas.

En el plano competencial, la seguridad ciudadana en Euskadi está asignada a la Ertzaintza como policía integral, según el Estatuto de Autonomía y los acuerdos bilaterales. Ese reparto explica que cualquier actuación de la Policía Nacional o de la Guardia Civil requiera, a juicio del Gobierno Vasco, una coordinación expresa con el cuerpo autonómico.