La jueza del caso DANA reitera a Pradas y Argüeso: una alerta antes de las 20:57 habría salvado vidas en La Torre

La jueza del caso DANA sostiene que una alerta enviada antes de las 20:57 habría salvado vidas en La Torre.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La instructora, Nuria Ruiz Tobarra, ha dictado un auto con nuevas diligencias sobre los avisos que recibieron las pedanías de Valencia durante la riada.
  • ¿Quién está detrás? La causa apunta a la exconsellera Salomé Pradas y al exsecretario autonómico Emilio Argüeso.
  • ¿Qué impacto tiene? El auto coloca la cadena institucional de avisos en el centro de la responsabilidad y obliga a la Generalitat a explicar qué se comunicó y cuándo.

La instructora responde con este auto a la solicitud de una acusación y ordena identificar al funcionario adscrito a la pedanía para saber qué información le trasladaron las autoridades la tarde de la DANA, el temporal que provocó las inundaciones de finales de 2024. El razonamiento, eso sí, ya aparecía en resoluciones anteriores: una emergencia avisada con días de antelación y seguida en directo por los medios difícilmente admite las muertes de La Torre.

Lo que la jueza quiere saber de las horas previas al garaje de La Torre

El auto describe una mortalidad altísima concentrada en un garaje de la calle Mariano Brull, aunque no solo allí. Siete personas murieron en ese sótano. Entre las víctimas, una pareja, un matrimonio con su hija, un residente, una viandante, y fuera del garaje, dos personas que volvían de su trabajo y dos vecinas cuyos cuerpos aparecieron en Sedaví.

Los mensajes que conservan las familias reconstruyen la noche minuto a minuto. A las 20:21, uno de los fallecidos llamó a su padre tras subir la moto y el coche al primer sótano. A las 20:31 intentó salir por la escalera: ya había un metro de agua en la calle. A las 20:44 seguía dentro del garaje. A las 21:13 ya no respondió a un mensaje de su padre.

El alcalde pedáneo declaró como testigo que no había recibido avisos directos desde el Centro de Coordinación de Emergencias. Fue la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, quien le remitió el aviso rojo de AEMET en un chat de WhatsApp. La propia primera edil reconoció que desconocía el riesgo que se cernía sobre la pedanía hasta que el alcalde pedáneo la avisó, a las 20.13 horas.

La jueza subraya que en La Torre no llovía y que sus vecinos no podían ser conscientes del peligro cuando bajaron al garaje, caminaban por la acera o circulaban en coche. El mensaje de las 20:11 era tan genérico que la propia Salomé Pradas lo calificó, en una conversación con quien fuera jefe de gabinete del expresident Carlos Mazón, como un simple aviso de precaución. Ningún vecino podía saber que el agua ya estaba subiendo.

En La Torre no llovía, y esa es exactamente la razón por la que el aviso que nunca llegó marcó la diferencia entre la vida y la muerte.

Pradas, Argüeso y el argumento que la Audiencia Provincial ya rechazó

Sobre Salomé Pradas, la instructora sostiene que la exconsellera asumió tarde y mal que la decisión recaía en ella como mando único en la situación 2 de emergencia. Y añade un reproche procesal: en su segunda comparecencia en el Congreso, Pradas volvió a hablar de una codirección del Cecopi, el centro que coordina a todas las administraciones, y apeló a la normativa estatal. Para la jueza, eso supone un rechazo frontal a lo resuelto por la Audiencia Provincial de Valencia.

Con Emilio Argüeso ocurre algo parecido. El exsecretario autonómico declaró como investigado que no tenía por qué estar en el Cecopi porque no estaba convocado. La magistrada responde que la convocatoria la realiza la AVSRE, la Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, y que el secretario autonómico es el director de ese organismo.

Hay además una propuesta que sobrevuela todo el auto. El subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, planteó un mensaje que recomendaba subir a plantas altas. Estaba pensado para municipios aguas abajo de Forata, pero la jueza cree que habría servido igualmente en otras cuencas. Ese texto podría haber salvado vidas de haberse enviado antes de las 20:57.

La jueza insiste en algo incómodo: los medios de comunicación eran una fuente de información disponible en el Cecopi. El avance del desbordamiento del barranco del Poyo se conocía mucho antes de que el agua llegara a La Torre. En el domicilio de uno de los fallecidos se seguía aguas arriba. En el Cecopi se llegó a afirmar que no.

El auto ordena identificar al funcionario adscrito a La Torre y obtener las comunicaciones que recibió del Centro de Coordinación de Emergencias. También llama a declarar como testigo al alcalde pedáneo de Forn d’Alcedo a fecha de la DANA. La jueza, en cambio, rechaza volver a pedir a la alcaldesa la entrega voluntaria de comunicaciones.

El Escenario Valenciano

Cada resolución reabre la misma herida política. El Consell que preside Juanfran Pérez Llorca convive con un proceso que apunta a dos cargos de la etapa anterior del PP y con un expresident, Carlos Mazón, que conserva su acta de diputado en las Corts Valencianes y cuya gestión sigue siendo el frente más incómodo para su partido. El pacto con Vox aguanta. PSPV y Compromís han hecho de la responsabilidad institucional su principal arma parlamentaria.

La dimensión nacional es inseparable. AEMET y el SAIH, los sistemas hidrológicos que dependen de la Confederación Hidrográfica del Júcar, fueron las fuentes técnicas que anticiparon la catástrofe, y el Cecopi es un órgano de coordinación entre administraciones. El pulso sobre quién mandaba aquella tarde se libra también en el Congreso, donde Pradas ha comparecido dos veces, y en la tensión entre la normativa estatal de protección civil y la autonómica. La comparación con otros desastres, como la riada de Biescas de 1996, forma parte del debate institucional.

A corto plazo, la causa avanza por dos vías: las diligencias sobre la información que circuló por las pedanías y la reconstrucción de la cadena de mando del Cecopi. En paralelo, la recuperación de las zonas afectadas sigue su curso, con el Consorcio de Compensación de Seguros, el organismo estatal que cubre daños de catástrofes naturales, como referencia para las familias. La próxima cita judicial volverá a poner La Torre en el centro.

Ficha del Caso

  • El caso: La jueza del caso DANA reclama aclarar qué información recibieron las pedanías de Valencia antes de la riada, con La Torre como epicentro de la instrucción penal.
  • Datos importantes: Siete fallecidos en un garaje de la calle Mariano Brull; aviso rojo de AEMET; propuesta de mensaje para subir a plantas altas; hora clave, las 20:57.
  • Resumen: El auto mantiene en el foco a la exconsellera Pradas y al exsecretario Argüeso y sitúa la cadena institucional de avisos en el centro de la responsabilidad.

La sequía hunde la presa de Eiras al 42%, su peor octubre: Vigo tiene agua para 50 días

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La presa de Eiras baja al 42% de su capacidad, su peor octubre registrado, y Vigo tiene agua garantizada para apenas 50 días.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El embalse de Eiras, que abastece a Vigo, ha caído al 42% de su capacidad: su peor registro en un mes de octubre y cinco puntos por debajo del nivel de hace una semana.
  • ¿Quién está detrás? El alcalde Abel Caballero, del PSdeG, reclama a la Xunta de Galicia, del PPdeG, que reduzca de inmediato el caudal ecológico para ganar recursos hídricos.
  • ¿Qué impacto tiene? Vigo tiene agua para 50 días, ampliables a 110 aunque con posibles incidencias, y no se prevén lluvias en las próximas semanas.

Eiras cae al 42% y firma el peor octubre de su historia

El embalse que abastece a la ciudad olívica ha perdido cinco puntos de llenado en apenas una semana y se coloca por debajo del mínimo que registró en 2011, el peor dato que se recordaba hasta ahora. La ausencia de lluvias previstas para las próximas semanas agrava una situación que, en pleno otoño, debería estar empezando a corregirse sola.

Según ha advertido el alcalde Abel Caballero, se trata del peor nivel de llenado de la historia de la presa. El regidor ha puesto el foco en la falta de precipitaciones y en la necesidad de actuar antes de que las reservas se agoten, consciente de que octubre suele ser el mes en el que los embalses gallegos empiezan a recuperar terreno tras el verano.

Con las reservas actuales, Vigo tiene garantizado el abastecimiento durante unos 50 días, un plazo que podría ampliarse hasta los 110 días aunque con posibles incidencias. No hay lluvias previstas para las próximas semanas, según los pronósticos de Meteogalicia.

El agua que Vigo tendrá mañana depende de decisiones que se toman hoy, y Eiras es el termómetro que la ciudad lleva años midiendo.

Ante este escenario, Caballero ha reclamado a la Xunta de Galicia (el gobierno autonómico gallego, con sede en Santiago de Compostela) que reduzca el caudal ecológico de forma inmediata, entre hoy y mañana, para disponer de más recursos hídricos.

El regidor ha criticado además la falta de actuación del Gobierno gallego ante la situación de Eiras y ha defendido las medidas preventivas que el ayuntamiento viene adoptando desde el pasado julio.

El pulso entre Caballero y la Xunta por el caudal ecológico

La petición no es un gesto menor. El caudal ecológico es el volumen mínimo de agua que debe circular por el río para preservar el ecosistema, y reducirlo libera recursos para el abastecimiento urbano a costa de tensionar la protección del cauce. Es un equilibrio delicado que se decide, en última instancia, en la administración autonómica.

El enfrentamiento tiene un fondo político evidente. Caballero, una de las figuras más reconocibles del PSdeG (el Partido Socialista de Galicia), gobierna la ciudad más poblada de Galicia con una amplia mayoría, mientras la Xunta está en manos del PPdeG (el Partido Popular de Galicia, que encadena mayorías absolutas desde 2009).

No es la primera vez que el agua se convierte en un asunto de fricción entre Santiago y el sur de la comunidad. Galicia, pese a su fama de país lluvioso, ha vivido episodios recurrentes de tensión por la gestión hídrica. Vigo depende de un sistema de embalses y de decisiones que se toman fuera de su término municipal, lo que convierte cada sequía en una negociación con la administración autonómica.

El Laboratorio Gallego

Galicia gobierna sus recursos hídricos desde una posición particular. El PPdeG acumula mayorías absolutas consecutivas en la Xunta desde 2009, lo que le permite decidir sobre infraestructuras y caudales sin depender de socios. Enfrente, alcaldes como Caballero reclaman más margen de actuación cada vez que llega una sequía. Entre medias, el BNG (el Bloque Nacionalista Galego, primera fuerza de la oposición) tiene en el Parlamento de Galicia la capacidad de exigir explicaciones a la Xunta por la gestión del agua.

La dimensión nacional del episodio es evidente. La sequía ha dejado de ser un asunto exclusivamente mediterráneo, y avanza hacia el noroeste. Lo que ocurra con Eiras anticipa el tipo de discusión que ayuntamientos y comunidades de toda España tendrán que afrontar: quién decide sobre el caudal ecológico y cómo se reparte el agua entre la ciudad y el campo.

La proyección inmediata está marcada por el calendario. Caballero ha puesto el plazo en cuestión de horas: pide a la Xunta que mueva ficha entre hoy y mañana. Si no hay lluvias ni decisión autonómica, los 50 días de garantía empezarán a consumirse sin que el problema se haya atacado en la raíz. La pelota, de momento, está en el tejado de Santiago de Compostela.

Ficha del Caso

  • El caso: El embalse de Eiras, que abastece a Vigo, cae al 42% de su capacidad, su peor registro en un mes de octubre, y el alcalde reclama a la Xunta medidas urgentes para ampliar los recursos hídricos.
  • Datos importantes: Eiras está cinco puntos por debajo del nivel de hace una semana y por debajo del mínimo de 2011. Vigo tiene agua garantizada para 50 días, ampliables a 110 con posibles incidencias, y no se prevén lluvias.
  • Resumen: La sequía abre un pulso entre el ayuntamiento de Vigo (PSdeG) y la Xunta (PPdeG) por el caudal ecológico, un episodio que ilustra cómo la gestión del agua se convierte en asunto político de primer orden en el noroeste de España.

Character.AI se declara en bancarrota: Disney estudia comprarla por partes

Character.AI presenta su capítulo 11 con pasivos de hasta 100 millones y deja a Disney la primera opción sobre sus activos. La bancarrota de la startup que en 2022 prometía reinventar el entretenimiento conversacional busca comprador entre los escombros de su propio modelo de negocio. Quien más ha puesto sobre la mesa es, precisamente, la empresa que la demandó.

Claves de la operación

  • Disney arranca la puja con 20 millones como comprador stalking horse: fija el suelo de la subasta y mantiene la primera opción sobre los activos, siempre que no aparezca una oferta superior.
  • El pasivo declarado va de 50 a 100 millones, muy por encima de la oferta inicial. Los acreedores tienen la última palabra sobre si el precio cubre lo que se les debe.
  • El frente jurídico sigue vivo con la demanda de Pensilvania, la investigación de Texas y el requerimiento de Disney por el uso de personajes animados. Son cargas que viajan con el activo.

La compañía ha pedido protección bajo el capítulo 11 para facilitar la venta de la sociedad y de sus activos, según el comunicado publicado en su blog corporativo. En el expediente figuran pasivos de entre 50 y 100 millones de dólares, un rango que sitúa la puja inicial muy por debajo de lo que reclaman los acreedores.

El mecanismo elegido es de manual. Disney entra como comprador stalking horse y fija el suelo de la operación: pone la primera oferta y marca el umbral que cualquier rival debe superar con margen suficiente para compensar al primer postor. La venta debería cerrarse a principios de diciembre, un calendario que en procesos concursales de este tamaño suele tensarse cuando los acreedores piden garantías. Poca cosa, 20 millones, para semejante pasivo.

La plataforma seguirá operativa durante el proceso. Character mantiene abiertos los servicios, aunque reconoce que podría apagarlos si finalmente no aparece un comprador dispuesto a asumir el negocio en marcha. Traducido: la liquidación ordenada no garantiza que los chatbots sigan respondiendo.

El historial judicial explica por qué nadie ha corrido a pujar. Pensilvania demandó a la compañía por chatbots que se hacían pasar por médicos; Texas abrió una investigación sobre lo que su fiscal general describió como afirmaciones engañosas en materia de salud mental; y Disney llegó a enviar un requerimiento de cese y desista por el uso de sus personajes animados. La plataforma, además, vetó el año pasado el acceso de los menores a sus propios chatbots.

El talento se fue por 2.000 millones y las marcas acabaron en los tribunales

Disney Character.AI

Lo más valioso de Character.AI ya no está en la empresa. Google pagó 2.000 millones por el talento que ya no está: una operación que se llevó al grueso del equipo, incluidos los cofundadores Noam Shazeer y Daniel De Freitas, según recoge la prensa especializada. Sin ellos, lo que queda en el balance es una comunidad de usuarios, un catálogo de personajes generados por terceros y una marca manchada por litigios. La ficha pública de la compañía resume esa trayectoria en cuatro líneas.

Un activo cuyo principal riesgo jurídico es una carta de cese y desista no se compra para crecer: se compra para desmontarlo sin prisa.

Disney conoce el terreno mejor que nadie. Contrató al exconsejero delegado de Character.AI, Karandeep Anand, como director de tecnología, y ahora se ofrece a prestar soporte de transición con personal que salió de la propia compañía. La casa de Burbank no compra un negocio en marcha: Disney recupera piezas y reincorpora a quienes las diseñaron.

La lectura competitiva es incómoda para todo el sector. El comprador no paga por la tecnología conversacional, que hoy está al alcance de cualquiera con una suscripción a un modelo fundacional, sino por el control de una marca y por el cierre ordenado de un pasivo legal. Pujar 20 millones por activos con hasta 100 millones en reclamaciones tiene sentido solo si el objetivo es hacer desaparecer el problema.

La IA de consumo sin foso: lo que el caso enseña al ecosistema español

El patrón se repite en cada ciclo tecnológico. Un producto que crece por viralidad, sin contratos de largo plazo ni costes de cambio reales, vale lo que valga su última ronda, no lo que valga su tráfico. Character.AI movió millones de conversaciones diarias y aun así no construyó ninguna barrera: los usuarios creaban los personajes, el contenido era suyo y el coste de servir cada conversación crecía con cada usuario nuevo. Modelo de negocio sin margen.

En España el contraste es útil. Compañías del IBEX 35 como Indra han construido su posición en inteligencia artificial sobre contratos con administraciones públicas, integración en sistemas críticos y ciclos de venta largos, con márgenes menos vistosos pero con clientes que rara vez se van a la competencia a golpe de clic. La IA de consumo vive de atención y la atención no se puede embargar cuando llegan los problemas. La mayoría de los acreedores prefiere esperar antes que financiar una subasta a la baja.

Para un comprador con presencia en Europa, además, el reglamento europeo encarece la integración de ese catálogo: obliga a documentar los sistemas y a evaluar riesgos sobre contenido generado por usuarios. Cosas del ciclo.

Queda por ver si el calendario se cumple. La venta está prevista para principios de diciembre y cualquier oferta superior obliga a Disney a decidir si sube o se retira. Sobre la mesa están también las resoluciones de Pensilvania y Texas, que pueden encarecer el activo para un comprador que no sea el propio demandante. La pregunta abierta no es quién se queda con Character.AI, sino cuánto está dispuesto a pagar el sector por cerrar un expediente incómodo.

La jueza de la dana ve indicios de que las muertes de La Torre podrían haberse evitado y ordena nuevas pruebas

La jueza que instruye la causa de la dana aprecia indicios claros de que las muertes de La Torre podrían haberse evitado, según el auto dictado este martes por el Juzgado de Catarroja (Valencia). El escrito ordena nuevas diligencias para reconstruir la cadena de avisos en esta pedanía, una de las más castigadas por la barrancada.

Qué sostiene el auto sobre las muertes de La Torre

En la resolución —un auto judicial (la resolución que adopta una decisión sobre el proceso sin ponerle fin)— la instructora califica los fallecimientos de La Torre como una muestra evidente de las negligencias en la gestión de la emergencia, así como de la carencia y el retraso de los avisos. El escrito responde a una petición de una de las acusaciones personadas, la que ejerce Acció Cultural.

La instructora se refiere a la exconsellera de Interior Salomé Pradas y a su exnúmero dos, Emilio Argüeso, ambos investigados (las personas sobre las que recaen indicios, antes denominados imputados). El auto sostiene que las muertes “pudieran haber sido íntegramente evitadas por los investigados si hubieran ejercido sus funciones conforme les imponía la normativa en materia de protección civil y el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones”.

El auto recuerda que en la pedanía se registró una altísima mortalidad centrada en un garaje, aunque no solo en él. Entre las víctimas mortales menciona a una pareja, un matrimonio con su hija, un residente y una viandante fallecidos en el aparcamiento. Fuera del garaje murieron dos personas que volvían de su trabajo, un hombre con movilidad reducida en su propio domicilio y dos vecinas cuyos cuerpos fueron encontrados en Sedaví.

La jueza subraya que la población de La Torre no podía ser consciente del peligro porque en la pedanía no llovía. El mensaje emitido a las 20:11 horas fue, a su juicio, demasiado genérico, y la propia exconsellera llegó a calificarlo como un “mensaje de precaución”, según recoge la resolución.

La instructora sostiene que en La Torre se conocía el avance del desbordamiento del barranco mientras en el Cecopi se llegó a afirmar lo contrario.

El auto añade que el texto recomendado por el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez —subir a plantas altas— “podría haber salvado vidas en La Torre, de haberse enviado antes de las 20:57 horas”. La jueza precisa que esa propuesta, planteada para municipios aguas abajo de Forata, habría sido útil también en otras cuencas afectadas.

La resolución se detiene en la información disponible aquel día. Recuerda que el avance del desbordamiento del barranco del Poyo “ya era constatado por los medios mucho antes de que llegara la lengua de agua a La Torre” y señala que en el domicilio de uno de los fallecidos se seguía el desbordamiento aguas arriba.

La jueza insiste en que conocer las propias competencias resulta decisivo para decidir con rapidez, y advierte de que desconocer la normativa de protección civil conduce a una paralización o a una ralentización en la toma de decisiones.

Las diligencias que ordena la instructora

El auto acuerda varias actuaciones para aclarar cómo se gestionó la emergencia en la pedanía:

  • Identificar al funcionario adscrito a la pedanía de La Torre y obtener la información que recibió del Centro de Coordinación de Emergencias.
  • Citar como testigo al alcalde pedáneo de Forn d’Alcedo a fecha de la dana.
  • Comunicar a ese testigo la posibilidad de aportar voluntariamente los mensajes del chat de alcaldes pedáneos relacionados con la emergencia.

La jueza rechaza, en cambio, volver a reclamar a la alcaldesa de València la aportación voluntaria de comunicaciones. El auto recuerda que el alcalde pedáneo declaró, que no había recibido avisos directos desde el Centro de Coordinación de Emergencias y que fue la propia alcaldesa quien remitió por un chat de mensajería el aviso rojo de Aemet.

En qué fase está la instrucción

La instrucción (la fase del proceso penal en la que el juez investiga los hechos) continúa abierta y no se ha fijado fecha para el juicio oral. Los dos investigados mantienen su condición procesal y no existe condena alguna contra ellos.

El Juzgado de Catarroja seguirá recabando prueba documental y testifical sobre lo ocurrido. Las nuevas diligencias deberán aclarar quién recibió cada aviso y en qué momento, extremos sobre los que el auto aprecia indicios claros de que las muertes podrían haberse evitado.

Los precios PPA Europa suben un 5% en septiembre y la contratación rebota a 1,2 GW

Los precios PPA en Europa suben un 5% en septiembre y la contratación rebota hasta 1,2 GW en 25 acuerdos, más del triple de la capacidad anunciada en agosto. Detrás está el gas.

El índice EURO Composite sube un 5% con el gas como referencia de precio

El dato lo firma Pexapark, la consultora suiza cuyo índice EURO Composite se ha convertido en la referencia para medir el valor razonable de los contratos de compraventa de energía (PPA) a diez años en el continente. El indicador cerró septiembre con un alza del 5%, empujada por los precios forward de la electricidad y por el encarecimiento del gas. Cada euro que sube el gas se traslada, con retraso, al precio que un promotor puede exigir por su producción a una década.

Por países, el reparto deja una foto desigual:

  • Reino Unido: +10,9%, el mayor incremento mensual.
  • Italia y Polonia: +6,9% en ambos casos.
  • Países nórdicos (+4,3%) y Países Bajos (+4,1%).
  • Alemania (+3,6%) y Francia (+3,1%), las subidas más contenidas.
  • España (-3,5%) y Portugal (-1,4%), las dos únicas caídas.

La lectura es directa: donde el mercado eléctrico a plazo se tensa, el promotor recupera poder de negociación. Donde no, lo pierde.

Iberia rema en contra: España cae un 3,5% y Portugal un 1,4%

La península ibérica fue la excepción en un mes de subidas casi generalizadas. Los precios de los contratos PPA renovables cayeron un 3,5% en España y un 1,4% en Portugal, según el mismo informe mensual. El diferencial con el resto del continente es el más amplio del año.

La excepción ibérica no es una anomalía menor: mientras medio continente paga más por asegurarse energía, España y Portugal la firman más barata que hace un mes.

Dos movimientos técnicos explican parte del resto del índice. En Dinamarca, Pexapark recalibró los valores razonables después de que los compradores elevaran los descuentos por riesgo aplicados a su precio: el ajuste recortó unos 5 euros por MWh el valor base a diez años de los contratos que arrancan en 2028, aunque la revisión al alza de las curvas de captura compensó en parte el golpe en los acuerdos pay-as-produced. En Polonia, la actualización de la curva horaria elevó el valor adicional que captura el solar asociado a baterías.

Cuando el comprador sube el descuento por riesgo, el precio del PPA baja aunque el mercado eléctrico no se mueva un solo euro.

contratos PPA renovables

La contratación rebota a 1,2 GW: 25 acuerdos y el 92% en manos corporativas

El verano frenó la firma de contratos. Septiembre la reactivó. Se anunciaron 25 acuerdos que suman cerca de 1,2 GW, frente a los 14 contratos y 335 MW de agosto. Más operaciones y casi cuatro veces la capacidad.

Quien manda es el comprador corporativo. Las empresas firmaron 21 de esos 25 contratos, con cerca de 1,1 GW que representan el 92% de la capacidad anunciada. El mayor fue Google, con un acuerdo a 22 años y 507 MW que apoya la extensión de la actividad de la central nuclear finlandesa de Loviisa. En Italia, que lideró el número de operaciones con siete acuerdos, Amazon firmó un PPA virtual de 156 MW sobre el proyecto agrivoltaico Big Fish, en Sicilia.

Por tecnología, la eólica terrestre se impuso por un margen mínimo: 281 MW frente a los 276 MW del solar. Los proyectos fotovoltaicos con batería añadieron 167 MW más, señal de que la hibridación con almacenamiento deja de ser excepción y pasa a ser argumento de venta.

📊 Impacto ecológico en cifras

  • Capacidad contratada: 1,2 GW en 25 acuerdos durante septiembre, frente a los 335 MW de agosto.
  • Peso corporativo: 21 acuerdos y cerca de 1,1 GW firmados por compradores empresariales, el 92% del total anunciado.
  • Flexibilidad: 16 contratos flexibles por 2,1 GW y 4,7 GWh, más del doble que en agosto.
  • CO2 evitado: no detallado en la fuente oficial, que no publica la huella asociada a los acuerdos anunciados.

Los contratos flexibles reescriben el manual: 2,1 GW y récord de PPA híbridos

La otra noticia del mes está en la estructura, no en el precio. Los contratos de energía flexible (FPA) alcanzaron los 16 acuerdos, con unos 2,1 GW y 4,7 GWh contratados, frente a los 869 MW y 2,4 GWh de agosto. Cuatro fueron acuerdos de tipo tolling, que suman 925 MW, incluido un contrato a diez años y 400 MW entre Statkraft y Greenvolt, el primero de estas características anunciado en Polonia.

Los PPA híbridos, que combinan generación y batería, firmaron su mejor mes hasta la fecha con tres operaciones y cerraron el mejor trimestre registrado. El caso más ilustrativo es el de Zelestra y el acerero alemán Salzgitter: 147 MW solares más una batería de 79 MW y 237 MWh cargada exclusivamente con la producción de esas plantas. En Alemania, Statkraft cerró un acuerdo con Wattmanufactur; en España, Shell firmó un PPA sobre el proyecto Arcos de la Frontera, de Abei Energy.

Qué revela este septiembre sobre la transición energética

Este es el mercado que la política energética española mira con lupa, porque fija el coste al que se financian los parques que aún no existen. Y aquí aparece la letra pequeña. Que el precio suba porque el gas sube no es una buena noticia para la transición: significa que la energía limpia sigue fijando su valor a plazo con el fósil como referencia. La cobertura mejora, con contratos más largos y más sofisticados, pero la indexación al gas sigue ahí. Eso es lo que habría que romper.

El otro cambio de fondo está en quién compra. Empresas como Google, Amazon o Salzgitter firman a diez, quince y veinte años para justificar el origen de su electricidad ante sus accionistas y ante el regulador, con la CSRD y la Taxonomía Verde apretando. El acero entra por otra vía: no busca imagen, busca blindar su coste eléctrico. Ese es el efecto dominó que mueve el sistema: cuando un fabricante firma a largo plazo, arrastra a a su cadena de suministro a hacer lo mismo.

La duda razonable está en Iberia. Un mercado con precios a plazo a la baja puede ser una oportunidad para el industrial que no ha cerrado su contrato; también puede ser señal de que el promotor español captura menos valor por su energía. Quien tenga un proyecto en cartera y espere el momento óptimo, ojo con el dato: el diferencial con el norte de Europa se ha abierto, no cerrado.

🌍 El Impacto Real para el Futuro

  • Beneficio medible: 1,2 GW de capacidad renovable contratada a largo plazo en un solo mes, casi cuatro veces más que en agosto.
  • Modelo que cambia: el PPA plano de diez años pierde peso frente a estructuras flexibles, híbridas y con suelo de ingresos, más ajustadas al riesgo real.
  • Para las próximas generaciones: cada contrato a veinte años reduce la exposición del sistema al gas y asegura ingresos estables para financiar nueva potencia limpia.

PP y Vox aplazan a 2027 la misión del Parlamento Europeo a la zona cero de la DANA

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha aplazado a septiembre de 2027 la misión a la zona cero de la DANA. La decisión se votó el pasado lunes y deja la visita oficial casi tres años después de la catástrofe, que causó 233 víctimas mortales.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo retrasa a septiembre de 2027 la misión de diputados a la zona cero de la DANA, prevista para este octubre.
  • ¿Quién está detrás? El aplazamiento salió adelante con los votos del PP, los de Vox y el del eurodiputado Diego Solier, exmiembro de Se Acabó la Fiesta. El PSOE pedía celebrarla en diciembre o en febrero.
  • ¿Qué impacto tiene? Bruselas no evaluará sobre el terreno la gestión de la emergencia hasta casi tres años después de la riada.

La misión de la Comisión de Peticiones —el órgano del Parlamento Europeo que tramita las quejas de los ciudadanos— debía desembarcar en la provincia de Valencia este octubre, con el segundo aniversario de las inundaciones del 29 de octubre de 2024 como telón de fondo. Su objetivo era analizar la gestión de la catástrofe: las causas, las consecuencias y el rastro institucional de las 233 muertes. Ya no será así.

Una votación con tres nombres y un calendario electoral

El acuerdo salió adelante con los votos del PP y Vox, a los que se sumó el eurodiputado Diego Solier, exmiembro de Se Acabó la Fiesta. La enmienda socialista cayó sin más trámite.

La eurodiputada valenciana del PSOE Sandra Gómez, que había impulsado la misión desde el principio, propuso celebrarla en diciembre o, en su defecto, en febrero. No hubo manera. El argumento oficial es la incompatibilidad con las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026. El resultado práctico es que la visita se aleja once meses más y que la campaña se cruza donde antes había una misión de observación. El calendario pesa más que cualquier informe técnico pendiente.

Encima de la mesa había mucho más que una foto. La misión incluía reuniones con las asociaciones de víctimas, con todas las administraciones implicadas, y con organismos técnicos como la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) o la Confederación Hidrográfica del Júcar, el organismo estatal que gestiona la cuenca donde se produjo la riada.

Aplazar la mirada europea casi tres años es la manera más elegante de no responder a las 233 víctimas.

Lo que el PSOE llama vergüenza y el PP llama calendario

zona cero DANA

Sandra Gómez no se mordió la lengua. En declaraciones a elDiario.es, la eurodiputada socialista calificó el aplazamiento de «auténtica vergüenza que no hace sino demostrar una vez más que el PP tiene pánico a visibilizar su gestión de la catástrofe». Añadió que a los populares «les molesta que se hable de la dana porque han estado boicoteando esta misión desde el principio».

La comparación que puso sobre la mesa tiene su lógica: habrá una misión de eurodiputados a Ceuta en febrero de 2027, por un episodio ocurrido el pasado agosto. La riada valenciana es de octubre de 2024, y cuando los diputados lleguen a la zona cero habrán pasado casi tres años. «Es lamentable cuando estaba la opción de hacerla en diciembre», zanjó.

El Escenario Valenciano

En la Generalitat, el aplazamiento europeo se lee con alivio contenido. El Consell de Pérez Llorca —el gobierno autonómico de coalición entre PP y Vox— afronta la reconstrucción con el foco judicial encendido: la causa que investiga la gestión de la emergencia sigue abierta y el expresident Carlos Mazón, que dimitió en noviembre de 2025 y conserva su acta de diputado en las Corts Valencianes, el parlamento autonómico, continúa citado en ese procedimiento.

La oposición no lo ve igual. PSPV y Compromís sostienen que la ejecución de los fondos del Plan RERD, el instrumento con el que la Generalitat canaliza las ayudas de reconstrucción, avanza por debajo de lo comprometido, y han reclamado en las Corts que el Consell detalle cuánto dinero estatal y europeo ha llegado ya a los municipios afectados. El president Juanfran Pérez Llorca responde con cifras de ejecución y con el argumento de que la reconstrucción es una carrera de fondo.

Queda la proyección. El aplazamiento se explica por las elecciones generales del 29 de noviembre, en las que la gestión de la DANA volverá a ser munición de campaña en Madrid. La misión europea quedará para septiembre de 2027, cuando la reconstrucción valenciana deberá haber cerrado capítulos que hoy siguen abiertos en los juzgados y en las asociaciones de afectados. La política tiene calendario. Los afectados, no.

Ficha del Caso

  • El caso: La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo retrasa a septiembre de 2027 su misión a la zona cero de la DANA, prevista para octubre de 2026.
  • Datos importantes: Votaron a favor el PP, Vox y el eurodiputado Diego Solier; el PSOE pedía celebrarla en diciembre o febrero. La catástrofe causó 233 víctimas mortales.
  • Resumen: Bruselas esperará casi tres años desde la riada para evaluar la gestión de la emergencia, en plena pugna electoral entre el PP y el Gobierno central.

Apple lanza HomeView por 299 $ y entra en el hogar conectado para plantar cara a Google Nest

Apple ha puesto precio a su asalto al salón. La compañía ha presentado HomeView por 299 dólares, su primer dispositivo con pantalla para el hogar conectado, con el que entra directo en el terreno que Google Nest y Amazon llevan años ocupando. La firma ha confirmado que el aparato llegará a las tiendas el viernes 13 de noviembre, con reserva anticipada ya abierta en varios colores.

Claves de la operación

  • 299 dólares y base de altavoz opcional. El producto se vende con la opción de incluir la peana que lo convierte en altavoz, un extra que eleva el ticket medio y que Apple utiliza como palanca comercial desde el primer clic.
  • La Home Collection completa el ecosistema. Cámara, cerradura y termostatos desarrollados junto a LG y Schneider Electric sitúan a la compañía en el negocio del hardware doméstico, no solo en el software de control.
  • El hogar conectado pasa a ser un frente estratégico. Con el iPhone y el Mac en fase madura, la empresa busca la siguiente bolsa de ingresos en un mercado donde llega tarde y con menos catálogo que sus rivales.

El pulso por el salón: una década de cautela antes de entrar

El aparato monta una pantalla de siete pulgadas con diseño squircle, una suerte de Apple Watch de gran formato acoplado sobre una peana de altavoz. Desde ahí se controlan los dispositivos de la casa, se consultan recetas, se manejan los controles de reproducción musical, se realizan llamadas de FaceTime y se despliegan widgets. El producto aparece ya listado en la web oficial de la compañía, que abre la reserva anticipada en varios acabados.

El movimiento no es improvisado. Apple llevaba años vendiendo el iPhone como mando a distancia del hogar, pero sin un dispositivo propio que ocupara físicamente el salón. La pieza que faltaba en su catálogo doméstico ya tiene precio y fecha, y aterriza justo antes de la campaña navideña, el tramo del año en el que estas categorías se deciden en las listas de regalos.

La compañía presentó HomeKit en 2014 y desde entonces ha ejercido de proveedor de software para aparatos de terceros, sin un producto capaz de mandar en la casa. Google y Amazon sí construyeron ese puesto de mando: Nest, heredera del termostato que Nest Labs popularizó antes de su compra por el gigante de Mountain View, acumula más de una década en los hogares, y Echo normalizó el asistente doméstico. Apple entra ahora a disputar una cuota que nunca peleó de frente.

El precio marca el terreno. Con 299 dólares, HomeView se coloca en la gama alta del hogar conectado, por encima de buena parte de la oferta de Google y Amazon, y apela al mismo cliente que ya paga por servicios de la marca. Es la lógica del ecosistema: no competir en volumen, sino en margen y en fidelidad de usuario.

A Apple no le hace falta ganar el salón de todas las casas: le basta con ser la marca que ya guarda la llave en el bolsillo de sus clientes.

De 299 dólares a la colección completa: dónde está el negocio real

El dispositivo es la puerta de entrada, pero la facturación se reparte en la colección. La Home Collection incluye cámara de seguridad, cerradura inteligente, y termostatos desarrollados con LG y Schneider Electric, dos fabricantes con capacidad industrial y presencia en el canal profesional. Ahí está la diferencia frente a intentos anteriores: no se vende un aparato aislado, se vende un sistema.

Esa estrategia tiene un efecto inmediato sobre la competencia. Los termostatos y las cerraduras son las categorías con mayor recurrencia de compra y mayor valor unitario dentro del hogar conectado, y eran precisamente el terreno donde Nest había construido su reputación. Cuatro categorías de golpe son una declaración de intenciones, no un lanzamiento puntual.

Apple Home Collection

Lo que Apple se juega: protocolo, proveedores y la lección de Movistar Home

El terreno de juego no lo controla Apple. El estándar Matter, impulsado por Amazon, Google y la propia Apple junto a decenas de fabricantes, persigue que los aparatos hablen el mismo idioma. Es una buena noticia para el consumidor y una mala noticia para quien aspiraba a imponer su jardín cerrado. La interoperabilidad recorta el poder de la plataforma que retiene al usuario, y Apple ha construido su imperio sobre la lógica contraria.

A eso se suma la dependencia de terceros. LG y Schneider Electric fabrican, y eso deja a la compañía expuesta a cadenas de suministro, plazos industriales y prioridades comerciales ajenas. En el mercado español existe un precedente que conviene recordar: Telefónica intentó algo parecido con Movistar Home, un altavoz con pantalla presentado en 2018 y apoyado en el asistente Aura como reclamo. La acogida fue discreta y el producto nunca llegó a convertirse en el centro del salón. El hardware doméstico es un negocio de volumen y de hábito, y los hábitos tardan años en moverse.

La comparación se detiene ahí, porque ningún grupo del IBEX 35 compite en pantallas domésticas a escala global. Lo que sí comparten Apple y Telefónica es el diagnóstico: entrar en la casa exige más que un buen producto, exige que el cliente cambie de rutina. Y en ese terreno, 299 dólares por un aparato adicional no son una decisión trivial para una familia media.

El riesgo de fondo está en la ejecución comercial. Si la primera hornada de HomeView se agota y genera listas de espera, la narrativa será de éxito. Si se acumula en las estanterías tras la campaña navideña, será el tercer intento fallido de Apple en el salón después del HomePod original y su versión mini. La venta arranca el 13 de noviembre y la temporada navideña será el primer termómetro real.

Quedan señales por seguir en las próximas semanas: la evolución de los pedidos anticipados, el primer informe de resultados del trimestre de diciembre y el ritmo con el que los fabricantes de terceros se adhieren a la Home Collection. De cómo responda el mercado dependerá que el hogar conectado se convierta en la cuarta pata del negocio o en otro experimento aparcado.

EH Bildu cierra un acuerdo en ordenanzas fiscales para congelar los impuestos municipales en Euskadi

EH Bildu ha cerrado un acuerdo sobre ordenanzas fiscales con el gobierno municipal de PSE-EE y PNV para congelar los impuestos. El pacto incluye una actualización del 3% en las tasas y los precios públicos y se votará esta misma semana en el consistorio.

Qué cambia con el acuerdo sobre las ordenanzas fiscales

El entendimiento mantiene sin cambios la carga fiscal sobre los contribuyentes y limita al 3% la revisión de las tasas y los precios públicos, según la información difundida por EH Bildu. La coalición asegura que su posición ha sido de ‘máxima prudencia’ ante el contexto socioeconómico internacional y la espiral inflacionista, y defiende que el pacto sostiene ‘el equilibrio entre proteger a la gente y mantener la capacidad económica del Ayuntamiento.

La tramitación se reparte en dos jornadas: el texto pasará este miércoles 14 de octubre por la Comisión de Hacienda y este viernes 16 de octubre por el Pleno municipal, donde quedará aprobado de forma definitiva. La congelación afecta a los tributos propios del ayuntamiento, como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles o el Impuesto sobre Actividades Económicas. Las tasas, en cambio, se revisan al alza un 3% y cubren servicios como el suministro de agua, la recogida de residuos, o el uso de instalaciones deportivas.

La portavoz de EH Bildu, Rocío Vitero, ha defendido el acuerdo en términos de responsabilidad: ‘Hemos conseguido un acuerdo importante que frena la excesiva subida inicial propuesta por el gobierno‘, ha señalado. Vitero ha añadido que su grupo ha actuado ‘atendiendo a la realidad en cada momento’.

El calendario y las nuevas fuentes de ingresos del consistorio

El acuerdo no compromete, según la coalición, la capacidad económica del ayuntamiento. El consistorio contará con nuevas vías de ingreso: la nueva tasa del agua, la tasa turística y el canon que abonarán las redes de telefonía por el aprovechamiento del dominio público. A esas figuras se suma una liquidación positiva a favor del municipio en el FOFEL, el Fondo Foral de Financiación de las Entidades Locales.

La portavoz ha subrayado la influencia de su formación en la política fiscal municipal: ‘Hoy demostramos, una vez más, la capacidad que tiene Euskal Herria Bildu de influir en la política fiscal de este municipio’, ha afirmado. En la misma línea, ha sostenido que el ayuntamiento no podría haber puesto en marcha ‘inversiones y políticas públicas’ sin los acuerdos alcanzados por EH Bildu.

El acuerdo congela los impuestos municipales y limita al 3% la actualización de tasas y precios públicos, con tres nuevas vías de ingreso para el consistorio.

La aprobación de las ordenanzas se enmarca en la ronda fiscal de otoño. La mayoría de los ayuntamientos vascos fija sus tributos entre octubre y noviembre para que las nuevas cuantías entren en vigor el 1 de enero de 2027. El calendario de este año combina la negociación en cada consistorio con la actualización de las tasas aprobadas hace doce meses: no todos los municipios aplican la misma fórmula.

El encaje foral de los tributos municipales

En el País Vasco, los ayuntamientos no se financian a través del sistema común de haciendas locales. Cada consistorio fija sus tributos propios y recibe aportaciones de la diputación foral de su territorio a través del FOFEL. Ese fondo lo nutren las diputaciones forales de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba con cargo a la recaudación, y su liquidación condiciona el margen de gasto de los municipios. La liquidación positiva apuntada por la coalición se inscribe en ese mecanismo.

El marco foral se completa con el concierto económico, el sistema por el que los tres territorios vascos recaudan los tributos concertados y aportan al Estado un cupo por las competencias no asumidas; en Navarra, el instrumento equivalente es el Convenio Económico. Con ese encaje de fondo, la votación de las ordenanzas en cada consistorio es un trámite local: la comisión de Hacienda se pronuncia el miércoles y el Pleno municipal ratificará el texto el viernes 16 de octubre.

Google pagará la repotenciación de cuatro reactores nucleares en Georgia para asegurar 100 MW libres de carbono

Google costeará la repotenciación de cuatro reactores nucleares en Georgia mediante un programa de suscripción aprobado por el regulador estatal, que añadirá unos 100 MW de energía libre de carbono a la red desde 2028 sin cargar el coste al consumidor.

Quién paga la energía firme: el modelo de suscripción que estrena Georgia

La Comisión de Servicios Públicos de Georgia votó la semana pasada a favor del acuerdo entre Georgia Power y el gigante tecnológico. El mecanismo: la compañía abona una tarifa de suscripción sobre su factura eléctrica para cubrir las obras de mejora de los reactores. A cambio recibe créditos hacia su objetivo de operar solo con energía libre de carbono en 2030.

Los trabajos se reparten entre cuatro reactores antiguos de las plantas de Plant Vogtle y Plant Hatch. El regulador estatal ya había autorizado las mejoras de Vogtle el año pasado, pero faltaba cerrar cómo se financiaban. El mismo paquete desbloquea ahora las de Hatch y crea el programa con el que los grandes clientes pueden pagar ambas.

El resultado, en palabras del comisionado Stan Wise, ronda los 100 megavatios de energía libre de carbono pagados por otro. La cifra que maneja Georgia Power es más precisa: 96 MW de capacidad nuclear añadida a la red. La cantidad no impresiona. Lo que importa es que sea energía firme, disponible a cualquier hora del día.

Georgia Power calcula que el programa dejará 900 millones de dólares en beneficios proyectados para los clientes a lo largo de la vida útil de las unidades. Ese es el argumento político del acuerdo: quien no paga la obra también se beneficia de ella.

Un centro de datos que financia la repotenciación de reactores existentes compra energía firme a cinco años, no la promesa de una planta que tardará décadas en conectarse.

La tecnológica enmarca la operación en su estrategia de infraestructura digital con impacto local. Su directora de tecnologías energéticas avanzadas, Lucia Tian, sostiene que el acuerdo ayuda a un sistema eléctrico más asequible, limpio y fiable para los residentes del estado. El dato que respalda la etiqueta es el crédito libre de carbono, no el eslogan.

La letra pequeña: qué se sabe y qué no del acuerdo

Vamos a los datos que faltan. Los términos exactos del contrato entre Google y Georgia Power no se han hecho públicos. Ni el importe de la suscripción, ni su duración, ni el reparto de riesgos si las obras se retrasan o cuestan más de lo previsto. Ahí está la letra pequeña.

El crédito que recibe la compañía alimenta su meta de operar con energía libre de carbono al 100%, hora a hora, bastante más exigente que la neutralidad anual. La energía nuclear computa porque no quema combustible fósil y porque genera de forma continua, algo que la solar y la eólica no garantizan por sí solas. Ojo con el dato: firme no es lo mismo que barato.

En paralelo, la firma ha cerrado un acuerdo con Constellation Energy para financiar mejoras similares en reactores de Illinois, Nueva Jersey y Pensilvania, con 890 MW adicionales para PJM, el mayor operador de red del país. Amazon ha anunciado un pacto para ampliar capacidad en una planta nuclear de Constellation en Maryland.

📊 Impacto ecológico en cifras

  • Capacidad añadida: 96 MW de potencia nuclear en la red de Georgia, dentro de un paquete de unos 100 MW libres de carbono desde 2028.
  • CO2 evitado: no detallado en la fuente oficial; la operación nuclear no emite CO2 directo.
  • Inversión: suscripción de Google sobre su factura eléctrica, con importe no público.
  • Equivalencia tangible: 900 millones de dólares en beneficios proyectados para el resto de clientes durante la vida útil de las unidades.

Por qué la nuclear vuelve al radar de los centros de datos

El contexto pesa más que el titular. La mayoría de las utility estadounidenses opta por nueva generación de gas natural y por extender la vida de las plantas de carbón para atender la demanda de los centros de datos. Hay compradores corporativos buscando otra vía, y ese es el hueco que ocupan los acuerdos de repotenciación.

La velocidad es el argumento decisivo. Levantar una central nuclear nueva lleva décadas; mejorar una existente ronda los cinco años. A eso se suma que los plazos de la cadena de suministro de turbinas de gas se están dilatando, lo que convierte los activos ya conectados en una vía rápida para sumar potencia firme.

Según la patronal Corporate Energy Buyers Association, los grandes consumidores están revisando todo el catálogo disponible: eficiencia, refuerzo de líneas de transmisión y recorte de demanda en horas punta. La idea que manejan es la de una carrera por relevos, en la que gana quien llega antes a la fecha de operación comercial. Por eso un reactor repotenciado compite hoy con una planta de ciclo combinado que todavía no ha recibido sus turbinas.

Conviene no exagerar el alcance. Repotenciar alarga la vida de reactores existentes y añade megavatios; no resuelve el debate sobre los residuos ni abarata la obra nueva. En Europa, la taxonomía de finanzas sostenibles reconoce la nuclear como actividad de transición bajo condiciones estrictas de gestión de residuos y almacenamiento. El modelo, eso sí, es replicable y rápido.

Para una eléctrica, tener a un cliente grande pagando por adelantado parte de la obra reduce el riesgo regulatorio. El comisionado georgiano lo dijo sin rodeos: quiere más acuerdos como este. La pregunta abierta es si el resto de las tecnológicas copiará la fórmula.

🌍 El Impacto Real para el Futuro

  • Beneficio medible: 96 MW de potencia nuclear adicionales y unos 100 MW libres de carbono desde 2028, con 900 millones de dólares en beneficios proyectados para los clientes de Georgia.
  • Modelo que cambia: el gran consumidor eléctrico deja de ser un comprador pasivo y financia la repotenciación de activos existentes en lugar de esperar nueva generación fósil.
  • Para las próximas generaciones: cada megavatio firme pagado por un tercero es un megavatio que no se cubre con gas y que mantiene operativos reactores ya construidos durante más décadas.

Investigan un apuñalamiento en Lanzarote: muere un hombre presuntamente por su compañero de piso en Playa Blanca

La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre apuñalado en Playa Blanca, Lanzarote, cuyo compañero de piso permanece detenido y hospitalizado. Los hechos ocurrieron el pasado domingo, 11 de octubre en la urbanización Jardín de Yaiza y la víctima falleció después en el Hospital José Molina Orosa, según ha confirmado el instituto armado este martes.

Cómo se produjo el apuñalamiento, según la Guardia Civil

El fallecido, un varón de unos 30 años, ingresó en el centro hospitalario con una herida por arma blanca y no pudo superarla. La Guardia Civil ha señalado que la muerte se produjo en el mismo hospital donde permanece ingresado el presunto autor (la persona a la que se atribuyen los hechos, sin que exista aún condena), que es su compañero de piso.

El suceso tuvo lugar en la zona turística de Playa Blanca, en Lanzarote. La urbanización Jardín de Yaiza fue el escenario donde el hombre recibió la herida por arma blanca. Según las mismas fuentes, en ese mismo episodio también resultó herido el presunto agresor, que sufrió lesiones cuyo alcance no ha precisado el instituto armado.

Playa Blanca es una zona turística de Lanzarote. La urbanización Jardín de Yaiza, donde ocurrieron los hechos, se encuentra en esa localidad de la isla.

No ha trascendido por el momento el tipo de arma empleada ni cuántas personas se encontraban en la vivienda en el momento de los hechos. Tampoco se ha detallado la relación exacta que mantenían los dos hombres más allá de que compartían domicilio.

La Guardia Civil ha abierto diligencias para esclarecer lo ocurrido y el compañero de piso de la víctima es la única persona detenida hasta el momento.

La investigación abierta por la Guardia Civil busca aclarar, entre otros extremos, si existió una discusión previa entre los dos compañeros de piso. Ninguna de esas circunstancias está confirmada por el momento.

Ambos hombres residían en la misma vivienda. La Guardia Civil no ha aclarado por ahora cuánto tiempo llevaban compartiendo el domicilio ni si existían conflictos previos. La investigación sigue abierta.

El detenido, hospitalizado en el mismo centro que la víctima

El compañero de piso del fallecido se encuentra ingresado en el Hospital José Molina Orosa, el mismo centro al que fue trasladada la víctima, en calidad de detenido. Hasta el momento, la Guardia Civil no ha detallado la gravedad de sus heridas ni cuándo prevé que pase a disposición judicial.

El detenido permanece bajo custodia policial en el hospital, a la espera de que su estado de salud permita su traslado. No se ha informado de que haya prestado declaración ante los agentes.

No hay constancia de más detenidos ni de la implicación de terceras personas en el suceso. La Guardia Civil limita sus informaciones, por ahora, al fallecido y al detenido.

En qué punto está la investigación

La Guardia Civil ha abierto diligencias (las actuaciones que el cuerpo policial instruye para esclarecer unos hechos) y desarrolla las investigaciones destinadas a determinar qué ocurrió en el interior del domicilio. Hasta ahora, el instituto armado no ha confirmado las circunstancias exactas del apuñalamiento.

El cuerpo ha confirmado que el fallecido era un varón de aproximadamente 30 años, pero no ha facilitado más datos personales. Tampoco ha precisado la hora exacta a la que se produjeron los hechos, ocurridos el domingo 11 de octubre.

Por el momento no ha trascendido si un juzgado ha asumido la instrucción (la fase del proceso penal en la que el juez investiga los hechos) ni si el detenido ha sido puesto a disposición judicial. La Guardia Civil mantiene las diligencias en curso y prevé tomarle declaración cuando su estado clínico lo permita.

El GAO alerta: el GPS militar de EE.UU. es un punto único de fallo y el M-code sigue incompleto

La GAO advierte: el GPS militar de Estados Unidos es un punto único de fallo frente al jamming.

La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos —la GAO, por sus siglas en inglés— remitió a comienzos de octubre una carta al Congreso acompañando un informe de 58 páginas titulado PRECISION NAVIGATION SYSTEMS: Challenges Remain with Fielding New Capabilities. El diagnóstico es incómodo: el Departamento de Defensa depende de una constelación que cualquier adversario puede intentar apagar, y la señal cifrada que debía protegerlo acumula más de dos décadas de retraso.

Por qué el M-code lleva veinte años de retraso

Le pongo en contexto, porque la arquitectura importa. El sistema de posicionamiento global se divide en tres segmentos: una constelación de unos 31 satélites en órbita terrestre media, de los que al menos 24 emiten de forma continua su posición y su hora; un segmento de control en tierra, el Delta 8 del Mando Espacial en la base de Schriever, en Colorado; y un segmento de usuario formado por los receptores —desde un misil guiado hasta el teléfono que usted lleva encima— que calculan la posición leyendo las señales de cuatro satélites a la vez.

El programa nació en 1973 para guiar barcos. El primer satélite subió en 1978 y la capacidad operativa inicial no llegó hasta 1993. Reagan lo abrió al uso civil en 1983, después de que los soviéticos derribaran el vuelo 007 de Korean Air. Para la guerra del Golfo de 1991, los receptores ya eran lo bastante pequeños como para ir montados en aviones y vehículos. Y desde 2000, la Fuerza Aérea primero y la Fuerza Espacial después persiguen una modernización de miles de millones para dotar al sistema de una señal militar propia, cifrada y resistente a la interferencia: el M-code.

Ese M-code debía alimentar alrededor de 700 sistemas de armas del Ejército, la Armada, el Cuerpo de Marines y la Fuerza Espacial. La escasez de conjuntos de microchips especializados y los cuellos de botella en la producción han empujado varios despliegues hasta 2049, según la GAO. A algunos sistemas les esperan veintitrés años por una señal que ya debería estar desplegada.

Una superpotencia que navega con receptores heredados no conserva su superioridad: conserva una dependencia blindada con papel de aluminio.

Mientras tanto, los servicios siguen tirando de receptores antiguos o de sistemas alternativos de PNT: unidades de medición inercial, cámaras, sensores de terreno, magnetómetros, gravímetros y sensores celestes. Navegación por estima con tecnología del siglo XXI.

Un jammer cuesta menos que un misil y paraliza más que un misil. Esa asimetría es la que el M-code debía cerrar.

Funciona hasta que deja de funcionar.

Anatomía del fallo: OCX cancelado y receptores sin repartir

El segundo pilar de la modernización se llama OCX, Next Generation Operational Control System. Arrancó en 2010 y debía entrar en operación en junio de 2017. No lo hizo. Los problemas técnicos se encadenaron, el coste pasó de 3.700 millones de dólares a casi 7.000, y en abril de este año el Departamento de Defensa ordenó a la Fuerza Aérea terminar formalmente el programa.

Los satélites, en cambio, sí avanzan. Los GPS III completaron su constelación de 24 unidades el 21 de abril, con ocho veces más capacidad antiinterferencia y cuatro veces más precisión que las versiones previas. La hornada siguiente, los GPS IIIF, está en producción en Lockheed Martin y empezará a lanzarse, como pronto, en 2028. Desde abril, la Fuerza Espacial ha adjudicado a la compañía 199 millones de dólares adicionales, para el mando y control de los IIIF, y para iniciar una renovación tecnológica completa del segmento terrestre.

El cuello de botella real está en los receptores. Hay más de 50 sistemas de armas prioritarios y su reparto depende de cada servicio: la Armada concentra el mayor número de plataformas pendientes, seguida del Ejército. La prioridad se fija según el escenario operativo clasificado y la vida útil prevista. Los sistemas que dejarán de usarse hacia 2030 o antes no son prioritarios.

Y aquí asoma el problema de fondo. El Consejo de Supervisión del PNT se creó por mandato del Congreso en la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2016, pero la autoridad presupuestaria sigue en manos de cada servicio. Esa fragmentación complica la alineación de programas que dependen unos de otros. La GAO documenta que, pese a las advertencias del consejo sobre la falta de fondos para los receptores de aviación de la Fuerza Aérea, la infrafinanciación crónica se mantuvo y los programas no cumplieron sus plazos.

Las amenazas que la GAO enumera son cuatro: el jamming o interferencia; el spoofing o suplantación de la señal; el ciberataque contra los sistemas y las redes de control; y el ataque directo contra los satélites o su infraestructura. Las antenas CRPA ya filtran parte de la interferencia. El resto dependía del M-code.

Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra

El vector de amenaza es la guerra electrónica en su estado más crudo. Aquí no hay exploit ni zero-day en el centro de la historia: el jamming satura el receptor con ruido; el spoofing le miente sobre dónde está; el ciberataque va contra los sistemas de control en tierra, y la neutralización física del satélite sigue sobre la mesa. Las contramedidas se llaman CRPA —antenas que identifican y filtran la interferencia— y M-code. La primera existe. El segundo, ya lo ve usted, camina con retraso crónico y sin calendario firme.

En el lado atacante, la atribución técnica apunta a la guerra electrónica rusa —unidades del GRU y sistemas como el R-330Zh Zhitel, desplegados con profusión en Ucrania— y a las capacidades del Ejército Popular de Liberación chino, que opera su propia constelación, BeiDou, y no necesita la ajena. En el lado defensor están la Fuerza Espacial, el Mando Espacial y el Consejo de Supervisión del PNT, con la NSA en la capa ciber. En la tercera fila, los que miran: la OTAN, la Unión Europea con Galileo y, cómo no, el CNI y el CCN-CERT.

El informe de la GAO es público; las prioridades del M-code, no. El propio documento reconoce que las prioridades se fijan ‘teniendo en cuenta las necesidades del escenario operativo clasificado’. Traducido al oficio: qué sistema de armas recibe el receptor cifrado y cuándo no trasciende. Estimo que el conjunto del programa opera en el entorno de Secreto, con el calendario de integración por plataforma en Uso Restringido.

El precedente que todo el mundo cita es el RQ-170 Sentinel. En diciembre de 2011, Irán exhibió un dron furtivo estadounidense intacto y sostuvo que lo había hecho aterrizar engañando a su GPS. Nunca se ha confirmado del todo, pero desde entonces ningún estado mayor serio trata el PNT como un asunto de confort. Ya lo escribí en El quinto elemento: el próximo 11S empezará con un clic. Añado hoy que empezará por un receptor que nadie actualizó porque el programa llevaba una década de retraso.

España no está al margen de nada de esto. El Centro de Servicio de Galileo está en Torrejón de Ardoz y el centro de la ESA, en Villanueva de la Cañada; Galileo nació, entre otras razones, para no depender del GPS estadounidense. En el flanco este de la OTAN, las autoridades de aviación civil documentan interferencias sobre el Báltico desde 2022, y en el Mediterráneo hay episodios que afectan a la navegación comercial. Aena, Renfe y buena parte de la logística portuaria sincronizan sus relojes con una constelación que no controlan. Me consta que el CCN-CERT y el CNI llevan años siguiendo este vector como amenaza de infraestructura crítica, no como curiosidad técnica.

El calendario no admite optimismo. Los GPS IIIF empezarán a lanzarse, como pronto, en 2028; el M-code seguirá llegando a cuentagotas bien entrada la próxima década. Y la pregunta que queda sobre la mesa del Congreso no es técnica, sino presupuestaria: quién paga y quién manda.

No se equivoque conmigo.

El arresto de ShinyHunters: el FBI detiene en Canadá a un negociador clave de ransomware

El FBI ha detenido en Pensilvania a Edward Dubrovsky, un ejecutivo canadiense que negociaba rescates con bandas de ransomware. La acusación, presentada ante el Distrito Este de Pensilvania y ya transferida al Distrito Este de Texas, le imputa conspiración para ‘amenazar con menoscabar la confidencialidad de información con intención de extorsionar dinero’ e ‘interferencia con el comercio mediante amenazas’. Es el tercer arresto vinculado a ShinyHunters en tres semanas.

Los registros judiciales sitúan la detención el 8 de octubre. Revelan también un detalle que dice mucho de lo verde que está el caso: el apellido aparece escrito de dos formas distintas, Dobrovsky y Dobrosky, y ninguna ficha recoge edad, profesión ni empleador. La querella principal sigue sellada por orden judicial. Cuando un expediente llega al tribunal con el nombre mal escrito y el sumario cerrado, lo que hay debajo es una investigación en plena ebullición.

Dubrovsky no es un desconocido en el sector. Según su perfil de LinkedIn, fue uno de los fundadores de Cypfer, firma canadiense de respuesta a incidentes, y ahora aparece vinculado a CyberSteward, otra compañía del mismo país que se anuncia como especialista en ‘interacción con actores de amenaza, ciberextorsión, negociaciones complejas y facilitación de acuerdos’. Krebs on Security sitúa la Cumbre de Riesgo Cibernético entre el 5 y el 7 de octubre en el hotel Loews de Filadelfia, con Cypfer como patrocinador principal. Un mes antes, el detenido había anunciado en LinkedIn que asistiría al evento con el equipo de CyberSteward.

También es autor de un libro sobre cómo responder a una extorsión digital, según SecurityWeek. Ahí está la paradoja del oficio: quien escribía el manual acaba imputado por el mismo delito que explicaba.

El director del FBI, Kash Patel, confirmó el arresto en una publicación del 9 de octubre: ‘Nuestros agentes sobre el terreno han detenido a otro presunto co-conspirador del grupo ShinyHunters’. Según SecurityWeek, el Buró presentó la operación como el último golpe de una serie de acciones ejecutadas en apenas unos días y aseguró que seguirá trabajando para desarticular la red que queda en pie.

Perseguir al negociador es perseguir el eslabón que convierte una brecha de datos en un ingreso recurrente.

El trasfondo importa. El mes anterior, ShinyHunters aseguró haber robado información de casi todos los empleados del FBI tras acceder al portal de empleo y a otros sistemas del Buró. La intrusión se produjo por el fallo de un contratista que no parcheó Oracle PeopleSoft, según la versión oficial. El grupo justificó el ataque como represalia por el informe que el propio FBI publicó a comienzos de año advirtiendo de su actividad.

Cuando el que negocia con el delincuente acaba imputado, el mercado entero cambia de reglas de la noche a la mañana.

La cifra que maneja el Buró sitúa la extorsión de ShinyHunters por encima de los 70 millones de dólares este año. Tres detenciones en tres semanas: Países Bajos el 15 de septiembre, Jordania el 28 y ahora Pensilvania. El arrestado en Jordania estaría cooperando con los investigadores, según las fuentes citadas por Krebs.

Qué se le imputa y por qué el expediente sigue bajo secreto

Los dos cargos recogidos en el resumen de la querella son técnicos y, a la vez, demoledores. El primero describe la mecánica clásica de la extorsión digital: alguien posee datos ajenos y amenaza con publicarlos si no cobra. El segundo, interferencia con el comercio mediante amenazas, es el gancho federal que convierte el asunto en delito de jurisdicción estadounidense aunque el detenido sea canadiense y los datos robados no fueran suyos.

Le adelanto que el detalle relevante está en lo que no se ve. Las autoridades no han explicado qué hizo presuntamente el detenido: nadie ha dicho si negociaba de buena fe con los atacantes, si cobraba por sus servicios o si, como sostiene la acusación, se sentaba en la mesa equivocada. Reuters no consiguió localizar ni al detenido ni a sus abogados. Los fiscales federales de Filadelfia tampoco respondieron a las preguntas sobre las discrepancias en el apellido. Hay un dato que apunta a algo mucho mayor: Krebs sostiene, citando fuentes, que directivos de otras firmas de negociación de rescates podrían acabar imputados.

El negociador, esa figura gris que profesionalizó la extorsión

FBI ciberdelincuencia

Le pongo en contexto, porque el oficio tiene su historia. Durante años, las víctimas negociaban a ciegas, muchas veces con la policía mirando desde la barrera. Después llegaron las firmas especializadas: equipos de respuesta que hablaban el idioma de los atacantes, gestionaban criptomonedas y cerraban acuerdos de confidencialidad con la víctima. Un negocio floreciente. Un negocio, también, situado en la frontera exacta entre la gestión de crisis y la complicidad.

La línea roja siempre fue difusa. El negociador que persuade a una banda para que baje el rescate y entregue las llaves de descifrado, ¿media o participa? Y si cobra un porcentaje del rescate, ¿dónde queda su incentivo para que no se pague? La frontera entre intermediario y co-conspirador es la única pregunta que importa aquí. El FBI parece haber decidido que, en algunos casos, ya la tiene respondida.

Detectar al intermediario no exige SIGINT sofisticado. Exige HUMINT clásico: seguimiento, escuchas, control de pagos con criptomonedas, y, sobre todo, un testigo que hable. El detenido en Jordania cooperando con los investigadores encaja en ese patrón como un guante.

Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra

El vector es la extorsión digital con datos robados, y el objetivo táctico es el intermediario humano. En el lado atacante, ShinyHunters opera sin atribución estatal confirmada: ni el FBI ni ninguna otra agencia han vinculado públicamente al grupo con un servicio de inteligencia, y conviene recordarlo antes de dejarse llevar por las teorías de siempre. En el lado defensor, el Buró lidera la investigación desde su División Cibernética, con apoyo de Países Bajos y Jordania. Como terceros interesados figuran las firmas privadas de negociación y, en la distancia, los servicios europeos que llevan años peleando con el mismo problema sin estrategia común.

Estimo que el material comprometido en la brecha del FBI se mueve en un nivel confidencial. No es Top Secret: son datos de empleados, identificaciones y referencias laborales. Pero en manos de un extorsionador se convierte en munición de contrainteligencia, porque permite construir perfiles, localizar a personal con acceso y diseñar campañas de spear-phishing contra objetivos concretos. Es lo que ocurrió en 2015 con la filtración del Office of Personnel Management, cuando Pekín se hizo con los expedientes de más de veinte millones de empleados federales, incluidos miles con autorizaciones de seguridad en vigor. Entonces se discutió si aquello era espionaje o robo. Era las dos cosas.

Permítame la cautela: el punto débil de mi propia lectura está en la atribución individual. Sin la querella completa, es imposible saber si Dubrovsky negociaba con las bandas, cobraba de ellas o simplemente pisó un terreno que la ley no había delimitado hasta ahora. La presunción de inocencia no es un formalismo: es el único blindaje frente a un relato que el FBI tiene todo el interés en escribir a su manera.

Conexión España. El CCN-CERT lleva años desaconsejando el pago y empujando a las víctimas hacia la denuncia, pero quien negocia de verdad en los incidentes graves suele ser una aseguradora o una consultora privada. No hay registro público de negociadores españoles imputados, y conviene decirlo sin adornos. Lo que sí existe es una industria opaca, con decenas de intermediarios operando en la frontera entre la gestión del incidente y el contacto directo con el delincuente. Ya advertí en El quinto elemento que el próximo 11S empezará con un clic. No dije que, entre el clic y el rescate, se sentaría alguien a negociar.

El calendario procesal marcará el ritmo del caso. El expediente se ha trasladado al Distrito Este de Texas, donde según Krebs se concentra la investigación del FBI sobre ShinyHunters, y está previsto que en las próximas semanas se desclasen partes de la querella o se presenten nuevas imputaciones. Ahí se verá si esto es un caso aislado o el primer movimiento de una limpieza a fondo del sector.

Lo veo así: el FBI no está cazando hackers. Está cerrando la puerta de atrás del negocio.